Documento de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Asociación Dr. Miguel Ragone, al conmemorarse los 50 años del golpe militar.
Al cumplirse medio siglo del golpe de Estado de 1976, la Mesa de Derechos Humanos de Salta, la Asociación Dr. Miguel Ragone y la Liga Argentina por los Derechos Humanos; presentan un manifiesto que denuncia una "restauración" del modelo dictatorial bajo la gestión de Javier Milei. El documento sostiene que el actual negacionismo y el desmantelamiento de políticas de Memoria, Verdad y Justicia son el correlato necesario para imponer un ajuste económico brutal, similar al de Martínez de Hoz, que prioriza el capital financiero y el extractivismo mediante el RIGI. En términos geopolíticos, alerta sobre una pérdida de soberanía sin precedentes debido al alineamiento total con Estados Unidos e Israel y el abandono de la causa Malvinas. El texto expande el concepto de derechos humanos para incluir las luchas laborales, de género y de los pueblos indígenas, advirtiendo que la criminalización de la protesta y el debilitamiento del Estado de Derecho amenazan la democracia real. Así, el acto del 24 de marzo de 2026 se posiciona no solo como un ejercicio de memoria, sino como una plataforma de resistencia multisectorial contra un proyecto político calificado como autoritario, excluyente y subordinado a intereses extranjeros.
Contenidos
DocumentoCompleto Acto por Memoria, Verdad y Justicia. Salta. 24 marzo de 2026
Eldocumento completo (leído en el acto en el Parque San Martin de Salta)
1.Proposiciones Centrales del Documento
El documento completo (leído en el acto en el
Parque San Martin de Salta)
Hace cincuenta años, Argentina sufrió el golpe de Estado más
sangriento de su historia. Bajo el mando de Videla, Massera y Agosti, se impuso
un terrorismo de Estado que persiguió a miles de seres humanos comprometidos
con un mundo más justo e igualitario. El saldo fue devastador: 30.000
desaparecidos y cientos de niños apropiados en centros clandestinos de
detención que funcionaron como verdaderos campos de concentración, donde se
practicaron torturas, violaciones y todo tipo de vejaciones.
En las cárceles legales, se ejecutaron presos políticos en
masacres como las de Palomitas en Salta, Margarita Belén en Chaco y en la
Penitenciaría de Córdoba. Miles de personas fueron exiliadas para salvar sus
vidas. Este plan no fue improvisado; formó parte de la estrategia continental
conocida como Plan Cóndor, alineada con intereses geopolíticos extranjeros. Los
militares fueron formados en técnicas de tortura —previamente aplicadas por
Francia en Argelia— la escuela de las Américas.
En lo económico, la dictadura cívico-militar destruyó la
industria nacional y generó una deuda externa asfixiante al abrir las fronteras
de forma indiscriminada. La generación del 70, y los que venían ya del golpe de
Onganía, fueron forjadas en luchas populares y organizaciones de diversas
vertientes (izquierda, peronismo revolucionario, democracia cristiana y
socialdemocracia), pagó con su vida su compromiso antiimperialista y su opción
por los sectores más desprotegidos. Hoy reivindicamos sus ideales; porque
quienes dan la vida por sus convicciones no mueren, sino que viven en el
corazón de su pueblo.
A 50 años del golpe de Estado más sangriento de nuestra
historia, es indispensable salir a la calle en unidad, con memoria, verdad y
justicia.
Porque no se trata sólo de recordar: se trata de defender
las conquistas de nuestro pueblo frente a un gobierno que pretende arrasarlas.
Hoy nos encontramos frente a un gobierno nacional que
reivindica el accionar genocida de la dictadura, instalando un discurso
negacionista sobre el terrorismo de Estado y poniendo en duda una verdad
construida con lucha: son 30.000.
Al mismo tiempo, retoma el modelo económico de Martínez de
Hoz, basado en la entrega, la desigualdad y la destrucción del aparato
productivo nacional.
A medio siglo del golpe, el gobierno de Milei y Villarruel
impulsa un plan que busca garantizar la impunidad de los genocidas y
desmantelar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, conquistas históricas
de los organismos de Derechos Humanos
En todo el país se dictaron 361 sentencias en causas por
crímenes de lesa humanidad, en las que condenaron a 1.231 personas y
absolvieron a 250 desde la reapertura de los juicios en 2006. Encontramos 140
nietos y nietas apropiados y los seguimos buscando.
En el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de
1976, hay aún 12 juicios en curso. Hace pocos días se identificaron nuevos
restos de compañeros y compañeras en el centro clandestino La Perla. Esto
reafirma nuestra lucha contra la impunidad y nuestra exigencia permanente:
¡QUE DIGAN DÓNDE ESTÁN!
El cierre de espacios de memoria, el desfinanciamiento de
estos organismos y el nombramiento de funcionarios que reivindican la dictadura
no son hechos aislados: son parte de un proyecto político que intenta
reescribir la historia.
El negacionismo se expresa también en el presente: un
gobierno que niega el cambio climático, desprecia la ciencia y rechaza
organismos multilaterales como la OMS; que gobierna desconociendo leyes votadas
por el Congreso y resoluciones judiciales, debilitando el Estado de Derecho y
concentrando poder de manera autoritaria
Mientras tanto, avanza sobre derechos conquistados: ataca a
las diversidades, desconoce la lucha de las mujeres por la igualdad de género y
pretende imponer una sociedad más desigual, más violenta y más excluyente. Las
políticas de Milei afectan al colectivo LGBTQI+ mediante el desmantelamiento de
la estructura estatal de protección, que incluye el cierre del Ministerio de
Mujeres y Diversidad y el recorte de programas de asistencia. En la práctica,
esto se traduce en el desfinanciamiento del cupo laboral travesti-trans,
restricciones en el acceso a tratamientos de salud para menores y una fuerte
ofensiva discursiva que cataloga a la diversidad sexual como una "agenda
ideológica" ajena a las prioridades del Estado. Dificulta el acceso al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, legítima conquista del colectivo. Como
resultado, las organizaciones denuncian un retroceso en derechos adquiridos y
un aumento de la vulnerabilidad social y la violencia simbólica legitimada
desde el discurso oficial.
El gobierno de Javier Milei también ha endurecido la
política migratoria mediante un enfoque de "prioridad nacional" que
busca restringir el acceso gratuito a la salud y la educación para extranjeros
no residentes. Su gestión ha agilizado las deportaciones de quienes cometen
delitos o están en situación irregular, ha implementado controles biométricos
en barrios populares y ha unificado la vigilancia fronteriza con fuerzas de
seguridad. Bajo la premisa de "ordenar" el sistema y combatir la
delincuencia, repudiamos estas
medidas estigmatizantes y
discriminatorias hacia la población migrante.
En el plano económico, el ajuste es brutal y tiene un solo
objetivo: garantizar la riqueza de los sectores más concentrados a costa del
sufrimiento de las mayorías. Se profundiza la dependencia con el FMI, se
contrae más deuda externa y se paga una deuda ilegítima mientras crece el
hambre.
La reforma laboral que
impulsaron es regresiva y antiobrera: implica pérdida de derechos,
precarización y disciplinamiento de la clase trabajadora, es un golpe directo a
la estabilidad del trabajador porque estira el período de prueba hasta un año
en pymes, facilitando despidos sin costo, y elimina las multas por trabajo no
registrado. Además, la implementación del "fondo de cese" permite que
el propio empleado financie su despido, mientras que la nueva figura de
"colaboradores" para autónomos encubre relaciones de dependencia bajo
un manto de falsa independencia.
Ataca directamente la participación de los sindicatos
debilitando su poder tradicional al
desfinanciar sus cajas, fragmentar la negociación colectiva y restringir el derecho a protesta,
convirtiendo los bloqueos en causa justa de despido. En definitiva, les quita
peso político y económico, forzándolos a negociar bajo reglas que favorecen la
flexibilidad laboral y limitan su capacidad de presión directa.
El congelamiento salarial y las paritarias con techo
condenan a millones a la pobreza, mientras jubilados y jubiladas sobreviven por
debajo de esa línea, con recortes en medicamentos y derechos básicos. Las
personas con discapacidad ven vulnerado su acceso a la salud y a la protección
social.
La apertura indiscriminada de importaciones está destruyendo
la industria nacional, provocando cierre de empresas y pymes, y multiplicando
los despidos tanto en el sector público como en el privado. A esto se suman
tarifazos en servicios, transporte y energía, y el desfinanciamiento de la
educación pública en todos sus niveles.
Ese mismo modelo que hoy resistimos lo enfrentan, cada
miércoles, los jubilados en las plazas de todo el país, recibiendo como
respuesta represión, castigo, palos y pobreza.
Frente a su incapacidad para dar respuestas, el gobierno
elige la represión y la militarización: amplía las atribuciones de las fuerzas
de seguridad, fortalece el rol de la SIDE como herramienta de control político
y habilita el uso de la violencia institucional contra quienes se movilizan. La
criminalización de la protesta social y medidas como la baja de la edad de
imputabilidad forman parte de una estrategia para disciplinar al pueblo.
Utilizando la excusa de combatir al narcotráfico moviliza a las fuerzas de
seguridad como en el Operativo Roca
Dijimos y sostenemos: NO a la ley antiterrorista utilizada
para perseguir y reprimir la protesta.
Defender el derecho a manifestarse es defender la
democracia.
Exigimos la libertad de Milagro Sala, Cristina Fernández de
Kirchner y todas y todos los presos por luchar, denunciamos a la justicia
cómplice, misógina y funcional al gobierno de turno y los grandes grupos
empresarios. No al lawfare.
En el plano internacional, el gobierno abandona la soberanía
y la integración regional, alineándose con potencias y gobiernos que
representan intereses contrarios a los de nuestros pueblos, mientras ataca a
países hermanos y procesos populares de América Latina como los liderados por
Petro en Colombia y Lula en Brasil. Argentina ha abandonado su histórica
tradición de neutralidad para adoptar un alineamiento total con el bloque
occidental, liderado por Estados Unidos e Israel, celebrando el secuestro de
Maduro y Cilia Flores en Venezuela, votando contra Cuba, ¡y declarándonos en
guerra con Irán! Lo que nos convierte en blanco para un posible atentado. Nos
sumamos al pedido por la libertad de Laura Villalba en Paraguay y Nicolás
Maduro y Cilia Flores en Venezuela, rehenes del imperio.
La pérdida de soberanía se profundiza permitiendo una
presencia militar inédita en puntos estratégicos como Tierra del Fuego, y con
un abandono de la causa Malvinas al priorizar el comercio con el Reino Unido
por sobre el reclamo territorial
En nuestras provincias, este modelo avanza con la
complicidad de gobernadores como Sáenz, que acompañan cada una de estas
políticas, tanto con sus votos en el Congreso como con el impulso de modelos
extractivistas —como el del litio— que profundizan la dependencia y el saqueo
de nuestros territorios.
Milei ve a los recursos naturales como una caja registradora
para que entren dólares, dejando de lado la idea de "bienes comunes” para
pasar a una lógica de mercado. Con el RIGI, les dio vía libre y beneficios
gigantes a las mineras y petroleras por 30 años, mientras de paso achicó los
presupuestos para cuidar bosques o apagar incendios. La movida es clara: menos
trabas ambientales (como en la Ley de Glaciares) y más facilidades para que las
empresas exploten todo rápido, bajo la idea de que si un recurso tiene dueño
privado se cuida mejor que si es del Estado.
Nada de esto sería posible sin la complicidad de sectores
del poder: legisladores que votan el ajuste, jueces que lo convalidan y una
prensa hegemónica que lo encubre y legitima.
A 50 años del inicio de la última dictadura militar, junto a
los pueblos indígenas reivindicamos su histórica lucha contra la persecución y
el silenciamiento estatal, recordando a los hermanos asesinados y desaparecidos
en la defensa de una patria justa y diversa. Denunciamos el actual retroceso y
cuestionamiento de derechos territoriales y ciudadanos por parte del gobierno
nacional y las provincias, comparando este escenario con las épocas más oscuras
del país. Exigimos el fin de los genocidios y del negacionismo, reafirmamos que
no puede existir una verdadera democracia ni una nación argentina sin la plena
inclusión y el reconocimiento de las identidades preexistentes.
CIERRE
Compañeras y compañeros: retomemos los ideales de nuestros
30.000. No podemos ser indiferentes ante un gobierno que avanza con rasgos
autoritarios y prácticas que remiten a lo peor de nuestra historia.
Más que un epílogo histórico, esta fecha emblemática debe
activar una militancia que proteja los intereses populares. Hoy enfrentamos
nuevamente a los sectores financieros internacionales que, bajo el disfraz
democrático, amenazan nuestra soberanía. Frente a la entrega de los
"vendepatrias", la única opción es la victoria. En nombre de nuestros
30.000, convocamos a la unidad y a la organización para la lucha.
Hoy más que nunca debemos comprometernos a movilizarnos de
forma permanente en defensa de los Derechos Humanos, de la Memoria, la Verdad y
la Justicia.
Porque sin memoria no hay verdad, sin verdad no hay
justicia.
Y sin justicia social, no hay democracia real.
Celebramos la pluralidad expresada en este documento y
agradecemos a todos y cada uno de las compañeras y compañeros que se sumaron a
las acciones impulsadas por los organismos de Derechos Humanos para que este
medio siglo de lucha no pase desapercibido.
Análisis del discurso de las organizaciones de
derechos humanos de Salta en el acto por Memoria, Verdad y Justicia
Síntesis
Al cumplirse medio siglo del golpe de Estado de 1976, la Mesa
de Derechos Humanos de Salta y la Asociación Dr. Miguel Ragone presentan
un manifiesto que denuncia una "restauración" del modelo
dictatorial bajo la gestión de Javier Milei. El documento sostiene que el
actual negacionismo y el desmantelamiento de políticas de Memoria, Verdad y
Justicia son el correlato necesario para imponer un ajuste económico brutal,
similar al de Martínez de Hoz, que prioriza el capital financiero y el
extractivismo mediante el RIGI. En términos geopolíticos, alerta sobre una pérdida
de soberanía sin precedentes debido al alineamiento total con Estados
Unidos e Israel y el abandono de la causa Malvinas. El texto expande el
concepto de derechos humanos para incluir las luchas laborales, de género y de
los pueblos indígenas, advirtiendo que la criminalización de la protesta
y el debilitamiento del Estado de Derecho amenazan la democracia real. Así, el
acto del 24 de marzo de 2026 se posiciona no solo como un ejercicio de
memoria, sino como una plataforma de resistencia multisectorial contra
un proyecto político calificado como autoritario, excluyente y subordinado a
intereses extranjeros.
Análisis
El documento, emitido en el marco de los 50 años del
golpe de Estado de 1976, es una pieza política de fuerte carácter
denunciante que vincula el pasado dictatorial con la gestión actual de Javier
Milei. Publicado por organismos históricos como la Asociación Dr. Miguel
Ragone y la Mesa de Derechos Humanos de Salta, el texto no solo
conmemora a las víctimas, sino que propone una lectura de la realidad argentina
como una fase de "restauración" del modelo de la dictadura.
1. Proposiciones Centrales del Documento
El manifiesto se estructura sobre la idea de que la lucha
por los Derechos Humanos ha mutado de la demanda de justicia por crímenes
pasados a una resistencia activa contra políticas presentes. Sus tesis
principales son:
- Identidad
Dictadura-Presente: El documento sostiene que el gobierno de Milei y
Villarruel es la continuación del proyecto de Martínez de Hoz. No solo por
el modelo económico de apertura e importaciones, sino por el
"discurso negacionista" que busca deslegitimar la cifra de los
30.000 desaparecidos.
- Ampliación
del Concepto de Derechos Humanos: Ya no se limita a la integridad
física frente al Estado, sino que incluye:
- Derechos
Sociales y Laborales: La reforma laboral es vista como una
herramienta de disciplinamiento y precarización.
- Diversidad
y Género: Se denuncia el cierre del Ministerio de Mujeres y el ataque
al colectivo LGBTQI+ como una "ofensiva ideológica".
- Derechos
Ambientales e Indígenas: Se rechaza el extractivismo (litio) y el
RIGI como formas de despojo territorial.
- La
Represión como Herramienta Económica: El texto afirma que el
"ajuste brutal" solo es posible mediante la militarización, la
criminalización de la protesta y el uso de la SIDE para el control
político.
2. Contexto Histórico para Argentina (2026)
Para entender este documento, hay que situarlo en la
Argentina de marzo de 2026:
- El
50° Aniversario: Es una fecha con una carga simbólica extrema.
Representa medio siglo de una identidad nacional construida sobre el
"Nunca Más", la cual el documento siente que está bajo asedio
institucional.
- Tensión
Institucional: Se describe un escenario de debilidad del Estado de
Derecho, donde el Ejecutivo gobierna ignorando al Congreso y a la
Justicia, lo que los firmantes califican de "autoritarismo".
- Crisis
Social y Económica: El contexto es de alta conflictividad por el
congelamiento salarial, la crisis en las pymes por la apertura de
importaciones y la resistencia de sectores como los jubilados.
- Realidad
Local (Salta): El documento tiene un fuerte anclaje regional. Menciona
la Masacre de Palomitas y critica al gobernador Gustavo Sáenz por
su alineamiento con el gobierno nacional y su impulso al modelo minero.
3. Enfoque desde la Geopolítica
El documento hace una lectura geopolítica crítica, donde
Argentina deja de ser un actor soberano para convertirse en un satélite de
intereses extranjeros:
- Alineamiento
"Occidental" Extremo: Critica el abandono de la neutralidad
histórica argentina. La mención a la "guerra con Irán" y el
alineamiento con EE. UU. e Israel se lee como un factor de riesgo para la
seguridad nacional (miedo a atentados).
- Ruptura
de la Integración Regional: El texto lamenta la hostilidad hacia los
gobiernos de Lula (Brasil) y Petro (Colombia), y denuncia una
subordinación al "imperio" en casos como el de Venezuela.
- Soberanía
Territorial y Recursos: * Malvinas: Se denuncia una
desmalvinización para favorecer el comercio con el Reino Unido.
- Extractivismo:
El litio y los recursos naturales son vistos como "caja
registradora" para divisas extranjeras, facilitada por el RIGI
(Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), permitiendo una
presencia militar extranjera en puntos estratégicos.
Conclusión
El documento es una proclama de resistencia
multisectorial. Considera que la democracia está en riesgo no por un golpe
militar tradicional, sino por un desmantelamiento interno de las conquistas
sociales y la entrega de la soberanía económica bajo un marco democrático
formal.
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