MANIFIESTO: La violencia en nuestras escuelas no nació en las escuelas

 Propuesto para la Red de Prevención de la Violencia Institucional de Salta

(En construcción)

La violencia en las escuelas de Salta: entre el miedo, el castigo y la responsabilidad del Estado

¿Qué pasa cuando las escuelas de Salta se llenan de amenazas, pintadas y agresiones? Más allá del miedo y la urgencia, este diagnóstico muestra que la violencia en las escuelas no nace de los jóvenes, sino de una lógica vertical en la que el Estado ajusta, se retira y, al mismo tiempo, reclama más policía como solución. Desde los hechos recientes en Salta capital hasta las respuestas institucionales, este texto interpela a docentes, familias, autoridades y sociedad civil: si queremos que la escuela sea un lugar de protección y no de control, hay que empezar por reconocer la violencia estructural y asumir la responsabilidad colectiva. Un análisis contundente para no seguir equivocando el problema.

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Diagnóstico sobre la violencia en las escuelas

En los últimos treinta días, la violencia en las escuelas de Salta (con especial incidencia en Salta capital) se ha vuelto tema central del debate público a partir de amenazas de tiroteo, pintadas intimidatorias, agresiones presenciales y episodios de bullying y ciberbullying. Estos hechos se inscriben en una tendencia de conflictividad estructural que, a la luz del diagnóstico de Blanca Lescano, resignifica la violencia escolar como un problema social y político, no solo pedagógico.^[1][2][3][4]

1. Hechos disparadores en Salta y Salta capital

En el último mes se han registrado varios episodios que dispararon la alarma en la comunidad educativa:

·         En Salta capital, en el Colegio Secundario Técnico “República de la India” se produjo un hecho de violencia escolar protagonizado por un adolescente de 16 años, quien fue imputado por la fiscalía penal juvenil y reconoció su participación, manifestando arrepentimiento.^[3]

·         Simultáneamente, la Justicia imputó a cuatro jóvenes (dos de 18 y 19 años y uno de 17) por intimidación pública tras hallarse inscripciones violentas alusivas a tiroteos en el baño de varones del Colegio Walter Adet, en el barrio Santa Ana.^[5][3]

·         Estos casos se suman a una serie de amenazas y pintadas en distintas escuelas de la capital, viralizadas en redes y grupos de WhatsApp de madres, padres y docentes, que generaron miedo colectivo y demandas de mayor seguridad.^[2][6]

A nivel provincial, el Ministerio de Educación da cuenta de más de 3.900 incidentes de violencia escolar en el último año: 1.500 agresiones verbales, 1.143 físicas, 651 combinadas y 312 vinculados a redes sociales (233 de bullying y 104 de ciberbullying). Estos números ponen en evidencia que los episodios recientes no son “picos aislados”, sino la cristalización de un patrón de conflictividad que lleva tiempo fraguándose.^[7][1][2]

2. Actores intervinientes

Los principales actores que aparecen en el escenario de la violencia escolar en Salta son:

·         Estado provincial y municipal: el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Secretaría de Gestión Educativa, impulsa un programa provincial de prevención de la violencia escolar, protocolos de intervención y la Ley Provincial de Bullying (Ley 8406), que obliga a las escuelas a actuar de oficio ante situaciones de acoso. En Salta capital, municipio y provincia discuten medidas de “convivencia escolar” y seguridad barrial, sin avanzar aún hacia una política integral sincronizada.^[8][4][1][2]

·         Justicia y fuerzas de seguridad: la Justicia de Salta imputó a adolescentes por intimidación pública y violencia escolar, y ordenó allanamientos en barrios como Santa Ana I y Miguel Aráoz coordinados por la División Investigaciones Sur. La presencia de la policía en el ámbito escolar se discute con intensidad, en sintonía con el diagnóstico de Lescano que advierte sobre la “violencia institucional” del Estado.^[5][2][3]

·         Comunidad educativa: docentes, directivos y preceptores, que aplican protocolos y denuncian la falta de recursos psicopedagógicos y de acompañamiento. Madres, padres y tutores reclaman mayor presencia estatal y seguridad, pero también se les atribuye corresponsabilidad en la prevención.^[1][8][2]

·         Adolescentes y jóvenes: actores principales en los hechos, pero también destinatarios de demandas de contención, escucha y reparación pedagógica.^[2][3]

En línea con el diagnóstico de Lescano, estos actores no se distribuyen de forma “neutral”: el Estado aparece como productor y, a la vez, como pretendida solución de la violencia, mientras niños y adolescentes cargan con el estigma de “sujetos violentos”.^[4][2]

3. Propuestas y dispositivos en marcha

Las propuestas actuales en Salta y en Salta capital se ubican entre lo punitivo‑judicial y lo pedagógico‑preventivo:

·         Programa provincial de prevención: el Ministerio impulsa un programa integral de prevención de la violencia escolar, con formación de docentes, directivos y supervisores, mediación escolar y producción de información para orientar decisiones educativas. Se enfatiza la escucha adecuada, los espacios de contención y la no revictimización de las personas afectadas.^[8][1][2]

·         Ley Provincial de Bullying (Ley 8406): obliga a las escuelas a adoptar medidas educativas de protección, comunicación con familias, tareas reparadoras para agresores y campañas de sensibilización.^[4][1]

·         Intervención de la Justicia: las imputaciones y medidas de control de adolescentes por intimidación pública traducen un eje claramente represivo, que contrasta con quienes sostienen que la violencia institucional no puede ser la respuesta a la violencia escolar.^[3][5][2]

·         Demandas sociales y académicas: desde salud mental, universidades y organizaciones sociales se insiste en mirar el contexto social, la violencia estructural y el rol de los adultos, en lugar de focalizar solo en los jóvenes.^[9][2]

En términos del diagnóstico de Lescano, las propuestas dominantes (policías, imputaciones, protocolos de control) no responden plenamente a la lógica de “debate social amplio” y construcción colectiva de sentido que el Manifiesto y el Panel Debate proponen.^[2][4]

4. Imaginario social sobre la violencia en las escuelas

El imaginario social en torno a la violencia escolar en Salta y Salta capital se caracteriza por:

·         Identificación de la escuela como “lugar de riesgo”: la difusión mediática de pintadas con referencias a tiroteos, amenazas en redes y agresiones físicas ha construido una narrativa según la cual la escuela ya no es un espacio seguro, sino un lugar donde puede estallar la violencia extrema.^[7][2]

·         Endosemización de la violencia en los jóvenes: la demanda de “más seguridad”, “más policía” y “más control” desprende a las instituciones y al Estado de la responsabilidad, configurando a los adolescentes como sujeto‑problema. Esto se alinea con el gesto crítico de Lescano: la violencia no está en los jóvenes, sino en la forma en que el Estado y las instituciones los rodean.^[3][4][2]

·         Vinculación con la violencia general de la sociedad: desde áreas de Salud Mental y diversos especialistas se señala que “lo que sucede con los jóvenes no es muy distinto de lo que sucede en general”, reformulando la violencia escolar como expresión de una violencia social más amplia (pobreza, desigualdad, ajuste, control policial, etc.).^[7][2]

·         Discurso moral‑punitivo vs. enfoque de derechos humanos: enfrenta quienes reclaman mano dura, expulsión y encarcelamiento de adolescentes con quienes proponen mediación, reparación social, escucha y políticas de inclusión. Esta tensión resume el conflicto entre entender la violencia como “delincuencia juvenil” o como fenómeno vertical y estructural, como plantea Lescano.^[4][2]

En síntesis, el último mes en Salta y Salta capital ha evidenciado que la violencia en las escuelas no es un problema aislado, sino un espejo de una violencia social y estatal más amplia, en el que el imaginario popular tiende a castigar a quienes lo representan antes que a intervenir interpelando a las estructuras que lo sostienen.^[1][2][4]

Fuentes

1.       https://saltasur.com.ar/violencia-escolar-en-salta-el-ministerio-registro-mas-de-3-900-incidentes-en-el-ultimo-ano/      

2.       https://www.quepasasalta.com.ar/salta/tras-los-hechos-en-una-escuela-de-salta-advierten-que-la-sociedad-esta-violenta/                

3.       https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2026/04/19/imputaron-a-cuatro-adolescentes-por-amenazas-de-tiroteo-y-mensajes-de-intimidacion-en-escuelas-de-salta/      

4.       https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9THw4NDA2cXdlcnR5       

5.       https://www.fenix951.com.ar/noticia.php?id=336314  

6.       https://www.facebook.com/SinCensura2022/posts/-urgentepreocupación-en-salta-siguen-las-amenazas-en-colegios-y-crece-la-alarma-/976735401546200/

7.       https://www.ambito.com/informacion-general/alarma-las-escuelas-amenazas-armas-y-vinculos-preocupantes-exponen-una-escalada-violencia-alumnos-n6265561  

8.       https://saltaeducs.com/2026/03/31/salta-fortalece-la-convivencia-escolar-con-un-programa-integral-de-prevencion-de-la-violencia-en-todas-las-escuelas/  

9.       https://www.ucasal.edu.ar/wp-content/uploads/2022/07/281_07_Encuesta_sobre_violencia_escolar_LAVAQUE.pdf

10.   https://www.instagram.com/reel/DXSITHwiBj5/

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El Comodato como Arma del Estado: Despojo Jurídico en la comunidad Lules de Salta

 Asoc Ragone para Mesa de DDHH de Salta

Abril 2026

Una Estrategia de Vaciamiento Legal

Existe una forma de robar sin aparecer robando. El Estado provincial de Salta ha perfeccionado esta técnica bajo la figura jurídica del comodato: un instrumento que permite mantener la titularidad formal de un territorio mientras se entrega su uso y goce a intereses privados, vaciando de contenido real el derecho territorial indígena. La cesión de hectáreas de Finca Las Costas al Tigres Rugby Club no es una excepción ni un error administrativo. Es la expresión más reciente de una política sistemática de despojo que opera con la legalidad como escudo y la burocracia como cómplice.

El intento de “cesión” que denunciamos desde la Mesa de Derechos Humanos de Salta no solo es una irregularidad legislativa: es una contradicción estructural. El Estado provincial sostiene formalmente un andamiaje de leyes protectorias —la Ley 26.160, el Convenio 169 de la OIT, la propia Constitución Nacional— mientras actúa, en la práctica concreta, para desmantelarlas cada vez que colisionan con negocios privados. La Legislatura otorga una media sanción sin consulta previa. El ejecutivo nacional y provincial coordinan políticas que favorecen el mercado inmobiliario. Y la comunidad Lule queda frente a un hecho consumado, armada únicamente con derechos que el Estado reconoce en el papel y niega en el territorio.

 

Territorio No Es Tierra: La Dimensión que el Derecho Criollo No Comprende

Para entender la magnitud del daño, es necesario abandonar la noción liberal de propiedad. Cuando se habla de las 9 hectáreas en disputa, no se habla de metros cuadrados tasables. Se habla del soporte material de una identidad, de una cosmovisión, de un tejido social y ancestral que no admite fragmentación sin consecuencias irreparables. El territorio, para la comunidad Lule, es el lugar donde la historia colectiva tiene raíces físicas. Cederlo, aunque sea parcialmente, es amputar algo que no se recupera con indemnización alguna.

A esto se suma una dimensión ambiental que trasciende lo comunitario: Finca Las Costas funciona como pulmón hídrico del Valle de Lerma. La comunidad Lule no solo habita ese territorio; lo custodia. Impermeabilizar el suelo para una cancha de rugby privada no es un asunto de preferencias deportivas: es una intervención sobre el ciclo del agua que afecta a toda la población regional. Aquí la justicia ambiental y la justicia indígena convergen en un mismo punto de resistencia.

 

Un Patrón, No un Incidente

Salta tiene memoria larga en este tipo de conflictos, y esa memoria es incriminatoria. El caso Lhaka Honhat —que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y resultó en condena al Estado argentino en 2020— demostró que la postergación sistemática del reconocimiento territorial no es negligencia: es política. La desafectación de la Reserva de Pizarro para beneficio agroindustrial, en perjuicio de comunidades Wichí, siguió la misma lógica. Las consultas previas simuladas en la Puna minera repiten el mismo esquema: un procedimiento administrativo que aparenta legitimidad pero que valida decisiones ya tomadas de antemano.

Lo que une estos casos no es la casualidad geográfica. Los une una concepción del territorio indígena como recurso disponible, como superficie aprovechable, como obstáculo a remover cuando el negocio lo requiere. Y los une, también, el racismo institucional que subyace a cada expediente: la naturalización de que una entidad deportiva privada —asociada invariablemente a sectores de élite— tiene más derecho efectivo sobre la tierra que una comunidad preexistente con ocupación ancestral demostrada y reconocida por el propio Estado.

 

La Consulta Previa No Es un Trámite: Es un Derecho con Dientes

El derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrado en el Convenio 169 de la OIT, no es una formalidad procedimental que el Estado puede cumplir mediante una nota de oficina o una audiencia convocada con los resultados ya escritos. Es un derecho sustantivo que exige participación real, posibilidad concreta de modificar o vetar la decisión, y ausencia de toda forma de presión o manipulación. Cuando la Legislatura avanza con una media sanción sin haber garantizado ese proceso, no comete un defecto de forma: comete una violación de derecho internacional con consecuencias jurídicas accionables.

Ese es, precisamente, el punto donde la resistencia tiene herramientas concretas. Un recurso de amparo fundado en la omisión de consulta previa no es un recurso defensivo: es un ataque jurídico a la legitimidad del acto legislativo completo. La jurisprudencia interamericana es clara y vinculante. El Estado argentino ya fue condenado por exactamente este tipo de conductas. Invocar ese precedente no es retórica; es estrategia.

 

Contra el Despojo Elegante

La comunidad Lule no pide un favor al Estado: exige el cumplimiento de obligaciones que el propio Estado contrajo. La autonomía de gestión territorial, el derecho a decidir sobre el propio suelo, la protección del ecosistema que se habita y se cuida, no son concesiones graciosas del poder político. Son derechos que preexisten a la provincia, a la nación y a cualquier legislatura que pretenda ignorarlos mediante un comodato bien redactado.

El comodato es un arma elegante. Pero las armas elegantes también se pueden desarmar.

 

Documento Completo de la Mesa DDHH Salta leido en el Acto por Memoria, Verdad y Justicia. Salta. 24 marzo de 2026

Documento de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Asociación Dr. Miguel Ragone, al conmemorarse los 50 años del golpe militar.

 

Al cumplirse medio siglo del golpe de Estado de 1976, la Mesa de Derechos Humanos de Salta, la Asociación Dr. Miguel Ragone y la Liga Argentina por los Derechos Humanos; presentan un manifiesto que denuncia una "restauración" del modelo dictatorial bajo la gestión de Javier Milei. El documento sostiene que el actual negacionismo y el desmantelamiento de políticas de Memoria, Verdad y Justicia son el correlato necesario para imponer un ajuste económico brutal, similar al de Martínez de Hoz, que prioriza el capital financiero y el extractivismo mediante el RIGI. En términos geopolíticos, alerta sobre una pérdida de soberanía sin precedentes debido al alineamiento total con Estados Unidos e Israel y el abandono de la causa Malvinas. El texto expande el concepto de derechos humanos para incluir las luchas laborales, de género y de los pueblos indígenas, advirtiendo que la criminalización de la protesta y el debilitamiento del Estado de Derecho amenazan la democracia real. Así, el acto del 24 de marzo de 2026 se posiciona no solo como un ejercicio de memoria, sino como una plataforma de resistencia multisectorial contra un proyecto político calificado como autoritario, excluyente y subordinado a intereses extranjeros.

Contenidos

DocumentoCompleto Acto por Memoria, Verdad y Justicia. Salta. 24 marzo de 2026

Eldocumento completo (leído en el acto en el Parque San Martin de Salta)

Análisisdel discurso de las organizaciones de derechos humanos de Salta en el acto porMemoria, Verdad y Justicia

1.Proposiciones Centrales del Documento

2.Contexto Histórico para Argentina (2026)

3.Enfoque desde la Geopolítica

 

Síntesis

 

El documento completo (leído en el acto en el Parque San Martin de Salta)

Hace cincuenta años, Argentina sufrió el golpe de Estado más sangriento de su historia. Bajo el mando de Videla, Massera y Agosti, se impuso un terrorismo de Estado que persiguió a miles de seres humanos comprometidos con un mundo más justo e igualitario. El saldo fue devastador: 30.000 desaparecidos y cientos de niños apropiados en centros clandestinos de detención que funcionaron como verdaderos campos de concentración, donde se practicaron torturas, violaciones y todo tipo de vejaciones.

En las cárceles legales, se ejecutaron presos políticos en masacres como las de Palomitas en Salta, Margarita Belén en Chaco y en la Penitenciaría de Córdoba. Miles de personas fueron exiliadas para salvar sus vidas. Este plan no fue improvisado; formó parte de la estrategia continental conocida como Plan Cóndor, alineada con intereses geopolíticos extranjeros. Los militares fueron formados en técnicas de tortura —previamente aplicadas por Francia en Argelia— la escuela de las Américas.

En lo económico, la dictadura cívico-militar destruyó la industria nacional y generó una deuda externa asfixiante al abrir las fronteras de forma indiscriminada. La generación del 70, y los que venían ya del golpe de Onganía, fueron forjadas en luchas populares y organizaciones de diversas vertientes (izquierda, peronismo revolucionario, democracia cristiana y socialdemocracia), pagó con su vida su compromiso antiimperialista y su opción por los sectores más desprotegidos. Hoy reivindicamos sus ideales; porque quienes dan la vida por sus convicciones no mueren, sino que viven en el corazón de su pueblo.

A 50 años del golpe de Estado más sangriento de nuestra historia, es indispensable salir a la calle en unidad, con memoria, verdad y justicia.

Porque no se trata sólo de recordar: se trata de defender las conquistas de nuestro pueblo frente a un gobierno que pretende arrasarlas.

Hoy nos encontramos frente a un gobierno nacional que reivindica el accionar genocida de la dictadura, instalando un discurso negacionista sobre el terrorismo de Estado y poniendo en duda una verdad construida con lucha: son 30.000.

Al mismo tiempo, retoma el modelo económico de Martínez de Hoz, basado en la entrega, la desigualdad y la destrucción del aparato productivo nacional.

A medio siglo del golpe, el gobierno de Milei y Villarruel impulsa un plan que busca garantizar la impunidad de los genocidas y desmantelar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, conquistas históricas de los organismos de Derechos Humanos

En todo el país se dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad, en las que condenaron a 1.231 personas y absolvieron a 250 desde la reapertura de los juicios en 2006. Encontramos 140 nietos y nietas apropiados y los seguimos buscando.

En el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hay aún 12 juicios en curso. Hace pocos días se identificaron nuevos restos de compañeros y compañeras en el centro clandestino La Perla. Esto reafirma nuestra lucha contra la impunidad y nuestra exigencia permanente:

¡QUE DIGAN DÓNDE ESTÁN!

El cierre de espacios de memoria, el desfinanciamiento de estos organismos y el nombramiento de funcionarios que reivindican la dictadura no son hechos aislados: son parte de un proyecto político que intenta reescribir la historia.

El negacionismo se expresa también en el presente: un gobierno que niega el cambio climático, desprecia la ciencia y rechaza organismos multilaterales como la OMS; que gobierna desconociendo leyes votadas por el Congreso y resoluciones judiciales, debilitando el Estado de Derecho y concentrando poder de manera autoritaria

Mientras tanto, avanza sobre derechos conquistados: ataca a las diversidades, desconoce la lucha de las mujeres por la igualdad de género y pretende imponer una sociedad más desigual, más violenta y más excluyente. Las políticas de Milei afectan al colectivo LGBTQI+ mediante el desmantelamiento de la estructura estatal de protección, que incluye el cierre del Ministerio de Mujeres y Diversidad y el recorte de programas de asistencia. En la práctica, esto se traduce en el desfinanciamiento del cupo laboral travesti-trans, restricciones en el acceso a tratamientos de salud para menores y una fuerte ofensiva discursiva que cataloga a la diversidad sexual como una "agenda ideológica" ajena a las prioridades del Estado. Dificulta el acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, legítima conquista del colectivo. Como resultado, las organizaciones denuncian un retroceso en derechos adquiridos y un aumento de la vulnerabilidad social y la violencia simbólica legitimada desde el discurso oficial.

El gobierno de Javier Milei también ha endurecido la política migratoria mediante un enfoque de "prioridad nacional" que busca restringir el acceso gratuito a la salud y la educación para extranjeros no residentes. Su gestión ha agilizado las deportaciones de quienes cometen delitos o están en situación irregular, ha implementado controles biométricos en barrios populares y ha unificado la vigilancia fronteriza con fuerzas de seguridad. Bajo la premisa de "ordenar" el sistema y combatir la delincuencia, repudiamos  estas medidas  estigmatizantes y discriminatorias hacia la población migrante.

En el plano económico, el ajuste es brutal y tiene un solo objetivo: garantizar la riqueza de los sectores más concentrados a costa del sufrimiento de las mayorías. Se profundiza la dependencia con el FMI, se contrae más deuda externa y se paga una deuda ilegítima mientras crece el hambre.

La reforma laboral que  impulsaron es regresiva y antiobrera: implica pérdida de derechos, precarización y disciplinamiento de la clase trabajadora, es un golpe directo a la estabilidad del trabajador porque estira el período de prueba hasta un año en pymes, facilitando despidos sin costo, y elimina las multas por trabajo no registrado. Además, la implementación del "fondo de cese" permite que el propio empleado financie su despido, mientras que la nueva figura de "colaboradores" para autónomos encubre relaciones de dependencia bajo un manto de falsa independencia.

Ataca directamente la participación de los sindicatos debilitando su  poder tradicional al desfinanciar sus cajas, fragmentar la negociación colectiva  y restringir el derecho a protesta, convirtiendo los bloqueos en causa justa de despido. En definitiva, les quita peso político y económico, forzándolos a negociar bajo reglas que favorecen la flexibilidad laboral y limitan su capacidad de presión directa.

El congelamiento salarial y las paritarias con techo condenan a millones a la pobreza, mientras jubilados y jubiladas sobreviven por debajo de esa línea, con recortes en medicamentos y derechos básicos. Las personas con discapacidad ven vulnerado su acceso a la salud y a la protección social.

La apertura indiscriminada de importaciones está destruyendo la industria nacional, provocando cierre de empresas y pymes, y multiplicando los despidos tanto en el sector público como en el privado. A esto se suman tarifazos en servicios, transporte y energía, y el desfinanciamiento de la educación pública en todos sus niveles.

Ese mismo modelo que hoy resistimos lo enfrentan, cada miércoles, los jubilados en las plazas de todo el país, recibiendo como respuesta represión, castigo, palos y pobreza.

Frente a su incapacidad para dar respuestas, el gobierno elige la represión y la militarización: amplía las atribuciones de las fuerzas de seguridad, fortalece el rol de la SIDE como herramienta de control político y habilita el uso de la violencia institucional contra quienes se movilizan. La criminalización de la protesta social y medidas como la baja de la edad de imputabilidad forman parte de una estrategia para disciplinar al pueblo. Utilizando la excusa de combatir al narcotráfico moviliza a las fuerzas de seguridad como en el Operativo Roca

Dijimos y sostenemos: NO a la ley antiterrorista utilizada para perseguir y reprimir la protesta.

Defender el derecho a manifestarse es defender la democracia.

Exigimos la libertad de Milagro Sala, Cristina Fernández de Kirchner y todas y todos los presos por luchar, denunciamos a la justicia cómplice, misógina y funcional al gobierno de turno y los grandes grupos empresarios. No al lawfare.

En el plano internacional, el gobierno abandona la soberanía y la integración regional, alineándose con potencias y gobiernos que representan intereses contrarios a los de nuestros pueblos, mientras ataca a países hermanos y procesos populares de América Latina como los liderados por Petro en Colombia y Lula en Brasil. Argentina ha abandonado su histórica tradición de neutralidad para adoptar un alineamiento total con el bloque occidental, liderado por Estados Unidos e Israel, celebrando el secuestro de Maduro y Cilia Flores en Venezuela, votando contra Cuba, ¡y declarándonos en guerra con Irán! Lo que nos convierte en blanco para un posible atentado. Nos sumamos al pedido por la libertad de Laura Villalba en Paraguay y Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela, rehenes del imperio.

La pérdida de soberanía se profundiza permitiendo una presencia militar inédita en puntos estratégicos como Tierra del Fuego, y con un abandono de la causa Malvinas al priorizar el comercio con el Reino Unido por sobre el reclamo territorial

En nuestras provincias, este modelo avanza con la complicidad de gobernadores como Sáenz, que acompañan cada una de estas políticas, tanto con sus votos en el Congreso como con el impulso de modelos extractivistas —como el del litio— que profundizan la dependencia y el saqueo de nuestros territorios.

Milei ve a los recursos naturales como una caja registradora para que entren dólares, dejando de lado la idea de "bienes comunes” para pasar a una lógica de mercado. Con el RIGI, les dio vía libre y beneficios gigantes a las mineras y petroleras por 30 años, mientras de paso achicó los presupuestos para cuidar bosques o apagar incendios. La movida es clara: menos trabas ambientales (como en la Ley de Glaciares) y más facilidades para que las empresas exploten todo rápido, bajo la idea de que si un recurso tiene dueño privado se cuida mejor que si es del Estado.

Nada de esto sería posible sin la complicidad de sectores del poder: legisladores que votan el ajuste, jueces que lo convalidan y una prensa hegemónica que lo encubre y legitima.

A 50 años del inicio de la última dictadura militar, junto a los pueblos indígenas reivindicamos su histórica lucha contra la persecución y el silenciamiento estatal, recordando a los hermanos asesinados y desaparecidos en la defensa de una patria justa y diversa. Denunciamos el actual retroceso y cuestionamiento de derechos territoriales y ciudadanos por parte del gobierno nacional y las provincias, comparando este escenario con las épocas más oscuras del país. Exigimos el fin de los genocidios y del negacionismo, reafirmamos que no puede existir una verdadera democracia ni una nación argentina sin la plena inclusión y el reconocimiento de las identidades preexistentes.

 

CIERRE

Compañeras y compañeros: retomemos los ideales de nuestros 30.000. No podemos ser indiferentes ante un gobierno que avanza con rasgos autoritarios y prácticas que remiten a lo peor de nuestra historia.

Más que un epílogo histórico, esta fecha emblemática debe activar una militancia que proteja los intereses populares. Hoy enfrentamos nuevamente a los sectores financieros internacionales que, bajo el disfraz democrático, amenazan nuestra soberanía. Frente a la entrega de los "vendepatrias", la única opción es la victoria. En nombre de nuestros 30.000, convocamos a la unidad y a la organización para la lucha.

Hoy más que nunca debemos comprometernos a movilizarnos de forma permanente en defensa de los Derechos Humanos, de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Porque sin memoria no hay verdad, sin verdad no hay justicia.

Y sin justicia social, no hay democracia real.

Celebramos la pluralidad expresada en este documento y agradecemos a todos y cada uno de las compañeras y compañeros que se sumaron a las acciones impulsadas por los organismos de Derechos Humanos para que este medio siglo de lucha no pase desapercibido.

 

Análisis del discurso de las organizaciones de derechos humanos de Salta en el acto por Memoria, Verdad y Justicia

 

Síntesis

Al cumplirse medio siglo del golpe de Estado de 1976, la Mesa de Derechos Humanos de Salta y la Asociación Dr. Miguel Ragone presentan un manifiesto que denuncia una "restauración" del modelo dictatorial bajo la gestión de Javier Milei. El documento sostiene que el actual negacionismo y el desmantelamiento de políticas de Memoria, Verdad y Justicia son el correlato necesario para imponer un ajuste económico brutal, similar al de Martínez de Hoz, que prioriza el capital financiero y el extractivismo mediante el RIGI. En términos geopolíticos, alerta sobre una pérdida de soberanía sin precedentes debido al alineamiento total con Estados Unidos e Israel y el abandono de la causa Malvinas. El texto expande el concepto de derechos humanos para incluir las luchas laborales, de género y de los pueblos indígenas, advirtiendo que la criminalización de la protesta y el debilitamiento del Estado de Derecho amenazan la democracia real. Así, el acto del 24 de marzo de 2026 se posiciona no solo como un ejercicio de memoria, sino como una plataforma de resistencia multisectorial contra un proyecto político calificado como autoritario, excluyente y subordinado a intereses extranjeros.

 

Análisis

El documento, emitido en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976, es una pieza política de fuerte carácter denunciante que vincula el pasado dictatorial con la gestión actual de Javier Milei. Publicado por organismos históricos como la Asociación Dr. Miguel Ragone y la Mesa de Derechos Humanos de Salta, el texto no solo conmemora a las víctimas, sino que propone una lectura de la realidad argentina como una fase de "restauración" del modelo de la dictadura.

1. Proposiciones Centrales del Documento

El manifiesto se estructura sobre la idea de que la lucha por los Derechos Humanos ha mutado de la demanda de justicia por crímenes pasados a una resistencia activa contra políticas presentes. Sus tesis principales son:

• Identidad Dictadura-Presente: El documento sostiene que el gobierno de Milei y Villarruel es la continuación del proyecto de Martínez de Hoz. No solo por el modelo económico de apertura e importaciones, sino por el "discurso negacionista" que busca deslegitimar la cifra de los 30.000 desaparecidos.
• Ampliación del Concepto de Derechos Humanos: Ya no se limita a la integridad física frente al Estado, sino que incluye:
• Derechos Sociales y Laborales: La reforma laboral es vista como una herramienta de disciplinamiento y precarización.
• Diversidad y Género: Se denuncia el cierre del Ministerio de Mujeres y el ataque al colectivo LGBTQI+ como una "ofensiva ideológica".
• Derechos Ambientales e Indígenas: Se rechaza el extractivismo (litio) y el RIGI como formas de despojo territorial.
• La Represión como Herramienta Económica: El texto afirma que el "ajuste brutal" solo es posible mediante la militarización, la criminalización de la protesta y el uso de la SIDE para el control político.

 

2. Contexto Histórico para Argentina (2026)

Para entender este documento, hay que situarlo en la Argentina de marzo de 2026:

• El 50° Aniversario: Es una fecha con una carga simbólica extrema. Representa medio siglo de una identidad nacional construida sobre el "Nunca Más", la cual el documento siente que está bajo asedio institucional.
• Tensión Institucional: Se describe un escenario de debilidad del Estado de Derecho, donde el Ejecutivo gobierna ignorando al Congreso y a la Justicia, lo que los firmantes califican de "autoritarismo".
• Crisis Social y Económica: El contexto es de alta conflictividad por el congelamiento salarial, la crisis en las pymes por la apertura de importaciones y la resistencia de sectores como los jubilados.
• Realidad Local (Salta): El documento tiene un fuerte anclaje regional. Menciona la Masacre de Palomitas y critica al gobernador Gustavo Sáenz por su alineamiento con el gobierno nacional y su impulso al modelo minero.

 

3. Enfoque desde la Geopolítica

El documento hace una lectura geopolítica crítica, donde Argentina deja de ser un actor soberano para convertirse en un satélite de intereses extranjeros:

• Alineamiento "Occidental" Extremo: Critica el abandono de la neutralidad histórica argentina. La mención a la "guerra con Irán" y el alineamiento con EE. UU. e Israel se lee como un factor de riesgo para la seguridad nacional (miedo a atentados).
• Ruptura de la Integración Regional: El texto lamenta la hostilidad hacia los gobiernos de Lula (Brasil) y Petro (Colombia), y denuncia una subordinación al "imperio" en casos como el de Venezuela.
• Soberanía Territorial y Recursos: * Malvinas: Se denuncia una desmalvinización para favorecer el comercio con el Reino Unido.
• Extractivismo: El litio y los recursos naturales son vistos como "caja registradora" para divisas extranjeras, facilitada por el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), permitiendo una presencia militar extranjera en puntos estratégicos.

 

Conclusión

El documento es una proclama de resistencia multisectorial. Considera que la democracia está en riesgo no por un golpe militar tradicional, sino por un desmantelamiento interno de las conquistas sociales y la entrega de la soberanía económica bajo un marco democrático formal.