Una propuesta en sintonía con el Habeas Corpus presentado por el Comité para la Prevención de la Tortura de Salta.
Asociación Ragone presenta ante la Corte de Justicia de Salta, consideraciones y argumentos respecto de la ACCIÓN DE HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO interpuesto por el Comité contra la Tortura de Salta (CPTS) en agosto pasado. Lo hace con el patrocinio letrado del DR. MARTÍN PLAZA SCHAEFER; y junto a la Mesa de Derechos Humanos de Salta, integrada por tradicionales organizaciones de Derechos Humanos en Salta: la Asoc Coca Gallardo, la Asoc Lucrecia Barquet; la Asoc de Familiares de Detenidos-desaparecidos por razones políticas y gremiales -Salta, y la organización HIJOS Salta. Se suma la Liga Argentina por los DDHH - Salta.
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| Imagen ilustrativa de las condiciones de habitación de los presos alojado en comisarías de Orán y Tartagal en Salta. |
Amicus anteriores desarrollados por Asoc Ragone,
Conocer más del Comité para la Prevención de la Tortura de Salta,
aqui (sitio oficial) y
aqui (sitio de la Asoc Ragone y sus actividades ligadas al Comité).
En continuidad con el objetivo del Habeas Corpus colectivo correctivo presentado por el CPTS ante la Corte de Justicia de Salta, las presentes consideraciones en el Amicus foralecen las observaciones y petitorios del CPTS ante la Corte, en favor de todas las personas privadas de la libertad alojadas en las dependencias policiales de la provincia. Estas comisarías y cárceles, fueron visitadas por el CPTS durante 2023, encontrando condiciones deplorables de detención que las tornan inhumanas y mortificantes. Situaciones que convirtien en ilegítimas e inconstitucionales las formas de alojar a los presos en las mismas.
Lo argumentado en el documento presentado a la Corte de Salta por parte de las organizaciones de Derechos Humanos, enfoca a las personas condenadas y con prisión preventiva alojadas en todas las dependencias policiales de la provincia de Salta, en tanto su cumplimiento de penas y medidas cautelares en las comisarías, porque en esas condiciones de detención se torna absolutamente impracticable los objetivos de resocialización de la pena. Una situación que se agrava al violar los estándares mínimos que en la actualidad la justicia internacional impone para el trato de personas privadas de su libertad. La situación en las cárceles y comisarías de Salta, configura supuestos de penas crueles, inhumanas y degradantes, y genera responsabilidades internacionales para la Provincia.
Desde 2007, Asoc Ragone ha trabajado para lograr justicia en una causa emblemática entre los crimenes de lesa humanidad en Salta: la de la desaparición del ex gobernador popular Miguel Ragone (que da nombre a la misma), explorando instancias del funcionamiento del mundo tribunalicio y de la cultura policial y carcelaria en intima relación con los crimenes cometidos que se investigaron.
Las organizaciones de Derechos Humanos que aquí acompañan, hicieron lo propio en cantidad de crimenes de lesa humanidad de la útima dictadura en Salta. Y estuviern atentos a denunciar arbitrariedades del poder de policía durante la pandemia.
Los hechos y la jurisprudencia
Existe una declaración de emergencia penitenciaria en junio de 2022 por el poder Ejecutivo de Salta, reconociendo la crisis de espacios carcelarios y la vulnerabilidad de las personas en las condiciones de detención. Esas condiciones fueron observadas por el CPTS en 2023 y constan en su memoria institucional. En la declaración se dispone la conformación en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia de una “Comisión de Emergencia en materia penitenciaria”, integrada por representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, del Servicio Penitenciario Provincial, de la Subsecretaría de Políticas Penales, del Ministerio de Infraestructura, del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, de la Corte de Justicia de la Provincia, de la Defensoría General del Ministerio Público y de la Procuración General. La misma nunca se intergró. Es URGENTE que se constituya. Asoc Ragone solicita sea considerada para integrar la misma, haciendo notar que las actuales políticas de seguridad excluyen a la sociedad civil y se tornan crítpticas. Sin embargo, desde nuestra mirada institucional anclada en la tradición argentina de derechos humanos, entendemos que la seguridad se construye junto a la sociedad civil y no en oposición o sin participación de la misma.
Se citan instrumentos legales nacionales e internacionales en los que se apoya el pedido de atender de manera urgente la emergencia carcelaria en Salta; como asi tambien se menciona jurisprudencia pertinente: 1.- el fallo “Torrico”; 2.-el caso en el que se habilita el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios en el contexto de la emergencia sanitaria (CJS-41178/2); 3.- el antecedente de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que, si bien proviene de la jurisdicción federal, tiene particular relevancia al hacer lugar a un hábeas corpus pluri-individual presentado por la Secretaría de DDHH de Salta, considerando que las condiciones de detención en dos unidades de la Policía de la provincia de Salta no cumplían con los estándares fijados por las cartas internacionales de protección de los derechos humanos.
