Organizaciones de derechos humanos en Salta integrantes de la Mesa de Derechos Humanos y otras, están convocando a una marcha masiva para el 24 de marzo. La movilización busca la unidad de diversos sectores sociales y políticos en defensa de la democracia y contra las políticas gubernamentales actuales. Se critica el autoritarismo, la represión, el desmantelamiento de instituciones y el abandono de las necesidades populares. La marcha también honrará la memoria de personas desaparecidas y denunciará la falta de apoyo estatal en diversas crisis sociales y ambientales. Se exige a los representantes políticos que protejan la democracia y al pueblo, y se lamenta la falta de voluntad política para aprobar leyes de memoria. Este año la marcha es un llamado urgente a la acción frente a una situación nacional considerada crítica y amenazante para los derechos y la institucionalidad.
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| Miembros de la Mesa de Derchos Humanos de Salta y otras organizaciones de DDHH, organizan la marcha del 24 reunidos en bar Alta Región. |
Las organizaciones de derechos humanos son las principales convocantes, invitando a diversas organizaciones sociales, movimientos, partidos políticos, sectores de la cultura, trabajadores (CTA), y personas independientes a participar. Se destaca que han recibido adhesiones a través de WhatsApp de gente que colaboró para cubrir los gastos de la movilización.
La marcha está
convocada para las 10 de la mañana en la plaza 9 de julio y recorrerá
las avenidas Belgrano y una parte del paseo (del lado opuesto a la calle
cerrada) hasta la avenida Hipólito Irigoyen, finalizando con un acto y escenario
en la esquina de San Martín y Av Hipólito Irigoyen.
La convocatoria tiene
como objetivo principal la unidad de diversos sectores. Los
organizadores mencionan su participación previa en la Marcha de la Memoria, la
marcha de las mujeres el 8 de marzo, y el acto de Ragone, resaltando la
importancia de invocar la figura de Ragone, quien sigue siendo un desaparecido.
Un punto central de la
marcha será la lectura de un documento que resaltará las situaciones
políticas a nivel nacional y provincial, especialmente la represión, el
autoritarismo y lo ocurrido con los jubilados en Buenos Aires. Se enfatiza la
necesidad de dejar de lado las reivindicaciones sectoriales debido al
momento crítico del país, marcado por la gran marginación de los
trabajadores y sectores populares, la destrucción institucional
llevada a cabo por el actual presidente (a través de DNU y la destrucción de
organismos), y el desmantelamiento de la salud pública, la educación
pública, las políticas de memoria y las instituciones de derechos humanos.
También se menciona el cierre de juicios, la reducción de presupuesto
para equipos de antropología y arqueología forense, la falta de comida para
los pobres, el cierre de comedores, el acaparamiento de alimentos,
la entrega de territorio a extranjeros, y la sensación de que la
patria está en peligro y es necesario recuperar la democracia.
La importancia de esta
fecha y marcha en el contexto nacional radica en la defensa del Estado
democrático, que tanto costó conseguir, y en reafirmar los principios de memoria,
verdad y justicia y el "nunca más" a los sistemas
autoritarios. La marcha se presenta como una alerta a la clase política
(representantes, diputados y senadores provinciales y nacionales) sobre su
responsabilidad en la situación actual y la necesidad de que defiendan al
pueblo y no a las corporaciones políticas.
El momento de esta
marcha se sopesa en un año de retroceso de políticas de memoria, verdad y
justicia, como se evidencia en la negativa a aprobar la ley de memoria
en Salta, cuya vigencia parlamentaria venció hace tres años y cuyo nuevo
proyecto tampoco es aprobado. Esto contrasta con los discursos sobre la memoria
en fechas como el 24 de marzo. Además, se critica el retroceso del Estado en
políticas públicas esenciales, como la falta de ayuda a las poblaciones
afectadas por inundaciones en el Chaco salteño, a pesar de la crecida del
río Pilcomayo. Se señala que los presupuestos no se destinan a la gente, sino a
una "casta política" presente en los distintos niveles de gobierno.
También se cuestiona el uso de recursos y fuerzas de seguridad para la
represión en lugar de destinarlos a ayudar a quienes sufren necesidades, como
los damnificados por inundaciones o incendios. La marcha, entonces, se enmarca
en un contexto de profunda crítica a las políticas actuales que se perciben
como un ataque a los derechos, las instituciones democráticas y el bienestar
del pueblo.
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