lunes, 30 de marzo de 2026

Memoria, Encierro y Democracia: El Acto Conmemorativo del 24 de Marzo en la Cárcel de Villa Las Rosas (Salta, 2026)

A cincuenta años del golpe de 1976, la Cárcel de Villa Las Rosas en Salta albergó la Radio Abierta "Memoria, Encierro y Democracia". Organizado por la UNSa, el acto reunió a sobrevivientes, referentes y estudiantes en contexto de encierro para resignificar el penal —escenario de la Masacre de Palomitas— como una "trinchera de ideas". A través de los testimonios de Mirta Torres y Fernando Pequeño Ragone, se denunciaron las lógicas del terror que persisten en la opacidad institucional, reafirmando los derechos humanos como un límite ético innegociable. La jornada culminó con la actualización de identidades recuperadas por el EAAF, consolidando la memoria colectiva como una práctica viva que audita la calidad democrática del presente.

Un análisis académico sobre espacialidad, testimonio y justicia transicional en el marco del 50.º aniversario del golpe de Estado de 1976



1.Introducción: Espacialidad, Memoria y Conmemoración

2.Marco Contextual: El Penal de Villa Las Rosas como Sitio de Memoria

2.1Historia y carga simbólica del espacio

2.2La Universidad Nacional de Salta y su relación institucional con el penal

3.Cartografía de Interlocutores: Voces, Roles y Posiciones

3.1Las autoridades académicas

3.2Las autoridades penitenciarias y la institucionalización de la memoria

3.3Los referentes de memoria y el testimonio vivo

3.4Los estudiantes en contexto de encierro como emprendedores de la memoria

3.5Las presencias ausentes: sujetos del discurso

4.Las Voces Académicas y Pedagógicas: Discursos de las Organizadoras

5.La Palabra Exiliada: El Mensaje de Iñaki Rivera Beiras y el Honoris Causa de laUNSa

5.1Quién es Iñaki Rivera Beiras

5.2El mensaje grabado desde Barcelona

5.3El discurso del Doctor Honoris Causa: presencia en audio

6.Los Discursos Centrales: Mirta Torres y Fernando Pequeño Ragone

6.1Mirta Torres: la memoria descarnada y el discernimiento antisistémico

6.1.1La memoria como compromiso de la clase trabajadora

6.1.2La impunidad estructural y el Plan Cóndor

6.1.3El secuestro de la capacidad de discernimiento

6.2Fernando Pequeño Ragone: la auditoría ética del presente institucional

6.2.1La memoria como lente operativo

6.2.2La supervivencia de las lógicas del terror en el encierro

6.2.3El límite ético intransigente y la denuncia de la opacidad

6.2.4La humanización de Miguel Ragone: herencia y orfandad

6.3Análisis comparativo de los discursos de Torres y Ragone

7.Los Emprendedores de la Memoria: Intervenciones Estudiantiles

8. Cierre del Acto: Actualización de la Verdad y Rito Colectivo

9.Análisis Teórico: Memoria, Democracia y Justicia Transicional

10.Conclusión: La Memoria como Práctica Viva y Democrática

Referencias

 

En marzo de 2026, al cumplirse el cincuentenario del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la Cárcel de Villa Las Rosas de la ciudad de Salta fue escenario de una jornada de reflexión colectiva denominada 'Radio Abierta'. El evento, organizado por la Universidad Nacional de Salta (UNSa) a través de la Facultad de Humanidades y la carrera de Ciencias de la Comunicación, no adoptó la forma de una efeméride institucional tradicional, sino la de un espacio participativo orientado a 'abrir la palabra' y construir colectivamente la memoria en un lugar donde el terrorismo de Estado dejó huellas materiales e indelebles. El objetivo central fue procesar el pasado reciente para reafirmar el compromiso con los derechos humanos, transformando el recuerdo en práctica viva y pedagógica.

La elección del escenario no fue casual. La Cárcel de Villa Las Rosas funcionó durante la última dictadura como centro de detención y tortura, y fue el lugar desde el cual, el 6 de julio de 1976, fueron retirados diez detenidos políticos que serían ejecutados en la denominada Masacre de Palomitas, entre ellos Celia Leonard y Pablo Outes. Desde la perspectiva de Ludmila Da Silva Catela (2002), la intervención de marzo de 2026 configura una 'territorialización de la memoria', proceso mediante el cual un espacio diseñado históricamente para el silencio y la exclusión es resignificado por la palabra académica y testimonial, convirtiéndolo en un 'sitio de memoria' activo.

Describimos y analizamos a continuación el desarrollo de esa jornada enfocando: los marcos contextuales e institucionales, la cartografía de interlocutores presentes y ausentes, los discursos de las autoridades académicas y penitenciarias, el mensaje grabado del Doctor Iñaki Rivera Beiras desde Barcelona, las intervenciones de los estudiantes en contexto de encierro, los testimonios de Mirta Torres y Fernando 'Pequeño' Ragone, y el cierre del acto. La aproximación teórica recupera los aportes de Elizabeth Jelin (2002), Michael Pollak (2006), Da Silva Catela (2002), Diana Maffía, Pilar Calveiro (2004), Luis Alberto Romero (2001), Guillermo O'Donnell (1972), Marina Franco (2012) y Alejandro Grimson (2011), entre otros.

 

2.1 Historia y carga simbólica del espacio

El carácter específico del espacio en que se desarrolló la jornada no puede disociarse de su historia. La Cárcel de Villa Las Rosas es reconocida en la memoria salteña como uno de los engranajes del dispositivo represivo local de la última dictadura. El 6 de julio de 1976, diez detenidos políticos fueron retirados de ese establecimiento y trasladados a la ruta provincial 20, en las inmediaciones de la localidad de Palomitas, donde fueron ejecutados en el marco de lo que se conoce historiográficamente como la Masacre de Palomitas. Entre las víctimas de ese operativo se encontraban militantes de distintas organizaciones políticas y sociales, y sus cuerpos permanecieron en fosas comunes durante décadas. El penal ya ha sido señalizado como sitio de memoria por decisión institucional, reconocimiento que se ve reforzado por la presencia del acto de 2026 en sus instalaciones.

Desde la óptica de Pilar Calveiro (2004), los centros de detención de la última dictadura argentina constituyeron dispositivos de un 'poder concentracionario' cuya lógica excedía la simple privación de libertad: se trataba de producir cuerpos y subjetividades sometidas, anular la resistencia política y social, y enviar mensajes al conjunto de la sociedad. Que ese mismo espacio albergue, cincuenta años después, una jornada en la que se nombra públicamente a sus víctimas, se reproduce el informe Nunca Más y se debate sobre derechos humanos en el encierro, constituye una inversión radical de esa lógica de poder.

2.2 La Universidad Nacional de Salta y su relación institucional con el penal

La jornada fue posible gracias a una relación institucional consolidada a lo largo de dos décadas entre la UNSa y el penal de Villa Las Rosas. La carrera de Ciencias de la Comunicación cumplió en 2026 veinte años de presencia ininterrumpida en el sistema penitenciario salteño, en el marco de los programas de 'educación en contextos de encierro'. Esta articulación transforma el aula universitaria, en palabras que el documento recoge de la Secretaria Académica Silvia Castillo citando a José Martí, en una 'trinchera de ideas' frente a la arbitrariedad.

La presencia de la universidad pública en los espacios de encierro no es un dato menor desde la perspectiva de la historia política argentina. Luis Alberto Romero (2001) ha señalado que las instituciones educativas fueron blancos sistemáticos del aparato represivo de 1976, precisamente porque encarnaban la posibilidad de formación de sujetos políticos autónomos. La Facultad de Humanidades de la UNSa no fue ajena a esa represión: durante las alocuciones en el acto se expresó que más de 116 docentes fueron cesanteados y que al menos veinte personas vinculadas a la universidad fueron desaparecidas durante la dictadura. El regreso de la institución a los muros del penal cincuenta años después asume, por tanto, una dimensión reparatoria que excede lo pedagógico.

El marco de la intervención implicó la concurrencia de una multiplicidad de actores: autoridades académicas de la Facultad de Humanidades, referentes de memoria y derechos humanos, y estudiantes en situación de privación de libertad que asumieron los roles de investigadores, locutores y entrevistadores. Las autoridades penitenciarias —el Alcalde Mayor Olver Carrizo Gutiérrez y el Alcaide Reinaldo Flores— funcionaron como anfitriones institucionales, validando la apertura del espacio para el acto.

 

3.1 Las autoridades académicas

Cuatro figuras institucionales encuadran el acto desde la universidad. Silvia Castillo, Secretaria Académica de la Facultad de Humanidades, establece el tono ético de la jornada al recurrir al pensamiento martiano: define la educación como la única 'trinchera de ideas' capaz de 'romper las nubes de la arbitrariedad y de la violencia'. Su discurso sitúa la conmemoración no como un ejercicio nostálgico, sino como una herramienta de construcción de consensos sociales en torno a la democracia.

María Rosa Chachagua, Directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, centra su intervención en la continuidad institucional: veinte años de presencia en el encierro son presentados como una demostración de que la educación pública puede y debe habitar los espacios de exclusión. Al dirigirse a los internos como parte constitutiva de la carrera —'ustedes son parte desde el inicio'—, su discurso opera una ruptura simbólica del aislamiento académico.

Rodrigo Solá, Director de la Maestría en Derechos Humanos, aporta la perspectiva de la justicia transicional: recuerda que el penal ha sido señalizado como sitio de memoria y vincula el acto con los marcos jurídicos e institucionales de la memoria. Federico Medina, Secretario de Investigación, suma el respaldo de la función investigativa de la universidad a las prácticas democráticas en el encierro.

3.2 Las autoridades penitenciarias y la institucionalización de la memoria

La presencia y el consentimiento de las autoridades penitenciarias —Olver Carrizo Gutiérrez y Reinaldo Flores— constituyen, en términos analíticos, un discurso no verbal de enorme peso político. Desde la perspectiva de Michael Pollak (2006), estas figuras gestionan la transición de una 'memoria subterránea' —el horror de 1976 en el penal— hacia una memoria pública y oficialmente reconocida. Al permitir que el espacio sea resignificado por la palabra democrática, rompen el silencio institucional que históricamente protegió las prácticas del terrorismo de Estado en los lugares de encierro.

El documento enfatiza que su presencia en un acto donde se nombra a las víctimas desaparecidas desde ese mismo establecimiento implica un reconocimiento tácito de la responsabilidad histórica del Estado en ese territorio. Elizabeth Jelin (2002) identificaría a estas figuras como 'facilitadores estatales' en las batallas por la memoria: al avalar la señalización del penal como sitio de memoria durante su gestión, aceptan que el establecimiento no es solo un instrumento de castigo presente, sino un territorio de verdad histórica.

3.3 Los referentes de memoria y el testimonio vivo

La marca de 'conciencia ética y testimonial' puede asignarse a los invitados especiales que aportan la 'memoria viva' al acto. Mirta Torres, sobreviviente y referente de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos, ocupa el lugar central de este grupo. Su intervención se analiza extensamente en la sección dedicada a los discursos, dado que constituye la articulación más densa del testimonio corporal con la denuncia política.

Fernando Pequeño Ragone, nieto del gobernador constitucional de Salta Miguel Ragone —detenido-desaparecido el 11 de marzo de 1976—, es presentado como un referente que practica una 'incorrecta corrección política': interpela sin condescendencia a internos y a personal penitenciario, trazando límites éticos intransigentes contra la crueldad y la tortura. La dimensión generacional de su figura —el 'nieto testigo'— introduce en el acto la cuestión de la transmisión intergeneracional de la memoria, uno de los problemas centrales de los estudios del campo (Jelin, 2002).

El documento también registra la presencia de Iñaki Rivera Beiras, Doctor y director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, quien participa a través de un saludo grabado. Su figura y su mensaje se analizan en sección específica, dada la relevancia de su condición de exiliado y Doctor Honoris Causa de la UNSa.

3.4 Los estudiantes en contexto de encierro como emprendedores de la memoria

La categoría más activa del evento es la de los estudiantes en privación de libertad. No se trata de receptores pasivos de una efeméride, se asumen como investigadores, locutores y narradores que han producido textos propios y gestionado las entrevistas. En términos jelinianos (Jelin, 2002), se trata de 'emprendedores de la memoria': actores que disputan activamente el sentido del pasado.

Hubo intervenciones de Martín, quien expone sobre 'Memorias del Horror en la UNSA'; José María, quien recupera la biografía de Georgina Droz y su formación con Paulo Freire; Máxima Becharé y José Yapura, entrevistadores de Torres y Ragone respectivamente; Matías Lazarte, quien realiza una crónica detallada del secuestro de Miguel Ragone; Mario Vargas, que lee la recreación ficcional 'Amaranta Libertad' sobre el parto en cautiverio de Silvia Leonard; Raúl Romero, quien denuncia la censura cultural de la dictadura sobre músicos como Mercedes Sosa y Charly García; y Carolina ('Carol') y Nati, quienes lideran la intervención artística 'Florecerán pañuelos'.

Desde la sociología de la memoria, estas intervenciones producen lo que Da Silva Catela (2002) denomina 'territorialización': al nombrar a las víctimas en el mismo espacio donde estuvieron detenidas, al leer una crónica sobre el secuestro de Ragone dentro del penal que fue antesala de la Masacre de Palomitas, los estudiantes conectan la geografía del horror con su geografía cotidiana, haciendo que la memoria, en expresión que el documento atribuye a los propios participantes, 'forme parte de nuestro ADN'.

3.5 Las presencias ausentes: sujetos del discurso

Una dimensión crucial del análisis discursivo concierne a los interlocutores que no intervienen físicamente pero cuya presencia es evocada como mandato ético y político. Las víctimas del 6 de julio de 1976 —Celia Leonard, Pablo Outes y los demás ejecutados— abren simbólicamente el acto: sus nombres son pronunciados para 'romper el olvido' en el mismo lugar donde estuvieron detenidos. El rector de la UNSa durante la dictadura, Olver Martínez Borelli, y la pedagoga y militante Georgina Droz son convocados como modelos de compromiso institucional y pedagógico respectivamente.

Al finalizar el acto, el documento introduce una actualización que amplía el campo de presencias ausentes: el estudiante de cierre enumera los doce cuerpos identificados en marzo de 2026 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en fosas comunes del predio del Tercer Cuerpo del Ejército en Córdoba. Los nombres —Ramiro Sergio Bustillo, Raúl Óscar Cavallon Cantón, Adriana María Carrazán, Cecilia María Carrazán, Carlos Alberto D'Ambra, Alejandro Jorge Monj, Mario Alberto Nigoli, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde, Sergio Julio Ticera, entre otros— son pronunciados en el penal de Villa Las Rosas, unificando la geografía del horror en una sola demanda de justicia que trasciende las provincias.

 

Los discursos de Silvia Castillo, María Rosa Chachagua y la profesora Cecilia Toro configuran lo que Jelin (2002) denomina 'emprendimientos de memoria' desde la institucionalidad universitaria. Sus posiciones, aunque convergentes en el reconocimiento del penal como espacio de derecho educativo, presentan énfasis diferenciados que vale la pena distinguir.

Castillo ancla su intervención en una ética de la responsabilidad democrática. El acto conmemorativo es presentado no como una ceremonia del dolor, sino como una herramienta para marcar consensos sociales: la conmemoración señala el camino de una comunidad más justa. Su referencia a la represión en la propia universidad —las cesantías, la explosión del Aula 1 en 1974— establece una genealogía institucional del compromiso: la UNSa no conmemora desde afuera de la historia, sino desde adentro de ella.

Chachagua, por su parte, enfatiza la dimensión de la continuidad. Veinte años de presencia ininterrumpida en el penal son leídos como una demostración de la posibilidad de ejercer derechos en el encierro. Al celebrar que la iniciativa del acto surgió de los propios estudiantes, su discurso afirma la agencia de los internos como sujetos de la educación pública.

La intervención de Cecilia Toro es la más compleja teóricamente. La docente introduce una crítica política al sistema carcelario en su conjunto, definiéndolo como un sistema 'perverso' de encierro y secuestro que reproduce la violencia institucional. Recuperando implícitamente la tradición foucaultiana sobre la relación entre poder y encierro, propone la reconstrucción de la noción de 'comunidad' para deconstruir la violencia que enfrenta a guardias e internos, quienes a menudo pertenecen al mismo entorno social. La democracia de 1983, afirma, no representó una ruptura absoluta con la violencia de 1976, sino el inicio de un proceso diario de construcción que exige que la memoria forme parte del 'ADN' social. Concluye su intervención materializando el discurso: entrega ejemplares del informe Nunca Más y del libro Corrupción y Dictadura a los internos, convirtiendo el gesto en una herramienta de investigación.

 

5.1 Quién es Iñaki Rivera Beiras

José Ignacio 'Iñaki' Rivera Beiras es Catedrático de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Barcelona, donde dirige el Máster en Criminología Crítica y Derecho Penitenciario. En 2001 fundó el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de esa misma universidad y lidera el Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional (SIRECOVI). Sus investigaciones se centran en la cuestión carcelaria, la reducción de la prisión (decarcelación), la prevención de la tortura y la denuncia de la violencia institucional en los sistemas penitenciarios. La Universidad Nacional de Salta le otorgó el título de Doctor Honoris Causa, distinción que el documento registra como el reconocimiento institucional de mayor jerarquía académica.

Su vínculo con la UNSa se consolida a través de la Especialización y Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, donde ha integrado equipos docentes en asignaturas de posgrado sobre democracia y violencia institucional en Argentina. Comparte espacios de docencia e investigación con la Dra. Cecilia Toro, coordinadora del Observatorio del Sistema Penal, Políticas de Seguridad y de los DDHH de la UNSa, y sus actividades han contado con la coordinación del Mgter. Rodrigo Solá.

5.2 El mensaje grabado desde Barcelona

Rivera Beiras participa en el acto de Villa Las Rosas mediante un saludo grabado enviado desde la ciudad de Barcelona. Su ausencia física es mediada por la profesora Cecilia Toro, quien introduce el mensaje subrayando que no se trata de una formalidad sino de la continuación de un vínculo político e intelectual de largo aliento: Rivera Beiras es presentado como exiliado de la dictadura argentina que reside en Barcelona desde hace cincuenta años, y cuya trayectoria demuestra que el exilio no ha sido obstáculo para mantener 'lazos fraternos' y una lucha incansable por el derecho a una vida digna.

El mensaje articula tres proposiciones centrales. En primer lugar, identifica las cárceles, cuarteles y comisarías como escenarios específicos de 'tortura, de violencia institucional y de degradación de personas', exigiendo una búsqueda permanente de la verdad y la justicia en esos sitios. En segundo lugar, advierte sobre un contexto global de 'extravío de la memoria' impulsado por actitudes negacionistas de la extrema derecha y los 'fascismos', y sostiene que el ejercicio del recuerdo es una herramienta de resistencia imprescindible frente a esos tiempos. En tercer lugar, su propio mensaje desde el exilio encarna la persistencia del vínculo político transnacional: la distancia geográfica se transforma en 'abrazo solidario y fraterno'.

Desde la perspectiva de Pollak (2006), la presencia de Rivera Beiras simboliza la victoria sobre el silencio impuesto por el exilio. El exiliado custodia una memoria que el régimen intentó extirpar; al reinsertar su voz en el penal de Villa Las Rosas, rompe la 'memoria fronteriza' para integrarla en un circuito de justicia global. Jelin (2002) vería en esta intervención parte de las 'redes de memoria' que trascienden fronteras nacionales: la lucha contra el negacionismo que menciona Rivera Beiras es una de las 'batallas por la memoria' más urgentes en el presente, donde el capital simbólico de la verdad es defendido por actores internacionales.

5.3 El discurso del Doctor Honoris Causa: presencia en audio

El documento registra que la Universidad Nacional de Salta otorgó a Iñaki Rivera Beiras el título de Doctor Honoris Causa, distinción que consolida el reconocimiento institucional de sus aportes a la investigación criminológica y la defensa de los derechos fundamentales. Su mensaje grabado en el acto de Villa Las Rosas cobra una dimensión adicional a la luz de esa distinción: el Honoris Causa no es solo un reconocimiento académico abstracto, sino la formalización de un vínculo que, como demuestra el acto, se materializa en el trabajo cotidiano de la maestría en derechos humanos, en la formación de posgrado sobre violencia institucional y en la solidaridad con quienes, dentro de los muros del penal salteño, ejercen el derecho a la educación y la memoria.

Da Silva Catela (2002) señalaría que la irrupción de un discurso producido en Barcelona en el pabellón de una cárcel salteña conecta escalas de memoria globales con la micro-historia del encierro local, produciendo una 'territorialización virtual' que amplía los límites del sitio de memoria más allá de sus muros físicos.

 

6.1 Mirta Torres: la memoria descarnada y el discernimiento antisistémico

6.1.1 La memoria como compromiso de la clase trabajadora

Mirta Torres, sobreviviente del terrorismo de Estado, exdetenida política y referente de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos, es entrevistada en el acto por Máxima Becharé, estudiante en contexto de encierro. Su testimonio se aleja del protocolo institucional para situarse en la 'memoria viva' y la denuncia política.

Torres desmarca la práctica de la memoria de un ejercicio exclusivo de élites intelectuales o académicas. Se define a sí misma como parte de la 'clase trabajadora jubilada', enfatizando que el recuerdo es un compromiso social universal que adquiere su mayor sentido en los espacios de exclusión: realiza este trabajo 'con amor', especialmente en los lugares más humildes. Esta operación discursiva politiza el afecto como herramienta de resistencia frente al odio estatal. En términos de Grimson (2011), su posición anticipa la necesidad de comprender las 'grietas' de la memoria no solo en clave ideológica, sino también en términos de clase social y de los cuerpos que han sufrido la represión.

6.1.2 La impunidad estructural y el Plan Cóndor

El argumento más potente de Torres en términos de justicia transicional es el que vincula la práctica de la memoria con la lucha contra la impunidad estructural. Sostiene que en la sociedad capitalista la impunidad 'se instala y nos atraviesa': mientras no aparezcan todos los restos, mientras no existan las causas correspondientes a cada uno de los treinta mil desaparecidos, la memoria no puede clausurarse. La reconstrucción biográfica e histórica —expresada en la mención de las recientes identificaciones del EAAF en Córdoba— es presentada como la única herramienta para obturar esa impunidad.

Torres eleva el análisis local hacia una dimensión continental al inscribir el terrorismo de Estado dentro de una estrategia sistemática de exterminio regional. Cita el hallazgo de los 'Archivos del Terror' por Martín Almada en Paraguay como prueba documental de la cooperación de las dictaduras del Cono Sur —formadas por 'escuelas francesas y yanquis'— en el marco del Plan Cóndor. Los crímenes de lesa humanidad son definidos como 'crímenes de crímenes reunidos en cantidad' que afectan a toda la humanidad. Esta perspectiva coincide con los análisis de Franco (2012) sobre la construcción transnacional de los relatos sobre la represión y la necesidad de superar los marcos nacionales para comprender el alcance del terrorismo de Estado.

6.1.3 El secuestro de la capacidad de discernimiento

La tesis más significativa de Torres en el marco del acto en un espacio de encierro es la que define al terrorismo de Estado no solo por sus víctimas directas, sino por sus efectos sobre el conjunto de la sociedad: el mayor daño fue la mutilación de la información, la 'captura' de la capacidad humana de comprender el 'porqué' de los procesos políticos y económicos. Exhorta a los internos a 'poner en tela de juicio todo' y a armarse de conocimiento como forma de resistencia.

Esta exhortación asume una dimensión ética particular en el contexto del encierro. Al interpelar a quienes el sistema penal margina bajo la categoría de 'presos sociales' para recuperar su 'capacidad de discernimiento', Torres les reconoce una agencia política que el sistema les niega. La concluye con una negativa tajante a la reconciliación abstracta que el documento registra en primera persona: 'No olvidamos, no perdonamos... y no damos vuelta a la página'. El mérito histórico de su diálogo, como señala el análisis comparativo del documento fuente, radica en que su voz sigue siendo el nexo ineludible entre el trauma del Plan Cóndor y la necesidad de una democracia que no 'secuestre' la capacidad de entender el presente.

6.2 Fernando Pequeño Ragone: la auditoría ética del presente institucional

6.2.1 La memoria como lente operativo

Fernando Pequeño Ragone, nieto del gobernador constitucional de Salta Miguel Ragone —desaparecido el 11 de marzo de 1976—, asume en el acto una posición discursiva que él mismo menciona como de 'incorrecta corrección política'. Antes de someterse a la entrevista conducida por José Yapura, solicita tiempo para leer un manifiesto escrito especialmente para la comunidad penitenciaria. Inicia su alocución saludando a la universidad, a los internos y, de manera destacada, a los trabajadores del servicio penitenciario, a quienes define como parte de una 'sola comunidad'.

Su primera proposición quiebra la concepción de la memoria como museo o efeméride estática: 'La memoria para mí es una lente para mirar nuestro presente. Es la herramienta que nos permite medir cuánto hemos avanzado... y cuánta oscuridad nos queda aún por desarmar'. Esta definición operativa de la memoria conecta con los marcos de O'Donnell (1972): la democracia no se evalúa únicamente por sus procedimientos formales, sino por su capacidad de desmantelar las estructuras autoritarias que sobreviven en los márgenes institucionales.

6.2.2 La supervivencia de las lógicas del terror en el encierro

El postulado central de Ragone en términos de justicia transicional es que los espacios de privación de libertad —cárceles, hospitales psiquiátricos, centros de recuperación de adicciones— constituyen los reductos donde las lógicas opacas y violentas del terrorismo de Estado pretenden sobrevivir. Frente a esta constatación, afirma categóricamente que 'los derechos humanos no se terminan en la puerta de este lugar cuando uno entra', reivindicando el derecho a la integridad física y a la salud mental plena para los internos.

Calveiro (2004) habría anticipado esta lectura: el 'poder concentracionario' no desapareció con el fin de la dictadura, sino que se reconvirtió y se diseminó en las instituciones del Estado democrático, particularmente en aquellas que ejercen control sobre los cuerpos de los sectores más vulnerables de la sociedad.

6.2.3 El límite ético intransigente y la denuncia de la opacidad

Ragone introduce una complejidad sociológica al reconocer la precarización material del personal penitenciario: bajos salarios, estigma social, turnos extenuantes. Sin embargo, traza una frontera deontológica innegociable: 'Tengo que trazar un límite ético, político y profundamente intransigente y entender que la precarización del guardia... no justifica ni va a justificar jamás la crueldad'. El agente penitenciario que replica prácticas perversas 'lastima de muerte' a la institución y la convierte en un 'apéndice de la oscura dictadura militar' ante los ojos de la sociedad.

Su cuarta proposición señala un diseño político deliberado: 'Quieren que la cárcel siga siendo un rincón oscuro donde el Estado puede ejercer su poder sin rendir cuentas'. Denuncia a los funcionarios que obstaculizan el trabajo del Comité para la Prevención de la Tortura y que impiden la participación de organismos de derechos humanos. Argumenta que los 'muros altísimos' no solo sirven para que los presos no salgan, sino para que la ciudadanía no pueda observar lo que ocurre dentro.

6.2.4 La humanización de Miguel Ragone: herencia y orfandad

La entrevista con Yapura permite a Fernando Ragone desplazarse del manifiesto político al relato biográfico. Miguel Ragone es presentado como hijo de un inmigrante italiano 'bien bruto' y campesino, un hombre de carne y hueso que llegó a profesional y a la gobernación de Salta por el esfuerzo familiar. La clave de su figura política es su 'innegociabilidad': no quería 'asimilarse a las élites' ni 'meter la mano en la lata', lo que finalmente provocó que 'se lo llevaran puesto'.

El nieto concluye con una reflexión sobre el dolor de crecer huérfano. Reproche y afecto se entrelazan en una imagen de singular densidad: crecer sin abuelo lo habilitó para entender, desde adentro del dolor, las deudas pendientes de la democracia en lugares como Villa Las Rosas. La orfandad, lejos de ser solo una pérdida, funciona como lente —en coherencia con la metáfora inaugural de su discurso— para detectar lo que la democracia aún no ha resuelto.

6.3 Análisis comparativo de los discursos de Torres y Ragone

Los discursos de Mirta Torres y Fernando Ragone operan como vectores complementarios pero diferenciados de la justicia transicional. Torres aporta la radicalidad ética del testimonio corporal: es la memoria que camina por el mismo penal donde sufrió. Ragone aporta la auditoría institucional: instrumentaliza esa misma memoria para exigir la democratización definitiva del aparato de control penal del Estado.

En cuanto al enfoque analítico, Torres inscribe la represión en las lógicas del capitalismo continental y la manipulación de las conciencias; Ragone focaliza en la persistencia del Estado burocrático-punitivo y el comportamiento ético de sus agentes. En cuanto a la estrategia ante el encierro, Torres exhorta a la resistencia intelectual mediante el discernimiento y el estudio; Ragone exhorta a la auditoría democrática exigiendo que la sociedad civil rompa la opacidad de los muros. En cuanto a la perspectiva del tiempo, Torres sostiene una continuidad intransigente ante la herida abierta de la impunidad; Ragone propone la memoria como estándar de medición de la calidad democrática del presente.

Ambas voces convergen en que, a medio siglo del golpe de Estado, la memoria ha pasado de ser una demanda de reparación del pasado a constituirse en el instrumento indispensable para la vigencia y fiscalización de los derechos humanos en el presente.

 

Las intervenciones de los estudiantes en contexto de encierro constituyen el núcleo pedagógico y político más innovador del acto. Desde la óptica de Elizabeth Jelin son 'emprendedores de la memoria': actores que no solo preservan el recuerdo, sino que lo producen activamente, lo investigan y lo narran.

Martín expone la investigación 'Memorias del Horror en la UNSA', reconstruyendo la genealogía de la represión sobre la universidad: la intervención de la gestión Borelli, el atentado al Aula 1 en 1974, la desaparición de más de veinte personas vinculadas a la institución y la cesantía de 116 docentes. Su argumento central es que 'el que no conoce su historia está condenado a repetirla', frase que el documento registra textualmente y que resume la función pedagógica del acto.

José María recupera la biografía de Georgina Droz, destacando su formación con Paulo Freire y su labor en la alfabetización de adultos. La trayectoria de Droz es presentada como una 'bandera para todos los jóvenes'. La cita que el estudiante recoge —'Descubrir que el estudio es una gran manera de luchar. Entonces, quiero estudiar'— funciona como espejo en el que los propios internos pueden reconocer su situación.

Matías Lazarte presenta una crónica detallada del operativo de secuestro de Miguel Ragone el 11 de marzo de 1976, enfatizando la 'impunidad' y la 'apoyatura local' de los captores. Mario Vargas lee la recreación ficcional 'Amaranta Libertad', basada en el parto en cautiverio de Silvia Leonard, madre de una víctima de la masacre. La pieza literaria —con el cierre que el documento registra: 'A todos les digo y les repito, nunca más'— utiliza la ficción para narrar lo que el testimonio directo difícilmente puede contener.

Raúl Romero denuncia la censura cultural de la dictadura: la quema de libros, la prohibición de músicos como Mercedes Sosa y Charly García. Su argumento es que la música y la literatura fueron perseguidas porque 'decían la verdad' y generaban esperanza en los jóvenes. Finalmente, Carolina y Nati lideran la intervención artística 'Florecerán pañuelos', que materializa la memoria en objetos simbólicos elaborados por los internos de las unidades 1 y 4.

Desde la perspectiva de Pollak (2006), la Radio Abierta permite que emerjan 'memorias subterráneas' —el relato de los partos en cautiverio, las cesantías en la universidad, los archivos del Plan Cóndor— para volverse públicas en un espacio de encierro. Los estudiantes actúan como el vehículo para que el recuerdo rompa el aislamiento carcelario. Maffía vería en esta transformación —de 'presos sociales' a 'investigadores y locutores'— un proceso de construcción de subjetividad política: el acto de estudiar y narrar se convierte en una 'batalla' de resistencia ante un sistema que busca deshumanizarlos.

 

El bloque final del acto articula dos momentos de naturaleza diferente: una actualización informativa de alta densidad política y un rito de clausura colectiva. El estudiante de cierre presenta la proposición que organiza todo el acto: la dictadura no es un proceso cerrado, sino una herida abierta que sigue produciendo vestigios materiales en el presente.

El 10 de marzo de 2026, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó doce cuerpos en fosas comunes en el predio del Tercer Cuerpo del Ejército en La Calera, Córdoba. Los nombres son pronunciados en el pabellón del penal salteño: Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás, Raúl Óscar Cavallon Cantón, Adriana María Carrazán, Cecilia María Carrazán, Carlos Alberto D'Ambra, Alejandro Jorge Monj, Mario Alberto Nigoli, Elsa Mónica, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde y Sergio Julio Ticera. La lectura de estos nombres en Villa Las Rosas produce la convergencia de dos territorios de memoria: el penal salteño y las fosas cordobesas se articulan en una demanda de justicia que unifica la geografía nacional del horror.

El acto culmina con el grito al unísono de la consigna '¡Ahora y siempre!', reafirmando el compromiso ético y político de la sociedad frente a la desaparición forzada. Se invita a los presentes a un agasajo que facilita un espacio de encuentro informal entre internos, familiares y académicos. Este cierre no concluye la efeméride: la reporta como situación vigente. La integración de los nuevos nombres de Córdoba al acto de Villa Las Rosas confirma que la memoria en Argentina es un proceso vivo, capaz de actualizarse y fortalecerse medio siglo después del quiebre democrático.

En términos de Jelin (2002), la lectura de esos doce nombres constituye un 'trabajo de memoria' activo: no se recuerda al desaparecido en abstracto, sino que se restituye su nombre propio al espacio público, disputando el olvido impuesto por el sistema concentracionario. El agasajo final, por su parte, representa la construcción de una subjetividad política dialógica: al invitar al personal penitenciario y a los internos a compartir un espacio común tras el acto, se busca deconstruir la violencia institucional mediante la palabra y el encuentro humano.

 

El acto de Villa Las Rosas de marzo de 2026 puede leerse como una síntesis de las transformaciones que ha experimentado la cultura de la memoria en la Argentina posdictatorial. Desde la perspectiva de Jelin (2002), los 'trabajos de la memoria' no son lineales ni concluyen con la transición democrática: son procesos en permanente disputa donde distintos actores sociales pugnan por imponer sentidos sobre el pasado. El acto analizado evidencia que, cincuenta años después del golpe, esa disputa se ha desplazado desde los tribunales hacia los espacios cotidianos de exclusión social, como las cárceles.

Pollak (2006) habría reconocido en la Radio Abierta el mecanismo por el cual las 'memorias subterráneas' —silenciadas durante décadas por el terror y la opacidad institucional— emergen al espacio público. La presencia de los estudiantes en contexto de encierro como productores de memoria, y no como sus meros receptores, confirma que el 'silencio impuesto' puede ser quebrado incluso desde las instituciones que, históricamente, lo han administrado.

Calveiro (2004) permitiría comprender por qué el penal es el escenario privilegiado para ese debate: el 'poder concentracionario' que operó en los centros clandestinos de detención de la dictadura no desapareció con la democracia, sino que se reconvirtió en las instituciones de control social. La cárcel es uno de sus últimos bastiones. Que sea precisamente en ese espacio donde se pronuncian los nombres de las víctimas, se lee el Nunca Más y se debate sobre el límite ético del poder punitivo, constituye una inversión política de enorme significación.

O'Donnell (1972), desde su análisis de las condiciones del autoritarismo en América Latina, habría subrayado que la democracia formal no garantiza por sí misma la democratización de las instituciones. El penal de Villa Las Rosas en 2026 es un ejemplo preciso de ese hiato: cuarenta años de democracia conviven con prácticas de violencia institucional que los discursos de Torres y Ragone denuncian con nombres y apellidos.

Romero (2001) ha señalado que la historia argentina del siglo XX es, en buena medida, la historia de los fracasos de la integración política y social. El acto analizado puede leerse en esa clave: el esfuerzo por integrar a los internos —'presos sociales' en su mayoría— en el relato de la memoria política nacional es también un esfuerzo por incluirlos como ciudadanos en la democracia, por reconocer que la violencia estatal que sufrieron los detenidos políticos de 1976 y la que sufren hoy los privados de libertad forman parte de un mismo problema estructural.

Grimson (2011) habría analizado las 'grietas' del campo de la memoria: las disputas sobre el sentido del pasado no son solo académicas, sino que expresan divisiones sociales y políticas profundas. El acto de Villa Las Rosas no clausura esas disputas, pero propone una forma de habitarlas: la palabra compartida, la investigación colectiva, el encuentro de voces heterogéneas en un espacio común. Franco (2012), por su parte, habría reconocido en las intervenciones de Torres y Ragone la persistencia de los debates sobre represión y memoria que, lejos de haberse agotado, se actualizan permanentemente ante cada nueva identificación de restos, ante cada denuncia de tortura en el encierro.

Maffía aportaría una lectura de la dimensión de género que el documento recoge aunque no explicita. La figura de Mirta Torres —sobreviviente que dio a luz en cautiverio, cuyo hijo mayor es 'un sobreviviente de la tortura en mi vientre'— deconstruye la noción de la madre víctima para erigirla como sujeto político: su cuerpo y su prole son prueba irrefutable de la crueldad estatal y de la resistencia vital. La lectura ficcional de 'Amaranta Libertad' por el estudiante Mario Vargas refuerza esa dimensión: el nacimiento de una vida en medio de la tortura es el símbolo más potente de la resistencia que el acto convoca.

 

El acto de 'Radio Abierta' realizado en la Cárcel de Villa Las Rosas en marzo de 2026, en el cincuentenario del golpe de Estado cívico-militar, fue un momento de singular densidad política, pedagógica y simbólica. Se suceden al menos cinco dimensiones de significación que se articulan y se refuerzan mutuamente.

La primera es la de la espacialidad: que el acto se realice en el mismo espacio donde funcionó un centro clandestino de detención, donde diez personas fueron retiradas para ser ejecutadas en Palomitas, y donde hoy estudian y producen conocimiento personas privadas de su libertad, no es una coincidencia sino una decisión política. Da Silva Catela (2002) lo llama 'territorialización de la memoria': el espacio del horror se convierte en espacio de conciencia.

La segunda es la de la pluralidad de voces: el documento registra un entramado de interlocutores —autoridades académicas y penitenciarias, sobrevivientes, nietos de desaparecidos, exiliados, profesores y estudiantes en encierro— que producen memoria desde lugares radicalmente distintos. Esta heterogeneidad es la fortaleza del acto: ninguna voz monopoliza el sentido del pasado, sino que todas contribuyen a una memoria colectiva que, como señala Jelin (2002), es siempre inacabada y en disputa.

La tercera es la de la actualización: el acto no se limita a conmemorar el pasado, sino que lo articula con el presente. La denuncia de Torres sobre el 'secuestro de la capacidad de discernimiento', el manifiesto de Ragone sobre la supervivencia de las lógicas del terror en los espacios de encierro, y la lectura de los doce nombres identificados en Córdoba en 2026 demuestran que la memoria, en Argentina, no es un ejercicio nostálgico sino una práctica política urgente.

La cuarta es la de la transmisión: los estudiantes en contexto de encierro que investigan, locutan y entrevistan producen memoria en primera persona. Esta dimensión pedagógica —la educación como 'trinchera de ideas', en palabras de Castillo— es la que hace del acto algo más que una conmemoración: es la formación de nuevos sujetos políticos capaces de interrogar el pasado y auditar el presente.

La quinta es la de la reparación simbólica: que el Nunca Más y los libros sobre la dictadura sean entregados a los internos, que los nombres de las víctimas de 1976 sean pronunciados en el pabellón del penal por quienes hoy están privados de su libertad, que la consigna '¡Ahora y siempre!' sea gritada por internos, guardias y académicos al unísono, son gestos que apuntan hacia una reparación que excede lo jurídico y se instala en el orden de la dignidad compartida.

El penal de Villa Las Rosas, en marzo de 2026, dejó de ser —al menos por el tiempo que duró el acto— el 'rincón oscuro donde el Estado puede ejercer su poder sin rendir cuentas' que Ragone denuncia, para convertirse en lo que el documento, en su más persistente aspiración, llama un espacio de 'discernimiento y resistencia comunitaria'. En esa transformación, efímera pero real, reside el mérito histórico del acto analizado.

 

Calveiro, P. (2004). Política y/o violencia: Una aproximación a la guerrilla de los años setenta. Norma.

Da Silva Catela, L. (2002). El mundo de los archivos. En L. Da Silva Catela & E. Jelin (Comps.), Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad (pp. 195-221). Siglo XXI.

Franco, M. (2012). Un enemigo para la nación: Orden interno, violencia y subversión (1973-1976). Fondo de Cultura Económica.

Grimson, A. (2011). Los límites de la cultura: Crítica de las teorías de la identidad. Siglo XXI.

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI.

Maffía, D. (2007). Epistemología feminista: La subversión semiótica de las mujeres en la ciencia. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 12(28), 63-98.

O'Donnell, G. (1972). Modernización y autoritarismo. Paidós.

Pollak, M. (2006). Memoria, olvido, silencio: La producción social de identidades frente a situaciones límite. Al Margen.

Rivera Beiras, I. (2005). Recorridos y posibles formas de la penología crítica. En I. Rivera Beiras (Coord.), Política criminal y sistema penal: Viejas y nuevas racionalidades punitivas (pp. 13-60). Anthropos.

Romero, L. A. (2001). Breve historia contemporánea de la Argentina. Fondo de Cultura Económica.

Universidad Nacional de Salta / Facultad de Humanidades / Carrera de Ciencias de la Comunicación. (2026). Registro del acto conmemorativo del 24 de marzo en la Cárcel de Villa Las Rosas [Documento interno]. UNSa.

martes, 24 de marzo de 2026

Documento Completo de la Mesa DDHH Salta leido en el Acto por Memoria, Verdad y Justicia. Salta. 24 marzo de 2026

Documento de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Asociación Dr. Miguel Ragone, al conmemorarse los 50 años del golpe militar.

 


Al cumplirse medio siglo del golpe de Estado de 1976, la Mesa de Derechos Humanos de Salta, la Asociación Dr. Miguel Ragone y la Liga Argentina por los Derechos Humanospresentan un manifiesto que denuncia una "restauración" del modelo dictatorial bajo la gestión de Javier Milei. El documento sostiene que el actual negacionismo y el desmantelamiento de políticas de Memoria, Verdad y Justicia son el correlato necesario para imponer un ajuste económico brutal, similar al de Martínez de Hoz, que prioriza el capital financiero y el extractivismo mediante el RIGI. En términos geopolíticos, alerta sobre una pérdida de soberanía sin precedentes debido al alineamiento total con Estados Unidos e Israel y el abandono de la causa Malvinas. El texto expande el concepto de derechos humanos para incluir las luchas laborales, de género y de los pueblos indígenas, advirtiendo que la criminalización de la protesta y el debilitamiento del Estado de Derecho amenazan la democracia real. Así, el acto del 24 de marzo de 2026 se posiciona no solo como un ejercicio de memoria, sino como una plataforma de resistencia multisectorial contra un proyecto político calificado como autoritario, excluyente y subordinado a intereses extranjeros.


Contenidos

DocumentoCompleto Acto por Memoria, Verdad y Justicia. Salta. 24 marzo de 2026

Eldocumento completo (leído en el acto en el Parque San Martin de Salta)

Análisisdel discurso de las organizaciones de derechos humanos de Salta en el acto porMemoria, Verdad y Justicia

1.Proposiciones Centrales del Documento

2.Contexto Histórico para Argentina (2026)

3.Enfoque desde la Geopolítica

 

Síntesis

 

El documento completo (leído en el acto en el Parque San Martin de Salta)

Hace cincuenta años, Argentina sufrió el golpe de Estado más sangriento de su historia. Bajo el mando de Videla, Massera y Agosti, se impuso un terrorismo de Estado que persiguió a miles de seres humanos comprometidos con un mundo más justo e igualitario. El saldo fue devastador: 30.000 desaparecidos y cientos de niños apropiados en centros clandestinos de detención que funcionaron como verdaderos campos de concentración, donde se practicaron torturas, violaciones y todo tipo de vejaciones.

En las cárceles legales, se ejecutaron presos políticos en masacres como las de Palomitas en Salta, Margarita Belén en Chaco y en la Penitenciaría de Córdoba. Miles de personas fueron exiliadas para salvar sus vidas. Este plan no fue improvisado; formó parte de la estrategia continental conocida como Plan Cóndor, alineada con intereses geopolíticos extranjeros. Los militares fueron formados en técnicas de tortura —previamente aplicadas por Francia en Argelia— la escuela de las Américas.

En lo económico, la dictadura cívico-militar destruyó la industria nacional y generó una deuda externa asfixiante al abrir las fronteras de forma indiscriminada. La generación del 70, y los que venían ya del golpe de Onganía, fueron forjadas en luchas populares y organizaciones de diversas vertientes (izquierda, peronismo revolucionario, democracia cristiana y socialdemocracia), pagó con su vida su compromiso antiimperialista y su opción por los sectores más desprotegidos. Hoy reivindicamos sus ideales; porque quienes dan la vida por sus convicciones no mueren, sino que viven en el corazón de su pueblo.

A 50 años del golpe de Estado más sangriento de nuestra historia, es indispensable salir a la calle en unidad, con memoria, verdad y justicia.

Porque no se trata sólo de recordar: se trata de defender las conquistas de nuestro pueblo frente a un gobierno que pretende arrasarlas.

Hoy nos encontramos frente a un gobierno nacional que reivindica el accionar genocida de la dictadura, instalando un discurso negacionista sobre el terrorismo de Estado y poniendo en duda una verdad construida con lucha: son 30.000.

Al mismo tiempo, retoma el modelo económico de Martínez de Hoz, basado en la entrega, la desigualdad y la destrucción del aparato productivo nacional.

A medio siglo del golpe, el gobierno de Milei y Villarruel impulsa un plan que busca garantizar la impunidad de los genocidas y desmantelar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, conquistas históricas de los organismos de Derechos Humanos

En todo el país se dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad, en las que condenaron a 1.231 personas y absolvieron a 250 desde la reapertura de los juicios en 2006. Encontramos 140 nietos y nietas apropiados y los seguimos buscando.

En el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hay aún 12 juicios en curso. Hace pocos días se identificaron nuevos restos de compañeros y compañeras en el centro clandestino La Perla. Esto reafirma nuestra lucha contra la impunidad y nuestra exigencia permanente:

¡QUE DIGAN DÓNDE ESTÁN!

El cierre de espacios de memoria, el desfinanciamiento de estos organismos y el nombramiento de funcionarios que reivindican la dictadura no son hechos aislados: son parte de un proyecto político que intenta reescribir la historia.

El negacionismo se expresa también en el presente: un gobierno que niega el cambio climático, desprecia la ciencia y rechaza organismos multilaterales como la OMS; que gobierna desconociendo leyes votadas por el Congreso y resoluciones judiciales, debilitando el Estado de Derecho y concentrando poder de manera autoritaria

Mientras tanto, avanza sobre derechos conquistados: ataca a las diversidades, desconoce la lucha de las mujeres por la igualdad de género y pretende imponer una sociedad más desigual, más violenta y más excluyente. Las políticas de Milei afectan al colectivo LGBTQI+ mediante el desmantelamiento de la estructura estatal de protección, que incluye el cierre del Ministerio de Mujeres y Diversidad y el recorte de programas de asistencia. En la práctica, esto se traduce en el desfinanciamiento del cupo laboral travesti-trans, restricciones en el acceso a tratamientos de salud para menores y una fuerte ofensiva discursiva que cataloga a la diversidad sexual como una "agenda ideológica" ajena a las prioridades del Estado. Dificulta el acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, legítima conquista del colectivo. Como resultado, las organizaciones denuncian un retroceso en derechos adquiridos y un aumento de la vulnerabilidad social y la violencia simbólica legitimada desde el discurso oficial.

El gobierno de Javier Milei también ha endurecido la política migratoria mediante un enfoque de "prioridad nacional" que busca restringir el acceso gratuito a la salud y la educación para extranjeros no residentes. Su gestión ha agilizado las deportaciones de quienes cometen delitos o están en situación irregular, ha implementado controles biométricos en barrios populares y ha unificado la vigilancia fronteriza con fuerzas de seguridad. Bajo la premisa de "ordenar" el sistema y combatir la delincuencia, repudiamos  estas medidas  estigmatizantes y discriminatorias hacia la población migrante.

En el plano económico, el ajuste es brutal y tiene un solo objetivo: garantizar la riqueza de los sectores más concentrados a costa del sufrimiento de las mayorías. Se profundiza la dependencia con el FMI, se contrae más deuda externa y se paga una deuda ilegítima mientras crece el hambre.

La reforma laboral que  impulsaron es regresiva y antiobrera: implica pérdida de derechos, precarización y disciplinamiento de la clase trabajadora, es un golpe directo a la estabilidad del trabajador porque estira el período de prueba hasta un año en pymes, facilitando despidos sin costo, y elimina las multas por trabajo no registrado. Además, la implementación del "fondo de cese" permite que el propio empleado financie su despido, mientras que la nueva figura de "colaboradores" para autónomos encubre relaciones de dependencia bajo un manto de falsa independencia.

Ataca directamente la participación de los sindicatos debilitando su  poder tradicional al desfinanciar sus cajas, fragmentar la negociación colectiva  y restringir el derecho a protesta, convirtiendo los bloqueos en causa justa de despido. En definitiva, les quita peso político y económico, forzándolos a negociar bajo reglas que favorecen la flexibilidad laboral y limitan su capacidad de presión directa.

El congelamiento salarial y las paritarias con techo condenan a millones a la pobreza, mientras jubilados y jubiladas sobreviven por debajo de esa línea, con recortes en medicamentos y derechos básicos. Las personas con discapacidad ven vulnerado su acceso a la salud y a la protección social.

La apertura indiscriminada de importaciones está destruyendo la industria nacional, provocando cierre de empresas y pymes, y multiplicando los despidos tanto en el sector público como en el privado. A esto se suman tarifazos en servicios, transporte y energía, y el desfinanciamiento de la educación pública en todos sus niveles.

Ese mismo modelo que hoy resistimos lo enfrentan, cada miércoles, los jubilados en las plazas de todo el país, recibiendo como respuesta represión, castigo, palos y pobreza.

Frente a su incapacidad para dar respuestas, el gobierno elige la represión y la militarización: amplía las atribuciones de las fuerzas de seguridad, fortalece el rol de la SIDE como herramienta de control político y habilita el uso de la violencia institucional contra quienes se movilizan. La criminalización de la protesta social y medidas como la baja de la edad de imputabilidad forman parte de una estrategia para disciplinar al pueblo. Utilizando la excusa de combatir al narcotráfico moviliza a las fuerzas de seguridad como en el Operativo Roca

Dijimos y sostenemos: NO a la ley antiterrorista utilizada para perseguir y reprimir la protesta.

Defender el derecho a manifestarse es defender la democracia.

Exigimos la libertad de Milagro Sala, Cristina Fernández de Kirchner y todas y todos los presos por luchar, denunciamos a la justicia cómplice, misógina y funcional al gobierno de turno y los grandes grupos empresarios. No al lawfare.

En el plano internacional, el gobierno abandona la soberanía y la integración regional, alineándose con potencias y gobiernos que representan intereses contrarios a los de nuestros pueblos, mientras ataca a países hermanos y procesos populares de América Latina como los liderados por Petro en Colombia y Lula en Brasil. Argentina ha abandonado su histórica tradición de neutralidad para adoptar un alineamiento total con el bloque occidental, liderado por Estados Unidos e Israel, celebrando el secuestro de Maduro y Cilia Flores en Venezuela, votando contra Cuba, ¡y declarándonos en guerra con Irán! Lo que nos convierte en blanco para un posible atentado. Nos sumamos al pedido por la libertad de Laura Villalba en Paraguay y Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela, rehenes del imperio.

La pérdida de soberanía se profundiza permitiendo una presencia militar inédita en puntos estratégicos como Tierra del Fuego, y con un abandono de la causa Malvinas al priorizar el comercio con el Reino Unido por sobre el reclamo territorial

En nuestras provincias, este modelo avanza con la complicidad de gobernadores como Sáenz, que acompañan cada una de estas políticas, tanto con sus votos en el Congreso como con el impulso de modelos extractivistas —como el del litio— que profundizan la dependencia y el saqueo de nuestros territorios.

Milei ve a los recursos naturales como una caja registradora para que entren dólares, dejando de lado la idea de "bienes comunes” para pasar a una lógica de mercado. Con el RIGI, les dio vía libre y beneficios gigantes a las mineras y petroleras por 30 años, mientras de paso achicó los presupuestos para cuidar bosques o apagar incendios. La movida es clara: menos trabas ambientales (como en la Ley de Glaciares) y más facilidades para que las empresas exploten todo rápido, bajo la idea de que si un recurso tiene dueño privado se cuida mejor que si es del Estado.

Nada de esto sería posible sin la complicidad de sectores del poder: legisladores que votan el ajuste, jueces que lo convalidan y una prensa hegemónica que lo encubre y legitima.

A 50 años del inicio de la última dictadura militar, junto a los pueblos indígenas reivindicamos su histórica lucha contra la persecución y el silenciamiento estatal, recordando a los hermanos asesinados y desaparecidos en la defensa de una patria justa y diversa. Denunciamos el actual retroceso y cuestionamiento de derechos territoriales y ciudadanos por parte del gobierno nacional y las provincias, comparando este escenario con las épocas más oscuras del país. Exigimos el fin de los genocidios y del negacionismo, reafirmamos que no puede existir una verdadera democracia ni una nación argentina sin la plena inclusión y el reconocimiento de las identidades preexistentes.

 

CIERRE

Compañeras y compañeros: retomemos los ideales de nuestros 30.000. No podemos ser indiferentes ante un gobierno que avanza con rasgos autoritarios y prácticas que remiten a lo peor de nuestra historia.

Más que un epílogo histórico, esta fecha emblemática debe activar una militancia que proteja los intereses populares. Hoy enfrentamos nuevamente a los sectores financieros internacionales que, bajo el disfraz democrático, amenazan nuestra soberanía. Frente a la entrega de los "vendepatrias", la única opción es la victoria. En nombre de nuestros 30.000, convocamos a la unidad y a la organización para la lucha.

Hoy más que nunca debemos comprometernos a movilizarnos de forma permanente en defensa de los Derechos Humanos, de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Porque sin memoria no hay verdad, sin verdad no hay justicia.

Y sin justicia social, no hay democracia real.

Celebramos la pluralidad expresada en este documento y agradecemos a todos y cada uno de las compañeras y compañeros que se sumaron a las acciones impulsadas por los organismos de Derechos Humanos para que este medio siglo de lucha no pase desapercibido.


 

Análisis del discurso de las organizaciones de derechos humanos de Salta en el acto por Memoria, Verdad y Justicia

 

Síntesis

Al cumplirse medio siglo del golpe de Estado de 1976, la Mesa de Derechos Humanos de Salta y la Asociación Dr. Miguel Ragone presentan un manifiesto que denuncia una "restauración" del modelo dictatorial bajo la gestión de Javier Milei. El documento sostiene que el actual negacionismo y el desmantelamiento de políticas de Memoria, Verdad y Justicia son el correlato necesario para imponer un ajuste económico brutal, similar al de Martínez de Hoz, que prioriza el capital financiero y el extractivismo mediante el RIGI. En términos geopolíticos, alerta sobre una pérdida de soberanía sin precedentes debido al alineamiento total con Estados Unidos e Israel y el abandono de la causa Malvinas. El texto expande el concepto de derechos humanos para incluir las luchas laborales, de género y de los pueblos indígenas, advirtiendo que la criminalización de la protesta y el debilitamiento del Estado de Derecho amenazan la democracia real. Así, el acto del 24 de marzo de 2026 se posiciona no solo como un ejercicio de memoria, sino como una plataforma de resistencia multisectorial contra un proyecto político calificado como autoritario, excluyente y subordinado a intereses extranjeros.

 

Análisis

El documento, emitido en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976, es una pieza política de fuerte carácter denunciante que vincula el pasado dictatorial con la gestión actual de Javier Milei. Publicado por organismos históricos como la Asociación Dr. Miguel Ragone y la Mesa de Derechos Humanos de Salta, el texto no solo conmemora a las víctimas, sino que propone una lectura de la realidad argentina como una fase de "restauración" del modelo de la dictadura.

1. Proposiciones Centrales del Documento

El manifiesto se estructura sobre la idea de que la lucha por los Derechos Humanos ha mutado de la demanda de justicia por crímenes pasados a una resistencia activa contra políticas presentes. Sus tesis principales son:

  • Identidad Dictadura-Presente: El documento sostiene que el gobierno de Milei y Villarruel es la continuación del proyecto de Martínez de Hoz. No solo por el modelo económico de apertura e importaciones, sino por el "discurso negacionista" que busca deslegitimar la cifra de los 30.000 desaparecidos.
  • Ampliación del Concepto de Derechos Humanos: Ya no se limita a la integridad física frente al Estado, sino que incluye:
    • Derechos Sociales y Laborales: La reforma laboral es vista como una herramienta de disciplinamiento y precarización.
    • Diversidad y Género: Se denuncia el cierre del Ministerio de Mujeres y el ataque al colectivo LGBTQI+ como una "ofensiva ideológica".
    • Derechos Ambientales e Indígenas: Se rechaza el extractivismo (litio) y el RIGI como formas de despojo territorial.
  • La Represión como Herramienta Económica: El texto afirma que el "ajuste brutal" solo es posible mediante la militarización, la criminalización de la protesta y el uso de la SIDE para el control político.

 

2. Contexto Histórico para Argentina (2026)

Para entender este documento, hay que situarlo en la Argentina de marzo de 2026:

  • El 50° Aniversario: Es una fecha con una carga simbólica extrema. Representa medio siglo de una identidad nacional construida sobre el "Nunca Más", la cual el documento siente que está bajo asedio institucional.
  • Tensión Institucional: Se describe un escenario de debilidad del Estado de Derecho, donde el Ejecutivo gobierna ignorando al Congreso y a la Justicia, lo que los firmantes califican de "autoritarismo".
  • Crisis Social y Económica: El contexto es de alta conflictividad por el congelamiento salarial, la crisis en las pymes por la apertura de importaciones y la resistencia de sectores como los jubilados.
  • Realidad Local (Salta): El documento tiene un fuerte anclaje regional. Menciona la Masacre de Palomitas y critica al gobernador Gustavo Sáenz por su alineamiento con el gobierno nacional y su impulso al modelo minero.

 

3. Enfoque desde la Geopolítica

El documento hace una lectura geopolítica crítica, donde Argentina deja de ser un actor soberano para convertirse en un satélite de intereses extranjeros:

  • Alineamiento "Occidental" Extremo: Critica el abandono de la neutralidad histórica argentina. La mención a la "guerra con Irán" y el alineamiento con EE. UU. e Israel se lee como un factor de riesgo para la seguridad nacional (miedo a atentados).
  • Ruptura de la Integración Regional: El texto lamenta la hostilidad hacia los gobiernos de Lula (Brasil) y Petro (Colombia), y denuncia una subordinación al "imperio" en casos como el de Venezuela.
  • Soberanía Territorial y Recursos: * Malvinas: Se denuncia una desmalvinización para favorecer el comercio con el Reino Unido.
    • Extractivismo: El litio y los recursos naturales son vistos como "caja registradora" para divisas extranjeras, facilitada por el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), permitiendo una presencia militar extranjera en puntos estratégicos.

 

Conclusión

El documento es una proclama de resistencia multisectorial. Considera que la democracia está en riesgo no por un golpe militar tradicional, sino por un desmantelamiento interno de las conquistas sociales y la entrega de la soberanía económica bajo un marco democrático formal.

 

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