La Raíz que Permanece: Memoria, Masculinidades y Proyecto Político en el Homenaje a Felipe Burgos

 

A cincuenta años del asesinato del dirigente campesino Felipe Burgos, un acto en Campo Quijano reunió a sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos en un ejercicio de memoria que trascendió el ritual conmemorativo. Fernando Pequeño Ragone, nieto del gobernador desaparecido Miguel Ragone, reconstruye en primera persona algunas tensiones: entre la sanación subjetiva de los deudos y la exigencia de convertir el recuerdo en herramienta de resistencia política; entre la intimidad conyugal que Marines, viuda de Burgos, rescata con ternura militante y las fracturas institucionales que amenazan con diluir el legado en disputas estériles. A través del análisis de testimonios, archivos familiares y masculinidades alternativas en la política revolucionaria, este ensayo explora cómo el proyecto reformista truncado en 1976 —reforma agraria, educación popular, sindicalismo rural— interpela un presente signado por el despojo neoliberal. No es solo un homenaje a un caído, sino una reflexión urgente sobre qué significa hacer memoria cuando el terreno político se vuelve cada vez más árido, y las semillas del pasado esperan condiciones para germinar nuevamente.

Por Fernando Pequeño Ragone asistido con IA NotebookLM y Claude

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Contenidos:

Elpeso de los nombres en la plaza

LosAlbores del Conflicto: Ragone, Burgos y el Sueño Truncado

VocesSilenciadas: El Testimonio de Marines y la Pedagogía del Oprimido

LaConstrucción Colectiva de la Memoria: Artistas, Testigos y Militantes

ElArchivo como Refugio: Documentos, Silencios y Búsquedas Pendientes

TensionesInstitucionales: El Campo Fragmentado de los Derechos Humanos

MasculinidadesHegemónicas y Alternativas en la Política de la Memoria

ElLegado Archivado: Entre la Intimidad Familiar y la Estrategia Política

ReflexionesInstitucionales: El Partido y la Memoria

CincuentaAños Después: Lecciones y Fracturas

LaRaíz que Permanece

Referencias

Síntesis dos

El peso de los nombres en la plaza

Cuando llegué a la plaza principal de Campo Quijano la tarde del 10 de febrero de 2026, el aire estaba cargado de una tensión que conocía bien. No era solo el calor seco  característico del Valle de Lerma ya agotándose en los cerros de la cordillera, sino algo más denso: cincuenta años de silencio intentando romperse, de memorias subterráneas —como las llamaría Pollak (2006)— buscando finalmente su lugar en el espacio público. Venía como nieto de Miguel Ragone, último gobernador constitucional de Salta desaparecido por la dictadura, pero también como militante de derechos humanos que había aprendido, dolorosamente, que la memoria no es un objeto estático sino un campo de batalla permanente.

El acto conmemoraba medio siglo del asesinato de Felipe Burgos, dirigente de la Unión de Trabajadores del Campo (UST/FUSCA), secuestrado y ejecutado por grupos parapoliciales en febrero de 1976, apenas semanas antes del golpe que unos días antes, también se llevaría a mi abuelo. Burgos había sido funcionario del gobierno de Ragone, encargado de llevar adelante un proyecto de reforma agraria que amenazaba los cimientos mismos del poder terrateniente en el norte argentino. Su muerte, como la de tantos, no fue casual: fue el precio que pagó un proyecto político que imaginaba otro país posible.

Pero en 2026, mientras el gobierno nacional emprendía lo que muchos asistentes describían como una "demolición sistemática de derechos", aquel acto adquiría una resonancia particular. No éramos solo familiares y compañeros recordando a un caído; éramos sobrevivientes de un naufragio que se repetía, buscando en las raíces del pasado las herramientas para resistir el presente.

Las palabras de María, viuda de Burgos en el acto

Los Albores del Conflicto: Ragone, Burgos y el Sueño Truncado

Para comprender la magnitud de lo que se homenajeaba ese día, es necesario retroceder a principios de los años setenta. El gobierno de Miguel Ragone (1973-1974) representó en Salta una ventana breve pero intensa de transformación social. Como ha documentado Kindgard (2009) en sus investigaciones sobre el peronismo salteño, aquella gestión intentó modificar estructuras de poder que databan de la época colonial: el latifundio, la explotación de comunidades originarias, la precarización sistemática del campesinado.

Felipe Burgos era la pieza clave de ese proyecto en su dimensión rural. Maestro formado en la Puna, había desarrollado una sensibilidad única hacia las necesidades de los trabajadores del campo. Como señalaba Marcelo Rodríguez Faraldo en su discurso durante el acto, Burgos se había "autoformado" en condiciones extremas, leyendo teatro y aprendiendo idiomas en Cata, una zona remota de la cordillera donde la ausencia estatal era absoluta. Esa formación no académica pero profundamente humanista lo convirtió en un organizador excepcional.

Yo recordaba, mientras escuchaba los testimonios, las páginas amarillentas que había encontrado años atrás en el placard de mi abuela. Eran documentos mecanografiados por Burgos, con recomendaciones sociales dirigidas a mi abuelo. Esas treinta o cuarenta páginas contenían el esqueleto de un programa de gobierno que la dictadura necesitó borrar: reforma agraria, educación popular, reconocimiento de derechos indígenas, fortalecimiento del sindicalismo rural. Como afirmé durante mi intervención en el acto, "se lo llevaron puestos a todos" —a Burgos, a Ragone, al proyecto mismo— porque representaban una amenaza existencial para las oligarquías provinciales.

La FUSCA (Federación Única de Sindicatos de Trabajadores Campesinos Argentinos), bajo el liderazgo de Burgos, había logrado organizar a casi 250,000 trabajadores rurales, conectando la lucha local con redes internacionales de agricultura familiar. Esta visibilización del campesinado, como destacaba Rodríguez Faraldo, era inédita en la historia salteña. Burgos no era el "gaucho de cartón" o de desfile folklórico que la cultura hegemónica promovía, sino un "auténtico gaucho solidario" cuya identidad estaba ligada a la praxis de recorrer parajes remotos, compartir mates, y construir colectivamente.

Voces Silenciadas: El Testimonio de Marines y la Pedagogía del Oprimido

El momento más intenso del acto llegó cuando María Inés "Marines", viuda de Burgos, tomó la palabra. A sus ochenta y tantos años, con la voz quebrada por la emoción pero firme en su mensaje político, Marines realizó una operación discursiva que Jelin (2002) llamaría "rehumanización del desaparecido". No presentó a Felipe como una cifra estadística del terrorismo de Estado, sino como un hombre de carne y hueso, con sus rituales domésticos, su humor, sus contradicciones.

De iaq a der: María Inés viuda de Burgos, Marcelo Rodríguez Faraldo, Eloísa Rivero, Blanca Lescano, Sonia Alvarez.

Lo que más me impactó fue su descripción del "noviazgo de taller". Marines narró: "Nuestro noviazgo no fue de salón, fue un noviazgo de taller porque nunca tuvimos tiempo de salir". Esta frase condensaba una concepción de la militancia donde lo personal y lo político eran indistinguibles. El afecto conyugal no existía separado del compromiso colectivo; el hogar no era un refugio del mundo, sino otro frente de construcción política.

Como trabajadora social, Marines había acompañado a Felipe en su trabajo territorial. Describió la metodología que empleaban en comunidades indígenas del Chaco salteño y Embarcación, basada en la pedagogía de Paulo Freire: usar franelógrafos, cuentos, dramatizaciones para que los campesinos se sintieran "capaces de pensar", para devolverles su estatus de sujetos políticos que el sistema les había negado sistemáticamente. El episodio de Yolanda Flores que Marines relató era paradigmático: una mujer indígena que, tras participar en las actividades de educación popular, afirmó ante su cacique que las mujeres "no solo estamos para mezclar la olla, también estamos para hablar lo que sentimos".

Aquí se manifestaba algo que Diana Maffía (2008) ha teorizado extensamente: la ruptura del espacio doméstico como único lugar asignado a las mujeres, la irrupción de una subjetividad política feminizada que desafiaba tanto el universalismo masculino del sindicalismo tradicional como las estructuras patriarcales de las comunidades. Burgos, según Marines, no solo permitía sino que incentivaba esta emancipación discursiva, lo cual lo alejaba de los modelos de masculinidad hegemónica que dominaban el movimiento obrero argentino.

Pero Marines también expuso un aspecto que considero fundamental para entender la ética política de Burgos: su rechazo absoluto al nepotismo. Siendo director del Ministerio de Bienestar Social durante el gobierno de Ragone, nunca nombró a Marines ni a ningún familiar, obligándola a volver a su trabajo como docente cuando finalizó su contrato temporario. "Su esposa volvió a la casa porque nunca me nombró, siendo él el director", afirmó con una mezcla de orgullo y nostalgia. En un contexto político argentino —y particularmente salteño— donde el empleo público funciona como moneda de intercambio y los funcionarios colocan sistemáticamente a sus allegados, esta actitud de Burgos era casi revolucionaria.

Analicé entonces, escuchándola, cómo esta transparencia en la función pública contrastaba brutalmente con el presente de 2026. El gobierno nacional había convertido la "motosierra" (metáfora del ajuste brutal sobre el Estado) en símbolo de gestión, despidiendo masivamente a trabajadores públicos mientras mantenía estructuras clientelares intactas. La ética de Burgos —despersonalizar el poder, no usar el Estado para beneficio propio o familiar— parecía pertenecer a otro universo político.

La Construcción Colectiva de la Memoria: Artistas, Testigos y Militantes

Marcela Borla

La materialidad del acto mismo fue significativa. Marcela Borla, artista ceramista, había creado la placa conmemorativa que sería colocada en la plaza. Su intervención fue breve pero poéticamente potente. Relató cómo se había "llenado de historias" sobre Burgos para poder representarlo materialmente, y rescató una anécdota que transformaba el horror en resistencia vital: Burgos solía llevar semillas en los bolsillos y, mientras caminaba con Marines por senderos rurales, las soltaba discretamente en la tierra. Años después del asesinato, Marines transitaba los mismos caminos acompañada por "el perfume y los colores de las miles de florecitas" que Felipe había sembrado involuntariamente.

Esta metáfora —el militante que siembra vida incluso sin saberlo, cuya muerte no logra impedir la floración de su proyecto— era una respuesta estética al "silencio y olvido" que Pollak (2006) identifica como estrategia central del terrorismo de Estado. Los "milicos asesinos", como los llamó Borla sin eufemismos, habían intentado borrar física y simbólicamente a Burgos. Pero la materialidad de las flores, como la materialidad de la placa cerámica, como la materialidad de los cuerpos reunidos en la plaza, desmentían esa pretensión.

Nora "Norita" Leonard, militante histórica de la Juventud Universitaria Católica (JUC) y compañera de organización de Burgos, aportó otra dimensión crucial: la "paz interior" y la "mansedumbre" del dirigente. Norita destacó que Felipe "recorría fincas donde había patrones muy anticampesinos" y, sin embargo, "iba y caminaba detrás de poder llegar a todos los campesinos", desafiando directamente las estructuras de poder agrario en sus propios territorios. Esta "mansedumbre con autoridad" que varios oradores mencionaron plantea interrogantes sobre las masculinidades políticas.

Yo reflexionaba sobre cómo la figura de Burgos deconstruía el arquetipo del líder revolucionario como hombre agresivo, confrontativo, dominante. Su poder no emanaba de la imposición sino de la escucha, de la capacidad de tocar la guitarra y cantar con los campesinos, de compartir mates antes de hablar de organización sindical. Connell (1995), en su análisis sobre masculinidades, distingue entre formas hegemónicas y subalternas o cómplices del ser varón. Burgos parecía encarnar una masculinidad alternativa: ligada al cuidado del otro, a la construcción colectiva, alejada de los estereotipos del "macho revolucionario" tan presentes en la épica setentista.

El Archivo como Refugio: Documentos, Silencios y Búsquedas Pendientes

Durante el acto, tuve un intercambio que me provocó una "ansiedad de la puta madre", como le confesé a José González, el moderador. Un hombre de Quijano cuyo padre había sido militante, se me acercó con información sobre el posible paradero de los restos de mi abuelo Miguel Ragone.

José Gozáles y Canela Alvarez, organizadores.

 Este diálogo condensaba una de las tensiones centrales de la justicia transicional argentina: la búsqueda de verdad material frente al "pacto de silencio" policial e institucional que persiste décadas después. Como señala el informe de la CONADEP (1984), la desaparición forzada no concluye con la muerte; se extiende indefinidamente mientras los restos permanezcan ocultos y los responsables, impunes o silentes. Pollak (2006) llamaría a esto "memorias subterráneas" que circulan en susurros, en conversaciones privadas entre familias, pero que no logran emerger al espacio público-judicial por temor, complicidad o desinterés estatal.

En mi intervención durante el acto, había destacado la existencia de esos documentos amarillentos en el archivo familiar —las páginas mecanografiadas por Burgos con recomendaciones al gobernador Ragone— como prueba de un "programa de gobierno que la dictadura buscó invisibilizar". Este hallazgo documental funcionaba, en términos de Jelin (2002), como "marca territorial" de memoria: evidencia material que ancla el sentido del pasado en el presente y disputa la narrativa oficial del olvido.

Pero también reflexioné sobre lo que esos archivos revelaban sobre nuestras organizaciones de derechos humanos. Como le planteé a Blanca "Nenina" Lescano al día siguiente del acto, existía una tensión entre la "memoria de sanación" (que el acto había proporcionado a Marines y otros familiares) y la "memoria de lucha" que Nenina, a sus 82 años, exigía con vehemencia. Nenina había criticado duramente lo que percibía como "estatización" o "estetización" de la memoria: actos que consuelan subjetividades heridas pero no interpelan el poder presente, que "lloran muertos" sin construir resistencia política efectiva.

Tensiones Institucionales: El Campo Fragmentado de los Derechos Humanos

Marcelo Rodriguez Faraldo y Fernando Pequeño Ragone

Mi conversación con militantes de la memoria y de las organizaciones que estuvieron presente en el acto, me configuró fisuras profundas en el movimiento de derechos humanos salteño. Referentes con décadas de militancia, denunció "copia" o usurpación de tradiciones por parte de nuevos actores que carecerían de legitimidad histórica y estrategia política clara.

Este fenómeno de duplicación de identidades institucionales no es menor. Revela lo que he conceptualizado en mi análisis como una crisis de representatividad y cohesión en el campo de la memoria. Jelin (2002) entiende la memoria como un "campo de lucha" donde distintos actores compiten por el "capital simbólico de la verdad". En Salta, la fragmentación institucional es tan profunda que algunos sectores, incapaces de construir identidades propias con credibilidad, optan por mimetizarse con organizaciones históricas, generando confusión y diluyendo el impacto político. En el contexto de los 50 años del golpe, muchas instituciones se acercan a los organismos más tradicionales de derechos humanos buscando legitimarse.

Tomo como un ejemplo positivo la acción de José "Pepe" González, organizador del acto de Felipe Burgos. Su trabajo, aunque imperfecto, merece ser "sostenido e incentivado" en lugar de ser criticado. Sin embargo, para algunas de las viejas militantes cuyo horizonte ha sido siempre la lucha política de transformación, el acto no habría estado a la altura de las necesidades y urgencias del momento; si no se traducía en metodologías concretas de resistencia contra el "robo del país" que estaba ocurriendo bajo el gobierno de Milei. "Hoy la memoria es para la lucha. Hoy nos están robando el país", sentenciaron.

Esta tensión entre sanación subjetiva y estrategia política es constitutiva del campo de derechos humanos, pero se agudiza en contextos de crisis. El "dispositivo neoliberal", como lo analicé con junto a las compañeras de la memoria histórica, genera "parálisis" al atomizar a los actores sociales, haciendo que prioricen sus "pequeñas vidas institucionales" sobre la construcción de una unidad política sólida. Hoy más que nunca es necesario superar la "incapacidad de modificar el discurso" y adaptar las metodologías de memoria a un presente radicalmente distinto del de los años ochenta o noventa.

Como nieto de desaparecido y militante, me vi interpelado por esa crítica. ¿Era el acto en Quijano una reparación simbólica genuina o, como sugerían algunas compañeras, una ritualización vacía que no incomodaba al poder? ¿Podía la "intimidad de la memoria" —esa dimensión afectiva y sanadora que yo mismo había reivindicado— coexistir productivamente con la "memoria activa y viva" que exigen las viejas de la memoria?

Masculinidades Hegemónicas y Alternativas en la Política de la Memoria

Uno de los aspectos que más me interpelaron durante y después del acto fue el modo en que distintas masculinidades se manifestaban en el espacio político. Burgos, según múltiples testimonios, encarnaba una masculinidad no hegemónica: "manso", "con paz interior", capaz de tocar la guitarra y compartir afectos, pero simultáneamente firme en sus convicciones y efectivo en su organización sindical. Esta combinación desafiaba el modelo dominante del líder obrero como figura autoritaria, vertical, emocionalmente distante.

Connell (1995) ha teorizado sobre las "masculinidades cómplices" que, sin encarnar plenamente el ideal hegemónico del varón dominante, obtienen beneficios del patriarcado sin cuestionarlo estructuralmente. Burgos parecía representar algo distinto: una masculinidad que Maffía (2008) llamaría "ética del cuidado politizada", donde el poder se ejerce a través de la construcción colectiva y no de la imposición jerárquica.

Yo reflexionaba sobre mi propia posición como varón en el campo de los derechos humanos. El apellido Ragone me otorgaba un "capital simbólico" (Bourdieu, 1986) inmediato en Salta: era el nieto del gobernador mártir, lo cual me abría puertas institucionales y me confería autoridad moral casi automática. Pero esa autoridad heredada también implicaba una responsabilidad: no reproducir las lógicas masculinas hegemónicas que habían caracterizado históricamente al peronismo salteño y a muchas organizaciones políticas.

Durante el acto, había intentado validar públicamente la centralidad de Marines, de Marcela Borla, de Mirella Caanu (cuyo audio grabado desde Córdoba fue reproducido). "Marines, me conmueve tu presencia acá", le había dicho, buscando visibilizar que la autoridad sobre el relato de Burgos residía en ella, no en los varones que hablábamos sobre él. Pero ¿era suficiente esa validación discursiva? ¿O reproducía, sutilmente, una lógica paternalista donde el varón "permite" o "habilita" la voz femenina en lugar de cuestionar estructuralmente por qué esa voz necesita ser habilitada?

Maffía (2008) advierte sobre los peligros del "feminismo de varones" que se convierte en apropiación simbólica: hombres que hablan de género sin ceder poder real, que se presentan como aliados sin modificar prácticas institucionales concretas. Yo me preguntaba si mi participación en el acto, y en el campo de derechos humanos en general, no corría ese riesgo. ¿Estaba usando mi capital simbólico para amplificar voces históricamente silenciadas o, inadvertidamente, para reforzar mi propia posición en el campo político?

El Legado Archivado: Entre la Intimidad Familiar y la Estrategia Política

En mi intervención durante el acto, había propuesto una tesis que consideraba central: "las memorias de la intimidad funcionan como el plafón de lo que después van a ser las memorias públicas, políticas, las políticas públicas, los cambios". Esta idea —que la vivencia personal, la biografía familiar, son precondición para la transformación estatal— no era solo un argumento abstracto sino el resultado de mi propia experiencia con los archivos de mi abuelo.

Esas "30, 40 páginas amarillentas" con la letra mecanografiada de Burgos que había encontrado en el placard de mi abuela no eran solo documentos históricos; eran la evidencia material de un proyecto político compartido entre Burgos y Ragone, una prueba de que la reforma agraria, la educación popular, el fortalecimiento sindical rural no eran delirios de jóvenes idealistas sino políticas de Estado con formulación técnica, con presupuesto, con voluntad gubernamental. Y la dictadura necesitó eliminar físicamente a ambos —al funcionario y al gobernador— para frenar ese proyecto.

Jelin (2002) conceptualiza estos hallazgos como parte de los "trabajos de la memoria": procesos activos mediante los cuales individuos y grupos dotan de sentido al pasado traumático, transformándolo en herramienta política. El archivo familiar, en mi caso, funcionaba como refugio pero también como arma: refugio porque contenía fragmentos de la vida de mi abuelo que el Estado terrorista no había podido destruir completamente; arma porque esos fragmentos desmentían las narrativas negacionistas que en 2026, bajo el gobierno de Milei, reaparecían con fuerza (cuestionando los 30,000 desaparecidos, relativizando la sistematicidad del plan genocida, etc.).

Pero también reconocía la tensión que algunas de las compañeras había señalado: ¿de qué servía ese archivo, esa intimidad familiar preservada, si no se traducía en resistencia concreta contra el despojo presente? Ellas había sido brutal en su diagnóstico: "El país cambió y estos no se dieron cuenta", refiriéndose a actores que repetían fórmulas de memoria sin adaptar estrategias. Yo me había sentido interpelado. ¿Mi trabajo con los archivos de Ragone era nostalgia estéril o construcción política?

Había intentado responderle argumentando que necesitábamos "una estrategia donde se vayan sumando", donde la memoria de sanación (fundamental para familias como la de Marines) y la memoria de lucha (exigida por ellas) no se anularan mutuamente sino que se articularan dialécticamente. Pero no había quedado convencidad. Para ellas, el tiempo de "sumar sin romper" había pasado; el presente exigía definiciones más tajantes.

Reflexiones Institucionales: El Partido y la Memoria

Durante mi conversación con las compañeras al día siguiente del acto, había confesado mi "ansiedad" respecto al Partido Justicialista: "A mí me pone muy ansioso mi deseo de querer volver a comprometerme... No quiero meter la pata y volver a salir lastimado". Esta vulnerabilidad, expresada ante referentes que rondan los 80 años y que han dedicado su vida entera a la militancia, revelaba algo que considero estructural en mi generación: la relación ambivalente con las instituciones políticas tradicionales.

El PJ salteño había sido el espacio donde mi abuelo ejerció la gobernación, donde Burgos desarrolló su trabajo sindical. Pero también era una institución atravesada por lógicas clientelares, por disputas internas feroces, por una cultura política frecuentemente refractaria a la autocrítica y la renovación. Como nieto de Ragone, yo portaba un apellido que en el peronismo local funcionaba como "llave institucional", como había analizado en conversaciones anteriores. Pero esa llave abría puertas hacia un espacio que no estaba seguro de querer habitar.

La pregunta que me atormentaba era: ¿puede la agenda de derechos humanos y memoria infiltrarse productivamente en el PJ sin ser cooptada, neutralizada o instrumentalizada? ¿Puede mi posición como nieto de desaparecido funcionar como "escudo" —como me había dicho a mí mismo— para introducir temas que otros sectores considerarían ajenos a la gestión partidaria, presentándolos como parte de la identidad misma del peronismo salteño?

Recupero es esperado escepticismo anclado en las realidades tangibles de la política como herramienta y caos. Para muchos, el PJ era parte del problema, no de la solución. Pero yo no podía descartar tan fácilmente esa arena: ¿dónde más, si no en los partidos con capacidad de acceder al Estado, podía disputarse la posibilidad de políticas públicas de memoria? Las organizaciones autónomas de derechos humanos habían logrado avances judiciales enormes (los juicios por crímenes de lesa humanidad), habían construido lugares de memoria, habían preservado archivos. Pero no habían podido —no podían, por su propia naturaleza— transformar esos logros en políticas estatales sostenibles, con presupuesto, con institucionalidad.

Ahí residía, quizás, una de las tensiones irresolubles del campo de la memoria: la necesidad de mantener autonomía crítica frente al Estado (para no ser cooptados) pero también de incidir en ese Estado (para que las reparaciones no sean solo simbólicas sino materiales, sostenidas en el tiempo). Jelin (2002) ha analizado estas tensiones en distintos países del Cono Sur, mostrando cómo los movimientos de derechos humanos navegan permanentemente entre la denuncia desde afuera y la participación institucional desde adentro, con los riesgos que ambas posiciones conllevan.

Cincuenta Años Después: Lecciones y Fracturas

 Cuando el acto finalizó y la placa quedó descubierta en la plaza —"Ni hombre sin tierra ni tierra sin hombres", rezaba la consigna de Burgos grabada en cerámica—, me quedé observando cómo los asistentes se dispersaban lentamente. Algunos se agrupaban en conversaciones; otros se acercaban a Marines para abrazarla; un grupo de jóvenes fotografiaba la placa con sus teléfonos. Yo me pregunté qué quedaría de ese momento: ¿una marca territorial efectiva que resignificaría la plaza como espacio de memoria? ¿O un monumento más que, con el tiempo, se volvería invisible para los transeúntes, naturalizado en el paisaje urbano de ese pueblo que alojó a Burgos?

Pollak (2006) advierte sobre el riesgo de la "patrimonialización" de la memoria: cuando el recuerdo se convierte en objeto museístico, pierde su capacidad disruptiva, su potencial de incomodar al presente. La placa en Quijano podía funcionar como hito de reparación —y lo era, sin duda, para Marines y para quienes habíamos luchado cincuenta años por ese reconocimiento público— pero también podía convertirse en sustituto de la justicia material pendiente.

Porque, en 2026, los crímenes seguían impunes en su mayoría. La justicia que Marcelo Rodríguez Faraldo había celebrado —"la justicia empezó a caminar", aunque tardíamente con "mocasines manchados"— era frágil, como Nenina Lescano había señalado. El gobierno nacional había iniciado un proceso de revisión de condenas, cuestionaba públicamente los juicios por lesa humanidad, promovía indultos encubiertos. "Seguimos buscando genocidas, pero también para que no nos liberen los que pusimos en cana", había dicho Nenina con amargura.

Las lecciones de cincuenta años de lucha por memoria, verdad y justicia eran, entonces, contradictorias. Por un lado, habíamos logrado lo impensable: en un país latinoamericano, décadas después de la dictadura, seguían realizándose juicios contra perpetradores, se habían construido espacios de memoria, la narrativa sobre los crímenes de Estado estaba instalada en amplios sectores sociales. Por otro lado, esos logros eran reversibles, frágiles, dependientes de correlaciones de fuerza políticas que podían cambiar drásticamente —como estan cambiando en 2026.

La fractura central que el acto en Quijano había expuesto —esa tensión entre memoria como sanación personal y memoria como herramienta de lucha política— no tenía resolución sencilla. Ambas dimensiones eran necesarias; ninguna podía subordinarse completamente a la otra. Marines necesitaba ese espacio de reconocimiento público para sanar cincuenta años de duelo postergado. Las compañeras históricas necesitaban que ese reconocimiento se tradujera en resistencia efectiva contra el despojo presente. Y yo, desde mi posición de nieto, necesitaba encontrar modos de articular ambas urgencias sin romper lo que otros habían construido pacientemente durante décadas.

La Raíz que Permanece

Al finalizar aquel día, mientras conducía de regreso a Salta capital, pensaba en la metáfora que Marines había usado en su discurso. Había descrito a Burgos como "raíz" y a los asistentes al acto como "retoños" de esa raíz que había quedado. La imagen era potente: las raíces permanecen invisibles, subterráneas —como las memorias que Pollak estudia— pero sostienen toda la estructura vital de la planta. Sin raíces, no hay árbol; sin memoria del proyecto político de Burgos y Ragone, no había posibilidad de imaginar alternativas al presente de despojo.

Pero las raíces también pueden pudrirse si no encuentran terreno fértil. Y el terreno de 2026 —con un Estado que se retira sistemáticamente de sus funciones redistributivas, con organizaciones de derechos humanos fragmentadas por disputas internas, con un movimiento social debilitado tras años de derrotas— no parec particularmente fértil. La pregunta que me quedaba, entonces, es cómo nutrir ese terreno, cómo crear las condiciones para que los "retoños" pudieran efectivamente crecer y no marchitarse.

Había aprendido, en ese acto y en las conversaciones posteriores, que la memoria no es un patrimonio que se preserva automáticamente. Es un trabajo permanente, conflictivo, que exige decisiones políticas concretas sobre qué recordar, cómo recordar, para qué recordar. Burgos había sembrado, literalmente, flores en los senderos que recorría. Nosotros debíamos sembrar, metafóricamente, las condiciones institucionales, organizativas, políticas para que su proyecto —y el de mi abuelo— no quedara reducido a una placa hermosa pero inofensiva en una plaza del Valle de Lerma a los pie de Los Andes.

La integración entre intimidad y estrategia que yo había propuesto durante el acto no era solo una formulación teórica; era una necesidad práctica urgente. Como nieto, como varón, como militante, debía encontrar modos de usar el capital simbólico de mi apellido no para validar mi propia posición sino para abrir espacios a las voces históricamente silenciadas. Debía aprender de Marines cómo se construye poder desde la "mansedumbre", de Nenina cómo se sostiene la indignación sin parálisis, de Burgos cómo se organizan los de abajo sin reproducir las jerarquías de arriba.

Cincuenta años después de su asesinato, Felipe Burgos seguía interpelándonos. No como víctima pasiva que demanda compasión, sino como militante que exige consecuencia. La placa en Quijano era un comienzo, no un final. Las semillas que había sembrado —en los surcos de la Puna, en las asambleas campesinas, en las páginas que mecanografió para Ragone— seguían ahí, esperando condiciones para germinar. Nuestra tarea es crear esas condiciones, sabiendo que el terreno era difícil pero que, como Marines había demostrado con su persistencia de cincuenta años, la raíz permanece.

Referencias

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. En J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241-258). Greenwood Press.

CONADEP (1984). Nunca Más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. EUDEBA.

Connell, R. W. (1995). Masculinities. University of California Press.

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI Editores.

Kindgard, A. (2009). Alianzas y enfrentamientos en los orígenes del peronismo salteño, 1943-1955. Prohistoria Ediciones.

Maffía, D. (2008). Contra las dicotomías: Feminismo y epistemología crítica. En Universidad de Buenos Aires, Filosofía política contemporánea (pp. 89-115). CLACSO.

Pollak, M. (2006). Memoria, olvido, silencio: La producción social de identidades frente a situaciones límite. Ediciones Al Margen.

Rodríguez Faraldo, M. (2025). Felipe Burgos: Memoria de un sembrador. Ediciones CTA Salta.

Organizaciones denuncian transfemicidio policial de Fernanda Arias en la Mesa de la Diversidad

En la Mesa de la Diversidad del Gobierno de Salta: Justicia por Fernanda Arias: Organizaciones denuncian transfemicidio institucional y exigen el fin de la impunidad policial en Salta.

Viernes 26 Dic, 10 hs en Polo de las Mujeres, Sec de Género. 

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I. Contexto de Intervención: La Sociedad Civil como Garante de Derechos

Desde las organizaciones sociales, tales como la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia y el MTA (Mujeres Trans Argentina - Salta), trabajamos para que la justicia en Salta deje de ser un "monólogo policial". Nuestra acción estratégica surge ante la evidencia de que, cuando un cuerpo trans muere en custodia, el Estado tiende a activar mecanismos de encubrimiento y borramiento de identidad (identicidio). La sociedad civil hoy se constituye como el único actor capaz de aplicar una perspectiva de género y derechos humanos para evitar que el caso sea archivado como un hecho aislado de "muerte dudosa".

 II. Crónica del Hecho: La Muerte en Custodia en Rosario de Lerma

El 26 de noviembre de 2025, Fernanda Daniela Arias, una mujer trans de 34 años, fue detenida aproximadamente a las 20:00 horas por una supuesta contravención en la Comisaría N° 2 de Rosario de Lerma. Apenas dos horas después, se informó su fallecimiento. Según la versión oficial, Fernanda se habría suicidado por suspensión en su celda. Sin embargo, las organizaciones denunciamos que el Estado falló en su deber de custodia, transformando una detención menor en un femicidio institucional.

Aportes de las Organizaciones de Derechos Humanos al Programa "Democracia, Memoria y Derechos Humanos" de la UNSa

 El presente documento sistematiza cuatro ejes estratégicos de intervención concebidos como contribuciones fundamentales desde la mirada, la experiencia y los intereses de las organizaciones de derechos humanos de Salta. Estas propuestas se presentan para ser integradas como líneas de acción prioritarias en el marco del programa "Democracia, Memoria y Derechos Humanos" de la Facultad de Humanidades (UNSa), institucionalizado mediante la Resolución H. N° 2109-25.

Se trata de enfoques que no solo buscan cumplir con los objetivos de resguardo documental y promoción de la investigación del Programa, sino que pretenden dotarlo de una dimensión política y subjetiva capaz de enfrentar los desafíos del presente. Las cuatro propuestas —que abarcan desde la rearticulación del campo popular y la visibilización de las identidades LGTBIQ+, hasta el análisis psicoanalítico de la avanzada neofascista y la actualización del legado emancipador— se erigen como herramientas para combatir el negacionismo contemporáneo.

Al asumir la memoria como un proceso dinámico y en disputa, estas líneas de trabajo proponen una universidad que no solo conserve el pasado, sino que intervenga activamente en la construcción de una subjetividad democrática, inclusiva y resistente frente a la estética de la crueldad y la deshumanización.

Marcas territoriales: espacio, cura social y riesgos de despolitización. El caso de la intervención municipal en El Portal de la Memoria en Salta

El Portal de la Memoria en el Parque San Martín de Salta, erigido en evocación de los fusilamientos de presos políticos por el Estado argentino en 1976, ha sido recientemente intervenido por el gobierno municipal, que eliminó el espacio de reuniones públicas donde familiares realizaban actos conmemorativos, reemplazándolo por jardines. Esta modificación genera profundo malestar entre quienes utilizan el sitio como marca territorial de duelo colectivo, interpretándola como un acto político de borramiento deliberado de la memoria que despolitiza el horror estatal.

Portal de la Memoria, facahda original. 

Los organismos de derechos humanos en Argentina y Latinoamérica han transformado espacios físicos de represión en marcas territoriales que disputan la memoria colectiva del terrorismo de Estado. En Salta, sitios como el Cementerio de la Santa Cruz, demarcado por fosas comunes de víctimas de la dictadura, y la Plaza de la Memoria de Cerrillos, donde se conmemora la desaparición de Miguel Ragone en 1976, ejemplifican estas luchas locales. Elizabeth Jelin destaca que estos lugares, como la ex ESMA o el paraje Palomitas sobre la ruta 34 —sitio de la masacre de 11 presos políticos en 1976—, pasan de ser meros espacios a "lugares" cargados de sentidos mediante la acción de emprendedores de memoria.

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intervención municipal

Disputas por el Espacio Físico

En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo han inscrito su lucha en la Plaza de Mayo pintando pañuelos blancos, mientras en Salta, el paraje Palomitas en el departamento General Güemes preserva una cruz y placa en homenaje a las víctimas de la masacre. Jelin analiza cómo estos procesos involucran luchas políticas por preservar ruinas o construir monumentos, oponiéndose a intentos de borrar huellas, como en el Cementerio de la Santa Cruz o el Portal de la Memoria en el Parque San Martín de Salta capital. En Latinoamérica, sitios como Villa Grimaldi en Chile o la Glorieta de los Desaparecidos en Guadalajara resignifican espacios contra la violencia.

Peligro de la Despolitización

Borrar estas marcas territoriales implica despolitizar la memoria, transformando lugares como Palomitas o el sitio de Ragone en Cerrillos en espacios neutros que promueven indiferencia y olvido. Jelin advierte que el paso del tiempo o cambios políticos generan contra-memorias, donde el Estado impone clausuras, diluyendo demandas por verdad y justicia. Esta despolitización convierte el horror en rutina.

Responsabilidad de Estados Provinciales y Municipales

En el contexto actual del Estado argentino, marcado por una ola negacionista y reivindicativa del terrorismo de Estado bajo el gobierno de Donald Trump como referente ideológico, los estados provinciales y municipales enfrentan una responsabilidad crítica en la preservación de estos sitios. En Salta, el gobierno provincial y municipal deben garantizar la demarcación permanente de los sitios de memoria como el Portal de la Memoria en Salta y la Plaza de la Memoria de Cerrillos, oponiéndose a presiones para reutilizar espacios como el de Palomitas con fines turísticos o comerciales que diluyan su carga histórica. Jelin subraya que esta obligación estatal no solo protege las marcas territoriales, sino que contrarresta narrativas revisionistas promoviendo rituales de memoria que reafirmen la justicia transicional frente al riesgo de impunidad. ​

Espacio como Cura y Duelo

Estas marcas facilitan la cura social al permitir duelo colectivo para familiares, convirtiendo sitios como la Plaza de la Memoria de Cerrillos —donde se halló el auto de Ragone— o Palomitas en espacios de enunciación. Para Jelin, preservar placas o monolitos habilita "trabajos de memoria" que honran desaparecidos y transmiten mensajes éticos, fomentando identificación en contextos locales como Salta. Así, el espacio físico se vuelve herramienta reparadora, activando responsabilidades colectivas en fosas del Cementerio de la Santa Cruz sin cristalizar sentidos unívocos.

 

Detenciones Arbitrarias en Salta: Prejuicio Policial y la Defensa de la Libertad Física

 El abogado salteño Agustín Colque, quien interviene en el debate como profesional del derecho y ciudadano, enmarca su relato dentro de las acciones estratégicas de la Asociación Miguel Ragone y la Mesa de Derechos Humanos, las cuales lo convocaron para presentar un amicus curiae dentro de un habeas corpus colectivo, correctivo y preventivo ante la Corte de Justicia de Salta. 

Imágen:  Red de Litigantes LGBTI de las Américas

Este recurso legal busca la democratización de la justicia al exigir al Poder Ejecutivo la modificación de las políticas de seguridad y la cesación de las detenciones arbitrarias, discriminatorias y violentas. Los tres puntos centrales de la exposición de su interlocución con los periodistas se centran en: 1) La arbitrariedad y la violación de la inocencia: las detenciones se realizan sin orden judicial o proceso iniciado, simplemente por orden policial, incluso contra personas jurídicamente inocentes, lo que avasalla la presunción de inocencia y el derecho a la libertad ambulatoria. 2) La discriminación sistemática: las detenciones están fuertemente influenciadas por el prejuicio del agente policial y el estigma social, afectando de manera desproporcionada a grupos históricamente vulnerados, como la comunidad LGBT (especialmente mujeres trans y travestis, a quienes se les niega el respeto a la identidad de género al ser encerradas con hombres) y a personas racializadas o en situación de pobreza. 3) Las condiciones ilegales de detención: más allá de la privación ilegítima de la libertad, la situación se agrava por la violencia institucional (apremios, golpizas) y las condiciones inhumanas de encierro, como la sobrepoblación alarmante (más del 100% en la Alcaidía Salta) y la incomunicación, violando reglas básicas de dignidad humana y los estándares de las Naciones Unidas.

Violencia Institucional en Primera Persona: Voces de la Lucha Colectiva Contra el Abuso Estatal

Fue en instalaciones de la U N Sa, el viernes 12 diciembre en el contexto del día internacional de los Derechos Humanos. 

Sintetizamos los temas centrales, testimonios y conclusiones de la "Jornada por Violencia Institucional en Primera Persona", un encuentro organizado por el Centro Comunitario Alfa y la organización Andhes. El evento reunió a víctimas, familiares, activistas y miembros de diversas organizaciones para visibilizar y articular una respuesta colectiva a la violencia ejercida por el Estado en Salta. La violencia institucional —policial, penitenciaria y judicial— no consiste en incidentes aislados, sino que constituye un problema sistémico, estructural e histórico, aplicado de manera selectiva contra los sectores más vulnerables de la sociedad.

Ver también
“La Violencia Institucional en Primera Persona”:
Se concretó exitosamente la primera jornada de
trabajo colectivo en contra de la violencia institucional.
Por ALFA

Los datos presentados por Andhes subrayan una profunda brecha entre la prevalencia del abuso y la respuesta oficial: de un total de 1.735 denuncias por violencia institucional recibidas por la Fiscalía de Derechos Humanos en un período determinado, solo el 1% derivó en legajos de investigación abiertos, mientras que el 44% de las causas fueron archivadas. Los testimonios evidencian que las principales víctimas son jóvenes de barrios populares, personas en situación de calle, la comunidad travesti-trans, vendedores ambulantes y personas privadas de la libertad.

La conclusión central del encuentro es que el aislamiento y el miedo de las víctimas son los principales facilitadores de la impunidad. En respuesta, el objetivo fundamental de la jornada fue sentar las bases para la construcción de una red de trabajo y lucha conjunta, que permita unificar recursos, articular estrategias legales y mediáticas, y generar una fuerza colectiva capaz de enfrentar y transformar este sistema represivo.

 

Construyendo la Red: el llamado de Álvaro Camacho a la solidaridad colectiva contra la violencia estatal

Las "Jornadas de la violencia institucional en primera persona" se inauguraron con un discurso de Álvaro Camacho, del colectivo Centro Comunitario Alfa, quien no solo contextualizó la urgencia de la violencia estatal en Salta, sino que también sentó las bases para el objetivo fundamental del encuentro: la organización y la solidaridad.

La idea central de Camacho fue establecer un espacio para reunir y escuchar experiencias en primera persona de quienes han sufrido o luchado contra la violencia institucional. Esta necesidad surge de un contexto de violencia extrema, citando episodios recientes y duros en la provincia, como el incendio de la Alcaidía en octubre y los operativos conocidos como "trapitos".

Camacho identificó claramente a los sectores vulnerables afectados, señalando que la violencia se ejerce frecuentemente contra personas de calle, vendedores ambulantes, y muy especialmente, contra la comunidad trans, quienes sufren detenciones sin las garantías constitucionales debidas.

Una de las principales reflexiones es la amplitud de la violencia institucional, que, según Camacho, no se limita a las fuerzas policiales, sino que se extiende y se manifiesta en el propio sistema de justicia (Poder Judicial). En este ámbito, las personas no solo reciben falta de respuesta, sino que son violentadas por un sistema que genera aislamiento, atropellos y, en última instancia, mantiene el status quo.

Frente a este escenario, Camacho enfatizó la lucha contra el aislamiento y la impunidad. Argumentó que la impunidad es facilitada por el miedo a denunciar y el consecuente aislamiento de las víctimas. Por ello, su intervención subrayó la necesidad imperante de un trabajo articulado conjunto y la creación de un espacio de lucha que fortalezca una red, sumando recursos de manera efectiva.

Para llevar a cabo esta lucha, Camacho mencionó estrategias específicas desarrolladas por el colectivo Alfa, como la interposición de un habeas corpus colectivo para combatir las detenciones ilegales de personas en situación de calle. Además, destacó la importancia de contar con profesionales comprometidos en áreas clave: legal, mediática (prensa) y trabajo social.

Finalmente, el discurso fue un llamado a desafiar el fatalismo y construir solidaridad. Contra la resignación que acepta el sistema como inmutable, Camacho afirmó que la gran oportunidad reside en la organización, el compromiso y, sobre todo, la solidaridad activa entre los diferentes sectores afectados—desde vendedores ambulantes hasta la comunidad trans y personas de calle—para construir una fuerza colectiva mayor. La jornada se propuso abordar específicamente los tres componentes del "aparato del estado" que ejercen esta violencia: la policial, la penitenciaria y la del Poder Judicial.

 

Quienes dieron vida al conversatorio

Los interlocutores que participaron en las "Jornadas de la violencia institucional en primera persona" incluyen a una amplia gama de activistas, profesionales, víctimas y familiares de víctimas, representando a diversas organizaciones y movimientos sociales.

Organizadores y Moderadores Clave:

• Álvaro Camacho: Abrió las jornadas y pertenece al colectivo Centro Comunitario Alfa.
• Ramiro López: Presentó datos sobre denuncias de violencia policial y pertenece a Andes.
• Cecilia Toro: Perteneciente al Observatorio de Derecho Penal de la UNSA y moderadora del primer bloque.

Participantes Afiliados a Organizaciones de Derechos Humanos, Sociales y Políticas:

• Cristina Fofani: Del Partido Obrero.
• Florencia Pérez: Abogada, de Andes.
• Petero: De Andes.
• Verónica [no apellido]: De Fundación Seví.
• Óscar Delgado: De Capoma (organización de derechos humanos y medio ambiente).
• Pía Ceballos: De DTA (Movimiento Trans Argentina).
• Graciela de Valle Diega: De la Fundación Ara de la Libertad.
• Silvia Carta: De la Fundación Aas de la Libertad.
• Silvio Vald: Voluntario de la Fundación.
• Sofía Molina: Antropóloga y parte de Andes.
• Carmen: De Tribuna Docente.
• Raquel: Militante de Derecho Humano.
• Verónica Molina: Abogada litigante, del equipo jurídico de la Asociación Rabones.
• Sofía Molina: Abogada litigante.
• Abigail: Milita en la mesa de educación popular de Saltejui y militante feminista.
• Janela Barrios: De Madres Protectoras Altas y de la Asamblea Lengua Transfeminista.
• Rodrigo Sorada: Del Comité Contra Tortura.
• Cristian Frías: Del partido Sí.
• Blanca Lescano: De la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos y secretaria de derechos humanos de la CTA Autónoma Salta.
• Fernando Pequeño Ragone: De la Asociación Ragone.
• Facundo Oropel: Militante de la Juventud Socialista de MCT.
• Gerry Gutiérrez: De la Fundación Hip Hop.
• Ana Rosa Cancela: Pertenece a la Liga Argentina de Derechos Humanos y a los jubilades y pensionades autoconvocades de S.

Familiares de Detenidos y Víctimas de Violencia Institucional:

• Hilda Goimás: Madre de un interno.
• Liliana Carrizo: Desde Metán, cuyo familiar sufre violencia institucional y se le ha apartado de sus hijos.
• Mirta Paz: Vecina del barrio 20 de Febrero que sufrió represión policial y perdió la vista de un ojo.
• Ariel: Joven víctima de violencia por parte del personal de seguridad de un boliche y la policía.
• Graciela de Valle Diega y Silvia Carta: Participan como familiares de internos en la cárcel.

Otros Participantes (Académicos, Independientes, etc.):

• José María Martinelli: Documentalista.
• Ana Sol: Profesora de Ciencias Políticas y estudiante de historia de la Universidad Nacional de Sal.
• José Cruz y José [no apellido]: Participantes.
• Joana: Psicóloga comunitaria (trabaja en un centro de salud).
• Castro Mauro: Abogado, militante independiente.
• Aldo: Licenciado en antropología, sin afiliación.

 

 

1. Propósito y Contexto del Encuentro

La "Jornada por Violencia Institucional en Primera Persona" fue concebida como un "puntapié inicial" para consolidar un frente unificado contra el abuso estatal en Salta. Organizada por el Centro Comunitario Alfa y Andhes, la reunión se estructuró como un conversatorio en ronda para facilitar el diálogo horizontal y el conocimiento mutuo entre los participantes.

Los objetivos principales del encuentro fueron:

• Compartir Experiencias: Ofrecer un espacio seguro para que las víctimas directas y sus familiares pudieran relatar sus vivencias con la violencia policial, penitenciaria y judicial.
• Construir una Red: Fomentar el conocimiento entre diversas organizaciones, activistas y ciudadanos afectados para superar el aislamiento que perpetúa la impunidad.
• Articular una Lucha Conjunta: Iniciar el proceso de creación de un espacio de trabajo colectivo para desarrollar estrategias integrales que combinen acciones judiciales, formación en derechos, visibilidad mediática y movilización social.
• Visibilizar la Sistematicidad: Demostrar que los abusos no son casos aislados, sino parte de una política de Estado histórica y estructural que requiere una respuesta organizada y solidaria.

2. Análisis de la Violencia Institucional: Testimonios y Modalidades

Durante la jornada, los testimonios de los participantes perfilaron las diversas facetas de la violencia estatal, revelando patrones de conducta y grupos específicos que son objeto de persecución.

Violencia Policial

La violencia ejercida por las fuerzas policiales fue un tema central, caracterizada por su arbitrariedad y su enfoque en el control de poblaciones vulnerables.

• Detenciones Arbitrarias y Operativos Selectivos: Se denunciaron operativos sistemáticos como el "Operativo Trapito" y otras acciones dirigidas a personas en situación de calle, vendedores ambulantes y la comunidad trans, realizadas sin garantías constitucionales.
• Uso Excesivo de la Fuerza: Se presentaron testimonios de brutalidad física, como el de Mirta Paz, del barrio 20 de Febrero, quien perdió la visión de un ojo por un disparo de la policía mientras se encontraba dentro de su domicilio. Otro caso fue el de Gerry Gutiérrez, detenido y golpeado por cuestionar la legalidad de una requisa.
• Persecución y Hostigamiento: Múltiples relatos señalaron la "portación de rostro" como causa de detención, afectando principalmente a jóvenes de barrios populares. Se describió un patrón de persecución a artistas callejeros y activistas.
• Irregularidades y Obstrucción: Se destacó la falta de identificación de los agentes policiales, la destrucción deliberada de pruebas (como teléfonos móviles que graban los abusos) y la negativa de las comisarías a tomar denuncias contra otros efectivos.
• Violencia en Espacios de Ocio: El caso de Ariel Avendaño expuso la connivencia entre la seguridad privada de un boliche y la policía, quienes lo golpearon brutalmente tras ser expulsado injustamente del local, evidenciando la expansión de la violencia estatal a ámbitos privados.

Violencia Penitenciaria

El sistema carcelario fue descrito como un espacio de anulación de derechos y de violencia estructural, donde el castigo excede largamente la privación de la libertad.

• Condiciones Inhumanas de Detención: Se denunció una sobrepoblación del 150%, con celdas diseñadas para 8 personas albergando a 25. Las condiciones higiénicas son deplorables, con letrinas dentro de las celdas, generando una situación humillante y brutalizante.
• Abuso Físico y Aislamiento: Los testimonios de familiares, como los de Hilda Goimás y Graciela de Valle Diega, describieron golpizas de hasta 11 agentes contra un solo interno y el uso del "régimen" (confinamiento en solitario) como castigo discrecional y prolongado.
• Negación de Derechos Fundamentales: Se reportó la restricción del acceso a la educación, la salud y el trabajo. Los internos que intentan organizarse o educar a sus pares son sancionados. Un caso paradigmático fue el del hijo de Hilda Goimás, castigado por organizar un círculo de alfabetización.
• Corrupción y Narcotráfico: Se afirmó que el servicio penitenciario facilita el narcotráfico dentro de las cárceles, agravando las adicciones en lugar de tratarlas. Además, se denunció el robo sistemático de víveres y donaciones destinadas a los internos.
• Ruptura de Vínculos Familiares: El sistema restringe arbitrariamente las visitas, limitando el número y tipo de familiares que pueden ingresar. Esto es percibido como una estrategia deliberada para cortar el vínculo de los internos con sus redes de apoyo.

Violencia Judicial

El Poder Judicial fue señalado como un actor clave en la perpetuación de la impunidad, caracterizado por su inacción, falta de empatía y por ser un sistema que revictimiza a quienes buscan justicia.

• Falta de Acceso y Respuesta: Múltiples testimonios, como el de Liliana Carrizo de Metán, describieron la negativa de los jueces a recibir a familiares y la falta de medidas efectivas para proteger a las víctimas, incluso en casos de menores de edad.
• Revictimización: Se denunció que el sistema judicial responsabiliza a las víctimas, especialmente en casos de abuso sexual, y las somete a procesos largos y desgastantes diseñados para que desistan.
• Complicidad con la Impunidad: La alta tasa de archivo de causas y la falta de condenas a agentes estatales demuestran que el sistema judicial no ejerce un control efectivo sobre los otros poderes, sino que funciona como un garante del estatus quo.

Violencia contra la Comunidad Travesti-Trans

Ver más aquí: “MemoriaViva Trans”

Pía Ceballos, del Movimiento Trans Argentina, expuso la violencia histórica y sistemática contra esta comunidad, que combina el abuso policial con la indiferencia judicial y social.

• Persecución Histórica: Se denunció que las prácticas represivas de la dictadura militar continuaron en democracia contra las corporalidades travesti-trans, consideradas un "escándalo a la moral y a las buenas costumbres".
• Abuso y Crímenes de Odio: Se relató un patrón de detenciones violentas, abusos sexuales en comisarías y extorsión. Se mencionó el caso reciente de Fernanda Arias, quien murió en custodia policial en Rosario de Lerma bajo circunstancias sospechosas calificadas como suicidio, un relato que la comunidad rechaza firmemente.
• Responsabilidad Estatal: Se subrayó que los asesinatos y la violencia contra la comunidad no son hechos aislados, sino crímenes de odio en los que la policía es un partícipe primario y el sistema judicial garantiza la impunidad.

 

La Transversalidad de la Lucha: El Llamamiento de Fernando Pequeño Ragone en Defensa de los Derechos Humanos Amplios

La participación de Fernando Pequeño Ragone, en representación de la Asociación Ragone, en las jornadas sobre violencia institucional, se articuló en torno a la necesidad de visibilizar las luchas por los derechos humanos en el contexto sociopolítico actual. Su presencia se motivó particularmente por la propuesta de debatir sobre la violencia institucional y las condiciones de detención de las personas privadas de libertad.

La Asociación Ragone, históricamente, ha mantenido un compromiso amplio con diversas temáticas de derechos humanos. Su trabajo ha abarcado desde los juicios de lesa humanidad hasta la lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos de las mujeres y de la diversidad. Recientemente, el enfoque de la asociación ha evolucionado para incluir el monte pensado como sujeto de derechos humanos, abordando las maneras ontológicas y las formas en que la sociedad se relaciona con el ambiente y la naturaleza.

El punto central de la intervención de Pequeño Ragone fue su profundo interés en el resultado de la transversalidad de las luchas. Para él, este enfoque interconectado es lo que verdaderamente puede marcar una diferencia, especialmente en un momento caracterizado por la muchísima fragmentación social. Esta fragmentación, según su análisis, es exacerbada por el "bombardeo" constante que ejercen los gobiernos nacionales y las derechas del mundo. En esencia, su mensaje subraya que la unificación de los diversos frentes de lucha es la estrategia clave para enfrentar y resistir las embestidas de los poderes que buscan restringir los derechos.

 

3. Datos y estadísticas clave presentados por Andhes

La organización Andhes presentó datos cuantitativos que confirman la magnitud del problema y la ineficacia del sistema para abordarlo.

Encuesta a Participantes de la Jornada (N=37)	Resultado
Sufrieron violencia institucional	64%
No forman parte de una ONG	54%
No realizaron ninguna acción (principalmente por miedo)	19%
Denuncias registradas	6
Acciones judiciales iniciadas	4

 

Datos del Ministerio Público Fiscal (Período Ene 2024 - Jul 2025)	Cifra
Total de denuncias por violencia institucional	1.735
Legajos de investigación abiertos	18 (1%)
Audiencias de debate (juicios)	39 (2%)
Causas archivadas	771 (44%)

Estos datos revelan una alarmante realidad: mientras la violencia es una experiencia común para muchos, el miedo paraliza la denuncia. A su vez, el sistema judicial desestima o archiva la gran mayoría de los casos que sí llegan a ser denunciados, creando un ciclo de impunidad.

 

Del Dolor Personal al Cuestionamiento Político: La Deuda de la Democracia y el Sistema Represivo

La intervención de Blanca Lescano, secretaria de derechos humanos de la CTA Autónoma Salta e integrante de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos, aportó una perspectiva histórica y estructural a las jornadas sobre violencia institucional. Su contribución se centró en la necesidad de trascender el dolor individual y cuestionar las responsabilidades políticas que permiten la persistencia de los mecanismos represivos en el marco de la democracia actual.

Lescano basó su reflexión en su experiencia como familiar de detenidos desaparecidos, un contexto histórico donde se utilizó un sistema de genocidio para operar. Al comparar los encuentros federales de derechos humanos en los que participó—particularmente en la comisión de Gatillo Fácil—observó una tendencia recurrente: la gente hablaba masivamente, pero el foco se detenía en culpar al perpetrador directo (el policía) y en las circunstancias del hecho, sin llegar a plantear las responsabilidades políticas ni cuestionar el sistema en sí mismo.

El argumento central de Lescano radica en que, a pesar de que los genocidas de la dictadura han sido encarcelados, la sociedad continúa admitiendo un sistema político del cual el sistema carcelario es una consecuencia. En su análisis, el dolor profundo y personal que experimentan los familiares de las víctimas o los presos dificulta a menudo ver el "por qué" de las atrocidades. Su propio camino como militante, que comenzó por el dolor de sus seres queridos secuestrados, se transformó en un dolor por la sociedad y por el sistema, impulsando la búsqueda de formas para modificar dicha estructura.

Lescano advirtió que el sistema represivo sigue existiendo en democracia para determinados sectores y bajo ciertas circunstancias, mientras que otros están exentos. Las legislaciones, como los códigos contravencionales, son modificadas para ser "más represivas, más restrictivas y más injustas", castigando acciones como la resistencia a la autoridad con penas de prisión. En este sentido, la democracia está en deuda, ya que el sistema represivo subsiste para esos sectores.

Finalmente, la oradora hizo un llamado a diferenciar y garantizar que, incluso cuando se busque justicia para aquellos que han delinquido, el sistema no repita los métodos de tortura y abuso. La reflexión de Lescano instó a los participantes a superar su propio dolor para, de manera conjunta y solidaria, cuestionar un sistema que, bajo el amparo de la democracia, mantiene operativas las herramientas de represión estatal.

 

 

4. Temas transversales y conclusiones centrales

• Carácter Sistémico y Selectivo: La violencia no es aleatoria. Se dirige con precisión a sectores sociales específicos: los pobres, los jóvenes racializados, las personas en situación de calle, las disidencias sexuales y quienes no encajan en la norma social. Es una herramienta de control social clasista y patriarcal.
• El Estado como Responsable: Se concluyó que la responsabilidad es del Estado en su totalidad. El poder ejecutivo ordena y ejecuta la represión, el poder judicial la consiente con su inacción y el poder legislativo no crea los mecanismos para controlarla.
• Deudas de la Democracia: Una pregunta recurrente fue si esta violencia es una "deuda de la democracia" o si "la democracia sigue siendo una deuda". La persistencia de prácticas heredadas de la dictadura demuestra una fractura en el Estado de derecho.
• Aislamiento como Herramienta de Impunidad: La estrategia más eficaz del sistema represivo es aislar a sus víctimas. El miedo a represalias, la vergüenza y la falta de recursos impiden la denuncia y la organización, permitiendo que los abusos continúen.
• La Salida es Colectiva: La única respuesta viable identificada es la acción colectiva. La solidaridad entre diferentes luchas (feminista, derechos humanos, de trabajadores, de la comunidad LGBTIQ+) es fundamental para construir una fuerza capaz de desafiar al sistema.

5. Estrategias y Propuestas de Acción Colectiva

El encuentro finalizó con un llamado a la acción y la formulación de una serie de propuestas para dar continuidad a la lucha.

• Creación de un Pliego de Reclamos Unificado: Sistematizar las demandas de todos los sectores afectados para presentarlas de manera conjunta. Los puntos iniciales incluyen:
• El fin de los operativos policiales arbitrarios como el "Operativo Trapito".
• La derogación del Código Contravencional, considerado una herramienta de disciplinamiento social.
• Garantizar el tratamiento de adicciones en las cárceles y denunciar el rol del Servicio Penitenciario en el narcotráfico.
• Asegurar el pleno derecho a la salud, educación y trabajo para las personas privadas de libertad.
• Detener las prácticas del sistema penitenciario que buscan cortar los vínculos familiares de los internos.
• Fortalecimiento de una Red Intersindical: Formalizar el espacio de encuentro para compartir recursos legales, mediáticos y de acompañamiento psicosocial.
• Visibilización y Denuncia Pública: Utilizar los medios de comunicación y las redes sociales como herramienta estratégica para exponer los abusos, especialmente cuando los canales institucionales fallan.
• Formación y Alfabetización Jurídica: Empoderar a las comunidades más vulnerables con el conocimiento de sus derechos para que puedan defenderse de los abusos.

 

 

La Memoria como ritual vacío: despolitización y el peligro de la universidad desinstitucionalizada. A cerca del discurso de la vicerrectora de la U N Sa en el día internacional de los Derechos Humanos.

Por Fernando Pequeño

Tuve oportunidad de compartir el acto por el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario del retorno democrático celebrado en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) hace unos pocos días y me encontré en la paradoja de una tensión fundamental: la elección entre el refugio en el consenso histórico -por parte de la vicerrectora de la institución-  y el compromiso explícito con las batallas políticas del presente, en el discurso de militantes de derechos humanos y otras autoridades universitarias.

Ver también

Acto por el día Internacional de los DDHH en U N Sa

El refugio en la abstracción: la cautela del discurso institucional

Escuché la intervención de la Vicerrectora, Dra. María Rita Martearena, como el ejemplo paradigmático de un discurso descriptivo, conceptual y conmemorativo que busca la neutralidad institucional. Su mensaje se centró en la celebración de hitos del pasado —la Declaración Universal de 1948 y la restauración democrática de 1983— y en la enumeración de las características abstractas de los DDHH (universales, inalienables). Al reafirmar el compromiso de la UNSa, lo hizo a través de sus funciones inherentes: la formación de profesionales críticos y la investigación comprometida. Sin embargo, eligió no abordar las tensiones del presente de forma explícita. Evitó nombrar a los actores ni a las políticas que hoy socavan esos mismos derechos: no hubo mención al negacionismo de Estado, a la represión de la protesta, ni a los ataques presupuestarios contra el sistema científico. Al limitarse a los valores universales, su discurso funcionó como un acto de despolitización, trasladando el compromiso del campo de batalla político al campo seguro de la ética y la academia, un mecanismo de evasión que diluye la urgencia de la coyuntura.

La paradoja de la despolitización: evasión y desinstitucionalización

El mecanismo de despolitización se activa cuando la memoria se vacía de su carga de conflicto social, transformándose en una triste herramienta de celebración. Al evitar la confrontación directa, el discurso institucional busca la institucionalización del compromiso con la memoria, pero logra el efecto contrario: la desinstitucionalización del rol político de la universidad pública. En tiempos de crisis y ataque, la voz de la academia debería ser la primera en nombrar y señalar las amenazas con precisión política. Al no hacerlo, al refugiarse en un lenguaje que solo describe el pasado y generaliza el presente, la institución corre el riesgo de volverse inaudible en la disputa de poder real, relegando su compromiso histórico a una función burocrática y protocolaria que carece de incidencia en la resistencia política actual. Un compromiso real exige transicionar de un discurso que describe valores a uno que diagnostica amenazas y prescribe la acción.

La voz de la trinchera: académicos y militantes frente a la crisis del presente

El contraste con esta postura precavida fue aportado por las voces de la militancia activa, a la que se sumó una autoridad académica que sí asumió el riesgo de la confrontación. La Decana Quiñones, al presentar el programa, rompió con el tono de la Vicerrectora al denunciar directamente el "ataque brutal, sistemático, frontal a las políticas de memoria", alineando la universidad con los organismos que "han acompañado desde hace más de 50 años la construcción de una sociedad mejor". Junto a ella, David Leiva y Eloisa Rivero expusieron una estrategia de combate explícita. Leiva propuso la repolitización de las víctimas y el uso estratégico del concepto "Genocidio" para combatir la falacia de la Teoría de los Dos Demonios. Rivero fue más allá, identificando rasgos fascistas y de militarización en el gobierno actual y concluyendo con la exigencia de movilización social como única herramienta efectiva de resistencia. Estos discursos no solo reconocieron las tensiones, sino que las nombraron, las juzgaron y demandaron una acción inmediata, demostrando que para algunos actores, incluyendo autoridades académicas como la Decana, el compromiso con la memoria implica la obligación de confrontar el poder que hoy intenta borrarla.

 

El Programa de DDHH de la UNSa: un escenario para el antagonismo constructivo en la democracia

Habiendo marcado la diferencia de posiciones subjetivas frente al escenario que nos convocaba, tengo que recuperar el lanzamiento institucional del Programa "Democracia, Memoria y Derechos Humanos" en el marco del acto académico. La construcción y anuncio de este Programa no solo formalizó el compromiso de la UNSa con la defensa de estos valores, sino que sirvió justamente; como escenario para evidenciar las diferencias sustanciales en el modo de ejercer este compromiso político que pretendo iluminar. Al incluir el panel de expertos y militantes junto a las voces de las autoridades, el Programa -y el acto mismo- recuperó su sentido como un espacio de tensión democrática, donde las aguas se dividen entre la prudencia institucional (Vicerrectora) y el activismo político confrontativo (Decana, Rivero, Leiva). Esta disposición de las voces me ha resultado de un valor fundamental para la construcción democrática y las negociaciones políticas reales, pues se opone a la tendencia de diluir las diferencias en un consenso vacío. Al contrario, me parece a mí; la Universidad demuestra así la capacidad de contener y de dar voz a los antagonismos constructivos: reconocer que la diferencia y el conflicto de posturas son inherentes a la lucha por los derechos humanos, y que solo al no destituir el valor de esa diferencia se logra el objetivo de mantener la memoria y la defensa de los derechos humanos como una agenda viva y políticamente urgente, y no como un mero recuerdo protocolario.