Manifiesto de las Organizaciones de Derechos Humanos de Salta
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Las organizaciones de
Derechos Humanos de Salta manifestamos nuestra profunda preocupación ante la
reivindicación del Operativo Independencia por parte del gobierno nacional y de
ciertos grupos locales que ensalzan la figura de los conscriptos del servicio
militar de 1973 y 1974. Consideramos alarmante la intención de construir una
narrativa que glorifica a soldados que, si bien fueron víctimas de órdenes
emitidas por un gobierno en deriva autoritaria, también fueron partícipes de un
aparato represivo.
Nos inquieta el
estancamiento de los juicios vinculados al Operativo Independencia y la
imperiosa necesidad de analizar cómo se gestó la represión estatal bajo
gobiernos formalmente democráticos. En este sentido, reafirmamos nuestro
compromiso con la memoria de las víctimas y la conexión de los sucesos del
pasado con la actual coyuntura política, especialmente en relación con las
políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei.
El gobierno nacional
actual reivindica y conmemora explícitamente el Operativo Independencia,
organizando desfiles y actos en Tucumán, en paralelo a las conmemoraciones de
las organizaciones de víctimas de este operativo. Esta situación plantea una
contradicción fundamental: ¿cómo un gobierno elegido democráticamente puede
llegar a convertirse en un gobierno terrorista y genocida, capaz de
institucionalizar abiertamente el Operativo Independencia e intervenir
provincias, como la Salta de Ragone?
Proponemos que se haga
un análisis profundo sobre cómo un gobierno electo puede derivar en prácticas
genocidas. Si bien en el contexto actual se argumenta que no se llevan a cabo
secuestros ni asesinatos como en el pasado, sostenemos que el gobierno está
"matando de hambre" y destruyendo al país de otras maneras, generando
incertidumbre sobre los límites de su accionar. Instamos a que se comprendan
los mecanismos y las condiciones que permiten la erosión de la democracia y la
emergencia de formas de violencia estatal, incluso bajo un manto de legitimidad
electoral.
Frente al desguace día
a día de los recursos, las instituciones y la democracia de los argentinos, y
de la crueldad de una conducción que desprecia al Estado e infringe
sufrimientos innecesarios a los ciudadanos, vemos la necesidad de poner en
debate una "etapa oscura" de la historia que se evita discutir y que
presenta similitudes con la situación actual. Esta conexión con el presente
no se realiza por una cuestión meramente histórica, sino por la importancia
política de analizarla en el contexto de las acciones del gobierno actual. Es
la etapa del Operativo Independencia en Tucumán.
El Operativo
Independencia fue un despliegue militar en la provincia de Tucumán, iniciado el
5 de febrero de 1975 bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, y que
se extendió hasta 1979. Su objetivo declarado era "neutralizar y/o
aniquilar el accionar de elementos subversivos", en particular el Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP). El operativo implicó una escalada de la
represión estatal, con graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo
desapariciones, torturas y asesinatos. Se considera un antecedente clave del
terrorismo de Estado que caracterizó a la dictadura militar que tomó el poder
en 1976.
Para comprender la
intrincada y profunda relación entre el Operativo Independencia y la erosión de
las instituciones democráticas, es crucial establecer una cronología precisa de
los actos represivos. La pregunta central es: ¿cuándo se inició la represión
estatal? ¿Fue el 5 de febrero de 1975, con el decreto de Isabel Perón que
oficializó el Operativo? ¿O acaso se remonta a 1974, con la intervención de las
provincias consideradas "subversivas"?
En estas provincias
intervenidas (Córdoba, Formosa, Mendoza, Salta y Tucumán), se desató una
represión ilegal, marcada por muertes y desapariciones, sin un decreto del
Poder Ejecutivo que regulara las condiciones de la vida cotidiana. Tardíamente
en 1975, el Operativo Independencia fue legalizado mediante un decreto que
extendió la represión a toda la región, e Isabel Perón designó a Videla como
jefe de las fuerzas armadas.
Salta y la conmemoración de la
Batalla de Salta como escenario de reivindicación del Operativo Independencia
En Salta la gestión
del gobernador Sáenz evidencia un marcado cambio de paradigma respecto a las
políticas de Memoria, Verdad y Justicia construidas en Salta durante las
administraciones post-dictadura, alineándose con las simpatías manifestadas
hacia el gobierno nacional de Milei. Esta nueva orientación se ha manifestado
de manera palpable en los actos conmemorativos de la Batalla de Salta del 20 de
febrero, donde desfilan soldados del Operativo Independencia junto a veteranos
de Malvinas, revelando una preocupante ambigüedad ideológica y las
consecuencias de una política nacional que favorece los intereses del
imperialismo estadounidense.
Para la gestión del
gobierno provincial, esta tendencia se traduce en una política de entrega de
recursos naturales, confundiendo el progreso de los salteños con la oportunidad
de negocios para unos pocos, bajo una lógica colonialista. La inclusión de
regimientos de Orán y Tartagal en el desfile tradicional, unidades implicadas
en crímenes de lesa humanidad, es una afrenta a la memoria y un claro mensaje
de impunidad.
La prohibición de
ingresar banderas de familiares de desaparecidos en la conmemoración de 2024,
contrastando con la presencia de los "héroes" del Operativo
Independencia, evidencia la oposición del gobierno provincial a los procesos
populares de Memoria, Verdad y Justicia. El 20 de febrero debe ser un día de
reivindicación de la liberación nacional y la soberanía, no un escenario para
la exaltación de la entrega y la violencia fratricida.
La línea que conecta
los fusilamientos de Famaillá en 1975, la designación de Videla como comandante
de las Fuerzas por Isabel Perón ese mismo año y la presencia de Victoria
Villarruel en el palco oficial de la Batalla de Salta 2024, es una clara
muestra de las reivindicaciones y políticas públicas en materia de seguridad,
represión y economía, que confunden intereses privados con bienestar público. La pregunta
que surge es inevitable: ¿a quién invitará el gobernador Sáenz el próximo año
para conmemorar la Batalla de Salta?
El Operativo
Independencia no se localizó solo en la guerrilla de Tucumán, sino que fue un
Operativo de alcance regional.
En Salta, este Operativo
extendió el clima de represión y se cobró las primeras muertes y desapariciones
desde un año antes que se imponga abiertamente la Dictadura del ’76.
Todos los muertos de Rosario
de Lerma en 1974 relacionados a las luchas rurales en el ámbito del tabaco, los
asesinatos Guillermo Álzaga, secretario general del Sindicato Único de
Empleados del Tabaco de la República Argentina y la de Felipe Burgos y la
federación única de sindicatos de trabajadores campesinos y afines (FUTSCA);
son estrategias en el marco del Operativo Independencia.
También las muertes
del periodista Hector Jaime y del militante Eduardo Fronda. Y el magnicidio del
ya intervenido Gobernador Miguel Ragone. El Operativo aseguraba la zona
liberada entre Santiago del Estero y Salta pasando por Tucumán, desde donde se
robaron los autos que intervinieron en el secuestro y asesinato de Ragone en
1976, antes del anuncio de la Dictadura. El secuestro de Ragone se inscribe en
el contexto del Operativo Independencia.
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