Un análisis académico sobre espacialidad, testimonio y
justicia transicional en el marco del 50.º aniversario del golpe de Estado de
1976
Por Fernando Pequeño Ragone
asistido por NotebookLM, Gemini y Claude IA
A cerca de mi escritura asistida
con IA.
Contenidos:
1.Introducción: Espacialidad, Memoria y Conmemoración
2.Marco Contextual: El Penal de Villa Las Rosas como Sitio de Memoria
2.1Historia y carga simbólica del espacio
2.2La Universidad Nacional de Salta y su relación institucional con el penal
3.Cartografía de Interlocutores: Voces, Roles y Posiciones
3.2Las autoridades penitenciarias y la institucionalización de la memoria
3.3Los referentes de memoria y el testimonio vivo
3.4Los estudiantes en contexto de encierro como emprendedores de la memoria
4.Las Voces Académicas y Pedagógicas: Discursos de las Organizadoras
5.La Palabra Exiliada: El Mensaje de Iñaki Rivera Beiras y el Honoris Causa de laUNSa
5.1Quién es Iñaki Rivera Beiras
6.Los Discursos Centrales: Mirta Torres y Fernando Pequeño Ragone
6.1Mirta Torres: la memoria descarnada y el discernimiento antisistémico
6.2Fernando Pequeño Ragone: la auditoría ética del presente institucional
6.2.2La supervivencia de las lógicas del terror en el encierro
6.2.3El límite ético intransigente y la denuncia de la opacidad
7.Los Emprendedores de la Memoria: Intervenciones Estudiantiles
8.
Cierre del Acto: Actualización de la Verdad y Rito Colectivo
9.Análisis Teórico: Memoria, Democracia y Justicia Transicional
10.Conclusión: La Memoria como Práctica Viva y Democrática
En
marzo de 2026, al cumplirse el cincuentenario del golpe de Estado
cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la Cárcel de Villa Las Rosas de la
ciudad de Salta fue escenario de una jornada de reflexión colectiva denominada
'Radio Abierta'. El evento, organizado por la Universidad Nacional de Salta
(UNSa) a través de la Facultad de Humanidades y la carrera de Ciencias de la
Comunicación, no adoptó la forma de una efeméride institucional tradicional,
sino la de un espacio participativo orientado a 'abrir la palabra' y construir
colectivamente la memoria en un lugar donde el terrorismo de Estado dejó
huellas materiales e indelebles. El objetivo central fue procesar el pasado
reciente para reafirmar el compromiso con los derechos humanos, transformando
el recuerdo en práctica viva y pedagógica.
La
elección del escenario no fue casual. La Cárcel de Villa Las Rosas funcionó
durante la última dictadura como centro de detención y tortura, y fue el lugar
desde el cual, el 6 de julio de 1976, fueron retirados diez detenidos políticos
que serían ejecutados en la denominada Masacre de Palomitas, entre ellos Celia
Leonard y Pablo Outes. Desde la perspectiva de Ludmila Da Silva Catela (2002),
la intervención de marzo de 2026 configura una 'territorialización de la
memoria', proceso mediante el cual un espacio diseñado históricamente para el
silencio y la exclusión es resignificado por la palabra académica y
testimonial, convirtiéndolo en un 'sitio de memoria' activo.
Describimos
y analizamos a continuación el desarrollo de esa jornada enfocando: los marcos
contextuales e institucionales, la cartografía de interlocutores presentes y
ausentes, los discursos de las autoridades académicas y penitenciarias, el
mensaje grabado del Doctor Iñaki Rivera Beiras desde Barcelona, las
intervenciones de los estudiantes en contexto de encierro, los testimonios de
Mirta Torres y Fernando 'Pequeño' Ragone, y el cierre del acto. La aproximación
teórica recupera los aportes de Elizabeth Jelin (2002), Michael Pollak (2006),
Da Silva Catela (2002), Diana Maffía, Pilar Calveiro (2004), Luis Alberto
Romero (2001), Guillermo O'Donnell (1972), Marina Franco (2012) y Alejandro
Grimson (2011), entre otros.
2.1 Historia y carga
simbólica del espacio
El
carácter específico del espacio en que se desarrolló la jornada no puede
disociarse de su historia. La Cárcel de Villa Las Rosas es reconocida en la
memoria salteña como uno de los engranajes del dispositivo represivo local de
la última dictadura. El 6 de julio de 1976, diez detenidos políticos fueron
retirados de ese establecimiento y trasladados a la ruta provincial 20, en las
inmediaciones de la localidad de Palomitas, donde fueron ejecutados en el marco
de lo que se conoce historiográficamente como la Masacre de Palomitas. Entre
las víctimas de ese operativo se encontraban militantes de distintas
organizaciones políticas y sociales, y sus cuerpos permanecieron en fosas
comunes durante décadas. El penal ya ha sido señalizado como sitio de memoria
por decisión institucional, reconocimiento que se ve reforzado por la presencia
del acto de 2026 en sus instalaciones.
Desde
la óptica de Pilar Calveiro (2004), los centros de detención de la última
dictadura argentina constituyeron dispositivos de un 'poder concentracionario'
cuya lógica excedía la simple privación de libertad: se trataba de producir
cuerpos y subjetividades sometidas, anular la resistencia política y social, y
enviar mensajes al conjunto de la sociedad. Que ese mismo espacio albergue,
cincuenta años después, una jornada en la que se nombra públicamente a sus
víctimas, se reproduce el informe Nunca Más y se debate sobre derechos humanos
en el encierro, constituye una inversión radical de esa lógica de poder.
2.2 La Universidad
Nacional de Salta y su relación institucional con el penal
La
jornada fue posible gracias a una relación institucional consolidada a lo largo
de dos décadas entre la UNSa y el penal de Villa Las Rosas. La carrera de
Ciencias de la Comunicación cumplió en 2026 veinte años de presencia
ininterrumpida en el sistema penitenciario salteño, en el marco de los
programas de 'educación en contextos de encierro'. Esta articulación transforma
el aula universitaria, en palabras que el documento recoge de la Secretaria
Académica Silvia Castillo citando a José Martí, en una 'trinchera de ideas'
frente a la arbitrariedad.
La
presencia de la universidad pública en los espacios de encierro no es un dato
menor desde la perspectiva de la historia política argentina. Luis Alberto
Romero (2001) ha señalado que las instituciones educativas fueron blancos
sistemáticos del aparato represivo de 1976, precisamente porque encarnaban la
posibilidad de formación de sujetos políticos autónomos. La Facultad de
Humanidades de la UNSa no fue ajena a esa represión: durante las alocuciones en
el acto se expresó que más de 116 docentes fueron cesanteados y que al menos
veinte personas vinculadas a la universidad fueron desaparecidas durante la
dictadura. El regreso de la institución a los muros del penal cincuenta años
después asume, por tanto, una dimensión reparatoria que excede lo pedagógico.
El
marco de la intervención implicó la concurrencia de una multiplicidad de
actores: autoridades académicas de la Facultad de Humanidades, referentes de
memoria y derechos humanos, y estudiantes en situación de privación de libertad
que asumieron los roles de investigadores, locutores y entrevistadores. Las
autoridades penitenciarias —el Alcalde Mayor Olver Carrizo Gutiérrez y el
Alcaide Reinaldo Flores— funcionaron como anfitriones institucionales,
validando la apertura del espacio para el acto.
3.1 Las autoridades
académicas
Cuatro
figuras institucionales encuadran el acto desde la universidad. Silvia
Castillo, Secretaria Académica de la Facultad de Humanidades, establece el tono
ético de la jornada al recurrir al pensamiento martiano: define la educación
como la única 'trinchera de ideas' capaz de 'romper las nubes de la
arbitrariedad y de la violencia'. Su discurso sitúa la conmemoración no como un
ejercicio nostálgico, sino como una herramienta de construcción de consensos
sociales en torno a la democracia.
María
Rosa Chachagua, Directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, centra
su intervención en la continuidad institucional: veinte años de presencia en el
encierro son presentados como una demostración de que la educación pública
puede y debe habitar los espacios de exclusión. Al dirigirse a los internos
como parte constitutiva de la carrera —'ustedes son parte desde el inicio'—, su
discurso opera una ruptura simbólica del aislamiento académico.
Rodrigo
Solá, Director de la Maestría en Derechos Humanos, aporta la perspectiva de la
justicia transicional: recuerda que el penal ha sido señalizado como sitio de
memoria y vincula el acto con los marcos jurídicos e institucionales de la
memoria. Federico Medina, Secretario de Investigación, suma el respaldo de la
función investigativa de la universidad a las prácticas democráticas en el
encierro.
3.2 Las autoridades
penitenciarias y la institucionalización de la memoria
La
presencia y el consentimiento de las autoridades penitenciarias —Olver Carrizo
Gutiérrez y Reinaldo Flores— constituyen, en términos analíticos, un discurso
no verbal de enorme peso político. Desde la perspectiva de Michael Pollak
(2006), estas figuras gestionan la transición de una 'memoria subterránea' —el
horror de 1976 en el penal— hacia una memoria pública y oficialmente
reconocida. Al permitir que el espacio sea resignificado por la palabra
democrática, rompen el silencio institucional que históricamente protegió las
prácticas del terrorismo de Estado en los lugares de encierro.
El
documento enfatiza que su presencia en un acto donde se nombra a las víctimas
desaparecidas desde ese mismo establecimiento implica un reconocimiento tácito
de la responsabilidad histórica del Estado en ese territorio. Elizabeth Jelin
(2002) identificaría a estas figuras como 'facilitadores estatales' en las
batallas por la memoria: al avalar la señalización del penal como sitio de
memoria durante su gestión, aceptan que el establecimiento no es solo un
instrumento de castigo presente, sino un territorio de verdad histórica.
3.3 Los referentes
de memoria y el testimonio vivo
La
marca de 'conciencia ética y testimonial' puede asignarse a los invitados
especiales que aportan la 'memoria viva' al acto. Mirta Torres, sobreviviente y
referente de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos, ocupa el lugar
central de este grupo. Su intervención se analiza extensamente en la sección
dedicada a los discursos, dado que constituye la articulación más densa del
testimonio corporal con la denuncia política.
Fernando
Pequeño Ragone, nieto del gobernador constitucional de Salta Miguel Ragone
—detenido-desaparecido el 11 de marzo de 1976—, es presentado como un referente
que practica una 'incorrecta corrección política': interpela sin
condescendencia a internos y a personal penitenciario, trazando límites éticos
intransigentes contra la crueldad y la tortura. La dimensión generacional de su
figura —el 'nieto testigo'— introduce en el acto la cuestión de la transmisión
intergeneracional de la memoria, uno de los problemas centrales de los estudios
del campo (Jelin, 2002).
El
documento también registra la presencia de Iñaki Rivera Beiras, Doctor y
director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la
Universidad de Barcelona, quien participa a través de un saludo grabado. Su
figura y su mensaje se analizan en sección específica, dada la relevancia de su
condición de exiliado y Doctor Honoris Causa de la UNSa.
3.4 Los estudiantes
en contexto de encierro como emprendedores de la memoria
La
categoría más activa del evento es la de los estudiantes en privación de
libertad. No se trata de receptores pasivos de una efeméride, se asumen como
investigadores, locutores y narradores que han producido textos propios y
gestionado las entrevistas. En términos jelinianos (Jelin, 2002), se trata de
'emprendedores de la memoria': actores que disputan activamente el sentido del
pasado.
Hubo intervenciones
de Martín, quien expone sobre 'Memorias del Horror en la UNSA'; José María,
quien recupera la biografía de Georgina Droz y su formación con Paulo Freire;
Máxima Becharé y José Yapura, entrevistadores de Torres y Ragone
respectivamente; Matías Lazarte, quien realiza una crónica detallada del
secuestro de Miguel Ragone; Mario Vargas, que lee la recreación ficcional
'Amaranta Libertad' sobre el parto en cautiverio de Silvia Leonard; Raúl
Romero, quien denuncia la censura cultural de la dictadura sobre músicos como
Mercedes Sosa y Charly García; y Carolina ('Carol') y Nati, quienes lideran la
intervención artística 'Florecerán pañuelos'.
Desde
la sociología de la memoria, estas intervenciones producen lo que Da Silva
Catela (2002) denomina 'territorialización': al nombrar a las víctimas en el
mismo espacio donde estuvieron detenidas, al leer una crónica sobre el
secuestro de Ragone dentro del penal que fue antesala de la Masacre de
Palomitas, los estudiantes conectan la geografía del horror con su geografía
cotidiana, haciendo que la memoria, en expresión que el documento atribuye a
los propios participantes, 'forme parte de nuestro ADN'.
3.5 Las presencias
ausentes: sujetos del discurso
Una
dimensión crucial del análisis discursivo concierne a los interlocutores que no
intervienen físicamente pero cuya presencia es evocada como mandato ético y
político. Las víctimas del 6 de julio de 1976 —Celia Leonard, Pablo Outes y los
demás ejecutados— abren simbólicamente el acto: sus nombres son pronunciados
para 'romper el olvido' en el mismo lugar donde estuvieron detenidos. El rector
de la UNSa durante la dictadura, Olver Martínez Borelli, y la pedagoga y militante
Georgina Droz son convocados como modelos de compromiso institucional y
pedagógico respectivamente.
Al
finalizar el acto, el documento introduce una actualización que amplía el campo
de presencias ausentes: el estudiante de cierre enumera los doce cuerpos
identificados en marzo de 2026 por el Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) en fosas comunes del predio del Tercer Cuerpo del Ejército en Córdoba.
Los nombres —Ramiro Sergio Bustillo, Raúl Óscar Cavallon Cantón, Adriana María
Carrazán, Cecilia María Carrazán, Carlos Alberto D'Ambra, Alejandro Jorge Monj,
Mario Alberto Nigoli, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde, Sergio Julio
Ticera, entre otros— son pronunciados en el penal de Villa Las Rosas,
unificando la geografía del horror en una sola demanda de justicia que
trasciende las provincias.
Los
discursos de Silvia Castillo, María Rosa Chachagua y la profesora Cecilia Toro
configuran lo que Jelin (2002) denomina 'emprendimientos de memoria' desde la
institucionalidad universitaria. Sus posiciones, aunque convergentes en el
reconocimiento del penal como espacio de derecho educativo, presentan énfasis
diferenciados que vale la pena distinguir.
Castillo
ancla su intervención en una ética de la responsabilidad democrática. El acto
conmemorativo es presentado no como una ceremonia del dolor, sino como una
herramienta para marcar consensos sociales: la conmemoración señala el camino
de una comunidad más justa. Su referencia a la represión en la propia
universidad —las cesantías, la explosión del Aula 1 en 1974— establece una
genealogía institucional del compromiso: la UNSa no conmemora desde afuera de
la historia, sino desde adentro de ella.
Chachagua,
por su parte, enfatiza la dimensión de la continuidad. Veinte años de presencia
ininterrumpida en el penal son leídos como una demostración de la posibilidad
de ejercer derechos en el encierro. Al celebrar que la iniciativa del acto
surgió de los propios estudiantes, su discurso afirma la agencia de los
internos como sujetos de la educación pública.
La
intervención de Cecilia Toro es la más compleja teóricamente. La docente
introduce una crítica política al sistema carcelario en su conjunto,
definiéndolo como un sistema 'perverso' de encierro y secuestro que reproduce
la violencia institucional. Recuperando implícitamente la tradición
foucaultiana sobre la relación entre poder y encierro, propone la
reconstrucción de la noción de 'comunidad' para deconstruir la violencia que
enfrenta a guardias e internos, quienes a menudo pertenecen al mismo entorno social.
La democracia de 1983, afirma, no representó una ruptura absoluta con la
violencia de 1976, sino el inicio de un proceso diario de construcción que
exige que la memoria forme parte del 'ADN' social. Concluye su intervención
materializando el discurso: entrega ejemplares del informe Nunca Más y del
libro Corrupción y Dictadura a los internos, convirtiendo el gesto en una
herramienta de investigación.
5.1 Quién es Iñaki
Rivera Beiras
José
Ignacio 'Iñaki' Rivera Beiras es Catedrático de Derecho Penal y Criminología en
la Universidad de Barcelona, donde dirige el Máster en Criminología Crítica y
Derecho Penitenciario. En 2001 fundó el Observatorio del Sistema Penal y los
Derechos Humanos (OSPDH) de esa misma universidad y lidera el Sistema de
Registro y Comunicación de la Violencia Institucional (SIRECOVI). Sus
investigaciones se centran en la cuestión carcelaria, la reducción de la
prisión (decarcelación), la prevención de la tortura y la denuncia de la
violencia institucional en los sistemas penitenciarios. La Universidad Nacional
de Salta le otorgó el título de Doctor Honoris Causa, distinción que el
documento registra como el reconocimiento institucional de mayor jerarquía
académica.
Su
vínculo con la UNSa se consolida a través de la Especialización y Maestría en
Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, donde ha integrado equipos
docentes en asignaturas de posgrado sobre democracia y violencia institucional
en Argentina. Comparte espacios de docencia e investigación con la Dra. Cecilia
Toro, coordinadora del Observatorio del Sistema Penal, Políticas de Seguridad y
de los DDHH de la UNSa, y sus actividades han contado con la coordinación del
Mgter. Rodrigo Solá.
5.2 El mensaje
grabado desde Barcelona
Rivera
Beiras participa en el acto de Villa Las Rosas mediante un saludo grabado
enviado desde la ciudad de Barcelona. Su ausencia física es mediada por la
profesora Cecilia Toro, quien introduce el mensaje subrayando que no se trata
de una formalidad sino de la continuación de un vínculo político e intelectual
de largo aliento: Rivera Beiras es presentado como exiliado de la dictadura
argentina que reside en Barcelona desde hace cincuenta años, y cuya trayectoria
demuestra que el exilio no ha sido obstáculo para mantener 'lazos fraternos' y
una lucha incansable por el derecho a una vida digna.
El
mensaje articula tres proposiciones centrales. En primer lugar, identifica las
cárceles, cuarteles y comisarías como escenarios específicos de 'tortura, de
violencia institucional y de degradación de personas', exigiendo una búsqueda
permanente de la verdad y la justicia en esos sitios. En segundo lugar,
advierte sobre un contexto global de 'extravío de la memoria' impulsado por
actitudes negacionistas de la extrema derecha y los 'fascismos', y sostiene que
el ejercicio del recuerdo es una herramienta de resistencia imprescindible
frente a esos tiempos. En tercer lugar, su propio mensaje desde el exilio
encarna la persistencia del vínculo político transnacional: la distancia
geográfica se transforma en 'abrazo solidario y fraterno'.
Desde
la perspectiva de Pollak (2006), la presencia de Rivera Beiras simboliza la
victoria sobre el silencio impuesto por el exilio. El exiliado custodia una
memoria que el régimen intentó extirpar; al reinsertar su voz en el penal de
Villa Las Rosas, rompe la 'memoria fronteriza' para integrarla en un circuito
de justicia global. Jelin (2002) vería en esta intervención parte de las 'redes
de memoria' que trascienden fronteras nacionales: la lucha contra el
negacionismo que menciona Rivera Beiras es una de las 'batallas por la memoria'
más urgentes en el presente, donde el capital simbólico de la verdad es
defendido por actores internacionales.
5.3 El discurso del
Doctor Honoris Causa: presencia en audio
El
documento registra que la Universidad Nacional de Salta otorgó a Iñaki Rivera
Beiras el título de Doctor Honoris Causa, distinción que consolida el
reconocimiento institucional de sus aportes a la investigación criminológica y
la defensa de los derechos fundamentales. Su mensaje grabado en el acto de
Villa Las Rosas cobra una dimensión adicional a la luz de esa distinción: el
Honoris Causa no es solo un reconocimiento académico abstracto, sino la
formalización de un vínculo que, como demuestra el acto, se materializa en el
trabajo cotidiano de la maestría en derechos humanos, en la formación de
posgrado sobre violencia institucional y en la solidaridad con quienes, dentro
de los muros del penal salteño, ejercen el derecho a la educación y la memoria.
Da
Silva Catela (2002) señalaría que la irrupción de un discurso producido en
Barcelona en el pabellón de una cárcel salteña conecta escalas de memoria
globales con la micro-historia del encierro local, produciendo una
'territorialización virtual' que amplía los límites del sitio de memoria más
allá de sus muros físicos.
6.1 Mirta Torres: la
memoria descarnada y el discernimiento antisistémico
6.1.1 La memoria como compromiso de la clase
trabajadora
Mirta
Torres, sobreviviente del terrorismo de Estado, exdetenida política y referente
de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos, es entrevistada en el acto
por Máxima Becharé, estudiante en contexto de encierro. Su testimonio se aleja
del protocolo institucional para situarse en la 'memoria viva' y la denuncia
política.
Torres
desmarca la práctica de la memoria de un ejercicio exclusivo de élites
intelectuales o académicas. Se define a sí misma como parte de la 'clase
trabajadora jubilada', enfatizando que el recuerdo es un compromiso social
universal que adquiere su mayor sentido en los espacios de exclusión: realiza
este trabajo 'con amor', especialmente en los lugares más humildes. Esta
operación discursiva politiza el afecto como herramienta de resistencia frente
al odio estatal. En términos de Grimson (2011), su posición anticipa la
necesidad de comprender las 'grietas' de la memoria no solo en clave
ideológica, sino también en términos de clase social y de los cuerpos que han
sufrido la represión.
6.1.2 La impunidad estructural y el Plan Cóndor
El
argumento más potente de Torres en términos de justicia transicional es el que
vincula la práctica de la memoria con la lucha contra la impunidad estructural.
Sostiene que en la sociedad capitalista la impunidad 'se instala y nos
atraviesa': mientras no aparezcan todos los restos, mientras no existan las
causas correspondientes a cada uno de los treinta mil desaparecidos, la memoria
no puede clausurarse. La reconstrucción biográfica e histórica —expresada en la
mención de las recientes identificaciones del EAAF en Córdoba— es presentada
como la única herramienta para obturar esa impunidad.
Torres
eleva el análisis local hacia una dimensión continental al inscribir el
terrorismo de Estado dentro de una estrategia sistemática de exterminio
regional. Cita el hallazgo de los 'Archivos del Terror' por Martín Almada en
Paraguay como prueba documental de la cooperación de las dictaduras del Cono
Sur —formadas por 'escuelas francesas y yanquis'— en el marco del Plan Cóndor.
Los crímenes de lesa humanidad son definidos como 'crímenes de crímenes
reunidos en cantidad' que afectan a toda la humanidad. Esta perspectiva
coincide con los análisis de Franco (2012) sobre la construcción transnacional
de los relatos sobre la represión y la necesidad de superar los marcos
nacionales para comprender el alcance del terrorismo de Estado.
6.1.3 El secuestro de la capacidad de
discernimiento
La
tesis más significativa de Torres en el marco del acto en un espacio de
encierro es la que define al terrorismo de Estado no solo por sus víctimas
directas, sino por sus efectos sobre el conjunto de la sociedad: el mayor daño
fue la mutilación de la información, la 'captura' de la capacidad humana de
comprender el 'porqué' de los procesos políticos y económicos. Exhorta a los
internos a 'poner en tela de juicio todo' y a armarse de conocimiento como
forma de resistencia.
Esta
exhortación asume una dimensión ética particular en el contexto del encierro.
Al interpelar a quienes el sistema penal margina bajo la categoría de 'presos
sociales' para recuperar su 'capacidad de discernimiento', Torres les reconoce
una agencia política que el sistema les niega. La concluye con una negativa
tajante a la reconciliación abstracta que el documento registra en primera
persona: 'No olvidamos, no perdonamos... y no damos vuelta a la página'. El
mérito histórico de su diálogo, como señala el análisis comparativo del
documento fuente, radica en que su voz sigue siendo el nexo ineludible entre el
trauma del Plan Cóndor y la necesidad de una democracia que no 'secuestre' la
capacidad de entender el presente.
6.2 Fernando Pequeño
Ragone: la auditoría ética del presente institucional
6.2.1 La memoria como lente operativo
Fernando
Pequeño Ragone, nieto del gobernador constitucional de Salta Miguel Ragone
—desaparecido el 11 de marzo de 1976—, asume en el acto una posición discursiva
que él mismo menciona como de 'incorrecta corrección política'. Antes de
someterse a la entrevista conducida por José Yapura, solicita tiempo para leer
un manifiesto escrito especialmente para la comunidad penitenciaria. Inicia su
alocución saludando a la universidad, a los internos y, de manera destacada, a
los trabajadores del servicio penitenciario, a quienes define como parte de una
'sola comunidad'.
Su
primera proposición quiebra la concepción de la memoria como museo o efeméride
estática: 'La memoria para mí es una lente para mirar nuestro presente. Es la
herramienta que nos permite medir cuánto hemos avanzado... y cuánta oscuridad
nos queda aún por desarmar'. Esta definición operativa de la memoria conecta
con los marcos de O'Donnell (1972): la democracia no se evalúa únicamente por
sus procedimientos formales, sino por su capacidad de desmantelar las
estructuras autoritarias que sobreviven en los márgenes institucionales.
6.2.2 La supervivencia de las lógicas del terror en
el encierro
El
postulado central de Ragone en términos de justicia transicional es que los
espacios de privación de libertad —cárceles, hospitales psiquiátricos, centros
de recuperación de adicciones— constituyen los reductos donde las lógicas
opacas y violentas del terrorismo de Estado pretenden sobrevivir. Frente a esta
constatación, afirma categóricamente que 'los derechos humanos no se terminan
en la puerta de este lugar cuando uno entra', reivindicando el derecho a la
integridad física y a la salud mental plena para los internos.
Calveiro
(2004) habría anticipado esta lectura: el 'poder concentracionario' no
desapareció con el fin de la dictadura, sino que se reconvirtió y se diseminó
en las instituciones del Estado democrático, particularmente en aquellas que
ejercen control sobre los cuerpos de los sectores más vulnerables de la
sociedad.
6.2.3 El límite ético intransigente y la denuncia
de la opacidad
Ragone
introduce una complejidad sociológica al reconocer la precarización material
del personal penitenciario: bajos salarios, estigma social, turnos extenuantes.
Sin embargo, traza una frontera deontológica innegociable: 'Tengo que trazar un
límite ético, político y profundamente intransigente y entender que la
precarización del guardia... no justifica ni va a justificar jamás la
crueldad'. El agente penitenciario que replica prácticas perversas 'lastima de
muerte' a la institución y la convierte en un 'apéndice de la oscura dictadura
militar' ante los ojos de la sociedad.
Su
cuarta proposición señala un diseño político deliberado: 'Quieren que la cárcel
siga siendo un rincón oscuro donde el Estado puede ejercer su poder sin rendir
cuentas'. Denuncia a los funcionarios que obstaculizan el trabajo del Comité
para la Prevención de la Tortura y que impiden la participación de organismos
de derechos humanos. Argumenta que los 'muros altísimos' no solo sirven para
que los presos no salgan, sino para que la ciudadanía no pueda observar lo que
ocurre dentro.
6.2.4 La humanización de Miguel Ragone: herencia y
orfandad
La
entrevista con Yapura permite a Fernando Ragone desplazarse del manifiesto
político al relato biográfico. Miguel Ragone es presentado como hijo de un
inmigrante italiano 'bien bruto' y campesino, un hombre de carne y hueso que
llegó a profesional y a la gobernación de Salta por el esfuerzo familiar. La
clave de su figura política es su 'innegociabilidad': no quería 'asimilarse a
las élites' ni 'meter la mano en la lata', lo que finalmente provocó que 'se lo
llevaran puesto'.
El
nieto concluye con una reflexión sobre el dolor de crecer huérfano. Reproche y
afecto se entrelazan en una imagen de singular densidad: crecer sin abuelo lo
habilitó para entender, desde adentro del dolor, las deudas pendientes de la
democracia en lugares como Villa Las Rosas. La orfandad, lejos de ser solo una
pérdida, funciona como lente —en coherencia con la metáfora inaugural de su
discurso— para detectar lo que la democracia aún no ha resuelto.
6.3 Análisis
comparativo de los discursos de Torres y Ragone
Los
discursos de Mirta Torres y Fernando Ragone operan como vectores
complementarios pero diferenciados de la justicia transicional. Torres aporta
la radicalidad ética del testimonio corporal: es la memoria que camina por el
mismo penal donde sufrió. Ragone aporta la auditoría institucional:
instrumentaliza esa misma memoria para exigir la democratización definitiva del
aparato de control penal del Estado.
En
cuanto al enfoque analítico, Torres inscribe la represión en las lógicas del
capitalismo continental y la manipulación de las conciencias; Ragone focaliza
en la persistencia del Estado burocrático-punitivo y el comportamiento ético de
sus agentes. En cuanto a la estrategia ante el encierro, Torres exhorta a la
resistencia intelectual mediante el discernimiento y el estudio; Ragone exhorta
a la auditoría democrática exigiendo que la sociedad civil rompa la opacidad de
los muros. En cuanto a la perspectiva del tiempo, Torres sostiene una
continuidad intransigente ante la herida abierta de la impunidad; Ragone
propone la memoria como estándar de medición de la calidad democrática del
presente.
Ambas
voces convergen en que, a medio siglo del golpe de Estado, la memoria ha pasado
de ser una demanda de reparación del pasado a constituirse en el instrumento
indispensable para la vigencia y fiscalización de los derechos humanos en el
presente.
Las
intervenciones de los estudiantes en contexto de encierro constituyen el núcleo
pedagógico y político más innovador del acto. Desde la óptica de Elizabeth
Jelin son 'emprendedores de la memoria': actores que no solo preservan el
recuerdo, sino que lo producen activamente, lo investigan y lo narran.
Martín
expone la investigación 'Memorias del Horror en la UNSA', reconstruyendo la
genealogía de la represión sobre la universidad: la intervención de la gestión
Borelli, el atentado al Aula 1 en 1974, la desaparición de más de veinte
personas vinculadas a la institución y la cesantía de 116 docentes. Su
argumento central es que 'el que no conoce su historia está condenado a
repetirla', frase que el documento registra textualmente y que resume la
función pedagógica del acto.
José
María recupera la biografía de Georgina Droz, destacando su formación con Paulo
Freire y su labor en la alfabetización de adultos. La trayectoria de Droz es
presentada como una 'bandera para todos los jóvenes'. La cita que el estudiante
recoge —'Descubrir que el estudio es una gran manera de luchar. Entonces,
quiero estudiar'— funciona como espejo en el que los propios internos pueden
reconocer su situación.
Matías
Lazarte presenta una crónica detallada del operativo de secuestro de Miguel
Ragone el 11 de marzo de 1976, enfatizando la 'impunidad' y la 'apoyatura
local' de los captores. Mario Vargas lee la recreación ficcional 'Amaranta
Libertad', basada en el parto en cautiverio de Silvia Leonard, madre de una
víctima de la masacre. La pieza literaria —con el cierre que el documento
registra: 'A todos les digo y les repito, nunca más'— utiliza la ficción para
narrar lo que el testimonio directo difícilmente puede contener.
Raúl
Romero denuncia la censura cultural de la dictadura: la quema de libros, la
prohibición de músicos como Mercedes Sosa y Charly García. Su argumento es que
la música y la literatura fueron perseguidas porque 'decían la verdad' y
generaban esperanza en los jóvenes. Finalmente, Carolina y Nati lideran la
intervención artística 'Florecerán pañuelos', que materializa la memoria en
objetos simbólicos elaborados por los internos de las unidades 1 y 4.
Desde
la perspectiva de Pollak (2006), la Radio Abierta permite que emerjan 'memorias
subterráneas' —el relato de los partos en cautiverio, las cesantías en la
universidad, los archivos del Plan Cóndor— para volverse públicas en un espacio
de encierro. Los estudiantes actúan como el vehículo para que el recuerdo rompa
el aislamiento carcelario. Maffía vería en esta transformación —de 'presos
sociales' a 'investigadores y locutores'— un proceso de construcción de
subjetividad política: el acto de estudiar y narrar se convierte en una
'batalla' de resistencia ante un sistema que busca deshumanizarlos.
El
bloque final del acto articula dos momentos de naturaleza diferente: una
actualización informativa de alta densidad política y un rito de clausura
colectiva. El estudiante de cierre presenta la proposición que organiza todo el
acto: la dictadura no es un proceso cerrado, sino una herida abierta que sigue
produciendo vestigios materiales en el presente.
El 10
de marzo de 2026, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó doce
cuerpos en fosas comunes en el predio del Tercer Cuerpo del Ejército en La
Calera, Córdoba. Los nombres son pronunciados en el pabellón del penal salteño:
Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás, Raúl Óscar Cavallon Cantón, Adriana María
Carrazán, Cecilia María Carrazán, Carlos Alberto D'Ambra, Alejandro Jorge Monj,
Mario Alberto Nigoli, Elsa Mónica, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde y
Sergio Julio Ticera. La lectura de estos nombres en Villa Las Rosas produce la
convergencia de dos territorios de memoria: el penal salteño y las fosas
cordobesas se articulan en una demanda de justicia que unifica la geografía
nacional del horror.
El acto
culmina con el grito al unísono de la consigna '¡Ahora y siempre!', reafirmando
el compromiso ético y político de la sociedad frente a la desaparición forzada.
Se invita a los presentes a un agasajo que facilita un espacio de encuentro
informal entre internos, familiares y académicos. Este cierre no concluye la
efeméride: la reporta como situación vigente. La integración de los nuevos
nombres de Córdoba al acto de Villa Las Rosas confirma que la memoria en
Argentina es un proceso vivo, capaz de actualizarse y fortalecerse medio siglo
después del quiebre democrático.
En
términos de Jelin (2002), la lectura de esos doce nombres constituye un
'trabajo de memoria' activo: no se recuerda al desaparecido en abstracto, sino
que se restituye su nombre propio al espacio público, disputando el olvido
impuesto por el sistema concentracionario. El agasajo final, por su parte,
representa la construcción de una subjetividad política dialógica: al invitar
al personal penitenciario y a los internos a compartir un espacio común tras el
acto, se busca deconstruir la violencia institucional mediante la palabra y el
encuentro humano.
El acto
de Villa Las Rosas de marzo de 2026 puede leerse como una síntesis de las
transformaciones que ha experimentado la cultura de la memoria en la Argentina
posdictatorial. Desde la perspectiva de Jelin (2002), los 'trabajos de la
memoria' no son lineales ni concluyen con la transición democrática: son
procesos en permanente disputa donde distintos actores sociales pugnan por
imponer sentidos sobre el pasado. El acto analizado evidencia que, cincuenta
años después del golpe, esa disputa se ha desplazado desde los tribunales hacia
los espacios cotidianos de exclusión social, como las cárceles.
Pollak
(2006) habría reconocido en la Radio Abierta el mecanismo por el cual las
'memorias subterráneas' —silenciadas durante décadas por el terror y la
opacidad institucional— emergen al espacio público. La presencia de los
estudiantes en contexto de encierro como productores de memoria, y no como sus
meros receptores, confirma que el 'silencio impuesto' puede ser quebrado
incluso desde las instituciones que, históricamente, lo han administrado.
Calveiro
(2004) permitiría comprender por qué el penal es el escenario privilegiado para
ese debate: el 'poder concentracionario' que operó en los centros clandestinos
de detención de la dictadura no desapareció con la democracia, sino que se
reconvirtió en las instituciones de control social. La cárcel es uno de sus
últimos bastiones. Que sea precisamente en ese espacio donde se pronuncian los
nombres de las víctimas, se lee el Nunca Más y se debate sobre el límite ético
del poder punitivo, constituye una inversión política de enorme significación.
O'Donnell
(1972), desde su análisis de las condiciones del autoritarismo en América
Latina, habría subrayado que la democracia formal no garantiza por sí misma la
democratización de las instituciones. El penal de Villa Las Rosas en 2026 es un
ejemplo preciso de ese hiato: cuarenta años de democracia conviven con
prácticas de violencia institucional que los discursos de Torres y Ragone
denuncian con nombres y apellidos.
Romero
(2001) ha señalado que la historia argentina del siglo XX es, en buena medida,
la historia de los fracasos de la integración política y social. El acto
analizado puede leerse en esa clave: el esfuerzo por integrar a los internos
—'presos sociales' en su mayoría— en el relato de la memoria política nacional
es también un esfuerzo por incluirlos como ciudadanos en la democracia, por
reconocer que la violencia estatal que sufrieron los detenidos políticos de
1976 y la que sufren hoy los privados de libertad forman parte de un mismo
problema estructural.
Grimson
(2011) habría analizado las 'grietas' del campo de la memoria: las disputas
sobre el sentido del pasado no son solo académicas, sino que expresan
divisiones sociales y políticas profundas. El acto de Villa Las Rosas no
clausura esas disputas, pero propone una forma de habitarlas: la palabra
compartida, la investigación colectiva, el encuentro de voces heterogéneas en
un espacio común. Franco (2012), por su parte, habría reconocido en las
intervenciones de Torres y Ragone la persistencia de los debates sobre
represión y memoria que, lejos de haberse agotado, se actualizan
permanentemente ante cada nueva identificación de restos, ante cada denuncia de
tortura en el encierro.
Maffía
aportaría una lectura de la dimensión de género que el documento recoge aunque
no explicita. La figura de Mirta Torres —sobreviviente que dio a luz en
cautiverio, cuyo hijo mayor es 'un sobreviviente de la tortura en mi vientre'—
deconstruye la noción de la madre víctima para erigirla como sujeto político:
su cuerpo y su prole son prueba irrefutable de la crueldad estatal y de la
resistencia vital. La lectura ficcional de 'Amaranta Libertad' por el
estudiante Mario Vargas refuerza esa dimensión: el nacimiento de una vida en
medio de la tortura es el símbolo más potente de la resistencia que el acto
convoca.
El acto
de 'Radio Abierta' realizado en la Cárcel de Villa Las Rosas en marzo de 2026,
en el cincuentenario del golpe de Estado cívico-militar, fue un momento de
singular densidad política, pedagógica y simbólica. Se suceden al menos cinco
dimensiones de significación que se articulan y se refuerzan mutuamente.
La
primera es la de la espacialidad: que el acto se realice en el mismo espacio
donde funcionó un centro clandestino de detención, donde diez personas fueron
retiradas para ser ejecutadas en Palomitas, y donde hoy estudian y producen
conocimiento personas privadas de su libertad, no es una coincidencia sino una
decisión política. Da Silva Catela (2002) lo llama 'territorialización de la
memoria': el espacio del horror se convierte en espacio de conciencia.
La
segunda es la de la pluralidad de voces: el documento registra un entramado de
interlocutores —autoridades académicas y penitenciarias, sobrevivientes, nietos
de desaparecidos, exiliados, profesores y estudiantes en encierro— que producen
memoria desde lugares radicalmente distintos. Esta heterogeneidad es la
fortaleza del acto: ninguna voz monopoliza el sentido del pasado, sino que
todas contribuyen a una memoria colectiva que, como señala Jelin (2002), es
siempre inacabada y en disputa.
La
tercera es la de la actualización: el acto no se limita a conmemorar el pasado,
sino que lo articula con el presente. La denuncia de Torres sobre el 'secuestro
de la capacidad de discernimiento', el manifiesto de Ragone sobre la
supervivencia de las lógicas del terror en los espacios de encierro, y la
lectura de los doce nombres identificados en Córdoba en 2026 demuestran que la
memoria, en Argentina, no es un ejercicio nostálgico sino una práctica política
urgente.
La
cuarta es la de la transmisión: los estudiantes en contexto de encierro que
investigan, locutan y entrevistan producen memoria en primera persona. Esta
dimensión pedagógica —la educación como 'trinchera de ideas', en palabras de
Castillo— es la que hace del acto algo más que una conmemoración: es la
formación de nuevos sujetos políticos capaces de interrogar el pasado y auditar
el presente.
La
quinta es la de la reparación simbólica: que el Nunca Más y los libros sobre la
dictadura sean entregados a los internos, que los nombres de las víctimas de
1976 sean pronunciados en el pabellón del penal por quienes hoy están privados
de su libertad, que la consigna '¡Ahora y siempre!' sea gritada por internos,
guardias y académicos al unísono, son gestos que apuntan hacia una reparación
que excede lo jurídico y se instala en el orden de la dignidad compartida.
El
penal de Villa Las Rosas, en marzo de 2026, dejó de ser —al menos por el tiempo
que duró el acto— el 'rincón oscuro donde el Estado puede ejercer su poder sin
rendir cuentas' que Ragone denuncia, para convertirse en lo que el documento,
en su más persistente aspiración, llama un espacio de 'discernimiento y
resistencia comunitaria'. En esa transformación, efímera pero real, reside el
mérito histórico del acto analizado.
Calveiro, P. (2004). Política y/o violencia: Una
aproximación a la guerrilla de los años setenta. Norma.
Da Silva Catela, L. (2002). El mundo de los archivos.
En L. Da Silva Catela & E. Jelin (Comps.), Los archivos de la represión:
Documentos, memoria y verdad (pp. 195-221). Siglo XXI.
Franco, M. (2012). Un enemigo para la nación: Orden
interno, violencia y subversión (1973-1976). Fondo de Cultura Económica.
Grimson, A. (2011). Los límites de la cultura: Crítica
de las teorías de la identidad. Siglo XXI.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo
XXI.
Maffía, D. (2007). Epistemología feminista: La
subversión semiótica de las mujeres en la ciencia. Revista Venezolana de
Estudios de la Mujer, 12(28), 63-98.
O'Donnell, G. (1972). Modernización y autoritarismo.
Paidós.
Pollak, M. (2006). Memoria, olvido, silencio: La
producción social de identidades frente a situaciones límite. Al Margen.
Rivera Beiras, I. (2005). Recorridos y posibles formas
de la penología crítica. En I. Rivera Beiras (Coord.), Política criminal y
sistema penal: Viejas y nuevas racionalidades punitivas (pp. 13-60). Anthropos.
Romero, L. A. (2001). Breve historia contemporánea de
la Argentina. Fondo de Cultura Económica.
Universidad Nacional de Salta / Facultad de
Humanidades / Carrera de Ciencias de la Comunicación. (2026). Registro del acto
conmemorativo del 24 de marzo en la Cárcel de Villa Las Rosas [Documento
interno]. UNSa.
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