Análisis
y Propuesta para la Red contra la Violencia Institucional
Inteligencia Política para una Red que Nace:
Cómo no perderse en el primer
caso que llega
Este texto es
una propuesta de la Asociación Miguel Ragone de Salta, elaborada a partir de
décadas de experiencia en derechos humanos y memoria institucional en el NOA.
Lo ponemos a disposición de la Red contra la Violencia Institucional como
aporte fraterno para su etapa constitutiva.
Sintesis
1. El primer caso
como espejo
Una abogada militante,
agredida por la policía en una protesta por la Ley de Glaciares, pide a la Red
que difunda su testimonio. No quiere hacer denuncia judicial. No acepta
contacto físico. Solo quiere que su voz circule. Varios miembros sienten el
impulso de ayudar de inmediato. Eso es exactamente lo que hay que examinar
antes de actuar.
Este caso no es una anécdota.
Es el primer analizador institucional de la Red: revela, en miniatura, la
tensión fundacional entre lo que la organización quiere ser y lo que el entorno
le exige ser desde el primer día.
2. El peligro del
voluntarismo bien intencionado
Las organizaciones que nacen
para combatir la violencia estatal enfrentan, casi sin excepción, la misma
trampa: la presión de demostrar que existen las lleva a responder todo, a
cualquier costo, con los recursos que no tienen. El sociólogo Philip Selznick
llamó a esto desplazamiento de fines: la organización se formó para
combatir estructuralmente la violencia (fin político), pero la urgencia la
convierte en una agencia de socorro individual (fin asistencial). Una cosa no
es mejor que la otra; son simplemente distintas, y confundirlas destruye a
ambas.
Enrique Pichon-Rivière
describió este fenómeno en los grupos operativos como fantasía de
omnipotencia: la ilusión de que la voluntad militante puede suplir la falta
de recursos técnicos, legales y económicos. Es un mecanismo de defensa
comprensible frente a la angustia que genera enfrentarse al aparato represivo
del Estado. Pero actuar desde esa fantasía lleva al agotamiento de los
militantes y a la frustración de las víctimas, que ven promesas que la
organización no puede cumplir.
3. Lo que enseña la
historia
La experiencia de los
organismos de derechos humanos en Argentina ofrece lecciones precisas sobre
cómo gestionar esta tensión:
•El CELS nunca rechazó lo individual,
pero lo politizó. Cada caso era seleccionado por su capacidad de revelar un
patrón sistemático: el llamado "caso testigo". Sin denuncia formal,
un caso pierde potencia de litigio estratégico y se convierte en un testimonio
válido éticamente, pero ineficaz políticamente para cambiar estructuras.
•Las Madres de Plaza de Mayo partieron de la búsqueda
individual ("mi hijo"), pero su salto político fue la
colectivización: "Todos son nuestros hijos". Pasaron del duelo
privado a la impugnación pública del régimen. Una red que se queda en la
contención anímica de la víctima reproduce la lógica del duelo privado.
•En Salta hemos visto, una y otra vez,
cómo organizaciones sociales bienintencionadas terminaron siendo gestoras del
dolor tercerizado por el Estado, perdiendo su filo crítico por no haber
definido a tiempo qué eran y qué no eran.
4. La asimetría que
no se puede ignorar
El Estado provincial tiene el
monopolio legítimo de la fuerza (Weber), presupuesto, estructura policial,
tiempo burocrático infinito y capacidad de desgaste. La Red tiene capital
simbólico, tiempo voluntario y redes sociales. Esta asimetría es brutal y debe
planificarse desde ella, no ignorarse.
En este contexto, difundir una
nota sin verificación y sin respaldo judicial puede destruir la credibilidad de
la Red en su primer mes de vida. Un solo error —una información incorrecta, una
demanda por calumnias sin la víctima como parte— y el adversario habrá ganado
sin disparar un tiro.
5. Qué hacer: cinco
pasos concretos
Paso
1 — Difundir con encuadre político, no a ciegas.
Si se decide difundir el
testimonio, hacerlo bajo la voz de la Red, no como ventriloquia de la víctima.
El formato debe ser: "Recibimos y difundimos este testimonio. Desde la Red
señalamos que este relato es síntoma de la violencia sistemática de las fuerzas
de seguridad." Agregar siempre una cláusula explícita: "La Red no
representa legalmente a la afectada ni ha verificado pericialmente los hechos,
pero defiende el derecho a la protesta y a la libertad de expresión."
Paso 2 — Derivar con responsabilidad.
Acompañar a la víctima no
significa sustituir al Estado: significa exigirle que actúe. La Red debe
proveer de inmediato los contactos de: Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación (Delegación Salta), Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal,
Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (si está operativo) y el
Colegio de Abogados de Salta —que tiene obligación gremial de amparar a una
colega agredida en el ejercicio de su profesión.
Paso 3 — Convocar una asamblea interna urgente.
Este caso debe ser el
disparador de una conversación pendiente: ¿somos una ONG de asistencia a
víctimas o un movimiento político de denuncia? La pregunta no tiene una
respuesta incorrecta, pero sí exige una respuesta honesta. Sin ella, cada caso
nuevo generará el mismo debate agotador. La asamblea debe producir un acuerdo
escrito sobre el tipo de organización que son.
Paso 4 — Redactar un Protocolo de Intervención.
Para evitar que cada caso se
convierta en una crisis interna, establecer por escrito un criterio de
selección: por ejemplo, "la Red acompañará públicamente solo los casos en
que exista denuncia formal ante organismos competentes". Las excepciones
deben ser votadas por mayoría calificada, no decididas por la emoción del
momento.
Paso 5 — Cuidar la herramienta.
Una Red que se expone
legalmente por un tercero que no se compromete deja de existir, y con ella deja
de ayudar a cualquiera. Cuidar la organización no es egoísmo institucional: es
condición de posibilidad de la lucha.
Cierre: la memoria
como brújula estratégica
Miguel Ragone fue un hombre de
Estado y de militancia que entendía las estructuras de poder. Su desaparición
fue posible porque esas estructuras operan desde las sombras y con
complicidades judiciales. Enfrentarlas hoy requiere lo mismo que requería entonces:
organización, límites claros y frialdad estratégica.
Honrar esa memoria no es solo
proclamar sus valores: es practicar la inteligencia política que él mismo
ejercía. No sean la ambulancia del sistema. Sean los arquitectos de una nueva
legalidad.
Asociación Miguel Ragone
Salta, febrero de 2026
Para la Red contra la Violencia
Institucional del NOA
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Memoria, Verdad y Justicia
Análisis Institucional y Propuesta Operativa
La Asociación Miguel Ragone, como organismo histórico de Derechos Humanos en Salta, entiende que la violencia institucional no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática que requiere una respuesta organizada y estratégica.
"Nuestra propuesta para la Red contra la violencia institucional de Salta busca profesionalizar el abordaje de las denuncias, garantizando que el acompañamiento a las víctimas no comprometa la integridad de las organizaciones participantes."
Ejes de Intervención Ragone
🛡️
Protección Legal
Sistematización de la prueba y acompañamiento en procesos judiciales para evitar la impunidad.
📢
Impacto Político
Transformar el caso individual en una demanda colectiva que presione a los poderes del Estado.
🤝
Articulación en Red
Coordinación de recursos entre organizaciones para evitar la saturación institucional.
Simulador de Toma de Decisiones
Herramienta dinámica para determinar el nivel de exposición de la Red contra la violencia institucional de Salta según la naturaleza del caso.
Paso 1: Estado Legal
Paso 2: Resguardo Ético
La firma del acta de responsabilidad es una recomendación clave de la AMR para proteger la personería de la Red.
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Esperando parámetros de entrada...
Metodología de Balance
Nuestra experiencia indica que para que la Red contra la violencia institucional de Salta sea sostenible, debe equilibrar sus acciones según la capacidad técnica instalada:
●Derivación Responsable: 65% del flujo (Saturación evitada).
●Litigio Estratégico: 25% del flujo (Impacto legal).
●Acción Política Directa: 10% del flujo (Visibilización).
A cincuenta años del asesinato del dirigente campesino
Felipe Burgos, un acto en Campo Quijano reunió a sobrevivientes, familiares y
organizaciones de derechos humanos en un ejercicio de memoria que trascendió el
ritual conmemorativo. Fernando Pequeño Ragone, nieto del gobernador
desaparecido Miguel Ragone, reconstruye en primera persona algunas tensiones: entre la sanación subjetiva de los deudos y la
exigencia de convertir el recuerdo en herramienta de resistencia política; entre
la intimidad conyugal que Marines, viuda de Burgos, rescata con ternura
militante y las fracturas institucionales que amenazan con diluir el legado en
disputas estériles. A través del análisis de testimonios, archivos familiares y
masculinidades alternativas en la política revolucionaria, este ensayo explora
cómo el proyecto reformista truncado en 1976 —reforma agraria, educación
popular, sindicalismo rural— interpela un presente signado por el despojo
neoliberal. No es solo un homenaje a un caído, sino una reflexión urgente sobre
qué significa hacer memoria cuando el terreno político se vuelve cada vez más
árido, y las semillas del pasado esperan condiciones para germinar nuevamente.
Por Fernando Pequeño Ragone asistido con IA NotebookLM y Claude
Cuando llegué a la plaza principal de Campo Quijano la tarde
del 10 de febrero de 2026, el aire estaba cargado de una tensión que conocía
bien. No era solo el calor seco característico del Valle de Lerma ya agotándose
en los cerros de la cordillera, sino algo más denso: cincuenta años de silencio
intentando romperse, de memorias subterráneas —como las llamaría Pollak (2006)—
buscando finalmente su lugar en el espacio público. Venía como nieto de Miguel
Ragone, último gobernador constitucional de Salta desaparecido por la
dictadura, pero también como militante de derechos humanos que había aprendido,
dolorosamente, que la memoria no es un objeto estático sino un campo de batalla
permanente.
El acto conmemoraba medio siglo del asesinato de Felipe
Burgos, dirigente de la Unión de Trabajadores del Campo (UST/FUSCA),
secuestrado y ejecutado por grupos parapoliciales en febrero de 1976, apenas
semanas antes del golpe que unos días antes, también se llevaría a mi abuelo.
Burgos había sido funcionario del gobierno de Ragone, encargado de llevar
adelante un proyecto de reforma agraria que amenazaba los cimientos mismos del
poder terrateniente en el norte argentino. Su muerte, como la de tantos, no fue
casual: fue el precio que pagó un proyecto político que imaginaba otro país
posible.
Pero en 2026, mientras el gobierno nacional emprendía lo que
muchos asistentes describían como una "demolición sistemática de
derechos", aquel acto adquiría una resonancia particular. No éramos solo
familiares y compañeros recordando a un caído; éramos sobrevivientes de un
naufragio que se repetía, buscando en las raíces del pasado las herramientas
para resistir el presente.
Las palabras de María, viuda de Burgos en el acto
Los Albores del Conflicto: Ragone, Burgos y el Sueño Truncado
Para comprender la magnitud de lo que se homenajeaba ese
día, es necesario retroceder a principios de los años setenta. El gobierno de
Miguel Ragone (1973-1974) representó en Salta una ventana breve pero intensa de
transformación social. Como ha documentado Kindgard (2009) en sus
investigaciones sobre el peronismo salteño, aquella gestión intentó modificar
estructuras de poder que databan de la época colonial: el latifundio, la
explotación de comunidades originarias, la precarización sistemática del campesinado.
Felipe Burgos era la pieza clave de ese proyecto en su
dimensión rural. Maestro formado en la Puna, había desarrollado una
sensibilidad única hacia las necesidades de los trabajadores del campo. Como
señalaba Marcelo Rodríguez Faraldo en su discurso durante el acto, Burgos se
había "autoformado" en condiciones extremas, leyendo teatro y
aprendiendo idiomas en Cata, una zona remota de la cordillera donde la ausencia
estatal era absoluta. Esa formación no académica pero profundamente humanista
lo convirtió en un organizador excepcional.
Yo recordaba, mientras escuchaba los testimonios, las
páginas amarillentas que había encontrado años atrás en el placard de mi
abuela. Eran documentos mecanografiados por Burgos, con recomendaciones
sociales dirigidas a mi abuelo. Esas treinta o cuarenta páginas contenían el
esqueleto de un programa de gobierno que la dictadura necesitó borrar: reforma
agraria, educación popular, reconocimiento de derechos indígenas,
fortalecimiento del sindicalismo rural. Como afirmé durante mi intervención en
el acto, "se lo llevaron puestos a todos" —a Burgos, a Ragone, al
proyecto mismo— porque representaban una amenaza existencial para las
oligarquías provinciales.
La FUSCA (Federación Única de Sindicatos de Trabajadores
Campesinos Argentinos), bajo el liderazgo de Burgos, había logrado organizar a
casi 250,000 trabajadores rurales, conectando la lucha local con redes
internacionales de agricultura familiar. Esta visibilización del campesinado,
como destacaba Rodríguez Faraldo, era inédita en la historia salteña. Burgos no
era el "gaucho de cartón" o de desfile folklórico que la cultura
hegemónica promovía, sino un "auténtico gaucho solidario" cuya
identidad estaba ligada a la praxis de recorrer parajes remotos, compartir
mates, y construir colectivamente.
Voces Silenciadas: El Testimonio de Marines y la Pedagogía del Oprimido
El momento más intenso del acto llegó cuando María Inés
"Marines", viuda de Burgos, tomó la palabra. A sus ochenta y tantos
años, con la voz quebrada por la emoción pero firme en su mensaje político,
Marines realizó una operación discursiva que Jelin (2002) llamaría
"rehumanización del desaparecido". No presentó a Felipe como una
cifra estadística del terrorismo de Estado, sino como un hombre de carne y
hueso, con sus rituales domésticos, su humor, sus contradicciones.
De iaq a der: María Inés viuda de Burgos, Marcelo Rodríguez Faraldo, Eloísa Rivero, Blanca Lescano, Sonia Alvarez.
Lo que más me impactó fue su descripción del "noviazgo
de taller". Marines narró: "Nuestro noviazgo no fue de salón, fue un
noviazgo de taller porque nunca tuvimos tiempo de salir". Esta frase
condensaba una concepción de la militancia donde lo personal y lo político eran
indistinguibles. El afecto conyugal no existía separado del compromiso
colectivo; el hogar no era un refugio del mundo, sino otro frente de
construcción política.
Como trabajadora social, Marines había acompañado a Felipe
en su trabajo territorial. Describió la metodología que empleaban en
comunidades indígenas del Chaco salteño y Embarcación, basada en la pedagogía
de Paulo Freire: usar franelógrafos, cuentos, dramatizaciones para que los
campesinos se sintieran "capaces de pensar", para devolverles su
estatus de sujetos políticos que el sistema les había negado sistemáticamente.
El episodio de Yolanda Flores que Marines relató era paradigmático: una mujer
indígena que, tras participar en las actividades de educación popular, afirmó
ante su cacique que las mujeres "no solo estamos para mezclar la olla,
también estamos para hablar lo que sentimos".
Aquí se manifestaba algo que Diana Maffía (2008) ha
teorizado extensamente: la ruptura del espacio doméstico como único lugar
asignado a las mujeres, la irrupción de una subjetividad política feminizada
que desafiaba tanto el universalismo masculino del sindicalismo tradicional
como las estructuras patriarcales de las comunidades. Burgos, según Marines, no
solo permitía sino que incentivaba esta emancipación discursiva, lo cual lo
alejaba de los modelos de masculinidad hegemónica que dominaban el movimiento
obrero argentino.
Pero Marines también expuso un aspecto que considero
fundamental para entender la ética política de Burgos: su rechazo absoluto al
nepotismo. Siendo director del Ministerio de Bienestar Social durante el
gobierno de Ragone, nunca nombró a Marines ni a ningún familiar, obligándola a
volver a su trabajo como docente cuando finalizó su contrato temporario.
"Su esposa volvió a la casa porque nunca me nombró, siendo él el
director", afirmó con una mezcla de orgullo y nostalgia. En un contexto
político argentino —y particularmente salteño— donde el empleo público funciona
como moneda de intercambio y los funcionarios colocan sistemáticamente a sus
allegados, esta actitud de Burgos era casi revolucionaria.
Analicé entonces, escuchándola, cómo esta transparencia en
la función pública contrastaba brutalmente con el presente de 2026. El gobierno
nacional había convertido la "motosierra" (metáfora del ajuste brutal
sobre el Estado) en símbolo de gestión, despidiendo masivamente a trabajadores
públicos mientras mantenía estructuras clientelares intactas. La ética de
Burgos —despersonalizar el poder, no usar el Estado para beneficio propio o
familiar— parecía pertenecer a otro universo político.
La Construcción Colectiva de la Memoria: Artistas, Testigos y Militantes
Marcela Borla
La materialidad del acto mismo fue significativa. Marcela
Borla, artista ceramista, había creado la placa conmemorativa que sería
colocada en la plaza. Su intervención fue breve pero poéticamente potente.
Relató cómo se había "llenado de historias" sobre Burgos para poder
representarlo materialmente, y rescató una anécdota que transformaba el horror
en resistencia vital: Burgos solía llevar semillas en los bolsillos y, mientras
caminaba con Marines por senderos rurales, las soltaba discretamente en la
tierra. Años después del asesinato, Marines transitaba los mismos caminos
acompañada por "el perfume y los colores de las miles de florecitas"
que Felipe había sembrado involuntariamente.
Esta metáfora —el militante que siembra vida incluso sin
saberlo, cuya muerte no logra impedir la floración de su proyecto— era una
respuesta estética al "silencio y olvido" que Pollak (2006)
identifica como estrategia central del terrorismo de Estado. Los "milicos
asesinos", como los llamó Borla sin eufemismos, habían intentado borrar
física y simbólicamente a Burgos. Pero la materialidad de las flores, como la
materialidad de la placa cerámica, como la materialidad de los cuerpos reunidos
en la plaza, desmentían esa pretensión.
Nora "Norita" Leonard, militante histórica de la
Juventud Universitaria Católica (JUC) y compañera de organización de Burgos,
aportó otra dimensión crucial: la "paz interior" y la
"mansedumbre" del dirigente. Norita destacó que Felipe "recorría
fincas donde había patrones muy anticampesinos" y, sin embargo, "iba
y caminaba detrás de poder llegar a todos los campesinos", desafiando
directamente las estructuras de poder agrario en sus propios territorios. Esta
"mansedumbre con autoridad" que varios oradores mencionaron plantea
interrogantes sobre las masculinidades políticas.
Yo reflexionaba sobre cómo la figura de Burgos deconstruía
el arquetipo del líder revolucionario como hombre agresivo, confrontativo,
dominante. Su poder no emanaba de la imposición sino de la escucha, de la
capacidad de tocar la guitarra y cantar con los campesinos, de compartir mates
antes de hablar de organización sindical. Connell (1995), en su análisis sobre
masculinidades, distingue entre formas hegemónicas y subalternas o cómplices
del ser varón. Burgos parecía encarnar una masculinidad alternativa: ligada al
cuidado del otro, a la construcción colectiva, alejada de los estereotipos del
"macho revolucionario" tan presentes en la épica setentista.
El Archivo como Refugio: Documentos, Silencios y Búsquedas Pendientes
Durante el acto, tuve un intercambio que me provocó una
"ansiedad de la puta madre", como le confesé a José González, el
moderador. Un hombre de Quijano cuyo padre había sido militante, se me acercó
con información sobre el posible paradero de los restos de mi abuelo Miguel
Ragone.
José Gozáles y Canela Alvarez, organizadores.
Este diálogo condensaba una de las tensiones centrales de la
justicia transicional argentina: la búsqueda de verdad material frente al
"pacto de silencio" policial e institucional que persiste décadas
después. Como señala el informe de la CONADEP (1984), la desaparición forzada
no concluye con la muerte; se extiende indefinidamente mientras los restos
permanezcan ocultos y los responsables, impunes o silentes. Pollak (2006)
llamaría a esto "memorias subterráneas" que circulan en susurros, en
conversaciones privadas entre familias, pero que no logran emerger al espacio
público-judicial por temor, complicidad o desinterés estatal.
En mi intervención durante el acto, había destacado la
existencia de esos documentos amarillentos en el archivo familiar —las páginas
mecanografiadas por Burgos con recomendaciones al gobernador Ragone— como
prueba de un "programa de gobierno que la dictadura buscó
invisibilizar". Este hallazgo documental funcionaba, en términos de Jelin
(2002), como "marca territorial" de memoria: evidencia material que
ancla el sentido del pasado en el presente y disputa la narrativa oficial del
olvido.
Pero también reflexioné sobre lo que esos archivos revelaban
sobre nuestras organizaciones de derechos humanos. Como le planteé a Blanca
"Nenina" Lescano al día siguiente del acto, existía una tensión entre
la "memoria de sanación" (que el acto había proporcionado a Marines y
otros familiares) y la "memoria de lucha" que Nenina, a sus 82 años,
exigía con vehemencia. Nenina había criticado duramente lo que percibía como
"estatización" o "estetización" de la memoria: actos que
consuelan subjetividades heridas pero no interpelan el poder presente, que
"lloran muertos" sin construir resistencia política efectiva.
Tensiones Institucionales: El Campo Fragmentado de los Derechos Humanos
Marcelo Rodriguez Faraldo y Fernando Pequeño Ragone
Mi conversación con militantes de la memoria y de las
organizaciones que estuvieron presente en el acto, me configuró fisuras
profundas en el movimiento de derechos humanos salteño. Referentes con décadas
de militancia, denunció "copia" o usurpación de tradiciones por parte
de nuevos actores que carecerían de legitimidad histórica y estrategia política
clara.
Este fenómeno de duplicación de identidades institucionales
no es menor. Revela lo que he conceptualizado en mi análisis como una crisis de
representatividad y cohesión en el campo de la memoria. Jelin (2002) entiende
la memoria como un "campo de lucha" donde distintos actores compiten
por el "capital simbólico de la verdad". En Salta, la fragmentación
institucional es tan profunda que algunos sectores, incapaces de construir
identidades propias con credibilidad, optan por mimetizarse con organizaciones
históricas, generando confusión y diluyendo el impacto político. En el contexto
de los 50 años del golpe, muchas instituciones se acercan a los organismos más
tradicionales de derechos humanos buscando legitimarse.
Tomo como un ejemplo positivo la acción de José
"Pepe" González, organizador del acto de Felipe Burgos. Su trabajo,
aunque imperfecto, merece ser "sostenido e incentivado" en lugar de
ser criticado. Sin embargo, para algunas de las viejas militantes cuyo
horizonte ha sido siempre la lucha política de transformación, el acto no habría
estado a la altura de las necesidades y urgencias del momento; si no se
traducía en metodologías concretas de resistencia contra el "robo del
país" que estaba ocurriendo bajo el gobierno de Milei. "Hoy la
memoria es para la lucha. Hoy nos están robando el país", sentenciaron.
Esta tensión entre sanación subjetiva y estrategia política
es constitutiva del campo de derechos humanos, pero se agudiza en contextos de
crisis. El "dispositivo neoliberal", como lo analicé con junto a las
compañeras de la memoria histórica, genera "parálisis" al atomizar a
los actores sociales, haciendo que prioricen sus "pequeñas vidas
institucionales" sobre la construcción de una unidad política sólida. Hoy
más que nunca es necesario superar la "incapacidad de modificar el
discurso" y adaptar las metodologías de memoria a un presente radicalmente
distinto del de los años ochenta o noventa.
Como nieto de desaparecido y militante, me vi interpelado
por esa crítica. ¿Era el acto en Quijano una reparación simbólica genuina o,
como sugerían algunas compañeras, una ritualización vacía que no incomodaba al
poder? ¿Podía la "intimidad de la memoria" —esa dimensión afectiva y
sanadora que yo mismo había reivindicado— coexistir productivamente con la
"memoria activa y viva" que exigen las viejas de la memoria?
Masculinidades Hegemónicas y Alternativas en la Política de la Memoria
Uno de los aspectos que más me interpelaron durante y
después del acto fue el modo en que distintas masculinidades se manifestaban en
el espacio político. Burgos, según múltiples testimonios, encarnaba una
masculinidad no hegemónica: "manso", "con paz interior",
capaz de tocar la guitarra y compartir afectos, pero simultáneamente firme en
sus convicciones y efectivo en su organización sindical. Esta combinación
desafiaba el modelo dominante del líder obrero como figura autoritaria, vertical,
emocionalmente distante.
Connell (1995) ha teorizado sobre las "masculinidades
cómplices" que, sin encarnar plenamente el ideal hegemónico del varón
dominante, obtienen beneficios del patriarcado sin cuestionarlo
estructuralmente. Burgos parecía representar algo distinto: una masculinidad
que Maffía (2008) llamaría "ética del cuidado politizada", donde el
poder se ejerce a través de la construcción colectiva y no de la imposición
jerárquica.
Yo reflexionaba sobre mi propia posición como varón en el
campo de los derechos humanos. El apellido Ragone me otorgaba un "capital
simbólico" (Bourdieu, 1986) inmediato en Salta: era el nieto del
gobernador mártir, lo cual me abría puertas institucionales y me confería
autoridad moral casi automática. Pero esa autoridad heredada también implicaba
una responsabilidad: no reproducir las lógicas masculinas hegemónicas que
habían caracterizado históricamente al peronismo salteño y a muchas organizaciones
políticas.
Durante el acto, había intentado validar públicamente la
centralidad de Marines, de Marcela Borla, de Mirella Caanu (cuyo audio grabado
desde Córdoba fue reproducido). "Marines, me conmueve tu presencia
acá", le había dicho, buscando visibilizar que la autoridad sobre el
relato de Burgos residía en ella, no en los varones que hablábamos sobre él.
Pero ¿era suficiente esa validación discursiva? ¿O reproducía, sutilmente, una
lógica paternalista donde el varón "permite" o "habilita"
la voz femenina en lugar de cuestionar estructuralmente por qué esa voz
necesita ser habilitada?
Maffía (2008) advierte sobre los peligros del
"feminismo de varones" que se convierte en apropiación simbólica:
hombres que hablan de género sin ceder poder real, que se presentan como
aliados sin modificar prácticas institucionales concretas. Yo me preguntaba si
mi participación en el acto, y en el campo de derechos humanos en general, no
corría ese riesgo. ¿Estaba usando mi capital simbólico para amplificar voces
históricamente silenciadas o, inadvertidamente, para reforzar mi propia posición
en el campo político?
El Legado Archivado: Entre la Intimidad Familiar y la Estrategia Política
En mi intervención durante el acto, había propuesto una
tesis que consideraba central: "las memorias de la intimidad funcionan
como el plafón de lo que después van a ser las memorias públicas, políticas,
las políticas públicas, los cambios". Esta idea —que la vivencia personal,
la biografía familiar, son precondición para la transformación estatal— no era
solo un argumento abstracto sino el resultado de mi propia experiencia con los
archivos de mi abuelo.
Esas "30, 40 páginas amarillentas" con la letra
mecanografiada de Burgos que había encontrado en el placard de mi abuela no
eran solo documentos históricos; eran la evidencia material de un proyecto
político compartido entre Burgos y Ragone, una prueba de que la reforma
agraria, la educación popular, el fortalecimiento sindical rural no eran
delirios de jóvenes idealistas sino políticas de Estado con formulación
técnica, con presupuesto, con voluntad gubernamental. Y la dictadura necesitó
eliminar físicamente a ambos —al funcionario y al gobernador— para frenar ese
proyecto.
Jelin (2002) conceptualiza estos hallazgos como parte de los
"trabajos de la memoria": procesos activos mediante los cuales
individuos y grupos dotan de sentido al pasado traumático, transformándolo en
herramienta política. El archivo familiar, en mi caso, funcionaba como refugio
pero también como arma: refugio porque contenía fragmentos de la vida de mi
abuelo que el Estado terrorista no había podido destruir completamente; arma
porque esos fragmentos desmentían las narrativas negacionistas que en 2026, bajo
el gobierno de Milei, reaparecían con fuerza (cuestionando los 30,000
desaparecidos, relativizando la sistematicidad del plan genocida, etc.).
Pero también reconocía la tensión que algunas de las
compañeras había señalado: ¿de qué servía ese archivo, esa intimidad familiar
preservada, si no se traducía en resistencia concreta contra el despojo
presente? Ellas había sido brutal en su diagnóstico: "El país cambió y
estos no se dieron cuenta", refiriéndose a actores que repetían fórmulas
de memoria sin adaptar estrategias. Yo me había sentido interpelado. ¿Mi
trabajo con los archivos de Ragone era nostalgia estéril o construcción
política?
Había intentado responderle argumentando que necesitábamos
"una estrategia donde se vayan sumando", donde la memoria de sanación
(fundamental para familias como la de Marines) y la memoria de lucha (exigida
por ellas) no se anularan mutuamente sino que se articularan dialécticamente.
Pero no había quedado convencidad. Para ellas, el tiempo de "sumar sin
romper" había pasado; el presente exigía definiciones más tajantes.
Reflexiones Institucionales: El Partido y la Memoria
Durante mi conversación con las compañeras al día siguiente
del acto, había confesado mi "ansiedad" respecto al Partido
Justicialista: "A mí me pone muy ansioso mi deseo de querer volver a
comprometerme... No quiero meter la pata y volver a salir lastimado". Esta
vulnerabilidad, expresada ante referentes que rondan los 80 años y que han
dedicado su vida entera a la militancia, revelaba algo que considero
estructural en mi generación: la relación ambivalente con las instituciones
políticas tradicionales.
El PJ salteño había sido el espacio donde mi abuelo ejerció
la gobernación, donde Burgos desarrolló su trabajo sindical. Pero también era
una institución atravesada por lógicas clientelares, por disputas internas
feroces, por una cultura política frecuentemente refractaria a la autocrítica y
la renovación. Como nieto de Ragone, yo portaba un apellido que en el peronismo
local funcionaba como "llave institucional", como había analizado en
conversaciones anteriores. Pero esa llave abría puertas hacia un espacio que no
estaba seguro de querer habitar.
La pregunta que me atormentaba era: ¿puede la agenda de
derechos humanos y memoria infiltrarse productivamente en el PJ sin ser
cooptada, neutralizada o instrumentalizada? ¿Puede mi posición como nieto de
desaparecido funcionar como "escudo" —como me había dicho a mí mismo—
para introducir temas que otros sectores considerarían ajenos a la gestión
partidaria, presentándolos como parte de la identidad misma del peronismo
salteño?
Recupero es esperado escepticismo anclado en las realidades
tangibles de la política como herramienta y caos. Para muchos, el PJ era parte
del problema, no de la solución. Pero yo no podía descartar tan fácilmente esa
arena: ¿dónde más, si no en los partidos con capacidad de acceder al Estado,
podía disputarse la posibilidad de políticas públicas de memoria? Las
organizaciones autónomas de derechos humanos habían logrado avances judiciales
enormes (los juicios por crímenes de lesa humanidad), habían construido lugares
de memoria, habían preservado archivos. Pero no habían podido —no podían, por
su propia naturaleza— transformar esos logros en políticas estatales
sostenibles, con presupuesto, con institucionalidad.
Ahí residía, quizás, una de las tensiones irresolubles del
campo de la memoria: la necesidad de mantener autonomía crítica frente al
Estado (para no ser cooptados) pero también de incidir en ese Estado (para que
las reparaciones no sean solo simbólicas sino materiales, sostenidas en el
tiempo). Jelin (2002) ha analizado estas tensiones en distintos países del Cono
Sur, mostrando cómo los movimientos de derechos humanos navegan permanentemente
entre la denuncia desde afuera y la participación institucional desde adentro,
con los riesgos que ambas posiciones conllevan.
Cincuenta Años Después: Lecciones y Fracturas
Cuando el acto finalizó y la placa quedó descubierta en la
plaza —"Ni hombre sin tierra ni tierra sin hombres", rezaba la
consigna de Burgos grabada en cerámica—, me quedé observando cómo los
asistentes se dispersaban lentamente. Algunos se agrupaban en conversaciones;
otros se acercaban a Marines para abrazarla; un grupo de jóvenes fotografiaba
la placa con sus teléfonos. Yo me pregunté qué quedaría de ese momento: ¿una
marca territorial efectiva que resignificaría la plaza como espacio de memoria?
¿O un monumento más que, con el tiempo, se volvería invisible para los
transeúntes, naturalizado en el paisaje urbano de ese pueblo que alojó a Burgos?
Pollak (2006) advierte sobre el riesgo de la
"patrimonialización" de la memoria: cuando el recuerdo se convierte
en objeto museístico, pierde su capacidad disruptiva, su potencial de incomodar
al presente. La placa en Quijano podía funcionar como hito de reparación —y lo
era, sin duda, para Marines y para quienes habíamos luchado cincuenta años por
ese reconocimiento público— pero también podía convertirse en sustituto de la
justicia material pendiente.
Porque, en 2026, los crímenes seguían impunes en su mayoría.
La justicia que Marcelo Rodríguez Faraldo había celebrado —"la justicia
empezó a caminar", aunque tardíamente con "mocasines manchados"—
era frágil, como Nenina Lescano había señalado. El gobierno nacional había
iniciado un proceso de revisión de condenas, cuestionaba públicamente los
juicios por lesa humanidad, promovía indultos encubiertos. "Seguimos
buscando genocidas, pero también para que no nos liberen los que pusimos en
cana", había dicho Nenina con amargura.
Las lecciones de cincuenta años de lucha por memoria, verdad
y justicia eran, entonces, contradictorias. Por un lado, habíamos logrado lo
impensable: en un país latinoamericano, décadas después de la dictadura,
seguían realizándose juicios contra perpetradores, se habían construido
espacios de memoria, la narrativa sobre los crímenes de Estado estaba instalada
en amplios sectores sociales. Por otro lado, esos logros eran reversibles,
frágiles, dependientes de correlaciones de fuerza políticas que podían cambiar
drásticamente —como estan cambiando en 2026.
La fractura central que el acto en Quijano había expuesto
—esa tensión entre memoria como sanación personal y memoria como herramienta de
lucha política— no tenía resolución sencilla. Ambas dimensiones eran
necesarias; ninguna podía subordinarse completamente a la otra. Marines
necesitaba ese espacio de reconocimiento público para sanar cincuenta años de
duelo postergado. Las compañeras históricas necesitaban que ese reconocimiento
se tradujera en resistencia efectiva contra el despojo presente. Y yo, desde mi
posición de nieto, necesitaba encontrar modos de articular ambas urgencias sin
romper lo que otros habían construido pacientemente durante décadas.
La Raíz que Permanece
Al finalizar aquel día, mientras conducía de regreso a Salta
capital, pensaba en la metáfora que Marines había usado en su discurso. Había
descrito a Burgos como "raíz" y a los asistentes al acto como
"retoños" de esa raíz que había quedado. La imagen era potente: las
raíces permanecen invisibles, subterráneas —como las memorias que Pollak
estudia— pero sostienen toda la estructura vital de la planta. Sin raíces, no
hay árbol; sin memoria del proyecto político de Burgos y Ragone, no había
posibilidad de imaginar alternativas al presente de despojo.
Pero las raíces también pueden pudrirse si no encuentran
terreno fértil. Y el terreno de 2026 —con un Estado que se retira
sistemáticamente de sus funciones redistributivas, con organizaciones de
derechos humanos fragmentadas por disputas internas, con un movimiento social
debilitado tras años de derrotas— no parec particularmente fértil. La pregunta
que me quedaba, entonces, es cómo nutrir ese terreno, cómo crear las
condiciones para que los "retoños" pudieran efectivamente crecer y no
marchitarse.
Había aprendido, en ese acto y en las conversaciones
posteriores, que la memoria no es un patrimonio que se preserva
automáticamente. Es un trabajo permanente, conflictivo, que exige decisiones
políticas concretas sobre qué recordar, cómo recordar, para qué recordar.
Burgos había sembrado, literalmente, flores en los senderos que recorría.
Nosotros debíamos sembrar, metafóricamente, las condiciones institucionales,
organizativas, políticas para que su proyecto —y el de mi abuelo— no quedara
reducido a una placa hermosa pero inofensiva en una plaza del Valle de Lerma a
los pie de Los Andes.
La integración entre intimidad y estrategia que yo había
propuesto durante el acto no era solo una formulación teórica; era una
necesidad práctica urgente. Como nieto, como varón, como militante, debía
encontrar modos de usar el capital simbólico de mi apellido no para validar mi
propia posición sino para abrir espacios a las voces históricamente
silenciadas. Debía aprender de Marines cómo se construye poder desde la
"mansedumbre", de Nenina cómo se sostiene la indignación sin
parálisis, de Burgos cómo se organizan los de abajo sin reproducir las
jerarquías de arriba.
Cincuenta años después de su asesinato, Felipe Burgos seguía
interpelándonos. No como víctima pasiva que demanda compasión, sino como
militante que exige consecuencia. La placa en Quijano era un comienzo, no un
final. Las semillas que había sembrado —en los surcos de la Puna, en las
asambleas campesinas, en las páginas que mecanografió para Ragone— seguían ahí,
esperando condiciones para germinar. Nuestra tarea es crear esas condiciones,
sabiendo que el terreno era difícil pero que, como Marines había demostrado con
su persistencia de cincuenta años, la raíz permanece.
Referencias
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. En J.
Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of
Education (pp. 241-258). Greenwood Press.
CONADEP (1984). Nunca Más: Informe de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas. EUDEBA.
Connell, R. W. (1995). Masculinities. University of
California Press.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo
XXI Editores.
Kindgard, A. (2009). Alianzas y enfrentamientos en los
orígenes del peronismo salteño, 1943-1955. Prohistoria Ediciones.
Maffía, D. (2008). Contra las dicotomías: Feminismo y
epistemología crítica. En Universidad de Buenos Aires, Filosofía
política contemporánea (pp. 89-115). CLACSO.
Pollak, M. (2006). Memoria, olvido, silencio: La
producción social de identidades frente a situaciones límite. Ediciones Al
Margen.
Rodríguez Faraldo, M. (2025). Felipe Burgos: Memoria de
un sembrador. Ediciones CTA Salta.
En la Mesa de la Diversidad del Gobierno de Salta: Justicia por Fernanda Arias: Organizaciones denuncian transfemicidio institucional y exigen el fin de la impunidad policial en Salta.
Viernes 26 Dic, 10 hs en Polo de las Mujeres, Sec de Género.
I. Contexto de Intervención: La Sociedad Civil como
Garante de Derechos
Desde las organizaciones sociales, tales como la Asociación
Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia y el MTA (Mujeres
Trans Argentina - Salta), trabajamos para que la justicia en Salta deje de
ser un "monólogo policial". Nuestra acción estratégica surge ante la
evidencia de que, cuando un cuerpo trans muere en custodia, el Estado tiende a
activar mecanismos de encubrimiento y borramiento de identidad (identicidio).
La sociedad civil hoy se constituye como el único actor capaz de aplicar una perspectiva
de género y derechos humanos para evitar que el caso sea archivado como un
hecho aislado de "muerte dudosa".
II. Crónica del Hecho: La Muerte en Custodia en Rosario de Lerma
El 26 de noviembre de 2025, Fernanda Daniela Arias, una mujer trans de 34 años, fue detenida aproximadamente a las 20:00 horas por una supuesta contravención en la Comisaría N° 2 de Rosario de Lerma. Apenas dos horas después, se informó su fallecimiento. Según la versión oficial, Fernanda se habría suicidado por suspensión en su celda. Sin embargo, las organizaciones denunciamos que el Estado falló en su deber de custodia, transformando una detención menor en un femicidio institucional.
El presente documento sistematiza cuatro ejes estratégicos
de intervención concebidos como contribuciones fundamentales desde la mirada,
la experiencia y los intereses de las organizaciones de derechos humanos de
Salta. Estas propuestas se presentan para ser integradas como líneas de acción
prioritarias en el marco del programa "Democracia, Memoria y Derechos
Humanos" de la Facultad de Humanidades (UNSa), institucionalizado
mediante la Resolución H. N° 2109-25.
Se trata de enfoques que no solo buscan cumplir con los
objetivos de resguardo documental y promoción de la investigación del Programa,
sino que pretenden dotarlo de una dimensión política y subjetiva capaz de
enfrentar los desafíos del presente. Las cuatro propuestas —que abarcan desde
la rearticulación del campo popular y la visibilización de las identidades
LGTBIQ+, hasta el análisis psicoanalítico de la avanzada neofascista y la
actualización del legado emancipador— se erigen como herramientas para combatir
el negacionismo contemporáneo.
Al asumir la memoria como un proceso dinámico y en disputa,
estas líneas de trabajo proponen una universidad que no solo conserve el
pasado, sino que intervenga activamente en la construcción de una subjetividad
democrática, inclusiva y resistente frente a la estética de la crueldad y la
deshumanización.
El Portal de la Memoria en el Parque San Martín de Salta,
erigido en evocación de los fusilamientos de presos políticos por el Estado
argentino en 1976, ha sido recientemente intervenido por el gobierno municipal,
que eliminó el espacio de reuniones públicas donde familiares realizaban actos
conmemorativos, reemplazándolo por jardines. Esta modificación genera profundo
malestar entre quienes utilizan el sitio como marca territorial de duelo
colectivo, interpretándola como un acto político de borramiento deliberado de
la memoria que despolitiza el horror estatal.
Portal de la Memoria, facahda original.
Los organismos de derechos humanos en Argentina y
Latinoamérica han transformado espacios físicos de represión en marcas
territoriales que disputan la memoria colectiva del terrorismo de Estado. En
Salta, sitios como el Cementerio de la Santa Cruz, demarcado por fosas comunes
de víctimas de la dictadura, y la Plaza de la Memoria de Cerrillos, donde se
conmemora la desaparición de Miguel Ragone en 1976, ejemplifican estas luchas
locales. Elizabeth Jelin destaca que estos lugares, como la ex ESMA o el paraje
Palomitas sobre la ruta 34 —sitio de la masacre de 11 presos políticos en
1976—, pasan de ser meros espacios a "lugares" cargados de sentidos
mediante la acción de emprendedores de memoria.
El Portal hoy, con la intervención municipal
Disputas por el Espacio Físico
En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo han inscrito su
lucha en la Plaza de Mayo pintando pañuelos blancos, mientras en Salta, el
paraje Palomitas en el departamento General Güemes preserva una cruz y placa en
homenaje a las víctimas de la masacre. Jelin analiza cómo estos procesos
involucran luchas políticas por preservar ruinas o construir monumentos,
oponiéndose a intentos de borrar huellas, como en el Cementerio de la Santa
Cruz o el Portal de la Memoria en el Parque San Martín de Salta capital. En
Latinoamérica, sitios como Villa Grimaldi en Chile o la Glorieta de los
Desaparecidos en Guadalajara resignifican espacios contra la violencia.
Peligro de la Despolitización
Borrar estas marcas territoriales implica despolitizar la
memoria, transformando lugares como Palomitas o el sitio de Ragone en Cerrillos
en espacios neutros que promueven indiferencia y olvido. Jelin advierte que el
paso del tiempo o cambios políticos generan contra-memorias, donde el Estado
impone clausuras, diluyendo demandas por verdad y justicia. Esta
despolitización convierte el horror en rutina.
Responsabilidad de Estados Provinciales y Municipales
En el contexto actual del Estado argentino, marcado por una
ola negacionista y reivindicativa del terrorismo de Estado bajo el gobierno de
Donald Trump como referente ideológico, los estados provinciales y municipales
enfrentan una responsabilidad crítica en la preservación de estos sitios. En
Salta, el gobierno provincial y municipal deben garantizar la demarcación
permanente de los sitios de memoria como el Portal de la Memoria en Salta y la
Plaza de la Memoria de Cerrillos, oponiéndose a presiones para reutilizar
espacios como el de Palomitas con fines turísticos o comerciales que diluyan su
carga histórica. Jelin subraya que esta obligación estatal no solo protege las
marcas territoriales, sino que contrarresta narrativas revisionistas
promoviendo rituales de memoria que reafirmen la justicia transicional frente
al riesgo de impunidad.
Espacio como Cura y Duelo
Estas marcas facilitan la cura social al permitir duelo
colectivo para familiares, convirtiendo sitios como la Plaza de la Memoria de
Cerrillos —donde se halló el auto de Ragone— o Palomitas en espacios de
enunciación. Para Jelin, preservar placas o monolitos habilita "trabajos
de memoria" que honran desaparecidos y transmiten mensajes éticos,
fomentando identificación en contextos locales como Salta. Así, el espacio
físico se vuelve herramienta reparadora, activando responsabilidades colectivas
en fosas del Cementerio de la Santa Cruz sin cristalizar sentidos unívocos.
El abogado salteño Agustín Colque, quien interviene en el
debate como profesional del derecho y ciudadano, enmarca su relato dentro de
las acciones estratégicas de la Asociación Miguel Ragone y la Mesa de Derechos
Humanos, las cuales lo convocaron para presentar un amicus curiae dentro
de un habeas corpus colectivo, correctivo y preventivo ante la Corte de
Justicia de Salta.
Imágen: Red de Litigantes LGBTI de las Américas
Este recurso legal busca la democratización de la
justicia al exigir al Poder Ejecutivo la modificación de las políticas de
seguridad y la cesación de las detenciones arbitrarias, discriminatorias y
violentas. Los tres puntos centrales de la exposición de su interlocución con
los periodistas se centran en: 1) La arbitrariedad y la violación de la
inocencia: las detenciones se realizan sin orden judicial o proceso
iniciado, simplemente por orden policial, incluso contra personas jurídicamente
inocentes, lo que avasalla la presunción de inocencia y el derecho a la
libertad ambulatoria. 2) La discriminación sistemática: las detenciones
están fuertemente influenciadas por el prejuicio del agente policial y
el estigma social, afectando de manera desproporcionada a grupos históricamente
vulnerados, como la comunidad LGBT (especialmente mujeres trans y travestis, a
quienes se les niega el respeto a la identidad de género al ser encerradas con
hombres) y a personas racializadas o en situación de pobreza. 3) Las
condiciones ilegales de detención: más allá de la privación ilegítima de la
libertad, la situación se agrava por la violencia institucional (apremios,
golpizas) y las condiciones inhumanas de encierro, como la sobrepoblación
alarmante (más del 100% en la Alcaidía Salta) y la incomunicación, violando
reglas básicas de dignidad humana y los estándares de las Naciones Unidas.
Fue en instalaciones de la U N Sa, el viernes 12 diciembre en el contexto del día internacional de los Derechos Humanos.
Sintetizamos los temas centrales, testimonios y conclusiones
de la "Jornada por Violencia Institucional en Primera Persona", un
encuentro organizado por el Centro Comunitario Alfa y la organización Andhes.
El evento reunió a víctimas, familiares, activistas y miembros de diversas
organizaciones para visibilizar y articular una respuesta colectiva a la
violencia ejercida por el Estado en Salta. La violencia institucional
—policial, penitenciaria y judicial— no consiste en incidentes aislados, sino
que constituye un problema sistémico, estructural e histórico, aplicado de
manera selectiva contra los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los datos presentados por Andhes subrayan una profunda
brecha entre la prevalencia del abuso y la respuesta oficial: de un total de
1.735 denuncias por violencia institucional recibidas por la Fiscalía de
Derechos Humanos en un período determinado, solo el 1% derivó en legajos de
investigación abiertos, mientras que el 44% de las causas fueron archivadas.
Los testimonios evidencian que las principales víctimas son jóvenes de barrios
populares, personas en situación de calle, la comunidad travesti-trans, vendedores
ambulantes y personas privadas de la libertad.
La conclusión central del encuentro es que el aislamiento y
el miedo de las víctimas son los principales facilitadores de la impunidad. En
respuesta, el objetivo fundamental de la jornada fue sentar las bases para la
construcción de una red de trabajo y lucha conjunta, que permita unificar
recursos, articular estrategias legales y mediáticas, y generar una fuerza
colectiva capaz de enfrentar y transformar este sistema represivo.
Construyendo la Red: el llamado de Álvaro Camacho a la solidaridad
colectiva contra la violencia estatal
Las "Jornadas de la violencia institucional en primera
persona" se inauguraron con un discurso de Álvaro Camacho, del
colectivo Centro Comunitario Alfa, quien no solo contextualizó la urgencia de
la violencia estatal en Salta, sino que también sentó las bases para el
objetivo fundamental del encuentro: la organización y la solidaridad.
La idea central de Camacho fue establecer un espacio para reunir
y escuchar experiencias en primera persona de quienes han sufrido o luchado
contra la violencia institucional. Esta necesidad surge de un contexto de
violencia extrema, citando episodios recientes y duros en la provincia, como el
incendio de la Alcaidía en octubre y los operativos conocidos como
"trapitos".
Camacho identificó claramente a los sectores vulnerables
afectados, señalando que la violencia se ejerce frecuentemente contra
personas de calle, vendedores ambulantes, y muy especialmente, contra la
comunidad trans, quienes sufren detenciones sin las garantías constitucionales
debidas.
Una de las principales reflexiones es la amplitud de la
violencia institucional, que, según Camacho, no se limita a las fuerzas
policiales, sino que se extiende y se manifiesta en el propio sistema de
justicia (Poder Judicial). En este ámbito, las personas no solo reciben
falta de respuesta, sino que son violentadas por un sistema que genera
aislamiento, atropellos y, en última instancia, mantiene el status quo.
Frente a este escenario, Camacho enfatizó la lucha contra
el aislamiento y la impunidad. Argumentó que la impunidad es facilitada por
el miedo a denunciar y el consecuente aislamiento de las víctimas. Por ello, su
intervención subrayó la necesidad imperante de un trabajo articulado
conjunto y la creación de un espacio de lucha que fortalezca una red,
sumando recursos de manera efectiva.
Para llevar a cabo esta lucha, Camacho mencionó estrategias
específicas desarrolladas por el colectivo Alfa, como la interposición de
un habeas corpus colectivo para combatir las detenciones ilegales de
personas en situación de calle. Además, destacó la importancia de contar con
profesionales comprometidos en áreas clave: legal, mediática (prensa) y trabajo
social.
Finalmente, el discurso fue un llamado a desafiar el
fatalismo y construir solidaridad. Contra la resignación que acepta el
sistema como inmutable, Camacho afirmó que la gran oportunidad reside en
la organización, el compromiso y, sobre todo, la solidaridad activa entre los
diferentes sectores afectados—desde vendedores ambulantes hasta la comunidad
trans y personas de calle—para construir una fuerza colectiva mayor. La jornada
se propuso abordar específicamente los tres componentes del "aparato del
estado" que ejercen esta violencia: la policial, la penitenciaria y la del
Poder Judicial.
Quienes dieron vida al conversatorio
Los interlocutores que participaron en las "Jornadas de
la violencia institucional en primera persona" incluyen a una amplia gama
de activistas, profesionales, víctimas y familiares de víctimas, representando
a diversas organizaciones y movimientos sociales.
Organizadores y Moderadores Clave:
Álvaro
Camacho: Abrió las jornadas y pertenece al colectivo Centro
Comunitario Alfa.
Ramiro
López: Presentó datos sobre denuncias de violencia policial y
pertenece a Andes.
Cecilia
Toro: Perteneciente al Observatorio de Derecho Penal de la UNSA
y moderadora del primer bloque.
Participantes Afiliados a Organizaciones de Derechos
Humanos, Sociales y Políticas:
Cristina
Fofani: Del Partido Obrero.
Florencia
Pérez: Abogada, de Andes.
Petero:
De Andes.
Verónica
[no apellido]: De Fundación Seví.
Óscar
Delgado: De Capoma (organización de derechos humanos y medio
ambiente).
Pía
Ceballos: De DTA (Movimiento Trans Argentina).
Graciela
de Valle Diega: De la Fundación Ara de la Libertad.
Silvia
Carta: De la Fundación Aas de la Libertad.
Silvio
Vald: Voluntario de la Fundación.
Sofía
Molina: Antropóloga y parte de Andes.
Carmen:
De Tribuna Docente.
Raquel:
Militante de Derecho Humano.
Verónica
Molina: Abogada litigante, del equipo jurídico de la Asociación
Rabones.
Sofía
Molina: Abogada litigante.
Abigail:
Milita en la mesa de educación popular de Saltejui y militante feminista.
Janela
Barrios: De Madres Protectoras Altas y de la Asamblea Lengua
Transfeminista.
Rodrigo
Sorada: Del Comité Contra Tortura.
Cristian
Frías: Del partido Sí.
Blanca
Lescano: De la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos
y secretaria de derechos humanos de la CTA Autónoma Salta.
Fernando
Pequeño Ragone: De la Asociación Ragone.
Facundo
Oropel: Militante de la Juventud Socialista de MCT.
Gerry
Gutiérrez: De la Fundación Hip Hop.
Ana
Rosa Cancela: Pertenece a la Liga Argentina de Derechos Humanos
y a los jubilades y pensionades autoconvocades de S.
Familiares de Detenidos y Víctimas de Violencia
Institucional:
Hilda
Goimás: Madre de un interno.
Liliana
Carrizo: Desde Metán, cuyo familiar sufre violencia
institucional y se le ha apartado de sus hijos.
Mirta
Paz: Vecina del barrio 20 de Febrero que sufrió represión
policial y perdió la vista de un ojo.
Ariel:
Joven víctima de violencia por parte del personal de seguridad de un
boliche y la policía.
Graciela
de Valle Diega y Silvia Carta: Participan como familiares de
internos en la cárcel.
Otros Participantes (Académicos, Independientes, etc.):
José
María Martinelli: Documentalista.
Ana
Sol: Profesora de Ciencias Políticas y estudiante de historia de la Universidad
Nacional de Sal.
José
Cruz y José [no apellido]: Participantes.
Joana:
Psicóloga comunitaria (trabaja en un centro de salud).
Castro
Mauro: Abogado, militante independiente.
Aldo:
Licenciado en antropología, sin afiliación.
1. Propósito y Contexto del Encuentro
La "Jornada por Violencia Institucional en Primera
Persona" fue concebida como un "puntapié inicial" para
consolidar un frente unificado contra el abuso estatal en Salta. Organizada por
el Centro Comunitario Alfa y Andhes, la reunión se estructuró como un
conversatorio en ronda para facilitar el diálogo horizontal y el conocimiento
mutuo entre los participantes.
Los objetivos principales del encuentro fueron:
Compartir
Experiencias: Ofrecer un espacio seguro para que las víctimas directas
y sus familiares pudieran relatar sus vivencias con la violencia policial,
penitenciaria y judicial.
Construir
una Red: Fomentar el conocimiento entre diversas organizaciones,
activistas y ciudadanos afectados para superar el aislamiento que perpetúa
la impunidad.
Articular
una Lucha Conjunta: Iniciar el proceso de creación de un espacio de
trabajo colectivo para desarrollar estrategias integrales que combinen
acciones judiciales, formación en derechos, visibilidad mediática y
movilización social.
Visibilizar
la Sistematicidad: Demostrar que los abusos no son casos aislados,
sino parte de una política de Estado histórica y estructural que requiere
una respuesta organizada y solidaria.
2. Análisis de la Violencia Institucional: Testimonios y Modalidades
Durante la jornada, los testimonios de los participantes
perfilaron las diversas facetas de la violencia estatal, revelando patrones de
conducta y grupos específicos que son objeto de persecución.
Violencia Policial
La violencia ejercida por las fuerzas policiales fue un tema
central, caracterizada por su arbitrariedad y su enfoque en el control de
poblaciones vulnerables.
Detenciones
Arbitrarias y Operativos Selectivos: Se denunciaron operativos
sistemáticos como el "Operativo Trapito" y otras acciones
dirigidas a personas en situación de calle, vendedores ambulantes y la
comunidad trans, realizadas sin garantías constitucionales.
Uso
Excesivo de la Fuerza: Se presentaron testimonios de brutalidad
física, como el de Mirta Paz, del barrio 20 de Febrero, quien perdió la
visión de un ojo por un disparo de la policía mientras se encontraba
dentro de su domicilio. Otro caso fue el de Gerry Gutiérrez, detenido y
golpeado por cuestionar la legalidad de una requisa.
Persecución
y Hostigamiento: Múltiples relatos señalaron la "portación de
rostro" como causa de detención, afectando principalmente a jóvenes
de barrios populares. Se describió un patrón de persecución a artistas
callejeros y activistas.
Irregularidades
y Obstrucción: Se destacó la falta de identificación de los agentes
policiales, la destrucción deliberada de pruebas (como teléfonos móviles
que graban los abusos) y la negativa de las comisarías a tomar denuncias
contra otros efectivos.
Violencia
en Espacios de Ocio: El caso de Ariel Avendaño expuso la connivencia
entre la seguridad privada de un boliche y la policía, quienes lo
golpearon brutalmente tras ser expulsado injustamente del local,
evidenciando la expansión de la violencia estatal a ámbitos privados.
Violencia Penitenciaria
El sistema carcelario fue descrito como un espacio de
anulación de derechos y de violencia estructural, donde el castigo excede
largamente la privación de la libertad.
Condiciones
Inhumanas de Detención: Se denunció una sobrepoblación del 150%, con
celdas diseñadas para 8 personas albergando a 25. Las condiciones
higiénicas son deplorables, con letrinas dentro de las celdas, generando
una situación humillante y brutalizante.
Abuso
Físico y Aislamiento: Los testimonios de familiares, como los de Hilda
Goimás y Graciela de Valle Diega, describieron golpizas de hasta 11
agentes contra un solo interno y el uso del "régimen"
(confinamiento en solitario) como castigo discrecional y prolongado.
Negación
de Derechos Fundamentales: Se reportó la restricción del acceso a la
educación, la salud y el trabajo. Los internos que intentan organizarse o
educar a sus pares son sancionados. Un caso paradigmático fue el del hijo
de Hilda Goimás, castigado por organizar un círculo de alfabetización.
Corrupción
y Narcotráfico: Se afirmó que el servicio penitenciario facilita el
narcotráfico dentro de las cárceles, agravando las adicciones en lugar de
tratarlas. Además, se denunció el robo sistemático de víveres y donaciones
destinadas a los internos.
Ruptura
de Vínculos Familiares: El sistema restringe arbitrariamente las
visitas, limitando el número y tipo de familiares que pueden ingresar.
Esto es percibido como una estrategia deliberada para cortar el vínculo de
los internos con sus redes de apoyo.
Violencia Judicial
El Poder Judicial fue señalado como un actor clave en la
perpetuación de la impunidad, caracterizado por su inacción, falta de empatía y
por ser un sistema que revictimiza a quienes buscan justicia.
Falta
de Acceso y Respuesta: Múltiples testimonios, como el de Liliana
Carrizo de Metán, describieron la negativa de los jueces a recibir a
familiares y la falta de medidas efectivas para proteger a las víctimas,
incluso en casos de menores de edad.
Revictimización:
Se denunció que el sistema judicial responsabiliza a las víctimas,
especialmente en casos de abuso sexual, y las somete a procesos largos y
desgastantes diseñados para que desistan.
Complicidad
con la Impunidad: La alta tasa de archivo de causas y la falta de
condenas a agentes estatales demuestran que el sistema judicial no ejerce
un control efectivo sobre los otros poderes, sino que funciona como un
garante del estatus quo.
Pía Ceballos, del Movimiento Trans Argentina, expuso la
violencia histórica y sistemática contra esta comunidad, que combina el abuso
policial con la indiferencia judicial y social.
Persecución
Histórica: Se denunció que las prácticas represivas de la dictadura
militar continuaron en democracia contra las corporalidades
travesti-trans, consideradas un "escándalo a la moral y a las buenas
costumbres".
Abuso
y Crímenes de Odio: Se relató un patrón de detenciones violentas,
abusos sexuales en comisarías y extorsión. Se mencionó el caso reciente de
Fernanda Arias, quien murió en custodia policial en Rosario de Lerma bajo
circunstancias sospechosas calificadas como suicidio, un relato que la
comunidad rechaza firmemente.
Responsabilidad
Estatal: Se subrayó que los asesinatos y la violencia contra la
comunidad no son hechos aislados, sino crímenes de odio en los que la
policía es un partícipe primario y el sistema judicial garantiza la
impunidad.
La Transversalidad de la Lucha: El Llamamiento de Fernando Pequeño Ragone
en Defensa de los Derechos Humanos Amplios
La participación de Fernando Pequeño Ragone,
en representación de la Asociación Ragone, en las jornadas sobre violencia
institucional, se articuló en torno a la necesidad de visibilizar las luchas
por los derechos humanos en el contexto sociopolítico actual. Su presencia se
motivó particularmente por la propuesta de debatir sobre la violencia
institucional y las condiciones de detención de las personas
privadas de libertad.
La Asociación Ragone, históricamente, ha mantenido un
compromiso amplio con diversas temáticas de derechos humanos. Su trabajo ha
abarcado desde los juicios de lesa humanidad hasta la lucha contra la
discriminación y la defensa de los derechos de las mujeres y de la
diversidad. Recientemente, el enfoque de la asociación ha evolucionado para
incluir el monte pensado como sujeto de derechos humanos, abordando las
maneras ontológicas y las formas en que la sociedad se relaciona con el
ambiente y la naturaleza.
El punto central de la intervención de Pequeño Ragone fue su
profundo interés en el resultado de la transversalidad de las luchas.
Para él, este enfoque interconectado es lo que verdaderamente puede marcar una
diferencia, especialmente en un momento caracterizado por la muchísima
fragmentación social. Esta fragmentación, según su análisis, es exacerbada
por el "bombardeo" constante que ejercen los gobiernos nacionales y
las derechas del mundo. En esencia, su mensaje subraya que la unificación de
los diversos frentes de lucha es la estrategia clave para enfrentar y resistir
las embestidas de los poderes que buscan restringir los derechos.
3. Datos y estadísticas clave presentados por Andhes
La organización Andhes presentó datos cuantitativos que
confirman la magnitud del problema y la ineficacia del sistema para abordarlo.
Encuesta a Participantes de la Jornada (N=37)
Resultado
Sufrieron violencia institucional
64%
No forman parte de una ONG
54%
No realizaron ninguna acción (principalmente por miedo)
19%
Denuncias registradas
6
Acciones judiciales iniciadas
4
Datos del Ministerio Público Fiscal (Período Ene 2024 -
Jul 2025)
Cifra
Total de denuncias por violencia institucional
1.735
Legajos de investigación abiertos
18 (1%)
Audiencias de debate (juicios)
39 (2%)
Causas archivadas
771 (44%)
Estos datos revelan una alarmante realidad: mientras la
violencia es una experiencia común para muchos, el miedo paraliza la denuncia.
A su vez, el sistema judicial desestima o archiva la gran mayoría de los casos
que sí llegan a ser denunciados, creando un ciclo de impunidad.
Del Dolor Personal al Cuestionamiento Político: La Deuda de la Democracia y
el Sistema Represivo
La intervención de Blanca Lescano,
secretaria de derechos humanos de la CTA Autónoma Salta e integrante de la
Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos, aportó una perspectiva
histórica y estructural a las jornadas sobre violencia institucional. Su
contribución se centró en la necesidad de trascender el dolor individual y
cuestionar las responsabilidades políticas que permiten la persistencia de los
mecanismos represivos en el marco de la democracia actual.
Lescano basó su reflexión en su experiencia como familiar de
detenidos desaparecidos, un contexto histórico donde se utilizó un sistema de
genocidio para operar. Al comparar los encuentros federales de derechos humanos
en los que participó—particularmente en la comisión de Gatillo Fácil—observó
una tendencia recurrente: la gente hablaba masivamente, pero el foco se detenía
en culpar al perpetrador directo (el policía) y en las circunstancias del
hecho, sin llegar a plantear las responsabilidades políticas ni
cuestionar el sistema en sí mismo.
El argumento central de Lescano radica en que, a pesar de
que los genocidas de la dictadura han sido encarcelados, la sociedad continúa
admitiendo un sistema político del cual el sistema carcelario es una
consecuencia. En su análisis, el dolor profundo y personal que experimentan los
familiares de las víctimas o los presos dificulta a menudo ver el "por
qué" de las atrocidades. Su propio camino como militante, que comenzó por
el dolor de sus seres queridos secuestrados, se transformó en un dolor por la
sociedad y por el sistema, impulsando la búsqueda de formas para modificar
dicha estructura.
Lescano advirtió que el sistema represivo sigue existiendo
en democracia para determinados sectores y bajo ciertas circunstancias,
mientras que otros están exentos. Las legislaciones, como los códigos
contravencionales, son modificadas para ser "más represivas, más
restrictivas y más injustas", castigando acciones como la resistencia a la
autoridad con penas de prisión. En este sentido, la democracia está en deuda,
ya que el sistema represivo subsiste para esos sectores.
Finalmente, la oradora hizo un llamado a diferenciar y
garantizar que, incluso cuando se busque justicia para aquellos que han
delinquido, el sistema no repita los métodos de tortura y abuso. La reflexión
de Lescano instó a los participantes a superar su propio dolor para, de manera
conjunta y solidaria, cuestionar un sistema que, bajo el amparo de la
democracia, mantiene operativas las herramientas de represión estatal.
4. Temas transversales y conclusiones centrales
Carácter
Sistémico y Selectivo: La violencia no es aleatoria. Se dirige con
precisión a sectores sociales específicos: los pobres, los jóvenes
racializados, las personas en situación de calle, las disidencias sexuales
y quienes no encajan en la norma social. Es una herramienta de control
social clasista y patriarcal.
El
Estado como Responsable: Se concluyó que la responsabilidad es del
Estado en su totalidad. El poder ejecutivo ordena y ejecuta la represión,
el poder judicial la consiente con su inacción y el poder legislativo no
crea los mecanismos para controlarla.
Deudas
de la Democracia: Una pregunta recurrente fue si esta violencia es una
"deuda de la democracia" o si "la democracia sigue siendo
una deuda". La persistencia de prácticas heredadas de la dictadura
demuestra una fractura en el Estado de derecho.
Aislamiento
como Herramienta de Impunidad: La estrategia más eficaz del sistema
represivo es aislar a sus víctimas. El miedo a represalias, la vergüenza y
la falta de recursos impiden la denuncia y la organización, permitiendo
que los abusos continúen.
La
Salida es Colectiva: La única respuesta viable identificada es la
acción colectiva. La solidaridad entre diferentes luchas (feminista,
derechos humanos, de trabajadores, de la comunidad LGBTIQ+) es fundamental
para construir una fuerza capaz de desafiar al sistema.
5. Estrategias y Propuestas de Acción Colectiva
El encuentro finalizó con un llamado a la acción y la
formulación de una serie de propuestas para dar continuidad a la lucha.
Creación
de un Pliego de Reclamos Unificado: Sistematizar las demandas de todos
los sectores afectados para presentarlas de manera conjunta. Los puntos
iniciales incluyen:
El
fin de los operativos policiales arbitrarios como el "Operativo
Trapito".
La
derogación del Código Contravencional, considerado una herramienta de
disciplinamiento social.
Garantizar
el tratamiento de adicciones en las cárceles y denunciar el rol del
Servicio Penitenciario en el narcotráfico.
Asegurar
el pleno derecho a la salud, educación y trabajo para las personas
privadas de libertad.
Detener
las prácticas del sistema penitenciario que buscan cortar los vínculos
familiares de los internos.
Fortalecimiento
de una Red Intersindical: Formalizar el espacio de encuentro para
compartir recursos legales, mediáticos y de acompañamiento psicosocial.
Visibilización
y Denuncia Pública: Utilizar los medios de comunicación y las redes
sociales como herramienta estratégica para exponer los abusos,
especialmente cuando los canales institucionales fallan.
Formación
y Alfabetización Jurídica: Empoderar a las comunidades más vulnerables
con el conocimiento de sus derechos para que puedan defenderse de los
abusos.
