Generaciones de militantes de la memoria en Salta

 

Org de DDHH participando en la Segunda Marcha Federal Antifascita y Antiracista, Salta.

 

Generaciones de militantes de la memoria en Salta

Permanencias y renovaciones en un proceso vivo

Ensayo de divulgación para las organizaciones integrantes de la Mesa de Derechos Humanos y la Comisión Provincial de la Memoria de Salta

Salta, febrero de 2026

 

Contenidos

I.Las fracturas que nos preceden: historia de un movimiento dividido y sinembargo vivo

II. Los marcos sociales de la memoria y la identidad delas generaciones veteranas

III. El posicionamiento intergeneracional: la disidenciade Nenina Lescano como síntoma

IV. El Comité de Prevención de la Tortura: la últimaherramienta genuina

V. Tensiones que no hay que resolver sino procesar:propuestas para evitar la fragmentación

Conclusión: a cincuenta años, la memoria como protocolovivo

 

 

 

Síntesis uno

 

 

I. Las fracturas que nos preceden: historia de un movimiento dividido y sin embargo vivo

La historia del movimiento de derechos humanos en Argentina es, antes que cualquier otra cosa, una historia de fragmentaciones productivas. Desde sus orígenes en los años más oscuros de la dictadura, las organizaciones que dieron voz al horror nunca fueron una sola voz. Fueron muchas, tensionadas entre sí, a veces incompatibles, y sin embargo capaces de producir —a pesar de sus diferencias y en muchos casos gracias a ellas— algunos de los logros más extraordinarios en materia de justicia transicional que el mundo haya conocido.

Recordarlo no es un ejercicio nostálgico: es una advertencia y una fuente de esperanza. Las Madres de Plaza de Mayo se dividieron en 1986 entre la Asociación y la Línea Fundadora, una ruptura dolorosa que generó incomprensión y duelo en quienes las miraban desde afuera. Sin embargo, ambas ramas continuaron su camino con identidades diferenciadas y ambas contribuyeron, desde lugares distintos, a sostener la memoria cuando el Estado buscaba enterrarla bajo las leyes de impunidad. La división no las destruyó: las transformó.

Síntesis dos

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Algo similar ocurrió a lo largo de las décadas con HIJOS, con APDH, con las distintas agrupaciones de ex presos políticos. Cada organización construyó su propia lectura del pasado, su propia relación con el Estado, su propio ritmo de memoria. Hubo momentos en que esas diferencias parecían insalvables. Y sin embargo, cuando la justicia llegó —cuando los juicios por crímenes de lesa humanidad comenzaron a producir sentencias— lo hizo sobre la base de décadas de trabajo sostenido por actores que no siempre se hablaban, que no siempre se reconocían como aliados, pero que habían mantenido encendida la llama desde distintos rincones.

En Salta, este proceso tuvo sus propias cadencias. La Asociación Miguel Ragone, los Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Mesa de Derechos Humanos, la Comisión Provincial de la Memoria: cada una de estas instituciones lleva en su cuerpo las marcas de esa historia fragmentada y fecunda. Conocen de primera mano lo que cuesta construir y lo que duele perder. Es desde esa memoria histórica del propio movimiento —no solo del movimiento frente al Estado sino del movimiento frente a sí mismo— que se hace necesario leer la coyuntura de 2026.

Porque la fragmentación que amenaza hoy no es nueva. Es la misma vieja tensión entre quienes entienden la resistencia como pureza y quienes la entienden como estrategia. Entre quienes creen que el contacto con el poder contamina y quienes creen que abandonar los espacios institucionales equivale a regalarlos al adversario. Esa tensión no tiene resolución perfecta. Lo que tiene es historia, y esa historia enseña que la ruptura total rara vez sirve a la causa de los derechos humanos, y que la absorción acrítica por el Estado tampoco.

La pregunta de 2026 no es, entonces, una pregunta nueva. Pero se plantea en un contexto de excepcional gravedad, a cincuenta años del golpe, con el Estado nacional desmantelando activamente las estructuras de memoria y derechos humanos, y con una generación de militantes históricos que siente —con razón— que aquello por lo que lucharon toda su vida está siendo atacado en sus fundamentos. Comprender ese contexto, y comprender lo que Halbwachs llamó los marcos sociales de la memoria, es el punto de partida para encontrar caminos que no nos hagan daño a nosotros mismos mientras el adversario avanza.

II. Los marcos sociales de la memoria y la identidad de las generaciones veteranas

Maurice Halbwachs, sociólogo francés que murió en el campo de concentración de Buchenwald en 1945, nos dejó una herramienta teórica que ilumina con precisión perturbadora lo que está ocurriendo en el movimiento de memoria de Salta. Su proposición central es aparentemente simple pero de consecuencias profundas: no recordamos solos. La memoria individual existe, sí, pero solo cobra forma, solo adquiere consistencia y sentido, dentro de los marcos que nos proveen los grupos a los que pertenecemos. Sin esos marcos —esas comunidades de referencia, esos relatos compartidos, esas fechas y lugares y nombres que un grupo decide custodiar— el recuerdo se disuelve.

Para quienes en Salta han dedicado su vida entera a la militancia de la memoria —quienes buscaron a sus hijos o hermanos o compañeros en los años más oscuros, quienes sostuvieron la memoria cuando nadie quería oír, quienes construyeron las instituciones que hoy están en disputa— el grupo no es un elemento externo a su identidad: es su identidad misma. Su yo está tejido de esa historia colectiva. Su nombre tiene sentido porque pertenece a esa genealogía de lucha. Sus años de militancia son los años de una comunidad moral que les dio forma.

Halbwachs advierte algo crucial: cuando ese marco colectivo se fractura o se percibe amenazado, la reacción no es meramente política. Es existencial. El dolor que el grupo ha procesado colectivamente —el horror de la desaparición, la impunidad de los años noventa, la lenta conquista de la verdad— adquiere lo que Halbwachs llama una "fisonomía colectiva y familiar": un rostro reconocible que permite soportarlo, nombrarlo, transmitirlo. Cuando alguien o algo amenaza ese marco —cuando una institución que debía ser espacio de resistencia parece convertirse en herramienta del poder— la reacción de quienes han construido su identidad sobre esa fisonomía colectiva es de alarma profunda, casi visceral. No se trata de una posición política que pueda revisarse en una reunión. Se trata de algo que toca el núcleo de quiénes son.

Esto es lo que está en juego en la posición de Blanca "Nenina" Lescano. Lescano forma parte de la Comisión Directiva de la Asociación Miguel Ragone, y su posición disidente respecto a otros miembros de esa misma Comisión no puede leerse como mera obstinación o purismo ideológico. Leída a través de Halbwachs, su postura es la de alguien cuyo marco de memoria colectiva está siendo puesto en cuestión desde adentro del propio grupo, y eso produce una fractura que duele de una manera particular y difícil de articular en términos políticos racionales.

Lescano sostiene que participar en la Comisión Provincial de la Memoria bajo la gestión del gobernador Sáenz es reproducir la misma lógica que se ha criticado durante décadas: legitimar con la presencia militante a un gobierno que se alinea con el desguace nacional de los derechos humanos. Su argumento no es caprichoso. En su marco de memoria, el Estado no es un campo de disputa neutro: es históricamente el espacio desde el cual se organizó el terror, y la prudencia elemental exige no confundirse con él. Ese marco fue construido en condiciones extremas, en años en que tal distinción no era una posición política sino una condición de supervivencia física y moral.

Pero hay algo más que Halbwachs ilumina: los marcos de memoria tienden a estabilizarse y a resistir la actualización. Las generaciones que construyeron sus identidades en la resistencia durante la dictadura y los años de impunidad llevan en su cuerpo y en su memoria colectiva un mapa del adversario que fue forjado en condiciones históricas específicas. El Estado-enemigo de ese mapa es el Estado de 1976, el Estado de los indultos, el Estado de la obediencia debida. Ese mapa tiene una coherencia interna poderosa y una legitimidad ganada a un precio altísimo. Pero todo mapa tiene sus límites, y uno de los riesgos del envejecimiento de los marcos sociales de memoria es que pueden volverse menos sensibles a los matices del presente.

Decir esto no es cuestionar la validez de esa memoria ni el lugar que merecen quienes la sostienen. Es reconocer, siguiendo al propio Halbwachs, que la memoria viva necesita siempre actualizarse en diálogo con el presente, o corre el riesgo de convertirse en monumento: hermoso, respetable, y cada vez más distante de la vida que pulsa alrededor.

III. El posicionamiento intergeneracional: la disidencia de Nenina Lescano como síntoma

La situación de Nenina Lescano dentro de la Comisión Directiva de la Asociación Ragone es especialmente reveladora porque pone en primer plano algo que generalmente se mantiene en el trasfondo de los debates políticos: la fractura intergeneracional no ocurre solo entre organizaciones distintas, sino dentro de las mismas organizaciones, entre personas que comparten historia, afecto y compromiso.

Lescano y quienes ocupan posiciones diferentes en la Comisión Directiva no son adversarios ideológicos en el sentido clásico. Son personas que han construido sus vidas en torno a los mismos valores, que llevan la misma historia en el cuerpo, que conocen los mismos nombres de los desaparecidos y los mismos nombres de sus victimarios. Lo que los diferencia no es el fin —la memoria, la justicia, la verdad— sino el diagnóstico sobre cómo construir ese fin en el presente concreto de 2026.

Fernando "Pequeño" Ragone representa, dentro de esta tensión, una postura que podría llamarse de institucionalización estratégica: no se trata de confiar en la gestión de Sáenz ni de rendirse ante el poder provincial, sino de entender que las instituciones de memoria que existen —la Comisión Provincial, el Comité de Prevención de la Tortura— son herramientas que si se abandonan no quedan vacías sino que son ocupadas por otros. En su lectura, lo que no se institucionaliza desaparece, y la desaparición de estas estructuras en el contexto actual equivaldría a una victoria del adversario sin que este haya tenido que batallar.

La disidencia de Lescano frente a esta postura no es, entonces, una resistencia al cambio o a la renovación. Es la expresión de una memoria colectiva que ha aprendido —en años muy duros— a desconfiar profundamente de las instituciones estatales como espacios de resistencia genuina. Su marco histórico le dice que el Estado cooptará, como ha cooptado antes; que la presencia en los actos oficiales se convertirá en legitimación; que la distinción entre participación crítica y colaboración funcional es más difícil de sostener en la práctica de lo que parece en la teoría.

Ambas posiciones tienen razón en algo fundamental. Lescano tiene razón en que el riesgo de cooptación es real y que la historia ofrece demasiados ejemplos de instituciones de derechos humanos absorbidas por lógicas oficiales. Ragone tiene razón en que el abandono de las instituciones no produce pureza sino vacío, y que ese vacío lo llenan quienes tienen interés en que la memoria desaparezca.

Lo que vuelve esta tensión especialmente difícil de procesar es que ocurre dentro de la misma organización, entre personas que se conocen, que se respetan y que sienten que lo que está en juego es demasiado importante para equivocarse. En ese contexto, la divergencia de posiciones no se vive como debate político sino como amenaza a la integridad del grupo mismo, es decir, como amenaza al marco social que da sentido a sus identidades. Y eso, siguiendo a Halbwachs, produce una intensidad emocional que los argumentos racionales solos no alcanzan a resolver.

IV. El Comité de Prevención de la Tortura: la última herramienta genuina

En este panorama, el Comité de Prevención de la Tortura ocupa un lugar singular. Mientras la Comisión Provincial de la Memoria puede disputarse simbólicamente entre actos oficiales y resistencia autónoma, el Comité representa algo más inmediato y urgente: es el mecanismo institucional concreto disponible para levantar voces contra la violencia que ocurre ahora, en las cárceles y comisarías de Salta, en los márgenes donde el Estado ejerce su poder más brutal sobre los cuerpos más vulnerables.

La percepción de que el Comité está siendo vaciado —por la falta de sanciones efectivas, por los mandatos vencidos sin renovación, por la dependencia de una Corte de Justicia que el gobernador Sáenz busca controlar en su mayoría— no es una preocupación abstracta. Es la señal de que el único instrumento disponible para traducir la memoria en protección real y presente está siendo desmantelado.

Aquí la tensión intergeneracional adquiere una dimensión diferente. Las generaciones veteranas del movimiento de memoria construyeron su identidad en la lucha contra una violencia institucional que se ejercía en secreto, en la oscuridad de los centros clandestinos. Las generaciones más jóvenes de militantes —quienes han crecido con el horizonte de los juicios, con la memoria convertida en política pública— enfrentan una violencia institucional que no siempre es clandestina pero que igualmente destruye vidas. El puente entre ambas memorias pasa por el Comité: es donde la historia se vuelve urgencia presente.

Perder ese espacio institucional no sería solo una derrota táctica. Sería borrar el hilo que conecta la memoria del pasado con la protección del presente. Y eso, en el año del cincuentenario del golpe, sería una derrota de una gravedad que no se puede subestimar.

V. Tensiones que no hay que resolver sino procesar: propuestas para evitar la fragmentación

La primera tentación ante una tensión tan profunda es querer resolverla: decidir quién tiene razón, zanjar la discusión, unificar posiciones. Esa tentación debe resistirse. Las tensiones genuinas en un movimiento vivo no se resuelven: se procesan. Lo que se necesita no es que Lescano o Ragone abandonen su posición, sino que la Comisión Directiva de la Asociación Ragone y las demás organizaciones construyan mecanismos para que esas posiciones coexistan sin romper la unidad del movimiento.

Desde esta comprensión, se proponen los siguientes caminos concretos:

1. Acuerdo de fronteras éticas compartidas

Antes de discutir si participar o no en tal o cual acto oficial, las organizaciones necesitan acordar cuáles son las condiciones innegociables de cualquier participación institucional. No como un dogma abstracto sino como un protocolo operativo: ¿qué debe ocurrir para que la participación sea aceptable? ¿Qué tipo de presencia del Estado en un acto lo vuelve inaceptable? Ese acuerdo de "fricción ética" no elimina el desacuerdo, pero lo encuadra: convierte el debate en una discusión sobre condiciones concretas y verificables en lugar de una batalla de principios irreconciliables.

Un ejemplo concreto: acordar que la Asociación Ragone participará en las conmemoraciones del 24 de marzo solo si se cumplen protocolos específicos —rendición de honores a las víctimas bajo supervisión de los organismos, uso de los espacios para transmitir los nombres y las historias, presencia de veedores externos— transforma la participación de un gesto de legitimación en un procedimiento con consecuencias controlables.

2. Estrategia dual: presencia institucional y acción autónoma simultáneas

No hay razón para que la Asociación Ragone o la Mesa de Derechos Humanos tengan que elegir entre participar en los actos de la Comisión Provincial y sostener acciones autónomas en los territorios. La estrategia dual reconoce que ambas cosas son necesarias y que se refuerzan mutuamente: la presencia institucional otorga visibilidad y acceso a recursos; la acción autónoma territorial garantiza que la memoria siga viviendo en los barrios, en los centros culturales, en las escuelas, independientemente de lo que decida el Estado.

El mosaiquismo, los actos en los barrios, las actividades en universidades y gremios no son un segundo plano resignado. Son el corazón de la memoria viva. Y la presencia en los actos oficiales, cuando se hace con los protocolos acordados, no tiene por qué contradecirlos.

3. Programas de mentoría intergeneracional: el pasaje de la posta

Halbwachs advierte que los marcos sociales de la memoria mueren cuando mueren quienes los sostienen, si no se han transferido a nuevos portadores. Esta advertencia es urgente para el movimiento de memoria de Salta: la generación de veteranos que construyó las instituciones y que lleva en su cuerpo la memoria de primera mano no es eterna, y la pregunta sobre quién sostendrá esos marcos cuando ellos ya no puedan hacerlo no puede postergarse.

Un programa de mentoría intergeneracional no significa pedirle a los jóvenes que reproduzcan exactamente los marcos de los veteranos. Significa crear espacios deliberados de transmisión donde la memoria de los veteranos dialogue con las experiencias y las subjetividades de las generaciones más jóvenes —incluyendo militantes LGBT, activistas gremiales, investigadores universitarios, jóvenes de organizaciones barriales— para que esos marcos se actualicen sin perder su esencia crítica.

Ese diálogo intergeneracional necesita ser formalizado: no puede depender de que ocurra espontáneamente. Reuniones regulares entre militantes de distintas generaciones, ejercicios de transmisión oral de la historia, espacios donde los jóvenes puedan hacer preguntas que los veteranos consideren obvias y los veteranos puedan cuestionar certezas que los jóvenes dan por sentadas: estos son los procedimientos concretos que convierten la transmisión de la memoria en un proceso activo y no en un legado que se hereda sin comprender.

4. El Comité de Prevención de la Tortura como prioridad de unidad

Si hay un terreno en el que las distintas posiciones del movimiento pueden encontrarse con mayor facilidad es el de la defensa del Comité de Prevención de la Tortura. Su mandato —controlar la violencia institucional en el presente— no tiene la misma ambigüedad que los actos conmemorativos. Aquí no hay disputa sobre si es legítimo participar o no en espacios estatales: se trata de defender una institución de control cuya extinción beneficiaría exclusivamente a quienes ejercen esa violencia.

Hacer del Comité el terreno prioritario de unidad del movimiento tiene una doble ventaja: por un lado, orienta la energía hacia donde el impacto es más inmediato y concreto; por otro, crea una experiencia de trabajo conjunto entre posiciones divergentes que puede sentar bases para procesar las tensiones en otros terrenos.

5. La autonomía como escudo: identidad salteña de derechos humanos

Frente al avance del negacionismo desde el Estado nacional, las instituciones de memoria de Salta tienen la oportunidad —y la necesidad— de construir una identidad provincial fuerte y reconocible que les permita existir con independencia de lo que ocurra en Buenos Aires. Esa identidad no sería una renuncia a los vínculos nacionales sino un escudo: si la Comisión Provincial de la Memoria es reconocida como parte de la identidad cultural y democrática de Salta, resulta más difícil para cualquier poder político local desactivarla sin costo político.

Construir esa identidad requiere visibilidad, alianzas con sectores que no son los habituales del movimiento —empresas culturales, instituciones educativas, gremios, medios de comunicación— y una narrativa que haga de la memoria de los derechos humanos no solo una causa de las organizaciones sino un valor de la sociedad salteña en su conjunto.

Conclusión: a cincuenta años, la memoria como protocolo vivo

A cincuenta años del golpe, las organizaciones de derechos humanos de Salta se encuentran ante una encrucijada que sus propias historias han atravesado antes bajo formas distintas. El movimiento ha sobrevivido a sus propias fracturas. Ha producido justicia desde la desunión y ha sostenido la memoria desde la pluralidad. No hay razón para creer que no pueda hacerlo nuevamente.

Pero el contexto de 2026 exige algo más que sobrevivir a la fragmentación: exige gestionarla activamente. Exige reconocer que Nenina Lescano y Fernando Ragone no son adversarios sino portadores de dos memorias igualmente legítimas que necesitan encontrar un lenguaje común para coexistir dentro de las mismas instituciones. Exige que las generaciones más jóvenes comprendan la profundidad existencial de las posiciones de sus mayores, y que los veteranos comprendan que las generaciones más jóvenes no son menos comprometidas sino portadoras de una memoria construida en condiciones históricas diferentes.

Halbwachs nos recuerda que la memoria vive mientras haya grupos que la sostengan. La tarea de 2026 —en los meses que preceden al 24 de marzo, en la semana del cincuentenario, en el largo trabajo que sigue después— es mantener vivos esos grupos, con todas sus tensiones adentro, para que la memoria no quede reducida a un monumento sino que siga siendo lo que ha sido en los mejores momentos del movimiento salteño: un protocolo activo, un gesto corporal de refiliación democrática, una práctica de cuidado colectivo que impide que el horror vuelva a repetirse.

 

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Referencia teórica central: Maurice Halbwachs, Los marcos sociales de la memoria (1925) y La memoria colectiva (póstuma, 1950).