La semana pasada organizaciones de derechos humanos de Salta presentamos ante la justicia federal, un habeas corpus que prevea los efectos nocivos que para la población de frontera puede tener la militarización de la misma. Tenemos una primera respuesta, favorable.
Infografía: La Gaceta
Imagina que un grupo de personas está muy preocupado por una
decisión del gobierno. En este caso, el gobierno decidió enviar al ejército a
la frontera norte de Salta, lo que ha generado preocpación entre los habitantes
de la frontera, una gran parte de los
ciudadanos de Salta y las organizaciones de derechos humanos, quienes ven un
riesgo de violencia y un avasallamiento de libertades. Para intentar frenar
esto y proteger a la gente, en nuestro rol de organizaciones, presentamos una herramienta
legal muy importante llamada "hábeas corpus colectivo preventivo". Es
como pedirle a un juez que intervenga para evitar que algo malo ocurra y para
que revise si la medida del gobierno es legal y justa.
El documento de la respuesta, del cual hemos tomado
conocimiento hoy, fechado el 31 de mayo de 2025, es la primera respuesta
oficial del Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán a esa presentación.
No es un "informe del Ministerio de Defensa" como se pensó
inicialmente, sino una comunicación del propio juzgado.
Lo que esta notificación nos dice, en términos sencillos, es
lo siguiente:
Primero, que el juez ha recibido y tomado conocimiento del
hábeas corpus presentado. Esto es fundamental, porque significa que la voz de
las organizaciones ha sido escuchada por el poder judicial. La cédula de
notificación, ese primer papelito con la firma del secretario del juzgado,
confirma que la presentación ha sido registrada y está en trámite.
Segundo, y esto es lo más relevante del auto judicial que
sigue a la cédula, el juzgado ha comenzado a actuar. Después de analizar el
dictamen del Fiscal Federal (quien debe dar su opinión sobre la competencia del
juzgado), el juez ha ordenado al Ministerio de Defensa de la Nación que
presente información crucial. Esto es como pedirle al "actor
principal" de esta medida (el Ministerio que ordena la operación militar)
que dé explicaciones. Específicamente, el juzgado les pide que informen sobre
tres puntos clave relacionados con la "Operación Roca":
- Si
la operación está realmente en marcha en la frontera norte de Salta y en
qué lugares específicos se está desplegando el personal militar. Esto es
importante para verificar la situación en el terreno.
- Qué
significan y cuál es el alcance de las "reglas de empeñamiento".
Estas "reglas" son, en esencia, las instrucciones que recibe el
ejército sobre cuándo y cómo puede usar la fuerza. Las organizaciones de
derechos humanos han expresado su preocupación por el secretismo en torno
a estas reglas, y ahora el juez está exigiendo transparencia.
- Cuál
sería el protocolo en caso de que los militares detengan a personas. Dado
que en esa jurisdicción rige un nuevo código procesal penal (sistema
acusatorio), el juez quiere saber cómo se manejarían las detenciones para
asegurar que se respeten los derechos de las personas y que sean puestas a
disposición de las autoridades judiciales correspondientes de inmediato.
Esta notificación y la resolución judicial son un primer
paso importante en el proceso legal. Significan que el hábeas corpus no ha sido
rechazado de plano, sino que el juez ha decidido investigar la situación. Al
solicitar información detallada al Ministerio de Defensa, el juzgado está
ejerciendo su rol de control sobre los actos del poder ejecutivo. Es un indicio
de que la preocupación de las organizaciones de derechos humanos ha sido tomada
en serio por la justicia, abriendo una vía para que se analice la legalidad y
constitucionalidad de la militarización en la frontera norte de Salta. Ahora la
pelota está del lado del Ministerio de Defensa, que deberá responder a los
requerimientos del juez.
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