Fuerzas Armadas en la Frontera: ¿Protección o Amenaza? La Batalla Legal que Cuestiona los Límites del Poder

Recientemente, el gobierno argentino decidió poner en marcha la "Operación Presidente Julio A. Roca", un plan para que las Fuerzas Armadas (el Ejército) colaboren en tareas de seguridad en las fronteras del norte del país. La justificación oficial es la lucha contra el narcotráfico, calificada como "la nueva guerra que hay que librar".

Frente a esta decisión, diversas organizaciones de derechos humanos y ciudadanos presentaron un recurso de habeas corpus, una herramienta legal urgente para proteger la libertad de las personas. Su argumento era simple: usar soldados, entrenados para la guerra, en tareas de seguridad ciudadana es ilegal y representa una "amenaza cierta e inminente" para los derechos de quienes viven y transitan en la frontera.

La Justicia, sin embargo, rechazó el pedido. Pero la decisión no fue unánime y dejó al descubierto un profundo debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas y los límites del poder del Estado.

¿Por qué la Justicia Rechazó el Pedido? La "Amenaza que Todavía no Existe"

La respuesta de la mayoría de los jueces de la Cámara Federal de Salta se puede resumir así: no se puede actuar sobre algo que todavía no ha ocurrido. El tribunal concluyó que no existe una amenaza "actual o inminente" para la libertad de las personas.

Para entenderlo fácilmente, un habeas corpus preventivo funciona como una alarma de incendio. Las organizaciones tiraron de la alarma al ver el plan del gobierno, pero los jueces consideraron que, por ahora, solo hay humo y no fuego. Argumentaron que la "Operación Roca" está todavía en una fase de "preparación logística". Es decir, se están organizando, pero los soldados aún no están en la calle deteniendo gente.

Además, la Cámara señaló que si en el futuro algún militar comete un abuso o una detención ilegal, ese acto tendrá su "natural remedio en el correspondiente proceso penal". En otras palabras: la justicia actuará si se comete un delito, pero no puede prohibir por adelantado que se cometan delitos.

La Voz Disidente que Advierte el Peligro: El Voto del Juez Castellanos

Aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Uno de los jueces, el Dr. Alejandro Castellanos, estuvo de acuerdo con el resultado final (no frenar la operación ahora), pero sus motivos fueron radicalmente distintos y mucho más críticos con el gobierno. Su voto es una advertencia fundamental sobre la legalidad de todo el operativo.

El Juez Castellanos planteó tres puntos clave:

1. Zapatos equivocados para el trabajo: Sostuvo que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad (como Gendarmería) tienen misiones, entrenamientos y equipamientos completamente distintos. Los militares están preparados para la defensa ante una agresión externa (una guerra), no para la seguridad interior y la prevención de delitos comunes. Usarlos para esto es como pedirle a un cirujano que arregle un motor: no es su función y los riesgos son enormes.
2. Un decreto no puede cambiar una ley: El juez aclaró que el gobierno implementó esta operación a través de un decreto, que es una norma de rango inferior a una ley. Las leyes que separan estrictamente la Defensa Nacional de la Seguridad Interior fueron aprobadas por el Congreso. Castellanos advierte que un decreto presidencial no puede modificar o contradecir lo que dice una ley superior, especialmente en un tema tan delicado.
3. El Congreso ya dijo que no: Recientemente, el Congreso aprobó una "Ley Antimafia" para enfrentar al crimen organizado. Esa ley autorizó la intervención de fuerzas policiales y de seguridad, pero "en modo alguno habilitó la intervención de las Fuerzas Armadas". Para el juez, esto es una señal clara de que el Congreso, cuando tuvo la oportunidad, decidió mantener a los militares fuera de estas tareas.

El voto del Juez Castellanos es una alarma distinta: aunque hoy no haya una persona concreta en peligro, la base legal de toda la operación es "un halo de confusión" y parece violar la Constitución y las leyes.

 

La Pelea de Fondo y las Propuestas para el Debate Público

Esta contienda jurídica no es solo un tecnicismo. Refleja la tensión que vive el país. Por un lado, la urgencia de combatir el narcotráfico; por otro, el riesgo de debilitar el Estado de Derecho usando atajos que pueden erosionar las garantías de todos los ciudadanos.

Las organizaciones de derechos humanos ven en este fallo una luz de alerta. Aunque perdieron en lo inmediato, el voto del Juez Castellanos les dio argumentos sólidos para continuar el debate. La decisión de la Cámara de esperar a que ocurra un "exceso" para recién actuar es vista como una apuesta arriesgada que legitima una operación potencialmente ilegal.

Frente a esto, es crucial que la ciudadanía se informe y participe. Aquí algunas propuestas para problematizar y continuar el debate:

1. ¿La lucha contra el narcotráfico justifica cualquier medio? El gobierno argumenta que enfrenta una "guerra". Pero en un Estado de Derecho, ¿pueden suspenderse las reglas y las leyes fundamentales en nombre de un fin superior? ¿Dónde trazamos la línea para no sacrificar derechos en el altar de la seguridad?
2. ¿Quién controla a los que controlan? La operación se basa en "reglas de empeñamiento" que establecen cómo deben actuar los soldados. Sin embargo, estas reglas son de carácter "reservado". ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en un plan cuyas reglas de funcionamiento son secretas? La transparencia debería ser el primer requisito para cualquier operativo de seguridad.
3. ¿Son los jueces custodios del futuro o solo del pasado? El fallo plantea una pregunta sobre el rol del Poder Judicial. ¿Debe limitarse a castigar los abusos una vez que ocurren, como dice la mayoría? ¿O debe, como sugiere el voto disidente, ejercer un control preventivo para anular decisiones del gobierno que son manifiestamente ilegales o inconstitucionales, antes de que causen daño?.
4. ¿Qué significa vivir en la frontera? Uno de los argumentos de la primera instancia fue que en las zonas de frontera los derechos, como la privacidad, disminuyen. Esto fue criticado por crear "ciudadanos de primera y segunda categoría". ¿Implica vivir en una zona estratégica tener menos derechos que el resto de los argentinos?

Esta batalla legal recién comienza. La decisión final ha dejado la puerta abierta para que el debate continúe, no solo en los tribunales, sino en la sociedad. Es una discusión fundamental sobre qué tipo de país queremos: uno que combate el delito a cualquier costo o uno que lo hace respetando las leyes y los derechos que tanto costó conseguir.

 

Un contrapunto con la desinstitucionalización de los años setenta

Analizar la situación actual y es presente fallo judicial, a la luz de la desinstitucionalización de los años setenta, a partir de las proposiciones de debate, permite sopesar las diferencias y, sobre todo, identificar las alarmas tempranas.

Ecos del Pasado en el Presente: Un Contrapunto entre la Argentina de los 70 y la Lucha por los Derechos Hoy

La comparación entre la situación actual y el terrorismo de Estado de los años setenta es un ejercicio delicado pero fundamental. No se trata de afirmar que la historia se repite, sino de reconocer los ecos y las lógicas que, de instalarse, pueden erosionar el Estado de Derecho. El debate generado por la "Operación Presidente Julio A. Roca" y el fallo judicial subsiguiente nos obliga a realizar este contrapunto.

1. La Justificación de los Medios por el Fin: "La Guerra contra el Enemigo Interno"

• Eco de los 70: En la década del setenta, la justificación para la represión fue la existencia de un "enemigo interno": la "subversión". Este enemigo, difuso y omnipresente, justificaba la suspensión de toda garantía legal y la aplicación de una violencia estatal sin precedentes.
• Situación Actual: Hoy, el discurso oficial invoca una "nueva guerra que hay que librar" contra el "narcoterrorismo" o la "narcocriminalidad". Si bien el narcotráfico es un problema real y grave, la construcción de un enemigo con la lógica de "guerra" es una alarma histórica. Implica que las reglas del juego democrático no son suficientes y que se necesitan medidas excepcionales. El fallo judicial de primera instancia, al validar esta premisa, genera preocupación.
• El Contrapunto: La diferencia crucial reside en el marco de la disputa. En los setenta, el Estado abandonó por completo el derecho y operó desde la clandestinidad. Hoy, la batalla se libra, paradójicamente, dentro de las instituciones. Las organizaciones de DDHH no están proscritas, sino que utilizan las herramientas del sistema, como el habeas corpus, para cuestionar al poder. El debate es público y la legalidad de los actos del gobierno es objeto de control judicial, por más que el resultado sea adverso.

2. El Control y la Lógica de lo Secreto

• Eco de los 70: El secreto fue el pilar del terrorismo de Estado. Los centros clandestinos, los secuestros sin registro, los vuelos de la muerte. La opacidad garantizaba la impunidad.
• Situación Actual: La existencia de "reglas de empeñamiento" de carácter "reservado" es un eco directo de esa lógica. ¿Cómo puede la sociedad controlar una operación de seguridad si no conoce sus reglas? Este secreto crea una zona gris donde el abuso es posible. La desconfianza de las organizaciones, que las lleva a no querer publicar sus propias actas por temor al espionaje y para resguardar su estrategia, es una consecuencia directa de esta memoria histórica de un Estado que usa la información para reprimir.
• El Contrapunto: Hoy, la existencia de esas reglas, aunque secretas, es reconocida en un expediente judicial. Las organizaciones y el periodismo pueden exigir su publicidad. La lucha actual es por la transparencia, un concepto que en los setenta fue aniquilado. La discusión en la Comisión de DDHH sobre cómo comunicar sus acciones sin ponerse en riesgo es la deliberación de un actor cívico que, aunque amenazado, no ha sido silenciado.

3. El Rol de la Justicia: ¿Barrera de Contención o Vía Libre?

• Eco de los 70: La complicidad o pasividad de gran parte del Poder Judicial fue indispensable para la dictadura. Los miles de habeas corpus por desaparecidos que fueron rechazados sistemáticamente son la prueba más trágica de un poder que renunció a su función de control.
• Situación Actual: La decisión de la mayoría de la Cámara de rechazar el habeas corpus con el argumento de que la amenaza no es "actual" y que los eventuales abusos tendrán su "natural remedio" en el futuro genera un fuerte eco de aquella pasividad. Es un tribunal que, en la práctica, decide esperar a que el daño ocurra para actuar.
• El Contrapunto: La diferencia es abismal y esperanzadora: el voto en disidencia del Juez Castellanos. Su análisis crítico, que desarma la legalidad de los decretos desde adentro del propio sistema judicial, es la antítesis de la justicia cómplice. Este voto no solo salva la legitimidad del poder judicial, sino que se convierte en una herramienta política y jurídica para las organizaciones. Demuestra que no hay un poder monolítico y que la defensa del Estado de Derecho también tiene defensores dentro de las instituciones.

4. La Creación de "Otros" con Menos Derechos

• Eco de los 70: El terrorismo de Estado funcionó a partir de la estigmatización: el "subversivo" no era un ciudadano con derechos, sino un enemigo a aniquilar.
• Situación Actual: El argumento judicial que sostiene que "a medida que nos acercamos a la zona de frontera [...] disminuye proporcionalmente ese derecho" de privacidad  es conceptualmente peligroso. Crea, como denunciaron los apelantes, "ciudadanos de primera y segunda categoría". Es la misma lógica de excepcionalidad: para un determinado grupo o en un determinado territorio, la Constitución rige de otra manera.
• El Contrapunto: A diferencia de los setenta, esta categorización hoy es parte de un debate público y legal. Las organizaciones la denuncian como discriminatoria y el voto disidente la rechaza de plano. La idea no se impone por la fuerza, sino que se discute en el marco de la ley. La lucha hoy consiste en evitar que esta noción excepcional se normalice y se convierta en política de Estado.

En conclusión, no estamos en los setenta. La diferencia fundamental es la existencia de una sociedad civil activa y de instituciones democráticas que, con todas sus falencias y contradicciones, aún funcionan como arena para la disputa. Sin embargo, los ecos están ahí: la retórica de guerra, la lógica del secreto, la creación de zonas de excepción y una justicia que puede pecar de pasiva. El gran riesgo del presente no es un golpe de Estado clásico, sino la desinstitucionalización por goteo: la erosión paulatina de las garantías en nombre de una emergencia, hasta que el Estado deje de ser, para muchos, un garante de derechos. La memoria del pasado es la principal herramienta para identificar y combatir ese peligro en el presente.