Recientemente, el gobierno argentino decidió poner en marcha la "Operación Presidente Julio A. Roca", un plan para que las Fuerzas Armadas (el Ejército) colaboren en tareas de seguridad en las fronteras del norte del país. La justificación oficial es la lucha contra el narcotráfico, calificada como "la nueva guerra que hay que librar".
La Justicia, sin embargo, rechazó el pedido. Pero la
decisión no fue unánime y dejó al descubierto un profundo debate sobre el rol
de las Fuerzas Armadas y los límites del poder del Estado.
¿Por qué la Justicia Rechazó el Pedido? La "Amenaza que Todavía no
Existe"
La respuesta de la mayoría de los jueces de la Cámara
Federal de Salta se puede resumir así: no se puede actuar sobre algo que
todavía no ha ocurrido. El tribunal concluyó que no existe una amenaza
"actual o inminente" para la libertad de las personas.
Para entenderlo fácilmente, un habeas corpus preventivo
funciona como una alarma de incendio. Las organizaciones tiraron de la alarma
al ver el plan del gobierno, pero los jueces consideraron que, por ahora, solo
hay humo y no fuego. Argumentaron que la "Operación Roca" está
todavía en una fase de "preparación logística". Es decir, se están
organizando, pero los soldados aún no están en la calle deteniendo gente.
Además, la Cámara señaló que si en el futuro algún militar
comete un abuso o una detención ilegal, ese acto tendrá su "natural
remedio en el correspondiente proceso penal". En otras palabras: la
justicia actuará si se comete un delito, pero no puede prohibir por adelantado
que se cometan delitos.
La Voz Disidente que Advierte el Peligro: El Voto del Juez Castellanos
Aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Uno de los
jueces, el Dr. Alejandro Castellanos, estuvo de acuerdo con el resultado final
(no frenar la operación ahora), pero sus motivos fueron radicalmente
distintos y mucho más críticos con el gobierno. Su voto es una advertencia
fundamental sobre la legalidad de todo el operativo.
El Juez Castellanos planteó tres puntos clave:
- Zapatos
equivocados para el trabajo: Sostuvo que las Fuerzas Armadas y las
fuerzas de seguridad (como Gendarmería) tienen misiones, entrenamientos y
equipamientos completamente distintos. Los militares están preparados para
la defensa ante una agresión externa (una guerra), no para la seguridad
interior y la prevención de delitos comunes. Usarlos para esto es como
pedirle a un cirujano que arregle un motor: no es su función y los riesgos
son enormes.
- Un
decreto no puede cambiar una ley: El juez aclaró que el gobierno
implementó esta operación a través de un decreto, que es una norma de
rango inferior a una ley. Las leyes que separan estrictamente la Defensa
Nacional de la Seguridad Interior fueron aprobadas por el Congreso.
Castellanos advierte que un decreto presidencial no puede modificar o
contradecir lo que dice una ley superior, especialmente en un tema tan
delicado.
- El
Congreso ya dijo que no: Recientemente, el Congreso aprobó una
"Ley Antimafia" para enfrentar al crimen organizado. Esa ley
autorizó la intervención de fuerzas policiales y de seguridad, pero
"en modo alguno habilitó la intervención de las Fuerzas
Armadas". Para el juez, esto es una señal clara de que el Congreso,
cuando tuvo la oportunidad, decidió mantener a los militares fuera de
estas tareas.
El voto del Juez Castellanos es una alarma distinta: aunque
hoy no haya una persona concreta en peligro, la base legal de toda la operación
es "un halo de confusión" y parece violar la Constitución y las
leyes.
La Pelea de Fondo y las Propuestas para el Debate Público
Esta contienda jurídica no es solo un tecnicismo. Refleja la
tensión que vive el país. Por un lado, la urgencia de combatir el narcotráfico;
por otro, el riesgo de debilitar el Estado de Derecho usando atajos que pueden
erosionar las garantías de todos los ciudadanos.
Las organizaciones de derechos humanos ven en este fallo una
luz de alerta. Aunque perdieron en lo inmediato, el voto del Juez Castellanos
les dio argumentos sólidos para continuar el debate. La decisión de la Cámara
de esperar a que ocurra un "exceso" para recién actuar es vista como
una apuesta arriesgada que legitima una operación potencialmente ilegal.
Frente a esto, es crucial que la ciudadanía se informe y
participe. Aquí algunas propuestas para problematizar y continuar el debate:
- ¿La
lucha contra el narcotráfico justifica cualquier medio? El gobierno
argumenta que enfrenta una "guerra". Pero en un Estado de
Derecho, ¿pueden suspenderse las reglas y las leyes fundamentales en
nombre de un fin superior? ¿Dónde trazamos la línea para no sacrificar
derechos en el altar de la seguridad?
- ¿Quién
controla a los que controlan? La operación se basa en "reglas de
empeñamiento" que establecen cómo deben actuar los soldados. Sin
embargo, estas reglas son de carácter "reservado". ¿Cómo puede
la ciudadanía confiar en un plan cuyas reglas de funcionamiento son secretas?
La transparencia debería ser el primer requisito para cualquier operativo
de seguridad.
- ¿Son
los jueces custodios del futuro o solo del pasado? El fallo plantea
una pregunta sobre el rol del Poder Judicial. ¿Debe limitarse a castigar
los abusos una vez que ocurren, como dice la mayoría? ¿O debe, como
sugiere el voto disidente, ejercer un control preventivo para anular
decisiones del gobierno que son manifiestamente ilegales o
inconstitucionales, antes de que causen daño?.
- ¿Qué
significa vivir en la frontera? Uno de los argumentos de la primera
instancia fue que en las zonas de frontera los derechos, como la
privacidad, disminuyen. Esto fue criticado por crear "ciudadanos de
primera y segunda categoría". ¿Implica vivir en una zona estratégica
tener menos derechos que el resto de los argentinos?
Esta batalla legal recién comienza. La decisión final ha
dejado la puerta abierta para que el debate continúe, no solo en los
tribunales, sino en la sociedad. Es una discusión fundamental sobre qué tipo de
país queremos: uno que combate el delito a cualquier costo o uno que lo hace
respetando las leyes y los derechos que tanto costó conseguir.
Un contrapunto con la desinstitucionalización de los años setenta
Analizar la situación actual y es presente fallo judicial, a
la luz de la desinstitucionalización de los años setenta, a partir de las
proposiciones de debate, permite sopesar las diferencias y, sobre todo, identificar
las alarmas tempranas.
Ecos del Pasado en el Presente: Un Contrapunto entre la Argentina de los 70
y la Lucha por los Derechos Hoy
La comparación entre la situación actual y el terrorismo de
Estado de los años setenta es un ejercicio delicado pero fundamental. No se
trata de afirmar que la historia se repite, sino de reconocer los ecos y las
lógicas que, de instalarse, pueden erosionar el Estado de Derecho. El debate
generado por la "Operación Presidente Julio A. Roca" y el fallo
judicial subsiguiente nos obliga a realizar este contrapunto.
1. La Justificación de los Medios por el Fin: "La Guerra contra el
Enemigo Interno"
- Eco
de los 70: En la década del setenta, la justificación para la
represión fue la existencia de un "enemigo interno": la
"subversión". Este enemigo, difuso y omnipresente, justificaba
la suspensión de toda garantía legal y la aplicación de una violencia
estatal sin precedentes.
- Situación
Actual: Hoy, el discurso oficial invoca una "nueva guerra que hay
que librar" contra el "narcoterrorismo" o la
"narcocriminalidad". Si bien el narcotráfico es un problema real
y grave, la construcción de un enemigo con la lógica de "guerra"
es una alarma histórica. Implica que las reglas del juego democrático no
son suficientes y que se necesitan medidas excepcionales. El fallo
judicial de primera instancia, al validar esta premisa, genera
preocupación.
- El
Contrapunto: La diferencia crucial reside en el marco de la disputa.
En los setenta, el Estado abandonó por completo el derecho y operó desde
la clandestinidad. Hoy, la batalla se libra, paradójicamente, dentro de
las instituciones. Las organizaciones de DDHH no están proscritas, sino
que utilizan las herramientas del sistema, como el habeas corpus, para
cuestionar al poder. El debate es público y la legalidad de los actos del
gobierno es objeto de control judicial, por más que el resultado sea
adverso.
2. El Control y la Lógica de lo Secreto
- Eco
de los 70: El secreto fue el pilar del terrorismo de Estado. Los
centros clandestinos, los secuestros sin registro, los vuelos de la
muerte. La opacidad garantizaba la impunidad.
- Situación
Actual: La existencia de "reglas de empeñamiento" de
carácter "reservado" es un eco directo de esa lógica. ¿Cómo
puede la sociedad controlar una operación de seguridad si no conoce sus
reglas? Este secreto crea una zona gris donde el abuso es posible. La
desconfianza de las organizaciones, que las lleva a no querer publicar sus
propias actas por temor al espionaje y para resguardar su estrategia, es
una consecuencia directa de esta memoria histórica de un Estado que usa la
información para reprimir.
- El
Contrapunto: Hoy, la existencia de esas reglas, aunque secretas, es
reconocida en un expediente judicial. Las organizaciones y el periodismo
pueden exigir su publicidad. La lucha actual es por la transparencia, un
concepto que en los setenta fue aniquilado. La discusión en la Comisión de
DDHH sobre cómo comunicar sus acciones sin ponerse en riesgo es la
deliberación de un actor cívico que, aunque amenazado, no ha sido
silenciado.
3. El Rol de la Justicia: ¿Barrera de Contención o Vía Libre?
- Eco
de los 70: La complicidad o pasividad de gran parte del Poder Judicial
fue indispensable para la dictadura. Los miles de habeas corpus por
desaparecidos que fueron rechazados sistemáticamente son la prueba más
trágica de un poder que renunció a su función de control.
- Situación
Actual: La decisión de la mayoría de la Cámara de rechazar el habeas
corpus con el argumento de que la amenaza no es "actual" y que
los eventuales abusos tendrán su "natural remedio" en el futuro
genera un fuerte eco de aquella pasividad. Es un tribunal que, en la
práctica, decide esperar a que el daño ocurra para actuar.
- El
Contrapunto: La diferencia es abismal y esperanzadora: el voto en
disidencia del Juez Castellanos. Su análisis crítico, que desarma la
legalidad de los decretos desde adentro del propio sistema judicial, es la
antítesis de la justicia cómplice. Este voto no solo salva la legitimidad
del poder judicial, sino que se convierte en una herramienta política y
jurídica para las organizaciones. Demuestra que no hay un poder monolítico
y que la defensa del Estado de Derecho también tiene defensores dentro de
las instituciones.
4. La Creación de "Otros" con Menos Derechos
- Eco
de los 70: El terrorismo de Estado funcionó a partir de la
estigmatización: el "subversivo" no era un ciudadano con
derechos, sino un enemigo a aniquilar.
- Situación
Actual: El argumento judicial que sostiene que "a medida que nos
acercamos a la zona de frontera [...] disminuye proporcionalmente ese
derecho" de privacidad es
conceptualmente peligroso. Crea, como denunciaron los apelantes,
"ciudadanos de primera y segunda categoría". Es la misma lógica
de excepcionalidad: para un determinado grupo o en un determinado
territorio, la Constitución rige de otra manera.
- El
Contrapunto: A diferencia de los setenta, esta categorización hoy es
parte de un debate público y legal. Las organizaciones la denuncian como
discriminatoria y el voto disidente la rechaza de plano. La idea no se
impone por la fuerza, sino que se discute en el marco de la ley. La lucha
hoy consiste en evitar que esta noción excepcional se normalice y se
convierta en política de Estado.
En conclusión, no estamos en los setenta. La diferencia
fundamental es la existencia de una sociedad civil activa y de instituciones
democráticas que, con todas sus falencias y contradicciones, aún funcionan como
arena para la disputa. Sin embargo, los ecos están ahí: la retórica de guerra,
la lógica del secreto, la creación de zonas de excepción y una justicia que
puede pecar de pasiva. El gran riesgo del presente no es un golpe de Estado
clásico, sino la desinstitucionalización por goteo: la erosión paulatina de las
garantías en nombre de una emergencia, hasta que el Estado deje de ser, para
muchos, un garante de derechos. La memoria del pasado es la principal
herramienta para identificar y combatir ese peligro en el presente.
