En la Mesa de la Diversidad del Gobierno de Salta: Justicia por Fernanda Arias: Organizaciones denuncian transfemicidio institucional y exigen el fin de la impunidad policial en Salta.
Viernes 26 Dic, 10 hs en Polo de las Mujeres, Sec de Género.
I. Contexto de Intervención: La Sociedad Civil como
Garante de Derechos
Desde las organizaciones sociales, tales como la Asociación
Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia y el MTA (Mujeres
Trans Argentina - Salta), trabajamos para que la justicia en Salta deje de
ser un "monólogo policial". Nuestra acción estratégica surge ante la
evidencia de que, cuando un cuerpo trans muere en custodia, el Estado tiende a
activar mecanismos de encubrimiento y borramiento de identidad (identicidio).
La sociedad civil hoy se constituye como el único actor capaz de aplicar una perspectiva
de género y derechos humanos para evitar que el caso sea archivado como un
hecho aislado de "muerte dudosa".
II. Crónica del Hecho: La Muerte en Custodia en Rosario de Lerma
El 26 de noviembre de 2025, Fernanda Daniela Arias, una mujer trans de 34 años, fue detenida aproximadamente a las 20:00 horas por una supuesta contravención en la Comisaría N° 2 de Rosario de Lerma. Apenas dos horas después, se informó su fallecimiento. Según la versión oficial, Fernanda se habría suicidado por suspensión en su celda. Sin embargo, las organizaciones denunciamos que el Estado falló en su deber de custodia, transformando una detención menor en un femicidio institucional.
El presente documento sistematiza cuatro ejes estratégicos
de intervención concebidos como contribuciones fundamentales desde la mirada,
la experiencia y los intereses de las organizaciones de derechos humanos de
Salta. Estas propuestas se presentan para ser integradas como líneas de acción
prioritarias en el marco del programa "Democracia, Memoria y Derechos
Humanos" de la Facultad de Humanidades (UNSa), institucionalizado
mediante la Resolución H. N° 2109-25.
Se trata de enfoques que no solo buscan cumplir con los
objetivos de resguardo documental y promoción de la investigación del Programa,
sino que pretenden dotarlo de una dimensión política y subjetiva capaz de
enfrentar los desafíos del presente. Las cuatro propuestas —que abarcan desde
la rearticulación del campo popular y la visibilización de las identidades
LGTBIQ+, hasta el análisis psicoanalítico de la avanzada neofascista y la
actualización del legado emancipador— se erigen como herramientas para combatir
el negacionismo contemporáneo.
Al asumir la memoria como un proceso dinámico y en disputa,
estas líneas de trabajo proponen una universidad que no solo conserve el
pasado, sino que intervenga activamente en la construcción de una subjetividad
democrática, inclusiva y resistente frente a la estética de la crueldad y la
deshumanización.
El Portal de la Memoria en el Parque San Martín de Salta,
erigido en evocación de los fusilamientos de presos políticos por el Estado
argentino en 1976, ha sido recientemente intervenido por el gobierno municipal,
que eliminó el espacio de reuniones públicas donde familiares realizaban actos
conmemorativos, reemplazándolo por jardines. Esta modificación genera profundo
malestar entre quienes utilizan el sitio como marca territorial de duelo
colectivo, interpretándola como un acto político de borramiento deliberado de
la memoria que despolitiza el horror estatal.
Portal de la Memoria, facahda original.
Los organismos de derechos humanos en Argentina y
Latinoamérica han transformado espacios físicos de represión en marcas
territoriales que disputan la memoria colectiva del terrorismo de Estado. En
Salta, sitios como el Cementerio de la Santa Cruz, demarcado por fosas comunes
de víctimas de la dictadura, y la Plaza de la Memoria de Cerrillos, donde se
conmemora la desaparición de Miguel Ragone en 1976, ejemplifican estas luchas
locales. Elizabeth Jelin destaca que estos lugares, como la ex ESMA o el paraje
Palomitas sobre la ruta 34 —sitio de la masacre de 11 presos políticos en
1976—, pasan de ser meros espacios a "lugares" cargados de sentidos
mediante la acción de emprendedores de memoria.
El Portal hoy, con la intervención municipal
Disputas por el Espacio Físico
En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo han inscrito su
lucha en la Plaza de Mayo pintando pañuelos blancos, mientras en Salta, el
paraje Palomitas en el departamento General Güemes preserva una cruz y placa en
homenaje a las víctimas de la masacre. Jelin analiza cómo estos procesos
involucran luchas políticas por preservar ruinas o construir monumentos,
oponiéndose a intentos de borrar huellas, como en el Cementerio de la Santa
Cruz o el Portal de la Memoria en el Parque San Martín de Salta capital. En
Latinoamérica, sitios como Villa Grimaldi en Chile o la Glorieta de los
Desaparecidos en Guadalajara resignifican espacios contra la violencia.
Peligro de la Despolitización
Borrar estas marcas territoriales implica despolitizar la
memoria, transformando lugares como Palomitas o el sitio de Ragone en Cerrillos
en espacios neutros que promueven indiferencia y olvido. Jelin advierte que el
paso del tiempo o cambios políticos generan contra-memorias, donde el Estado
impone clausuras, diluyendo demandas por verdad y justicia. Esta
despolitización convierte el horror en rutina.
Responsabilidad de Estados Provinciales y Municipales
En el contexto actual del Estado argentino, marcado por una
ola negacionista y reivindicativa del terrorismo de Estado bajo el gobierno de
Donald Trump como referente ideológico, los estados provinciales y municipales
enfrentan una responsabilidad crítica en la preservación de estos sitios. En
Salta, el gobierno provincial y municipal deben garantizar la demarcación
permanente de los sitios de memoria como el Portal de la Memoria en Salta y la
Plaza de la Memoria de Cerrillos, oponiéndose a presiones para reutilizar
espacios como el de Palomitas con fines turísticos o comerciales que diluyan su
carga histórica. Jelin subraya que esta obligación estatal no solo protege las
marcas territoriales, sino que contrarresta narrativas revisionistas
promoviendo rituales de memoria que reafirmen la justicia transicional frente
al riesgo de impunidad.
Espacio como Cura y Duelo
Estas marcas facilitan la cura social al permitir duelo
colectivo para familiares, convirtiendo sitios como la Plaza de la Memoria de
Cerrillos —donde se halló el auto de Ragone— o Palomitas en espacios de
enunciación. Para Jelin, preservar placas o monolitos habilita "trabajos
de memoria" que honran desaparecidos y transmiten mensajes éticos,
fomentando identificación en contextos locales como Salta. Así, el espacio
físico se vuelve herramienta reparadora, activando responsabilidades colectivas
en fosas del Cementerio de la Santa Cruz sin cristalizar sentidos unívocos.
El abogado salteño Agustín Colque, quien interviene en el
debate como profesional del derecho y ciudadano, enmarca su relato dentro de
las acciones estratégicas de la Asociación Miguel Ragone y la Mesa de Derechos
Humanos, las cuales lo convocaron para presentar un amicus curiae dentro
de un habeas corpus colectivo, correctivo y preventivo ante la Corte de
Justicia de Salta.
Imágen: Red de Litigantes LGBTI de las Américas
Este recurso legal busca la democratización de la
justicia al exigir al Poder Ejecutivo la modificación de las políticas de
seguridad y la cesación de las detenciones arbitrarias, discriminatorias y
violentas. Los tres puntos centrales de la exposición de su interlocución con
los periodistas se centran en: 1) La arbitrariedad y la violación de la
inocencia: las detenciones se realizan sin orden judicial o proceso
iniciado, simplemente por orden policial, incluso contra personas jurídicamente
inocentes, lo que avasalla la presunción de inocencia y el derecho a la
libertad ambulatoria. 2) La discriminación sistemática: las detenciones
están fuertemente influenciadas por el prejuicio del agente policial y
el estigma social, afectando de manera desproporcionada a grupos históricamente
vulnerados, como la comunidad LGBT (especialmente mujeres trans y travestis, a
quienes se les niega el respeto a la identidad de género al ser encerradas con
hombres) y a personas racializadas o en situación de pobreza. 3) Las
condiciones ilegales de detención: más allá de la privación ilegítima de la
libertad, la situación se agrava por la violencia institucional (apremios,
golpizas) y las condiciones inhumanas de encierro, como la sobrepoblación
alarmante (más del 100% en la Alcaidía Salta) y la incomunicación, violando
reglas básicas de dignidad humana y los estándares de las Naciones Unidas.
Fue en instalaciones de la U N Sa, el viernes 12 diciembre en el contexto del día internacional de los Derechos Humanos.
Sintetizamos los temas centrales, testimonios y conclusiones
de la "Jornada por Violencia Institucional en Primera Persona", un
encuentro organizado por el Centro Comunitario Alfa y la organización Andhes.
El evento reunió a víctimas, familiares, activistas y miembros de diversas
organizaciones para visibilizar y articular una respuesta colectiva a la
violencia ejercida por el Estado en Salta. La violencia institucional
—policial, penitenciaria y judicial— no consiste en incidentes aislados, sino
que constituye un problema sistémico, estructural e histórico, aplicado de
manera selectiva contra los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los datos presentados por Andhes subrayan una profunda
brecha entre la prevalencia del abuso y la respuesta oficial: de un total de
1.735 denuncias por violencia institucional recibidas por la Fiscalía de
Derechos Humanos en un período determinado, solo el 1% derivó en legajos de
investigación abiertos, mientras que el 44% de las causas fueron archivadas.
Los testimonios evidencian que las principales víctimas son jóvenes de barrios
populares, personas en situación de calle, la comunidad travesti-trans, vendedores
ambulantes y personas privadas de la libertad.
La conclusión central del encuentro es que el aislamiento y
el miedo de las víctimas son los principales facilitadores de la impunidad. En
respuesta, el objetivo fundamental de la jornada fue sentar las bases para la
construcción de una red de trabajo y lucha conjunta, que permita unificar
recursos, articular estrategias legales y mediáticas, y generar una fuerza
colectiva capaz de enfrentar y transformar este sistema represivo.
Construyendo la Red: el llamado de Álvaro Camacho a la solidaridad
colectiva contra la violencia estatal
Las "Jornadas de la violencia institucional en primera
persona" se inauguraron con un discurso de Álvaro Camacho, del
colectivo Centro Comunitario Alfa, quien no solo contextualizó la urgencia de
la violencia estatal en Salta, sino que también sentó las bases para el
objetivo fundamental del encuentro: la organización y la solidaridad.
La idea central de Camacho fue establecer un espacio para reunir
y escuchar experiencias en primera persona de quienes han sufrido o luchado
contra la violencia institucional. Esta necesidad surge de un contexto de
violencia extrema, citando episodios recientes y duros en la provincia, como el
incendio de la Alcaidía en octubre y los operativos conocidos como
"trapitos".
Camacho identificó claramente a los sectores vulnerables
afectados, señalando que la violencia se ejerce frecuentemente contra
personas de calle, vendedores ambulantes, y muy especialmente, contra la
comunidad trans, quienes sufren detenciones sin las garantías constitucionales
debidas.
Una de las principales reflexiones es la amplitud de la
violencia institucional, que, según Camacho, no se limita a las fuerzas
policiales, sino que se extiende y se manifiesta en el propio sistema de
justicia (Poder Judicial). En este ámbito, las personas no solo reciben
falta de respuesta, sino que son violentadas por un sistema que genera
aislamiento, atropellos y, en última instancia, mantiene el status quo.
Frente a este escenario, Camacho enfatizó la lucha contra
el aislamiento y la impunidad. Argumentó que la impunidad es facilitada por
el miedo a denunciar y el consecuente aislamiento de las víctimas. Por ello, su
intervención subrayó la necesidad imperante de un trabajo articulado
conjunto y la creación de un espacio de lucha que fortalezca una red,
sumando recursos de manera efectiva.
Para llevar a cabo esta lucha, Camacho mencionó estrategias
específicas desarrolladas por el colectivo Alfa, como la interposición de
un habeas corpus colectivo para combatir las detenciones ilegales de
personas en situación de calle. Además, destacó la importancia de contar con
profesionales comprometidos en áreas clave: legal, mediática (prensa) y trabajo
social.
Finalmente, el discurso fue un llamado a desafiar el
fatalismo y construir solidaridad. Contra la resignación que acepta el
sistema como inmutable, Camacho afirmó que la gran oportunidad reside en
la organización, el compromiso y, sobre todo, la solidaridad activa entre los
diferentes sectores afectados—desde vendedores ambulantes hasta la comunidad
trans y personas de calle—para construir una fuerza colectiva mayor. La jornada
se propuso abordar específicamente los tres componentes del "aparato del
estado" que ejercen esta violencia: la policial, la penitenciaria y la del
Poder Judicial.
Quienes dieron vida al conversatorio
Los interlocutores que participaron en las "Jornadas de
la violencia institucional en primera persona" incluyen a una amplia gama
de activistas, profesionales, víctimas y familiares de víctimas, representando
a diversas organizaciones y movimientos sociales.
Organizadores y Moderadores Clave:
Álvaro
Camacho: Abrió las jornadas y pertenece al colectivo Centro
Comunitario Alfa.
Ramiro
López: Presentó datos sobre denuncias de violencia policial y
pertenece a Andes.
Cecilia
Toro: Perteneciente al Observatorio de Derecho Penal de la UNSA
y moderadora del primer bloque.
Participantes Afiliados a Organizaciones de Derechos
Humanos, Sociales y Políticas:
Cristina
Fofani: Del Partido Obrero.
Florencia
Pérez: Abogada, de Andes.
Petero:
De Andes.
Verónica
[no apellido]: De Fundación Seví.
Óscar
Delgado: De Capoma (organización de derechos humanos y medio
ambiente).
Pía
Ceballos: De DTA (Movimiento Trans Argentina).
Graciela
de Valle Diega: De la Fundación Ara de la Libertad.
Silvia
Carta: De la Fundación Aas de la Libertad.
Silvio
Vald: Voluntario de la Fundación.
Sofía
Molina: Antropóloga y parte de Andes.
Carmen:
De Tribuna Docente.
Raquel:
Militante de Derecho Humano.
Verónica
Molina: Abogada litigante, del equipo jurídico de la Asociación
Rabones.
Sofía
Molina: Abogada litigante.
Abigail:
Milita en la mesa de educación popular de Saltejui y militante feminista.
Janela
Barrios: De Madres Protectoras Altas y de la Asamblea Lengua
Transfeminista.
Rodrigo
Sorada: Del Comité Contra Tortura.
Cristian
Frías: Del partido Sí.
Blanca
Lescano: De la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos
y secretaria de derechos humanos de la CTA Autónoma Salta.
Fernando
Pequeño Ragone: De la Asociación Ragone.
Facundo
Oropel: Militante de la Juventud Socialista de MCT.
Gerry
Gutiérrez: De la Fundación Hip Hop.
Ana
Rosa Cancela: Pertenece a la Liga Argentina de Derechos Humanos
y a los jubilades y pensionades autoconvocades de S.
Familiares de Detenidos y Víctimas de Violencia
Institucional:
Hilda
Goimás: Madre de un interno.
Liliana
Carrizo: Desde Metán, cuyo familiar sufre violencia
institucional y se le ha apartado de sus hijos.
Mirta
Paz: Vecina del barrio 20 de Febrero que sufrió represión
policial y perdió la vista de un ojo.
Ariel:
Joven víctima de violencia por parte del personal de seguridad de un
boliche y la policía.
Graciela
de Valle Diega y Silvia Carta: Participan como familiares de
internos en la cárcel.
Otros Participantes (Académicos, Independientes, etc.):
José
María Martinelli: Documentalista.
Ana
Sol: Profesora de Ciencias Políticas y estudiante de historia de la Universidad
Nacional de Sal.
José
Cruz y José [no apellido]: Participantes.
Joana:
Psicóloga comunitaria (trabaja en un centro de salud).
Castro
Mauro: Abogado, militante independiente.
Aldo:
Licenciado en antropología, sin afiliación.
1. Propósito y Contexto del Encuentro
La "Jornada por Violencia Institucional en Primera
Persona" fue concebida como un "puntapié inicial" para
consolidar un frente unificado contra el abuso estatal en Salta. Organizada por
el Centro Comunitario Alfa y Andhes, la reunión se estructuró como un
conversatorio en ronda para facilitar el diálogo horizontal y el conocimiento
mutuo entre los participantes.
Los objetivos principales del encuentro fueron:
Compartir
Experiencias: Ofrecer un espacio seguro para que las víctimas directas
y sus familiares pudieran relatar sus vivencias con la violencia policial,
penitenciaria y judicial.
Construir
una Red: Fomentar el conocimiento entre diversas organizaciones,
activistas y ciudadanos afectados para superar el aislamiento que perpetúa
la impunidad.
Articular
una Lucha Conjunta: Iniciar el proceso de creación de un espacio de
trabajo colectivo para desarrollar estrategias integrales que combinen
acciones judiciales, formación en derechos, visibilidad mediática y
movilización social.
Visibilizar
la Sistematicidad: Demostrar que los abusos no son casos aislados,
sino parte de una política de Estado histórica y estructural que requiere
una respuesta organizada y solidaria.
2. Análisis de la Violencia Institucional: Testimonios y Modalidades
Durante la jornada, los testimonios de los participantes
perfilaron las diversas facetas de la violencia estatal, revelando patrones de
conducta y grupos específicos que son objeto de persecución.
Violencia Policial
La violencia ejercida por las fuerzas policiales fue un tema
central, caracterizada por su arbitrariedad y su enfoque en el control de
poblaciones vulnerables.
Detenciones
Arbitrarias y Operativos Selectivos: Se denunciaron operativos
sistemáticos como el "Operativo Trapito" y otras acciones
dirigidas a personas en situación de calle, vendedores ambulantes y la
comunidad trans, realizadas sin garantías constitucionales.
Uso
Excesivo de la Fuerza: Se presentaron testimonios de brutalidad
física, como el de Mirta Paz, del barrio 20 de Febrero, quien perdió la
visión de un ojo por un disparo de la policía mientras se encontraba
dentro de su domicilio. Otro caso fue el de Gerry Gutiérrez, detenido y
golpeado por cuestionar la legalidad de una requisa.
Persecución
y Hostigamiento: Múltiples relatos señalaron la "portación de
rostro" como causa de detención, afectando principalmente a jóvenes
de barrios populares. Se describió un patrón de persecución a artistas
callejeros y activistas.
Irregularidades
y Obstrucción: Se destacó la falta de identificación de los agentes
policiales, la destrucción deliberada de pruebas (como teléfonos móviles
que graban los abusos) y la negativa de las comisarías a tomar denuncias
contra otros efectivos.
Violencia
en Espacios de Ocio: El caso de Ariel Avendaño expuso la connivencia
entre la seguridad privada de un boliche y la policía, quienes lo
golpearon brutalmente tras ser expulsado injustamente del local,
evidenciando la expansión de la violencia estatal a ámbitos privados.
Violencia Penitenciaria
El sistema carcelario fue descrito como un espacio de
anulación de derechos y de violencia estructural, donde el castigo excede
largamente la privación de la libertad.
Condiciones
Inhumanas de Detención: Se denunció una sobrepoblación del 150%, con
celdas diseñadas para 8 personas albergando a 25. Las condiciones
higiénicas son deplorables, con letrinas dentro de las celdas, generando
una situación humillante y brutalizante.
Abuso
Físico y Aislamiento: Los testimonios de familiares, como los de Hilda
Goimás y Graciela de Valle Diega, describieron golpizas de hasta 11
agentes contra un solo interno y el uso del "régimen"
(confinamiento en solitario) como castigo discrecional y prolongado.
Negación
de Derechos Fundamentales: Se reportó la restricción del acceso a la
educación, la salud y el trabajo. Los internos que intentan organizarse o
educar a sus pares son sancionados. Un caso paradigmático fue el del hijo
de Hilda Goimás, castigado por organizar un círculo de alfabetización.
Corrupción
y Narcotráfico: Se afirmó que el servicio penitenciario facilita el
narcotráfico dentro de las cárceles, agravando las adicciones en lugar de
tratarlas. Además, se denunció el robo sistemático de víveres y donaciones
destinadas a los internos.
Ruptura
de Vínculos Familiares: El sistema restringe arbitrariamente las
visitas, limitando el número y tipo de familiares que pueden ingresar.
Esto es percibido como una estrategia deliberada para cortar el vínculo de
los internos con sus redes de apoyo.
Violencia Judicial
El Poder Judicial fue señalado como un actor clave en la
perpetuación de la impunidad, caracterizado por su inacción, falta de empatía y
por ser un sistema que revictimiza a quienes buscan justicia.
Falta
de Acceso y Respuesta: Múltiples testimonios, como el de Liliana
Carrizo de Metán, describieron la negativa de los jueces a recibir a
familiares y la falta de medidas efectivas para proteger a las víctimas,
incluso en casos de menores de edad.
Revictimización:
Se denunció que el sistema judicial responsabiliza a las víctimas,
especialmente en casos de abuso sexual, y las somete a procesos largos y
desgastantes diseñados para que desistan.
Complicidad
con la Impunidad: La alta tasa de archivo de causas y la falta de
condenas a agentes estatales demuestran que el sistema judicial no ejerce
un control efectivo sobre los otros poderes, sino que funciona como un
garante del estatus quo.
Pía Ceballos, del Movimiento Trans Argentina, expuso la
violencia histórica y sistemática contra esta comunidad, que combina el abuso
policial con la indiferencia judicial y social.
Persecución
Histórica: Se denunció que las prácticas represivas de la dictadura
militar continuaron en democracia contra las corporalidades
travesti-trans, consideradas un "escándalo a la moral y a las buenas
costumbres".
Abuso
y Crímenes de Odio: Se relató un patrón de detenciones violentas,
abusos sexuales en comisarías y extorsión. Se mencionó el caso reciente de
Fernanda Arias, quien murió en custodia policial en Rosario de Lerma bajo
circunstancias sospechosas calificadas como suicidio, un relato que la
comunidad rechaza firmemente.
Responsabilidad
Estatal: Se subrayó que los asesinatos y la violencia contra la
comunidad no son hechos aislados, sino crímenes de odio en los que la
policía es un partícipe primario y el sistema judicial garantiza la
impunidad.
La Transversalidad de la Lucha: El Llamamiento de Fernando Pequeño Ragone
en Defensa de los Derechos Humanos Amplios
La participación de Fernando Pequeño Ragone,
en representación de la Asociación Ragone, en las jornadas sobre violencia
institucional, se articuló en torno a la necesidad de visibilizar las luchas
por los derechos humanos en el contexto sociopolítico actual. Su presencia se
motivó particularmente por la propuesta de debatir sobre la violencia
institucional y las condiciones de detención de las personas
privadas de libertad.
La Asociación Ragone, históricamente, ha mantenido un
compromiso amplio con diversas temáticas de derechos humanos. Su trabajo ha
abarcado desde los juicios de lesa humanidad hasta la lucha contra la
discriminación y la defensa de los derechos de las mujeres y de la
diversidad. Recientemente, el enfoque de la asociación ha evolucionado para
incluir el monte pensado como sujeto de derechos humanos, abordando las
maneras ontológicas y las formas en que la sociedad se relaciona con el
ambiente y la naturaleza.
El punto central de la intervención de Pequeño Ragone fue su
profundo interés en el resultado de la transversalidad de las luchas.
Para él, este enfoque interconectado es lo que verdaderamente puede marcar una
diferencia, especialmente en un momento caracterizado por la muchísima
fragmentación social. Esta fragmentación, según su análisis, es exacerbada
por el "bombardeo" constante que ejercen los gobiernos nacionales y
las derechas del mundo. En esencia, su mensaje subraya que la unificación de
los diversos frentes de lucha es la estrategia clave para enfrentar y resistir
las embestidas de los poderes que buscan restringir los derechos.
3. Datos y estadísticas clave presentados por Andhes
La organización Andhes presentó datos cuantitativos que
confirman la magnitud del problema y la ineficacia del sistema para abordarlo.
Encuesta a Participantes de la Jornada (N=37)
Resultado
Sufrieron violencia institucional
64%
No forman parte de una ONG
54%
No realizaron ninguna acción (principalmente por miedo)
19%
Denuncias registradas
6
Acciones judiciales iniciadas
4
Datos del Ministerio Público Fiscal (Período Ene 2024 -
Jul 2025)
Cifra
Total de denuncias por violencia institucional
1.735
Legajos de investigación abiertos
18 (1%)
Audiencias de debate (juicios)
39 (2%)
Causas archivadas
771 (44%)
Estos datos revelan una alarmante realidad: mientras la
violencia es una experiencia común para muchos, el miedo paraliza la denuncia.
A su vez, el sistema judicial desestima o archiva la gran mayoría de los casos
que sí llegan a ser denunciados, creando un ciclo de impunidad.
Del Dolor Personal al Cuestionamiento Político: La Deuda de la Democracia y
el Sistema Represivo
La intervención de Blanca Lescano,
secretaria de derechos humanos de la CTA Autónoma Salta e integrante de la
Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos, aportó una perspectiva
histórica y estructural a las jornadas sobre violencia institucional. Su
contribución se centró en la necesidad de trascender el dolor individual y
cuestionar las responsabilidades políticas que permiten la persistencia de los
mecanismos represivos en el marco de la democracia actual.
Lescano basó su reflexión en su experiencia como familiar de
detenidos desaparecidos, un contexto histórico donde se utilizó un sistema de
genocidio para operar. Al comparar los encuentros federales de derechos humanos
en los que participó—particularmente en la comisión de Gatillo Fácil—observó
una tendencia recurrente: la gente hablaba masivamente, pero el foco se detenía
en culpar al perpetrador directo (el policía) y en las circunstancias del
hecho, sin llegar a plantear las responsabilidades políticas ni
cuestionar el sistema en sí mismo.
El argumento central de Lescano radica en que, a pesar de
que los genocidas de la dictadura han sido encarcelados, la sociedad continúa
admitiendo un sistema político del cual el sistema carcelario es una
consecuencia. En su análisis, el dolor profundo y personal que experimentan los
familiares de las víctimas o los presos dificulta a menudo ver el "por
qué" de las atrocidades. Su propio camino como militante, que comenzó por
el dolor de sus seres queridos secuestrados, se transformó en un dolor por la
sociedad y por el sistema, impulsando la búsqueda de formas para modificar
dicha estructura.
Lescano advirtió que el sistema represivo sigue existiendo
en democracia para determinados sectores y bajo ciertas circunstancias,
mientras que otros están exentos. Las legislaciones, como los códigos
contravencionales, son modificadas para ser "más represivas, más
restrictivas y más injustas", castigando acciones como la resistencia a la
autoridad con penas de prisión. En este sentido, la democracia está en deuda,
ya que el sistema represivo subsiste para esos sectores.
Finalmente, la oradora hizo un llamado a diferenciar y
garantizar que, incluso cuando se busque justicia para aquellos que han
delinquido, el sistema no repita los métodos de tortura y abuso. La reflexión
de Lescano instó a los participantes a superar su propio dolor para, de manera
conjunta y solidaria, cuestionar un sistema que, bajo el amparo de la
democracia, mantiene operativas las herramientas de represión estatal.
4. Temas transversales y conclusiones centrales
Carácter
Sistémico y Selectivo: La violencia no es aleatoria. Se dirige con
precisión a sectores sociales específicos: los pobres, los jóvenes
racializados, las personas en situación de calle, las disidencias sexuales
y quienes no encajan en la norma social. Es una herramienta de control
social clasista y patriarcal.
El
Estado como Responsable: Se concluyó que la responsabilidad es del
Estado en su totalidad. El poder ejecutivo ordena y ejecuta la represión,
el poder judicial la consiente con su inacción y el poder legislativo no
crea los mecanismos para controlarla.
Deudas
de la Democracia: Una pregunta recurrente fue si esta violencia es una
"deuda de la democracia" o si "la democracia sigue siendo
una deuda". La persistencia de prácticas heredadas de la dictadura
demuestra una fractura en el Estado de derecho.
Aislamiento
como Herramienta de Impunidad: La estrategia más eficaz del sistema
represivo es aislar a sus víctimas. El miedo a represalias, la vergüenza y
la falta de recursos impiden la denuncia y la organización, permitiendo
que los abusos continúen.
La
Salida es Colectiva: La única respuesta viable identificada es la
acción colectiva. La solidaridad entre diferentes luchas (feminista,
derechos humanos, de trabajadores, de la comunidad LGBTIQ+) es fundamental
para construir una fuerza capaz de desafiar al sistema.
5. Estrategias y Propuestas de Acción Colectiva
El encuentro finalizó con un llamado a la acción y la
formulación de una serie de propuestas para dar continuidad a la lucha.
Creación
de un Pliego de Reclamos Unificado: Sistematizar las demandas de todos
los sectores afectados para presentarlas de manera conjunta. Los puntos
iniciales incluyen:
El
fin de los operativos policiales arbitrarios como el "Operativo
Trapito".
La
derogación del Código Contravencional, considerado una herramienta de
disciplinamiento social.
Garantizar
el tratamiento de adicciones en las cárceles y denunciar el rol del
Servicio Penitenciario en el narcotráfico.
Asegurar
el pleno derecho a la salud, educación y trabajo para las personas
privadas de libertad.
Detener
las prácticas del sistema penitenciario que buscan cortar los vínculos
familiares de los internos.
Fortalecimiento
de una Red Intersindical: Formalizar el espacio de encuentro para
compartir recursos legales, mediáticos y de acompañamiento psicosocial.
Visibilización
y Denuncia Pública: Utilizar los medios de comunicación y las redes
sociales como herramienta estratégica para exponer los abusos,
especialmente cuando los canales institucionales fallan.
Formación
y Alfabetización Jurídica: Empoderar a las comunidades más vulnerables
con el conocimiento de sus derechos para que puedan defenderse de los
abusos.
Tuve oportunidad de compartir el acto por el Día
Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario del retorno democrático
celebrado en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) hace unos pocos días y me
encontré en la paradoja de una tensión fundamental: la elección entre el
refugio en el consenso histórico -por parte de la vicerrectora de la
institución- y el compromiso explícito
con las batallas políticas del presente, en el discurso de militantes de derechos
humanos y otras autoridades universitarias.
El refugio en la abstracción: la cautela del discurso
institucional
Escuché
la intervención de la Vicerrectora, Dra. María Rita Martearena, como el ejemplo
paradigmático de un discurso descriptivo, conceptual y conmemorativo que busca
la neutralidad institucional. Su mensaje se centró en la celebración de hitos
del pasado —la Declaración Universal de 1948 y la restauración democrática de
1983— y en la enumeración de las características abstractas de los DDHH
(universales, inalienables). Al reafirmar el compromiso de la UNSa, lo hizo a
través de sus funciones inherentes: la formación de profesionales críticos y la
investigación comprometida. Sin embargo, eligió no abordar las tensiones del
presente de forma explícita. Evitó nombrar a los actores ni a las políticas que
hoy socavan esos mismos derechos: no hubo mención al negacionismo de Estado, a
la represión de la protesta, ni a los ataques presupuestarios contra el sistema
científico. Al limitarse a los valores universales, su discurso funcionó como
un acto de despolitización, trasladando el compromiso del campo de
batalla político al campo seguro de la ética y la academia, un mecanismo de
evasión que diluye la urgencia de la coyuntura.
La paradoja de la despolitización: evasión y
desinstitucionalización
El mecanismo de despolitización se activa cuando la
memoria se vacía de su carga de conflicto social, transformándose en una triste
herramienta de celebración. Al evitar la confrontación directa, el discurso
institucional busca la institucionalización del compromiso con la memoria, pero
logra el efecto contrario: la desinstitucionalización del rol político de la
universidad pública. En tiempos de crisis y ataque, la voz de la academia
debería ser la primera en nombrar y señalar las amenazas con precisión
política. Al no hacerlo, al refugiarse en un lenguaje que solo describe el
pasado y generaliza el presente, la institución corre el riesgo de volverse
inaudible en la disputa de poder real, relegando su compromiso histórico a una
función burocrática y protocolaria que carece de incidencia en la resistencia
política actual. Un compromiso real exige transicionar de un discurso que
describe valores a uno que diagnostica amenazas y prescribe la acción.
La voz de la trinchera: académicos y militantes frente a
la crisis del presente
El contraste con esta postura precavida fue aportado por las
voces de la militancia activa, a la que se sumó una autoridad académica que sí
asumió el riesgo de la confrontación. La Decana Quiñones, al presentar el
programa, rompió con el tono de la Vicerrectora al denunciar directamente el "ataque
brutal, sistemático, frontal a las políticas de memoria", alineando la
universidad con los organismos que "han acompañado desde hace más de 50
años la construcción de una sociedad mejor". Junto a ella, David Leiva y
Eloisa Rivero expusieron una estrategia de combate explícita. Leiva propuso la repolitización
de las víctimas y el uso estratégico del concepto "Genocidio" para
combatir la falacia de la Teoría de los Dos Demonios. Rivero fue más allá,
identificando rasgos fascistas y de militarización en el gobierno actual y
concluyendo con la exigencia de movilización social como única herramienta
efectiva de resistencia. Estos discursos no solo reconocieron las tensiones,
sino que las nombraron, las juzgaron y demandaron una acción inmediata,
demostrando que para algunos actores, incluyendo autoridades académicas como la
Decana, el compromiso con la memoria implica la obligación de confrontar el
poder que hoy intenta borrarla.
El Programa de DDHH de la UNSa: un escenario para el
antagonismo constructivo en la democracia
Habiendo marcado la diferencia de posiciones subjetivas
frente al escenario que nos convocaba, tengo que recuperar el lanzamiento
institucional del Programa "Democracia, Memoria y Derechos Humanos"
en el marco del acto académico. La construcción y anuncio de este Programa no
solo formalizó el compromiso de la UNSa con la defensa de estos valores, sino
que sirvió justamente; como escenario para evidenciar las diferencias
sustanciales en el modo de ejercer este compromiso político que pretendo iluminar.
Al incluir el panel de expertos y militantes junto a las voces de las
autoridades, el Programa -y el acto mismo- recuperó su sentido como un espacio
de tensión democrática, donde las aguas se dividen entre la prudencia
institucional (Vicerrectora) y el activismo político confrontativo (Decana,
Rivero, Leiva). Esta disposición de las voces me ha resultado de un valor
fundamental para la construcción democrática y las negociaciones políticas
reales, pues se opone a la tendencia de diluir las diferencias en un consenso
vacío. Al contrario, me parece a mí; la Universidad demuestra así la capacidad
de contener y de dar voz a los antagonismos constructivos: reconocer que la
diferencia y el conflicto de posturas son inherentes a la lucha por los
derechos humanos, y que solo al no destituir el valor de esa diferencia se
logra el objetivo de mantener la memoria y la defensa de los derechos humanos
como una agenda viva y políticamente urgente, y no como un mero recuerdo
protocolario.
La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de
Salta (UNSa) ha dado un paso fundamental al aprobar el programa "Democracia,
Memoria y Derechos Humanos". Este programa, presentado por autoridades
de la Facultad y el Director de la Especialidad y Maestría en Derechos Humanos,
Mg. Rodrigo Solá, será un espacio institucional clave para abordar y
reflexionar sobre uno de los periodos más dolorosos de la historia argentina:
los hechos de violencia política sistematizada ejecutada por organismos
estatales, tanto antes como durante la última dictadura cívico-militar
(1976-1983), y la subsiguiente recuperación del sistema democrático.
Síntesis
El Propósito Central: Promover el "Nunca Más"
El objetivo general del programa es generar un marco
institucional que aglutine acciones de promoción, docencia, investigación,
extensión y recuperación de registros documentales. La finalidad primordial de
todo este esfuerzo es promover el respeto inclaudicable a los Derechos
Humanos.
Este programa surge con la intención de defender y
fortalecer un proyecto académico-político que reivindica el sistema
democrático, la defensa de los Derechos Humanos y el respeto a la pluralidad de
ideas. Su fundamentación cobra especial urgencia ante las actuales
posiciones negacionistas de los crímenes de lesa humanidad que buscan
relativizar, falsear y banalizar la historia de esos dramáticos hechos. La
academia, en este sentido, asume un rol protagónico frente a estas
tergiversaciones, imponiéndose el deber ético-político de anteponer la verdad
histórica, con la firme convicción de que los hechos acontecidos no vuelvan a
suceder Nunca Más.
Ejes Estratégicos para la Acción
Para alcanzar este ambicioso objetivo, el programa se
estructura sobre una serie de ejes de acción estratégicos que buscan la
transversalidad y la articulación dentro y fuera de la UNSa:
1. Investigación y Formación Transversal
Uno de los pilares es la promoción de investigaciones
específicas sobre las temáticas objeto del programa. De la mano de la
investigación, se buscará la generación de espacios formativos transversales en
las currículas de las carreras dictadas en la Facultad. Estos espacios
abordarán temáticas esenciales vinculadas a la democracia, la memoria, la
verdad y la justicia, en articulación con los procesos de curricularización
de los Derechos Humanos.
2. Articulación y Proyección Social
El programa priorizará la articulación de gestiones con las
diferentes Secretarías, Institutos y carreras de la Facultad para fomentar
políticas sobre Democracia y Derechos Humanos. También buscará promover acciones
culturales y artísticas en el ámbito de la Facultad de Humanidades,
trabajando junto a la Coordinación de Extensión y otros espacios,. La Facultad
ha mantenido una trayectoria histórica en la procura de mantener viva la llama
de la memoria, promoviendo el pensamiento crítico abogando por Verdad y
Justicia, incluyendo presentaciones de libros, actividades coorganizadas con
organismos de DDHH y la realización de intervenciones artísticas.
3. Preservación Documental y Acceso a la Justicia
La memoria necesita bases documentales sólidas, por lo que
el programa se enfocará en la conservación histórica. Se dará
continuidad al Archivo de la Memoria para el resguardo, sistematización
y consulta de documentación en distintos soportes. Cabe recordar que, desde
2003, la UNSa asumió la tarea de rescatar y conservar documentación vinculada
al terrorismo de Estado desplegado en la institución.
Además, se impulsarán convenios clave:
Convenios
específicos con instituciones educativas para promover la reflexión sobre
la historia de la última dictadura militar.
Convenios
particulares con organismos del Poder Judicial de la Provincia y de
Fiscalía de la Nación para la recopilación y digitalización de
material vinculado a los objetivos del Programa.
Este trabajo articulado con el Museo Histórico de la UNSa y
las entidades judiciales es crucial para el registro y conservación de toda
documentación referida a Memoria, Verdad y Justicia.
Un Compromiso Ineludible
En un contexto donde se debilita el accionar de los
organismos de Derechos Humanos y se promueven políticas negacionistas, el
programa "Democracia, Memoria y Derechos Humanos" es urgente e
imprescindible. La creación de una Comisión Asesora, que incluirá
representantes de organismos de Derechos Humanos de Salta, estamentos docentes,
no docentes, graduados, estudiantiles y la Maestría en Derechos Humanos,
garantiza una mirada amplia y comprometida para promover los valores de la
convivencia democrática, la libertad de expresión y la búsqueda de la paz,
asegurando que la universidad siga siendo un motor fundamental para la defensa
y promoción de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
La presentación del Programa "Democracia, Memoria y
Derechos Humanos", un panel que centralizó la lucha contra el negacionismo
y la entrega de premios a ganadores de un concurso de escritura sobre Memoria
para nuevas generaciones fueron los puntos centrales a lo largo de la mañana
del 10 de diciembre en la Universidad Nacional de Salta.
El 10 de diciembre, en conmemoración del Día Internacional
de los Derechos Humanos y el aniversario del retorno a la democracia en
Argentina en 1983, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de
Salta (UNSa) presentó oficialmente el programa "Democracia, Memoria y
Derechos Humanos". Este programa, aprobado por la resolución 2109, busca
crear un marco institucional para promover y desarrollar proyectos de docencia,
investigación y extensión sobre la violencia política estatal durante la última
dictadura cívico-militar y la recuperación democrática.
El lanzamiento se produce en un contexto de creciente
preocupación por el avance de discursos negacionistas y ataques sistemáticos a
las políticas de memoria, verdad y justicia, particularmente desde el gobierno
nacional. Los discursos de la Decana, Dra. Dora Mercedes Quiñones, y la
Vicerrectora, Dra. María Rita Marena, reafirmaron el compromiso histórico de la
universidad con la defensa de los derechos humanos y su alianza estratégica con
organismos de la sociedad civil.
Durante el acto, también se entregaron los premios del
concurso de ensayos para estudiantes sobre el 40° aniversario del Juicio a las
Juntas, enmarcado en el lema de la facultad "1985-2025 a 40 años de juicio
a las juntas militares en Argentina". El evento culminó con la
presentación del panel "Memoria y Derechos Humanos en tiempos de
negación", consolidando la posición de la facultad como un actor clave en
la defensa de los consensos democráticos.
El acto central fue el lanzamiento del programa
"Democracia, Memoria y Derechos Humanos", una iniciativa de la
Facultad de Humanidades para institucionalizar y fortalecer su trabajo en estos
ejes temáticos.
El programa, gestado a partir de conversaciones impulsadas
por el Magíster Rodrigo Solá y aprobado por unanimidad en el Consejo Directivo,
tiene como propósito central crear un marco institucional para proyectos que
aborden la violencia política sistematizada durante la dictadura (1976-1983) y
el proceso de recuperación democrática.
Sus objetivos principales, según la resolución 2109, son:
Generar
un marco institucional que agrupe acciones de promoción, reflexión,
docencia, investigación y extensión.
Recuperar
registros documentales referidos a memoria, derechos humanos y
democracia.
Articular
gestiones con secretarías, institutos y carreras de la facultad para
promover políticas sobre la temática.
Dar
continuidad al "Archivo de la Memoria" para el resguardo,
sistematización y consulta de documentos en diversos soportes.
Servir
como un "paraguas" para inscribir proyectos específicos,
como la firma de convenios con el Poder Judicial y el fomento de
vocaciones científicas en el área.
La decana de la Facultad de Humanidades, Mercedes Quiñones
enmarcó la presentación del programa como una respuesta directa al contexto
político actual, caracterizado por un "avasallamiento a los derechos
humanos" y un "ataque brutal, sistemático, frontal a las políticas de
memoria".
Retórica
Negacionista: Se señaló la retórica de "distintos gobiernos,
particularmente de gobierno nacional, pero de las derechas en
general".
Desfinanciamiento
y Despidos: Se denunció un "fuerte proceso de financiamiento, de
despido de personal" en áreas vinculadas a las políticas de memoria.
Deslegitimación
Institucional: Un ejemplo citado fue que "en la ONU por primera
vez la Argentina puso en discusión el número de desaparecidos", un
acto que socava consensos históricos.
Cuestionamiento
de Prácticas Democráticas: Se advirtió sobre el cuestionamiento a
consensos que se creían consolidados.
Frente a este escenario, la Facultad de Humanidades se
posiciona con una "voz firme" y propone:
Una
"Pedagogía de la Lucha": En contraposición a una
"pedagogía del miedo, del odio", se busca transmitir a las
nuevas generaciones que la lucha social puede generar cambios y construir
una sociedad mejor.
Alianza
Estratégica: Sostener y fortalecer la alianza con los organismos de
derechos humanos, reconociendo su rol fundamental en la construcción de
una sociedad más justa. La decana afirmó: "Uno dice, 'Los
acompañamos' y en realidad ellos han acompañado desde hace más de 50 años
la construcción de una sociedad mejor".
Compromiso
Institucional: El programa es un "mojón importante
institucional" que une las luchas históricas con las batallas del
presente por la ampliación de derechos.
Tanto la decana como la vicerrectora destacaron el
compromiso sostenido de la Universidad Nacional de Salta con la democracia y
los derechos humanos desde 1983.
Trayectoria:
La Facultad de Humanidades tiene una "larga trayectoria" en el
acompañamiento a organismos, la coorganización de actividades y la
promoción académica del área de derechos humanos.
Acciones
Concretas: La universidad ha participado como querellante en causas de
lesa humanidad y ha tejido alianzas estratégicas con organismos de
derechos humanos a nivel provincial y nacional.
Misión
Educativa: La vicerrectora, María Rita Marena, reafirmó que la UNSa,
como universidad pública, gratuita e inclusiva, asume el compromiso de
"continuar defendiendo los derechos humanos" a través de la
formación de profesionales críticos, la investigación comprometida con la
realidad social y la construcción de espacios de igualdad.
Día
Internacional de los Derechos Humanos: Se recordó la aprobación de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948,
un documento que "marcó un rumbo ético para la humanidad".
Restauración
de la Democracia: Se enfatizó el profundo valor que tiene el 10 de
diciembre de 1983 para Argentina, con la asunción de Raúl Alfonsín, que
permitió "recuperar las libertades que habían sido anuladas durante
la dictadura".
Lema
de la Facultad: La Facultad de Humanidades aprobó, mediante la
resolución 172, el lema "1985-2025 a 40 años de juicio a las
juntas militares en Argentina", marcando su compromiso con la
justicia social y la democracia.
En el marco del lema anual, se realizó un concurso de
ensayos destinado a estudiantes de la facultad para reflexionar sobre la
importancia del Juicio a las Juntas.
"Cuando la palabra vence el miedo, memoria viva a 40
años de juicio"
Voucher de $120.000
Segundo Premio
Dora María Antonela Ávalos
Historia
"Memoria, Justicia e Historia, el juicio de las
juntas militares como base de la democracia de la Argentina, 1985"
Voucher de $60.000
El jurado anunció que se buscará publicar los trabajos para
que "ese momento que tuvimos nosotros de regocijo en la lectura pueda ser
compartido también por ustedes".
Sintetizamos las ideas y testimonios presentados en un panel
sobre Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), con un
enfoque central en la exposición del Dr. David Leiva. El análisis de Leiva se
articula en torno a tres ejes principales: su trayectoria personal y
profesional en la defensa de los derechos humanos, una crítica a la evolución
de la narrativa histórica sobre la última dictadura cívico-militar en
Argentina, y una propuesta para renovar el discurso con el fin de enfrentar
eficazmente el negacionismo contemporáneo.
Leiva, abogado con más de 40 años de trayectoria, detalla su
rol en juicios emblemáticos en Salta, como la causa Palomitas y el juicio
contra el empresario Marcos Levín, que sentó un precedente nacional sobre la
complicidad empresarial en el terrorismo de Estado. Su testimonio personal
revela su militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), su
experiencia en la resistencia y el asesinato de su hermano en 1975, un hecho
que subraya que la violencia estatal precedió al golpe de 1976.
El punto central de su argumentación es la necesidad de
actualizar el discurso de los derechos humanos, que considera
"agotado" para las nuevas generaciones. Citando al sociólogo Daniel
Feierstein, propone dos cambios conceptuales clave:
Reemplazar
"Terrorismo de Estado" por "Genocidio": Sostiene
que el término "terrorismo de Estado" facilita la falsa
equivalencia con un supuesto "terrorismo insurgente" esgrimida
por los negacionistas. Argumenta que las organizaciones político-militares
en Argentina no cometieron actos de terrorismo indiscriminado ni tuvieron
el monopolio de la fuerza, a diferencia del Estado. El término
"genocidio", en cambio, define con mayor precisión el plan
sistemático de transformar la sociedad mediante la eliminación de un
grupo, imponiendo el individualismo sobre la solidaridad.
Reinterpretar
la cifra de "30.000 desaparecidos": Propone que este número
no debe entenderse únicamente como la cantidad de personas asesinadas,
sino como el universo de todas las víctimas que transitaron por centros
clandestinos de detención. Esta redefinición incluye a los sobrevivientes,
reconociéndolos como parte integral de esa cifra y de la memoria
colectiva, dándoles un lugar central en la lucha actual.
En conclusión, el discurso de David Leiva es un llamado a la
reflexión estratégica sobre cómo construir la memoria y comunicar la historia
reciente para interpelar a la sociedad actual y contrarrestar las narrativas
revisionistas.
El panel estuvo compuesto por tres figuras destacadas en los
ámbitos del derecho, los derechos humanos y la academia, cuyas trayectorias
fueron presentadas al inicio del acto.
Abogado con una carrera de más de 40 años dedicada a la
defensa de los derechos humanos. Estudió derecho en la Universidad Nacional de
La Plata entre 1974 y 1980. Desde su regreso a Orán, Salta, en 1980, se ha
centrado en la defensa de trabajadores y víctimas del terrorismo de Estado. Su
trabajo combina el rigor jurídico con un profundo compromiso humano, siendo
fundamental para el juzgamiento de los crímenes de la dictadura en Salta.
Hitos Profesionales y Casos Emblemáticos:
Causa
Significado y Relevancia
Causa Palomitas
Tuvo una participación central en la demanda que derivó en
esta causa fundamental para la reapertura de los juicios en Salta.
Caso Miguel Ragón
Caso emblemático en el que participó activamente.
Juicio contra Marcos Levín
Caso histórico a nivel nacional. Fue el primer juicio que
condenó a un empresario (propietario de La Veloz del Norte), demostrando la
complicidad empresarial con el terrorismo de Estado para disciplinar a los
trabajadores.
Megacausa UNSa
Actuó como querellante en este juicio, donde fueron
condenados represores como Héctor Ríos, Carlos Mulhall, Joaquín Cornejo
Alemán, Miguel Gentil, Virton Modesto Mendías, Joaquín Guil y Juan Carlos
Alzogaray.
Miembro de la Asociación de Derechos Humanos "Coca
Gallardo" e integrante de la Mesa de Derechos Humanos. Solicitó ser
presentada de esta manera concisa.
Profesora y Licenciada en Historia por la UNSa, donde ejerce
como docente e investigadora. Su trabajo se enfoca en los procesos de
construcción de representaciones y su relación con el poder.
Actividad
Académica: Dirige el proyecto de investigación "Montar imágenes y
construir sentidos, fotografía y filmografía en Salta a mediados del siglo
XX".
Gestión
y Extensión: Coordinó durante 10 años el Museo Histórico de la UNSa,
fortaleciendo su archivo. Actualmente dirige la diplomatura en
archivística, que incluye un módulo sobre "Archivos y Derechos
Humanos".
Carrera
Institucional: Ocupó diversos cargos de representación y gestión en la
Facultad de Humanidades de la UNSa, incluyendo el de Vicedecana entre 2019
y 2025.
Leiva enmarcó su análisis en su propia experiencia de vida,
subrayando que su rol no fue solo el de un abogado, sino también el de un
militante político.
Militancia
Política: Fue integrante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP)
en la Universidad Nacional de La Plata, la cual define como un
"frente de masas de la organización Montoneros". Reivindica su
participación política tanto antes como después del golpe de 1976, en lo
que denomina "la resistencia a la dictadura".
Experiencia
Personal y Familiar: Su hermano, Adán Leiva, militante del Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fue secuestrado en Tucumán en
septiembre de 1975 y asesinado en un falso enfrentamiento en octubre de
ese mismo año. Leiva utiliza este hecho para criticar la periodización que
sitúa el inicio de la represión el 24 de marzo de 1976, argumentando que
la violencia estatal es parte de un proceso histórico más largo y
complejo.
Leiva ofreció una perspectiva crítica sobre cómo se ha
construido el relato de la dictadura y la post-dictadura en Argentina.
El
Proceso Histórico vs. la Fecha del Golpe: Rechaza la idea de fijar el
24 de marzo de 1976 como un punto de inicio aislado, insistiendo en que la
violencia y la represión política son procesos que comenzaron mucho antes,
citando como ejemplos el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955, los
fusilamientos de José León Suárez y la aparición de las primeras
organizaciones de resistencia armada.
La
Evidencia Oculta: Relata el caso del "Capitán Hermes" (Jorge
Ricardo Masetti), periodista argentino y segundo comandante de un grupo
guerrillero del ERP en Orán, para demostrar que el Estado posee archivos
ocultos sobre la represión. Los restos de Hermes fueron localizados en el
cementerio de Orán gracias a un documento que la Gendarmería Nacional
entregó bajo presión durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Evolución
del Discurso Post-Dictadura:
Teoría
de los Dos Demonios: Durante el gobierno de Alfonsín, el informe Nunca
Más planteó esta teoría como un avance para contrarrestar la
autolegitimación de los militares, pero a la vez establecía una simetría
problemática.
La
Despolitización de las Víctimas: En la primera etapa de la
democracia, se hablaba de "víctimas" de forma despolitizada,
omitiendo su militancia y su proyecto de transformación social. Si bien
reivindica el rol crucial de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo,
señala que su lucha, centrada en la desaparición, "tapó entre
comillas" la dimensión política de los resistentes.
La
Repolitización por parte de HIJOS: Una década después, la generación
de hijos e hijas de desaparecidos comenzó a reivindicar la pertenencia
política de sus padres, logrando resignificar su lucha, como la
iniciativa en Orán de nombrar calles con los nombres de militantes
desaparecidos.
El
Período Kirchnerista: Reconoce que durante los gobiernos de Néstor y
Cristina Kirchner se impulsaron masivamente los juicios. Sin embargo,
advierte que la incorporación de militantes de organismos de derechos
humanos al gobierno generó una confusión de roles, ya que la función de
estos organismos es "cuestionar al Estado" ante las violaciones
de derechos humanos, lo que pudo haber provocado una "pérdida de
consenso".
Leiva detalló el proceso judicial en la provincia de Salta,
que fue pionero en varios aspectos.
El
Juicio por la Verdad (2000): Iniciado en Salta antes del período
kirchnerista, no tenía fines punitivos, sino que buscaba establecer el
derecho de los familiares a conocer el destino de los desaparecidos para
poder realizar sus "ritos de la muerte". La sentencia de este juicio
fue única en el país al declarar que este derecho es imprescriptible.
Los testimonios acumulados fueron cruciales para los juicios penales
posteriores.
La
Inconstitucionalidad de las Leyes de Impunidad: Leiva relata cómo el
fiscal federal Carlos Villalba, quien inicialmente defendía al juez
Ricardo Lona (partícipe de la represión), cambió de postura y se
comprometió a acompañar la solicitud de inconstitucionalidad de las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida, lo que permitió reabrir la causa
Palomitas.
El
Juicio de Palomitas: Fue el primer juicio penal reabierto en Salta.
Leiva admite un "error" estratégico al no advertir que la
sentencia habilitaba un procedimiento escrito, bajo un antiguo código
procesal, lo que impidió que fuera un juicio oral y público como los que
siguieron.
La parte central de la exposición se centró en cómo
enfrentar las narrativas negacionistas que, según Leiva, han ganado terreno y
son promovidas desde el actual gobierno.
No
es una negación total de los hechos, lo cual sería inverosímil.
Opera
a través de la relativización, minimización y desvirtuación de
datos constatados, como el cuestionamiento de la cifra de 30.000
desaparecidos.
Busca
instalar la idea de que el terror se implantó para perdurar en el tiempo,
capturando al pueblo a través del miedo y aislando a la dirigencia
política.
Leiva adopta y expone el análisis del sociólogo Daniel
Feierstein, argumentando que el uso del término "terrorismo de
Estado" es un error estratégico.
Facilita
la Falsa Equivalencia: Al hablar de "terrorismo de Estado",
se le abre la puerta al discurso negacionista que inmediatamente
contrapone un supuesto "terrorismo insurgente", creando una
simetría que legitima la represión.
Diferencia
Cualitativa: Las organizaciones político-militares en Argentina (como
Montoneros o el ERP) no practicaron el terrorismo indiscriminado
(atentados contra la población civil sin distinción, como bombas en trenes
en Europa). Sus acciones, aunque violentas y con "muchísimas
equivocaciones", elegían blancos específicos de un sector opositor.
Monopolio
de la Fuerza: A diferencia de grupos como las FARC en Colombia, las
organizaciones armadas argentinas nunca tuvieron "la posibilidad
concreta y real de tener el monopolio del uso de la fuerza".
El término correcto, según esta perspectiva, es genocidio.
Definición:
No se refiere solo a la matanza, sino a un plan para producir una transformación
social profunda mediante la eliminación física de un grupo.
Objetivo
Final: El objetivo del genocidio en Argentina fue desarticular una
sociedad basada en la solidaridad y reemplazarla por una regida por el individualismo
como valor supremo, donde "vale todo" en función del
enriquecimiento personal.
Leiva propone una nueva forma de entender esta cifra
simbólica.
No
es sinónimo de muertos: La cifra de 30.000 no debe equipararse
únicamente con el número de asesinados.
Universo
de Víctimas: Debe entenderse como el conjunto de personas que
transitaron por los centros clandestinos de detención. Esto amplía el
concepto para incluir a todos los que sufrieron la represión directa en
esos lugares.
Inclusión
de los Sobrevivientes: Esta reinterpretación otorga un lugar
fundamental a los sobrevivientes. Leiva concluye con una cita impactante:
"Hay parte de los 30.000 detenidos desaparecidos que están con
nosotros. Y son los militantes que sobrevivieron. Tenemos que tener un lugar
para ellos".
La intervención de David Leiva finaliza con un diagnóstico y
una exhortación:
Agotamiento
del Discurso: Afirma que los discursos tradicionales de los organismos
de derechos humanos "se fueron agotando" y ya no interpelan con
la misma eficacia a las nuevas generaciones, que están
"alejadas".
Necesidad
de Renovación: Es imperativo construir nuevos argumentos y narrativas,
como las propuestas por Feierstein, para poder debatir y contrarrestar con
inteligencia el avance del negacionismo en la sociedad actual.
Reconocer
a los Sobrevivientes: La lucha por la memoria debe integrar
activamente a los militantes que sobrevivieron, reconociéndolos como parte
fundamental de la historia de resistencia y del colectivo representado por
los 30.000.
El discurso de Eloisa Rivero giro en torno a la situación
política y de derechos humanos en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Su
argumento central postuló una grave erosión del consenso social del "Nunca
Más", establecido tras la última dictadura cívico-militar. Sostuvo que el
gobierno actual no solo incurre en negacionismo, sino que activamente
reivindica las acciones de la dictadura. Se identifican múltiples paralelismos
entre la administración actual y regímenes autoritarios, incluyendo: la
implementación de una política represiva y la militarización de la seguridad
interior; la construcción de un "enemigo interno" que abarca a una
vasta porción de la ciudadanía; la degradación del poder judicial y la
cooptación del legislativo. Ante este panorama, el discurso concluye con un
enérgico llamado a la movilización social directa ("estar en la
calle") como única herramienta efectiva para contrarrestar el plan
gubernamental, y extiende un llamado a la solidaridad internacional con causas
en América Latina y Palestina.
El punto de partida del análisis es la conmemoración del 9
de diciembre, fecha de la sentencia en el Juicio a las Juntas Militares, y la
emblemática frase "Nunca Más".
Convicción
Inquebrantable: Durante décadas, los militantes de derechos humanos
mantuvieron la convicción de que el "Nunca Más" era un principio
inamovible en la sociedad argentina.
Cuestionamiento
Actual: El escenario político actual ha desmentido esta creencia,
llevando a los organismos a preguntarse: "¿Qué pasó, en qué
fallamos?". Esta interrogante surge a pesar de la militancia
ininterrumpida desde el retorno de la democracia.
Contexto
Histórico: Se recuerda que, si bien las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final fueron declaradas inconstitucionales, abriendo paso a los
juicios de lesa humanidad, siempre existieron sectores sociales que
negaban el terrorismo de Estado.
Se establece una distinción fundamental entre el
negacionismo histórico y la postura del gobierno actual.
Negacionismo
Preexistente: Los grupos que negaban los crímenes de la dictadura
siempre existieron, pero carecían de la visibilidad y el poder
institucional que tienen hoy.
La
Postura Gubernamental: El discurso afirma que el gobierno de Javier
Milei ha trascendido el simple negacionismo. La acusación central es que
no solo niega los hechos, sino que reivindica explícitamente lo que
hizo la dictadura militar.
El análisis de Eloísa Rivero en el panel, detalla una serie
de características del gobierno actual que se identifican como rasgos fascistas
y análogos a los de la dictadura.
Se argumenta que la represión es un componente esencial e
indispensable del plan económico gubernamental.
Protocolo
de Seguridad: El protocolo impulsado por la ministra Patricia Bullrich
es calificado por organizaciones de derechos humanos como "inconstitucional,
represivo y fascista".
Justificación
de la Represión: Se postula que un "plan criminal de saqueo"
no puede implementarse sin represión, y que el gobierno ha logrado
imponerla.
Movilización
de Fuerzas: Se denuncia el uso de todas las fuerzas de seguridad,
incluyendo a la Gendarmería y al Ejército Nacional, en tareas que no les
corresponden, como el control de movilizaciones sociales.
"Operativo
Rock": Se cita como ejemplo la implementación de operativos en el
norte del país, como el "Operativo Rock". Aunque su objetivo
declarado es combatir el narcotráfico, se cuestiona su verdadera
intención, sugiriendo motivaciones geopolíticas (influencia sobre Bolivia)
y una posible reactivación de lógicas como el "Operativo Cóndor"
y la "Doctrina Monroe". Se contrasta este despliegue con la
aparente falta de control sobre las hidrovías del Río Paraná.
Se traza una línea directa entre la metodología de la
dictadura y la del gobierno actual para señalar a un adversario dentro de la
sociedad.
El
Enemigo de la Dictadura: El régimen militar definió a su enemigo como
la "subversión apátrida materialista atea, contrario al sentir de los
argentinos".
El
Enemigo del Gobierno Actual: La construcción del enemigo por parte de
la administración Milei ha sido mutante:
"La
Casta": Inicialmente, se apuntó a toda la clase política de
gobiernos anteriores.
Periodistas
y "Cucas": Posteriormente, el foco se desplazó hacia la
prensa y los opositores políticos.
La
Mayoría Social: Finalmente, se concluye que el concepto de
"enemigo" se ha expandido hasta incluir a cerca del "80%
de los argentinos" que se oponen a su plan de gobierno. El discurso
oficial segmenta a la sociedad entre "la gente de bien" y el
resto, calificados despectivamente como "orcos".
Se acusa al poder judicial de ser cómplice y funcional a los
intereses del Poder Ejecutivo.
Inacción
Judicial: Se afirma que "la justicia no existe" y que los
jueces han ignorado numerosos recursos de inconstitucionalidad presentados
contra los decretos del gobierno.
Caso
Alimentos: Se menciona como ejemplo paradigmático el caso de los
alimentos no entregados por el ministerio a cargo de Sandra Pettovello,
donde la justicia no actuó con la celeridad necesaria, afectando a la
población vulnerable.
Distinción
Importante: La crítica se dirige específicamente a los "jueces
corruptos" que integran el Poder Judicial como estructura de poder,
diferenciándolos de los abogados que "siempre pusieron el cuerpo para
defender los derechos humanos".
Se critica duramente a los diputados y senadores por su rol
en la consolidación del poder del presidente.
Representación
Cuestionada: Se pone en duda que los legisladores representen
genuinamente al pueblo, señalando que otorgaron "todos los
poderes" a Milei.
Caso
Mendoza: Se expone el caso de la movilización popular en Mendoza en
defensa del agua potable. A pesar de la masiva protesta, los legisladores
votaron a favor de un proyecto que autoriza la explotación minera a cielo
abierto, demostrando una desconexión con el mandato popular.
Insuficiencia
de la Academia: Se argumenta que, si bien la investigación y los
tratados académicos son valiosos, no son suficientes para cambiar el
rumbo. "Vamos a escribir 300 tratados [...] y no vamos a lograr que
se mueva un ápice del plan que tiene".
La
Calle como Escenario: La principal enseñanza de las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo es que "hay que estar en la calle". Se
insiste en que la única forma de que el gobierno atienda las demandas es
cuando "la gente se lo exija" a través de la movilización.
Rol
de los Organismos: Los organismos de derechos humanos deben estar al
lado de todos los sectores afectados por las políticas actuales.
"Patria
Grande": Se llama a no ser indiferentes a lo que ocurre en la
región. Se advierte que Venezuela podría ser la "puerta de
entrada" para el avance del "imperialismo yankee",
mencionando declaraciones de Trump sobre Colombia, Perú y Ecuador.
Solidaridad
con Palestina: Se condena la "masacre en la Franja de Gaza",
afirmando que no puede ser indiferente para nadie, especialmente para los
defensores de los derechos humanos.
Crítica
a Organismos Internacionales: Se expresa una profunda desconfianza en
los organismos internacionales como la ONU, considerándolos ineficaces
mientras las grandes potencias mantengan el derecho a veto.
La presentación de Caretta subraya el rol histórico y
significativo que la comunidad universitaria —incluyendo la Facultad, los
gremios ADIUNSA y APUNSA— ha desempeñado en la construcción de la democracia y
la defensa de los derechos humanos en Salta durante los últimos 42 años. La
argumentación se estructura en torno a tres dimensiones interconectadas: la
académica (investigación y docencia), la institucional (la universidad como
lugar de memoria) y la social (la participación activa en la esfera pública).
La tesis central es que este compromiso no es una opinión,
sino una política sostenida por hechos concretos y decisiones institucionales,
en clara oposición a discursos negacionistas presentes dentro de la propia
institución. Hitos clave incluyen la creación de una comisión investigadora
sobre violaciones a los derechos humanos tras la dictadura (cuyo informe
original fue sustraído), la fundación de la primera Maestría en Derechos
Humanos en una facultad de humanidades del país en 2006, y la decisión del Consejo
Superior en 2008 de constituir a la UNSa como querellante en los juicios por
crímenes de lesa humanidad. El discurso concluye con un llamado a las nuevas
generaciones para continuar esta lucha, adaptándola a los nuevos desafíos y
lenguajes.
Gabriela Careta enmarca su presentación como una síntesis
del trabajo colectivo realizado por la comunidad universitaria de la UNSa desde
el retorno a la democracia. Este esfuerzo, que abarca 42 años, es el resultado
de una praxis compartida que incluye "charlas, marchas, militancia,
homenajes, presentaciones en juzgados, exposiciones en congresos, escritura de
artículos, libros".
El argumento principal es afirmar con vehemencia el rol
fundamental de la Facultad de Humanidades, la UNSa y los gremios (ADIUNSA y
APUNSA) en la construcción democrática y la defensa de los derechos humanos.
Esta afirmación se presenta como una respuesta directa a "palabras y
discursos que dentro de la propia institución están negando esto". Se
enfatiza que esta postura no es una mera opinión, sino que se sustenta en
"hechos concretos y expresiones políticas aprobadas por el conjunto y por
los órganos de gobierno de la universidad". Aunque el camino no siempre
fue lineal, el compromiso ha sido constante.
Para analizar este vasto recorrido, se proponen tres
dimensiones articuladas que organizan el trabajo de la universidad en materia
de derechos humanos.
Esta dimensión abarca la producción de conocimiento y la
formación en el grado y posgrado. Las principales áreas de trabajo incluyen:
Líneas
de Investigación: Proyectos que estudian movimientos sociales, las
dictaduras en Salta y Argentina, la prensa de la época, la conformación de
archivos de la memoria, y la digitalización de documentación universitaria
del período de la dictadura.
Contenidos
Curriculares: Inclusión en los programas de discusiones teóricas sobre
regímenes totalitarios, genocidio, trauma, memoria, olvido y duelo
(especialmente la "imposibilidad del duelo sin los cuerpos").
Análisis
del Negacionismo: El estudio teórico y práctico del negacionismo es
considerado una parte central del trabajo intelectual de disciplinas como
la historiografía, filosofía, sociología, antropología, literatura y
comunicación.
Trabajo
Crítico: Los investigadores han analizado procesos traumáticos
(Holocausto, Hiroshima, dictaduras latinoamericanas) no solo en una
búsqueda de conocimiento, sino abordando cuestiones políticas, morales,
éticas y vitales.
Un hito fundamental en esta dimensión fue la creación de la Maestría
y Diplomatura en Derechos Humanos en 2006, a partir de un proyecto de Ana
Simesen. Fue la primera carrera de posgrado de esta naturaleza en una facultad
de ciencias humanas y sociales en Argentina, y hoy, bajo la dirección de
Rodrigo Solá, está próxima a cumplir 20 años formando profesionales y generando
conocimiento. También se destaca la Diplomatura de Extensión en Intérprete
para la Justicia, orientada a reducir la brecha cultural y lingüística con
los pueblos originarios.
La institución misma se ha constituido como un espacio
físico y simbólico para la memoria, verdad y justicia a través de diversas
iniciativas:
Murales:
Mural
de la Entrada (ADIUNSA): Ubicado donde funcionaba el centro de
estudiantes en los años 70, que fue destruido por un explosivo en
1974-75, sirviendo de pretexto para la intervención policial de la
universidad y la detención del rector Olver Martínez Boreli.
Mural
de Libigeo (Rosario de Lerma): Una obra de más de 50 metros que
recorre la pared exterior, fruto del trabajo conjunto de artistas y
antropólogas de la UNSa.
Mural
de la Facultad de Humanidades: Representa el genocidio y la lucha por
memoria, verdad y justicia, convirtiéndose en un fondo simbólico para las
celebraciones de egresados.
Reconocimientos
Institucionales:
Doctorados
Honoris Causa: Otorgado a figuras como Estela de Carloto.
Profesores
Honorarios: Designación de personalidades como Julio Strassera.
Nuevos
Espacios de Homenaje: El banco de la parada de colectivos, constituido
por el gremio docente (ADUNSA) como un nuevo lugar de recuerdo.
Estos símbolos interpelan a la comunidad universitaria
diariamente, planteando la pregunta fundamental: "¿Para qué y para quiénes
trabajamos en la universidad pública argentina?".
Esta dimensión refleja el compromiso de la universidad más
allá de sus muros, en la esfera pública y en conjunto con la sociedad.
Participación
en el Espacio Público: Presencia constante de autoridades y miembros
de la comunidad en las marchas del 24 de marzo y en actos de memoria por
víctimas como Palomita, Ragone y Gallinato.
Producción
y Difusión: La publicación del libro "La represión en Salta
1970 testimonios y documentos" de Lucrecia Barquet y Ab, una obra
de recopilación documental y testimonial crucial para la justicia y la
memoria, que contó con el apoyo de la UNSa y ADIUNSA.
Política
de Estado Institucional: En la Facultad de Humanidades, el compromiso
con la memoria, verdad y justicia se ha mantenido como una "política
de estado" desde 1983, independientemente de las autoridades de
turno.
Creada a pedido de la Federación Universitaria de Salta
para investigar violaciones de DDHH en la UNSa. Integrada por Raquel Aded,
Raúl Cellaro, Alfredo Pais, Sud Franco y Alejandro Zarabia.
Recopiló información valiosa sobre persecución, cesantías,
desapariciones (Silvia Aramayo, Luis Calú, Raúl Machaca, Pedro Tufiño),
asesinatos y quema de libros. El informe original fue sustraído del
archivo de la universidad.
La UNSa como Querellante
Decisión del Consejo Superior (Resolución 118/2008) de
constituir a la universidad como querellante en las causas por crímenes de
lesa humanidad, a través de la entonces rectora Estela Pérez de Vianchi.
Esta resolución, aún vigente en sus considerandos,
institucionaliza hechos probados, como el funcionamiento de centros
clandestinos de detención en Salta (Policía Federal, Jefatura de Policía,
Palomita, Regimiento de Infantería Monte 28). Transforma la memoria en una
acción judicial concreta.
La ponente concluye reafirmando que la dictadura no fue un
evento ajeno, sino algo que "nos pasó a nosotros como sociedad argentina,
como habitantes de esta provincia, como comunidad universitaria". Se
rechaza la narrativa de la "guerra" con iguales responsabilidades,
argumentando que la investigación académica y las sentencias judiciales han
demostrado que el terrorismo de Estado fue un "plan sistemático de
eliminación" perpetrado desde el poder estatal contra una población
indefensa.
El deber de la universidad es continuar investigando la
verdad, luchar por la justicia y sostener una memoria viva que impulse la
construcción de una sociedad más justa, libre y soberana. La Declaración de los
Derechos Humanos debe seguir siendo "el sur" de la universidad.
Finalmente, se hace un llamado a las nuevas generaciones para profundizar este
trabajo "desde los nuevos desafíos y lenguajes", culminando con una
resignificación del lema universitario: "Mi sabiduría viene de esta
tierra, y yo le agregaría y lucha por los derechos humanos".
En el marco de la "semana de los derechos humanos"
y con miras a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1976, se
anunciaron las siguientes actividades:
Martes
(hoy): 18:00 hs en Doctrina Cultural.
Miércoles
(mañana): 17:00 hs en el Mural de los Desaparecidos de la UNSA
(actividad de ADIUNSA).
Viernes:
16:00 hs en el Museo Histórico de la UNSA (Buenos Aires 177),
conversatorio sobre violencia institucional.
Se extiende una convocatoria abierta a proyectar actividades
para mantener viva la memoria, con el apoyo de la Facultad de Humanidades. El
cierre reafirma la consigna de encontrarse "en la calle por todas las
luchas que hagan falta".
