La memoria que no quiso
nombrarse
Un
ensayo sobre la despolitización de la memoria histórica en el Colegio Betania
del Sagrado Corazón Nº 8009 en Villa 20 de Junio
Vasos comunicantes: auto-presentación metodológica y epistemológica.
Contenidos:
Introducción: el contexto de una exigencia
La lógica de la neutralidad: entre la pedagogía y el balance
financiero
La contradicción estructural: enseñar a un militante sin la militancia
El contexto nacional: negacionismo y la funcionalidad defensiva de la
neutralidad
El riesgo de la despolitización: memoria ceremonial y vacía
Conclusión: posibles salidas al problema de la despolitización
Llegué al Colegio
Betania del Sagrado Corazón Nº 8009 en Villa 20 de Junio invitado a acompañar
una muestra escolar sobre la vida de mi abuelo, Miguel Ragone, en el marco del
mandato ministerial que impulsa en las escuelas salteñas actividades de
Memoria, Verdad y Justicia. La actividad se concretó más tarde en el año que el
tradicional 24 de marzo, pero conservó su sentido: seis grupos de estudiantes
habían investigado, durante meses, distintos aspectos de la vida de mi abuelo,
y yo iba a recorrer sus stands y a participar, después, de un conversatorio en
el salón de usos múltiples. No esperaba que, en el trayecto entre uno y otro
momento, una conversación con Gloria Abraham, representante legal de la
institución, me obligara a pensar un problema que excedía largamente esa mañana
escolar: el de una memoria histórica a la que se le exige, como condición de
entrada al aula, despojarse de la política que la produjo.
Gloria Abraham me
explicó, con una claridad que le agradezco porque no ocultó nada, los términos
en los que el Colegio Betania del Sagrado Corazón Nº 8009 en Villa 20 de Junio
autorizaba la muestra sobre mi abuelo. Podía hablarse de Ragone, dijo, siempre
que esa historia trascendiera "la significación política o
partidaria" y no se redujera a relatar "luchas o violencia
política"; la función de la escuela era permitir que los estudiantes
"fueran creando criterio" propio, y hasta bromeó, con cierta
socarronería, sobre la idea de que enseñar la historia de mi abuelo pudiera
terminar convirtiendo a todo el curso en peronista. En ese momento me pareció
un comentario menor. Con el correr de la tarde entendí que era, en realidad, la
clave de todo lo que estaba en juego. Lo que sigue es mi intento de pensar, con
la ayuda de la teoría argentina sobre memoria y justicia transicional que la
Asociación viene trabajando en otras actividades, por qué esa exigencia de
neutralidad me pareció, a la vez, comprensible y profundamente problemática, y
qué salidas encontré para pensar el problema sin resignar ni la escuela ni la
memoria.
Gloria Abraham no
defendió su posición solo en términos pedagógicos. Me explicó que el Colegio Betania
del Sagrado Corazón Nº 8009 en Villa 20 de Junio integraba la red de dieciséis
instituciones del Arzobispado de Salta y funcionaba como "colegio
conveniado al cien por ciento": el Estado provincial financiaba en su
totalidad los sueldos del personal docente, mientras que la infraestructura, el
mantenimiento, la luz, el gas y los salarios de los cinco ordenanzas de
maestranza se sostenían exclusivamente con la cuota estudiantil, que ella
describió como "cuota cero" para las familias en términos de gasto
adicional. Me contó también que la institución había nacido en 1965 de la mano
de la monja Blanca Conde y los salesianos, y que la apertura hacia figuras como
mi abuelo o como el recordado Padre Marteareana se sostenía en la tradición
social de la Iglesia: una justicia social entendida como valor humanitario y
asistencial, despojada de cualquier referencia al conflicto de clases o a la
militancia revolucionaria de la que mi abuelo formó parte.
Entendí,
escuchándola, que su exigencia de neutralidad no era un capricho doctrinario
sino una estrategia racional de supervivencia institucional. Un colegio que
depende en un cien por ciento del financiamiento estatal para pagar a sus
docentes no puede exponerse livianamente a una acusación de adoctrinamiento
ideológico, menos aún en un momento político nacional en el que el propio
discurso oficial venía calificando a la agenda de derechos humanos de
"curro" o de "adoctrinamiento", estigmatizándola en lugar
de sostenerla. Guillermo O'Donnell (1972) describió cómo las instituciones,
bajo presión de un poder político que desconfía de ellas, tienden a adoptar
posturas defensivas que privilegian su propia continuidad burocrática por sobre
cualquier otro objetivo; lo que vi en el Betania del Sagrado Corazón Nº 8009 en
Villa 20 de Junio, guardando todas las proporciones, fue una versión escolar de
esa misma lógica: la neutralidad como escudo antes que como convicción.
Pero por más que
comprendí las razones de Gloria Abraham, no pude dejar de señalarle, ahí mismo,
la contradicción que su posición encerraba. Mi abuelo no fue un humanista
abstracto que la historia decidió perseguir por azar: fue gobernador electo en
1973 encabezando la Lista Verde del Partido Justicialista, y su secuestro y
desaparición estuvieron determinados, de manera directa, por la lucha política,
partidaria e ideológica de aquellos años. Pedir que su figura "trascienda
la política partidaria" no es un gesto de prudencia pedagógica: es exigir
que se enseñe la consecuencia sin la causa. Elizabeth Jelin (2002) sostiene que
la memoria histórica es, por definición, un terreno de disputa política, y que
toda pretensión de una memoria neutral es, en rigor, una posición más dentro de
esa disputa, no una posición por fuera de ella; el pedido de Gloria Abraham,
entonces, no despolitizaba la memoria de mi abuelo, sino que la politizaba de
otra manera, silenciosa y menos visible: la convertía en el relato de un buen
samaritano perseguido sin motivo claro.
Tampoco me
pareció casual que el fantasma que Gloria Abraham quiso conjurar fuera el
peronismo como bloque monolítico capaz de "convertir" a todo un
curso. Alejandro Horowicz (1986) mostró hace tiempo que el peronismo nunca fue
una identidad única, sino la superposición de al menos cuatro tradiciones
internas, muchas veces enfrentadas entre sí; mi propio abuelo, dentro de ese
universo, intentó sostener una posición diferenciada y crítica. Temer que
contar su historia produjera automáticamente "peronistas" era, además
de un error histórico, una simplificación que la propia complejidad del
movimiento desmiente.
No pude, tampoco,
dejar de pensar en el escenario político nacional en el que esta conversación
tenía lugar. Hacia 2026, el discurso oficial del gobierno nacional venía
impugnando de manera sistemática la agenda de Memoria, Verdad y Justicia,
describiéndola en clave de negocio o de manipulación ideológica antes que como
una política de Estado sostenida durante cuatro décadas. En ese clima, la
insistencia de una escuela confesional, subsidiada en un cien por ciento por el
Estado, en presentarse como "neutral" dejaba de ser solo una cautela
pedagógica para convertirse en una respuesta defensiva frente a un riesgo real
de auditorías, ataques mediáticos o pérdida de financiamiento. Marina Franco
(2012) documentó cómo, en la Argentina previa al golpe de 1976, la erosión
discursiva del lenguaje de derechos —su desvalorización progresiva en el debate
público— funcionó como condición de posibilidad de la violencia estatal
posterior; sin querer establecer una equivalencia entre ambos momentos, que son
de una gravedad completamente distinta, sí me pareció necesario señalar la
analogía estructural: cuando el propio Estado desacredita el lenguaje de los
derechos humanos, las instituciones que dependen de ese Estado aprenden,
silenciosamente, a callar.
Vale la pena
recordar, en este punto, que ya en tiempos de mi abuelo hubo familias y
sindicatos que quemaron documentación propia por miedo a la represión estatal,
según me contó el propio historiador Daniel Escotorín durante esta misma
jornada. La neutralidad de una escuela en 2026 no es, desde luego, comparable
en intensidad al miedo de esas familias en 1976: nadie corre hoy riesgo de vida
por enseñar la historia de Ragone. Pero el mecanismo —el silencio como
estrategia de protección frente a un poder que se percibe hostil— es el mismo,
y me pareció importante nombrarlo con esa honestidad, sin exagerar la
comparación pero sin minimizarla tampoco.
Lo que más me
preocupó, escuchando a Gloria Abraham, no fue tanto su posición institucional
—que entendí y hasta respeté— sino el resultado que esa posición podía producir
en los propios estudiantes. Una memoria despojada de su dimensión política
corre el riesgo de volverse un objeto ceremonial: se recuerda a Ragone una vez
al año, se lo nombra con adjetivos amables, pero no se explica por qué lo
desaparecieron ni quién lo hizo ni con qué proyecto político disputaba el
poder. Michael Pollak (2006) llamó a esto el encuadramiento oficial de la
memoria: una versión domesticada, aceptable para todos, que pierde precisamente
aquello que la volvía significativa. Beatriz Sarlo (1994) advirtió, por su
parte, sobre el vaciamiento que produce una cultura dispuesta a consumir el
pasado como anécdota sensible sin exigirle ningún compromiso analítico; una
memoria neutral, en ese sentido, no es más profunda que una memoria trivial:
es, apenas, una forma distinta de vaciarla.
No salí de esa
conversación con la intención de exigirle al Colegio Betania del Sagrado
Corazón Nº 8009 en Villa 20 de Junio que renunciara a su prudencia
institucional, porque entendí que esa prudencia respondía a una amenaza real.
Salí, en cambio, pensando en algunas salidas posibles, que quiero dejar
planteadas aquí, no como recetas cerradas sino como puntos de partida para
seguir discutiendo con la propia institución y con otras escuelas que
atraviesan el mismo dilema.
La primera es
conceptual, y me parece la más urgente: distinguir con claridad entre
adoctrinamiento partidario y politización democrática. Adoctrinar es exigir una
adhesión; politizar, en el sentido que le doy aquí, es simplemente restituir a
los hechos históricos el contexto político real en el que ocurrieron, sin
pedirle a nadie que milite en ningún partido por eso. Se puede enseñar que mi
abuelo fue gobernador peronista, que su secuestro respondió a una disputa de
poder concreta, y que existieron sectores de izquierda y de derecha dentro de
su propio espacio político, sin que ese relato obligue a ningún estudiante a
adherir a ninguna de esas posiciones. Esa distinción, si se explicita, le
habría permitido a Gloria Abraham sostener su compromiso con el pluralismo sin
necesidad de vaciar la historia de su contenido político.
La segunda salida
es institucional y excede a esta escuela: hacen falta protocolos ministeriales
claros que blinden a los establecimientos conveniados frente a acusaciones
arbitrarias de adoctrinamiento cuando enseñan hechos documentados en el marco
del mandato de Memoria, Verdad y Justicia. Si la propia normativa educativa
estableciera con precisión qué distingue la enseñanza de la historia política
de la militancia partidaria en el aula, escuelas como el Betania del Sagrado
Corazón Nº 8009 en Villa 20 de Junio no tendrían que resolver esa frontera con
sus propios recursos discursivos, expuestas a cualquier viento político de
turno.
La tercera es de
alianza, y tiene que ver con mi propio rol y el de organizaciones como la
Asociación Miguel Ragone. Si una escuela confesional siente que no puede cargar
sola con el peso político de una figura como la de mi abuelo, quizás la salida
sea que ese peso lo sostengan, en conjunto, organizaciones de la sociedad civil
y las propias instituciones educativas, de modo que ninguna de las dos partes
quede sola frente a una eventual represalia. Diana Maffía (2016) insiste en que
las agendas de derechos humanos se fortalecen cuando logran tejer alianzas
amplias en lugar de sostenerse en actores aislados; pienso que mi presencia en
el Betania del Sagrado Corazón Nº 8009 en Villa 20 de Junio, más que una visita
protocolar, puede pensarse como un ensayo de esa alianza: la escuela abre la
puerta, la Asociación aporta el contenido político que la institución no puede
asumir sola.
La cuarta salida,
finalmente, excede la escuela y me compete a mí y a organizaciones como la mía:
mientras el discurso público nacional siga deslegitimando la agenda de derechos
humanos, ninguna solución puramente pedagógica va a alcanzar. Alejandro Grimson
(2019) advierte que la salida de la polarización no está en fingir que no
existe, sino en construir espacios de consenso mínimo sobre hechos verificables
—Ragone fue elegido, fue gobernador, fue desaparecido por el Estado— que puedan
sostenerse más allá de las posiciones partidarias de cada momento. Ese consenso
mínimo no se construye en un colegio aislado: requiere que las organizaciones
de derechos humanos, la universidad pública y el propio Estado, cuando lo
permitan sus gobiernos, sostengan sin ambigüedad que enseñar esa historia con
su política incluida no es adoctrinar, sino simplemente enseñar historia.
Mientras esa disputa nacional no se resuelva, seguiré pensando que cada escuela
que, como el Betania del Sagrado Corazón Nº 8009 en Villa 20 de Junio, decide
abrir sus puertas aun bajo el resguardo de la neutralidad, está haciendo lo que
puede con las herramientas que tiene, y que la tarea de organizaciones como la
mía es, precisamente, ayudarlas a necesitar cada vez menos ese resguardo.
- Franco, M. (2012). Un enemigo para la nación: Orden interno, violencia y "subversión", 1973-1976. Fondo de Cultura Económica.
- Grimson, A. (2019). ¿Qué es la grieta? Ilusiones y realidades de la polarización argentina. Siglo Veintiuno Editores.
- Horowicz, A. (1986). Los cuatro peronismos. Editorial Legasa.
- Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo Veintiuno Editores.
- Maffía, D. (2016). Feminismos y epistemologías críticas: Debates para pensar la desigualdad. CLACSO.
- O'Donnell, G. (1972). Modernización y autoritarismo. Editorial Paidós.
- Pollak, M. (2006). Memoria, olvido, silencio: La producción social de identidades frente a situaciones límite. Ediciones Al Margen.
- Sarlo, B. (1994). Escenas de la vida posmoderna: Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina. Editorial Ariel.
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