El abogado salteño Agustín Colque, quien interviene en el debate como profesional del derecho y ciudadano, enmarca su relato dentro de las acciones estratégicas de la Asociación Miguel Ragone y la Mesa de Derechos Humanos, las cuales lo convocaron para presentar un amicus curiae dentro de un habeas corpus colectivo, correctivo y preventivo ante la Corte de Justicia de Salta.
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| Imágen: Red de Litigantes LGBTI de las Américas |
Este recurso legal busca la democratización de la justicia al exigir al Poder Ejecutivo la modificación de las políticas de seguridad y la cesación de las detenciones arbitrarias, discriminatorias y violentas. Los tres puntos centrales de la exposición de su interlocución con los periodistas se centran en: 1) La arbitrariedad y la violación de la inocencia: las detenciones se realizan sin orden judicial o proceso iniciado, simplemente por orden policial, incluso contra personas jurídicamente inocentes, lo que avasalla la presunción de inocencia y el derecho a la libertad ambulatoria. 2) La discriminación sistemática: las detenciones están fuertemente influenciadas por el prejuicio del agente policial y el estigma social, afectando de manera desproporcionada a grupos históricamente vulnerados, como la comunidad LGBT (especialmente mujeres trans y travestis, a quienes se les niega el respeto a la identidad de género al ser encerradas con hombres) y a personas racializadas o en situación de pobreza. 3) Las condiciones ilegales de detención: más allá de la privación ilegítima de la libertad, la situación se agrava por la violencia institucional (apremios, golpizas) y las condiciones inhumanas de encierro, como la sobrepoblación alarmante (más del 100% en la Alcaidía Salta) y la incomunicación, violando reglas básicas de dignidad humana y los estándares de las Naciones Unidas.
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