MANIFIESTO: La violencia en nuestras escuelas no nació en las escuelas

 Propuesto para la Red de Prevención de la Violencia Institucional de Salta

(En construcción)

La violencia en las escuelas de Salta: entre el miedo, el castigo y la responsabilidad del Estado

¿Qué pasa cuando las escuelas de Salta se llenan de amenazas, pintadas y agresiones? Más allá del miedo y la urgencia, este diagnóstico muestra que la violencia en las escuelas no nace de los jóvenes, sino de una lógica vertical en la que el Estado ajusta, se retira y, al mismo tiempo, reclama más policía como solución. Desde los hechos recientes en Salta capital hasta las respuestas institucionales, este texto interpela a docentes, familias, autoridades y sociedad civil: si queremos que la escuela sea un lugar de protección y no de control, hay que empezar por reconocer la violencia estructural y asumir la responsabilidad colectiva. Un análisis contundente para no seguir equivocando el problema.

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Diagnóstico sobre la violencia en las escuelas

En los últimos treinta días, la violencia en las escuelas de Salta (con especial incidencia en Salta capital) se ha vuelto tema central del debate público a partir de amenazas de tiroteo, pintadas intimidatorias, agresiones presenciales y episodios de bullying y ciberbullying. Estos hechos se inscriben en una tendencia de conflictividad estructural que, a la luz del diagnóstico de Blanca Lescano, resignifica la violencia escolar como un problema social y político, no solo pedagógico.^[1][2][3][4]

1. Hechos disparadores en Salta y Salta capital

En el último mes se han registrado varios episodios que dispararon la alarma en la comunidad educativa:

·         En Salta capital, en el Colegio Secundario Técnico “República de la India” se produjo un hecho de violencia escolar protagonizado por un adolescente de 16 años, quien fue imputado por la fiscalía penal juvenil y reconoció su participación, manifestando arrepentimiento.^[3]

·         Simultáneamente, la Justicia imputó a cuatro jóvenes (dos de 18 y 19 años y uno de 17) por intimidación pública tras hallarse inscripciones violentas alusivas a tiroteos en el baño de varones del Colegio Walter Adet, en el barrio Santa Ana.^[5][3]

·         Estos casos se suman a una serie de amenazas y pintadas en distintas escuelas de la capital, viralizadas en redes y grupos de WhatsApp de madres, padres y docentes, que generaron miedo colectivo y demandas de mayor seguridad.^[2][6]

A nivel provincial, el Ministerio de Educación da cuenta de más de 3.900 incidentes de violencia escolar en el último año: 1.500 agresiones verbales, 1.143 físicas, 651 combinadas y 312 vinculados a redes sociales (233 de bullying y 104 de ciberbullying). Estos números ponen en evidencia que los episodios recientes no son “picos aislados”, sino la cristalización de un patrón de conflictividad que lleva tiempo fraguándose.^[7][1][2]

2. Actores intervinientes

Los principales actores que aparecen en el escenario de la violencia escolar en Salta son:

·         Estado provincial y municipal: el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Secretaría de Gestión Educativa, impulsa un programa provincial de prevención de la violencia escolar, protocolos de intervención y la Ley Provincial de Bullying (Ley 8406), que obliga a las escuelas a actuar de oficio ante situaciones de acoso. En Salta capital, municipio y provincia discuten medidas de “convivencia escolar” y seguridad barrial, sin avanzar aún hacia una política integral sincronizada.^[8][4][1][2]

·         Justicia y fuerzas de seguridad: la Justicia de Salta imputó a adolescentes por intimidación pública y violencia escolar, y ordenó allanamientos en barrios como Santa Ana I y Miguel Aráoz coordinados por la División Investigaciones Sur. La presencia de la policía en el ámbito escolar se discute con intensidad, en sintonía con el diagnóstico de Lescano que advierte sobre la “violencia institucional” del Estado.^[5][2][3]

·         Comunidad educativa: docentes, directivos y preceptores, que aplican protocolos y denuncian la falta de recursos psicopedagógicos y de acompañamiento. Madres, padres y tutores reclaman mayor presencia estatal y seguridad, pero también se les atribuye corresponsabilidad en la prevención.^[1][8][2]

·         Adolescentes y jóvenes: actores principales en los hechos, pero también destinatarios de demandas de contención, escucha y reparación pedagógica.^[2][3]

En línea con el diagnóstico de Lescano, estos actores no se distribuyen de forma “neutral”: el Estado aparece como productor y, a la vez, como pretendida solución de la violencia, mientras niños y adolescentes cargan con el estigma de “sujetos violentos”.^[4][2]

3. Propuestas y dispositivos en marcha

Las propuestas actuales en Salta y en Salta capital se ubican entre lo punitivo‑judicial y lo pedagógico‑preventivo:

·         Programa provincial de prevención: el Ministerio impulsa un programa integral de prevención de la violencia escolar, con formación de docentes, directivos y supervisores, mediación escolar y producción de información para orientar decisiones educativas. Se enfatiza la escucha adecuada, los espacios de contención y la no revictimización de las personas afectadas.^[8][1][2]

·         Ley Provincial de Bullying (Ley 8406): obliga a las escuelas a adoptar medidas educativas de protección, comunicación con familias, tareas reparadoras para agresores y campañas de sensibilización.^[4][1]

·         Intervención de la Justicia: las imputaciones y medidas de control de adolescentes por intimidación pública traducen un eje claramente represivo, que contrasta con quienes sostienen que la violencia institucional no puede ser la respuesta a la violencia escolar.^[3][5][2]

·         Demandas sociales y académicas: desde salud mental, universidades y organizaciones sociales se insiste en mirar el contexto social, la violencia estructural y el rol de los adultos, en lugar de focalizar solo en los jóvenes.^[9][2]

En términos del diagnóstico de Lescano, las propuestas dominantes (policías, imputaciones, protocolos de control) no responden plenamente a la lógica de “debate social amplio” y construcción colectiva de sentido que el Manifiesto y el Panel Debate proponen.^[2][4]

4. Imaginario social sobre la violencia en las escuelas

El imaginario social en torno a la violencia escolar en Salta y Salta capital se caracteriza por:

·         Identificación de la escuela como “lugar de riesgo”: la difusión mediática de pintadas con referencias a tiroteos, amenazas en redes y agresiones físicas ha construido una narrativa según la cual la escuela ya no es un espacio seguro, sino un lugar donde puede estallar la violencia extrema.^[7][2]

·         Endosemización de la violencia en los jóvenes: la demanda de “más seguridad”, “más policía” y “más control” desprende a las instituciones y al Estado de la responsabilidad, configurando a los adolescentes como sujeto‑problema. Esto se alinea con el gesto crítico de Lescano: la violencia no está en los jóvenes, sino en la forma en que el Estado y las instituciones los rodean.^[3][4][2]

·         Vinculación con la violencia general de la sociedad: desde áreas de Salud Mental y diversos especialistas se señala que “lo que sucede con los jóvenes no es muy distinto de lo que sucede en general”, reformulando la violencia escolar como expresión de una violencia social más amplia (pobreza, desigualdad, ajuste, control policial, etc.).^[7][2]

·         Discurso moral‑punitivo vs. enfoque de derechos humanos: enfrenta quienes reclaman mano dura, expulsión y encarcelamiento de adolescentes con quienes proponen mediación, reparación social, escucha y políticas de inclusión. Esta tensión resume el conflicto entre entender la violencia como “delincuencia juvenil” o como fenómeno vertical y estructural, como plantea Lescano.^[4][2]

En síntesis, el último mes en Salta y Salta capital ha evidenciado que la violencia en las escuelas no es un problema aislado, sino un espejo de una violencia social y estatal más amplia, en el que el imaginario popular tiende a castigar a quienes lo representan antes que a intervenir interpelando a las estructuras que lo sostienen.^[1][2][4]

Fuentes

1.       https://saltasur.com.ar/violencia-escolar-en-salta-el-ministerio-registro-mas-de-3-900-incidentes-en-el-ultimo-ano/      

2.       https://www.quepasasalta.com.ar/salta/tras-los-hechos-en-una-escuela-de-salta-advierten-que-la-sociedad-esta-violenta/                

3.       https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2026/04/19/imputaron-a-cuatro-adolescentes-por-amenazas-de-tiroteo-y-mensajes-de-intimidacion-en-escuelas-de-salta/      

4.       https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9THw4NDA2cXdlcnR5       

5.       https://www.fenix951.com.ar/noticia.php?id=336314  

6.       https://www.facebook.com/SinCensura2022/posts/-urgentepreocupación-en-salta-siguen-las-amenazas-en-colegios-y-crece-la-alarma-/976735401546200/

7.       https://www.ambito.com/informacion-general/alarma-las-escuelas-amenazas-armas-y-vinculos-preocupantes-exponen-una-escalada-violencia-alumnos-n6265561  

8.       https://saltaeducs.com/2026/03/31/salta-fortalece-la-convivencia-escolar-con-un-programa-integral-de-prevencion-de-la-violencia-en-todas-las-escuelas/  

9.       https://www.ucasal.edu.ar/wp-content/uploads/2022/07/281_07_Encuesta_sobre_violencia_escolar_LAVAQUE.pdf

10.   https://www.instagram.com/reel/DXSITHwiBj5/

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El Comodato como Arma del Estado: Despojo Jurídico en la comunidad Lules de Salta

 Asoc Ragone para Mesa de DDHH de Salta

Abril 2026

Una Estrategia de Vaciamiento Legal

Existe una forma de robar sin aparecer robando. El Estado provincial de Salta ha perfeccionado esta técnica bajo la figura jurídica del comodato: un instrumento que permite mantener la titularidad formal de un territorio mientras se entrega su uso y goce a intereses privados, vaciando de contenido real el derecho territorial indígena. La cesión de hectáreas de Finca Las Costas al Tigres Rugby Club no es una excepción ni un error administrativo. Es la expresión más reciente de una política sistemática de despojo que opera con la legalidad como escudo y la burocracia como cómplice.

El intento de “cesión” que denunciamos desde la Mesa de Derechos Humanos de Salta no solo es una irregularidad legislativa: es una contradicción estructural. El Estado provincial sostiene formalmente un andamiaje de leyes protectorias —la Ley 26.160, el Convenio 169 de la OIT, la propia Constitución Nacional— mientras actúa, en la práctica concreta, para desmantelarlas cada vez que colisionan con negocios privados. La Legislatura otorga una media sanción sin consulta previa. El ejecutivo nacional y provincial coordinan políticas que favorecen el mercado inmobiliario. Y la comunidad Lule queda frente a un hecho consumado, armada únicamente con derechos que el Estado reconoce en el papel y niega en el territorio.

 

Territorio No Es Tierra: La Dimensión que el Derecho Criollo No Comprende

Para entender la magnitud del daño, es necesario abandonar la noción liberal de propiedad. Cuando se habla de las 9 hectáreas en disputa, no se habla de metros cuadrados tasables. Se habla del soporte material de una identidad, de una cosmovisión, de un tejido social y ancestral que no admite fragmentación sin consecuencias irreparables. El territorio, para la comunidad Lule, es el lugar donde la historia colectiva tiene raíces físicas. Cederlo, aunque sea parcialmente, es amputar algo que no se recupera con indemnización alguna.

A esto se suma una dimensión ambiental que trasciende lo comunitario: Finca Las Costas funciona como pulmón hídrico del Valle de Lerma. La comunidad Lule no solo habita ese territorio; lo custodia. Impermeabilizar el suelo para una cancha de rugby privada no es un asunto de preferencias deportivas: es una intervención sobre el ciclo del agua que afecta a toda la población regional. Aquí la justicia ambiental y la justicia indígena convergen en un mismo punto de resistencia.

 

Un Patrón, No un Incidente

Salta tiene memoria larga en este tipo de conflictos, y esa memoria es incriminatoria. El caso Lhaka Honhat —que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y resultó en condena al Estado argentino en 2020— demostró que la postergación sistemática del reconocimiento territorial no es negligencia: es política. La desafectación de la Reserva de Pizarro para beneficio agroindustrial, en perjuicio de comunidades Wichí, siguió la misma lógica. Las consultas previas simuladas en la Puna minera repiten el mismo esquema: un procedimiento administrativo que aparenta legitimidad pero que valida decisiones ya tomadas de antemano.

Lo que une estos casos no es la casualidad geográfica. Los une una concepción del territorio indígena como recurso disponible, como superficie aprovechable, como obstáculo a remover cuando el negocio lo requiere. Y los une, también, el racismo institucional que subyace a cada expediente: la naturalización de que una entidad deportiva privada —asociada invariablemente a sectores de élite— tiene más derecho efectivo sobre la tierra que una comunidad preexistente con ocupación ancestral demostrada y reconocida por el propio Estado.

 

La Consulta Previa No Es un Trámite: Es un Derecho con Dientes

El derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrado en el Convenio 169 de la OIT, no es una formalidad procedimental que el Estado puede cumplir mediante una nota de oficina o una audiencia convocada con los resultados ya escritos. Es un derecho sustantivo que exige participación real, posibilidad concreta de modificar o vetar la decisión, y ausencia de toda forma de presión o manipulación. Cuando la Legislatura avanza con una media sanción sin haber garantizado ese proceso, no comete un defecto de forma: comete una violación de derecho internacional con consecuencias jurídicas accionables.

Ese es, precisamente, el punto donde la resistencia tiene herramientas concretas. Un recurso de amparo fundado en la omisión de consulta previa no es un recurso defensivo: es un ataque jurídico a la legitimidad del acto legislativo completo. La jurisprudencia interamericana es clara y vinculante. El Estado argentino ya fue condenado por exactamente este tipo de conductas. Invocar ese precedente no es retórica; es estrategia.

 

Contra el Despojo Elegante

La comunidad Lule no pide un favor al Estado: exige el cumplimiento de obligaciones que el propio Estado contrajo. La autonomía de gestión territorial, el derecho a decidir sobre el propio suelo, la protección del ecosistema que se habita y se cuida, no son concesiones graciosas del poder político. Son derechos que preexisten a la provincia, a la nación y a cualquier legislatura que pretenda ignorarlos mediante un comodato bien redactado.

El comodato es un arma elegante. Pero las armas elegantes también se pueden desarmar.