En el marco de los debates entre militantes de derechos humanos posteriores a las movilidades que los actos de memoria producen, Blanca Lescano expuso sus tesis sobre la memoria histórica en Salta, destacando la importancia de recordar y analizar los eventos pasados desde una perspectiva crítica. En este contexto, durante el acto por la Memoria en Gallinato, surgió un diálogo con Fernando Pequeño, reconocido militante de derechos humanos en la región, sobre la polarización en torno a El Gallinato. Fernando, con su vasta experiencia en la lucha por los derechos humanos, conversa con Blanca a cerca de su mirada marcada por la formación de la Antropología social en la década del setenta y su militancia, a cerca de las diferentes narrativas que existen sobre las disputas en torno a la violencia política de los setenta y la actual, en la historia salteña. Blanca responde con argumentos basados en sus estudios, abriendo así un espacio de reflexión y debate sobre la memoria y su impacto en la sociedad actual.
Fernando Pequeño: hola Blanca. A partir de lo
vivido en el acto en Gallinato, ayer en la Calderilla, mucho se nos moviliza a
quienes participamos y vemos luego las repercusiones en los medios locales. Porque
nos pone en perspectiva la diversidad nada unívoca de posiciones sobre las
marcas que nos ha dejado el terrorismo del estado setentista en Argentina a
nosotros como miembros de familias devastadas por esos procesos de violencias
políticas que perecerían re editarse una y otra vez.
Me interesa conectar con vos, con la agudeza de tu mirada
por lo vivido y por tu formación; el pasado dictatorial con las luchas sociales
y de poder del presente. En tu visión, argumentas sobre la historia no como una
sucesión de hechos aislados, sino como el escenario de una disputa perpetua en
torno a la memoria, la verdad y la justicia. Cartografiemos esa perspectiva
tuya que vincula el terrorismo de Estado de los años 70 con una confrontación
estructural más amplia, de carácter tanto local como global, entre élites
dominantes y sectores populares en resistencia.
Blanca Lescano: para comprender la lógica de
un poder estatal que pareciera desplegarse en ciclos en Latinoamérica, es
fundamental examinar cómo se deconstruyen las narrativas oficiales sobre el
pasado reciente. Los hitos fundacionales de la transición democrática no son
aceptados como verdades cerradas, sino que son sometidos a una revisión crítica
para exponer las contradicciones y sesgos que han permitido la persistencia de
las estructuras de poder.
Fernando Pequeño: me has hablado reiteradas
veces de tu insatisfacción con el “Juicio a las Juntas”. Contame de eso.
Blanca Lescano: en mi análisis postulo al
histórico "Juicio a las Juntas" de los ochentas como un hito de
carácter ambivalente. Si bien se reconoce su valor como un suceso único a nivel
mundial al condenar a las cúpulas militares, lo califico como un juicio
"sesgado". Mi argumento central es que dicho proceso, en lugar de
definir con nitidez la naturaleza del terrorismo de Estado, instaló y legitimó
la "teoría de los dos demonios". Al no delimitar inequívocamente la
responsabilidad del Estado como único actor con capacidad de ejercer terrorismo
sistemático, se dejó una ambigüedad latente para el futuro. Esta indefinición
ha permitido, a lo largo de las décadas, la continua "reivindicación del
accionar" de las fuerzas armadas por parte de diversos sectores, diluyendo
la responsabilidad estatal y manteniendo viva una narrativa de confrontación
entre dos fuerzas equiparables.
Fernando Pequeño: ¿Y entonces? ¿Qué pasa con el
peronismo como movimiento que ha reivindicado en su construcción de poder; a la
Memoria, la Verdad y la Justicia?
Blanca Lescano: mi crítica se proyecta sobre
los actores del propio campo popular, con un énfasis particular en el
peronismo. Observo una dualidad fundamental dentro del movimiento. Por un lado,
tras la dictadura, el peronismo se reivindicó como parte integral de "la
lucha de la militancia". Sin embargo, simultáneamente, importantes
sectores internos nunca reconocieron que el propio Juan Domingo Perón
"desató también los demonios".
Esta contradicción se materializa en la etapa final de su
gobierno y, de forma culminante, durante la presidencia de Isabel Perón y el
accionar de José López Rega. La falta de una autocrítica profunda sobre el rol
de facciones del movimiento peronista en la violencia pre-dictatorial impidió
que el peronismo pudiera definir de manera contundente el concepto de
terrorismo de Estado, limitándolo al accionar militar y obviando la
participación de civiles y de estructuras partidarias.
Fernando Pequeño: te propongo que avancemos en
tu idea de que este período es tan solo un capítulo de una lucha histórica
recurrente. Hagamos de la memoria específica de los años 70 un punto de partida
para construir una tesis más amplia sobre la lucha de poder histórica en
Argentina y en el mundo, de acuerdo a lo que hemos estado conversando antes, ¿te
parece? Tu perspectiva va desde el período dictatorial hacia un marco teórico
más abarcador. Ves los eventos de la década de 1970 no como una anomalía
histórica, sino como una manifestación particularmente brutal de una lucha de
poder estructural y perpetua que define a la sociedad argentina y, en última
instancia, al orden mundial. Me ha costado interpretarte en nuestros diálogos. Contame
de eso.
Blanca Lescano: para ilustrar la continuidad
de esta tensión, trazo un paralelismo que se remonta a los orígenes de la
nación. Sostengo que esta lucha viene de mucho antes y pienso como ejemplo la figura de Martín Miguel de
Güemes. Su enfrentamiento con los sectores conservadores de su época representa
desde mi visión un arquetipo de la pugna histórica fundamental: una
confrontación entre quienes buscan un cambio social y defienden la soberanía, y
aquellos que, detentando el poder político y económico, desean mantener un
"statu quo" que garantice sus privilegios. Este arquetipo de la élite
terrateniente local es a mi modo de ver, el precursor histórico de la élite
globalizada y monopólica que puedo observar más fácilmente hoy que hace veinte
o treinta años, por la inmediatez que nos impone la tecnología ahora. El mundo
pareciera ser más chico y denso que cuando yo estudiaba.
Fernando Pequeño: tu análisis trasciende las
fronteras nacionales para conectar la lucha local con un fenómeno global,
adoptando una perspectiva que define el conflicto histórico en términos de una
lucha de clases a escala global. Decís que los procesos en Argentina y América
Latina son manifestaciones regionales de una confrontación mundial contra un
neocolonialismo persistente, donde las luchas actuales en África contra la
herencia de las potencias europeas forman parte del mismo fenómeno. ¿Cómo es
eso?
Blanca Lescano: esta confrontación global es
protagonizada por una élite mundial, yo le llamo "el 1% del mundo" y está conformada
por grandes monopolios. Desde esta perspectiva, dicho sector de poder necesita,
para su supervivencia, la explotación de países pseudo independientes y el
acceso a mano de obra esclava y si no es esclava por lo menos barata. La
historia, por tanto, se define como la "lucha de siempre" entre este
1% y el resto de la humanidad.
Definida esta confrontación estructural, mi análisis se
desplaza hacia los mecanismos ideológicos y tácticos a través de los cuales esa
élite planetaria perpetúa su dominación.
Blanca Lescano: habiendo establecido hasta aquí,
el marco histórico y global de la lucha de poder, quiero enfocarme en las
herramientas específicas de dominación y las respuestas de los sectores
populares. Me pregunto recurrentemente cómo se construye ideológicamente al
"enemigo" y cómo se manifiesta la disputa en el territorio concreto.
Blanca Lescano:fiajte que un mecanismo de dominación clave es
la disputa por la hegemonía semántica, materializada en la construcción del
"terrorista" como dispositivo de estigmatización y criminalización de
la protesta social. Este proceso, sostengo; se ancla en la ambigüedad
fundacional de la transición democrática. El vacío conceptual dejado por una
definición incompleta del terrorismo de Estado, cimentada en la "teoría de
los dos demonios", fue estratégicamente ocupado por la categoría de
"terrorismo" impuesta por Estados Unidos. Su fin es deslegitimar
cualquier movimiento que pretenda revelarse contra las élites, despojándolos de
su identidad como "revolucionarios" o luchadores por la libertad.
Este sometimiento no es solo semántico, sino que se inscribe
en una profunda subalternidad ideológica. El argumento conecta esta idea con la
pregunta del sociólogo Pierre Bourdieu: "¿Por qué los pobres votan a sus
verdugos?". La respuesta está en observar el proceso de sometimiento
histórico, físico e ideológico que conduce a una colonización de la
subjetividad, dificultando la organización y la resistencia.
Fernando Pequeño: en otras conversaciones has
conectado esto con el análisis del avance del narcotráfico, y hace momentos lo
conectabas con el caso ocurrido hace un par de días en Buenos Aires, del "triple
crimen" de las adolescentes por capos mafiosos. Vos postulas una
correlación directa entre el desmantelamiento de las organizaciones de base y
la expansión del crimen organizado. Contame ese hilo conductor.
Blanca Lescano:fíjate, los actores como los "curas
villeros" y las organizaciones sociales —estigmatizadas bajo el peyorativo
"planeros"— ejercían un contrapeso fáctico en los barrios,
compitiendo directamente con los narcos por el control territorial y la adhesión
de la juventud. Al criminalizar y desarticular estas redes de contención
social, el Estado eliminó al único actor que les disputaba el poder en el
terreno, dejando el campo libre para que los capitales de la droga avanzaran
sin oposición, reclutando "soldaditos" entre una juventud
desamparada.
El ejemplo de este triple crimen de las chicas, encapsula la
lógica global del conflicto: la desarticulación de las formas de organización
popular, ya sea bajo la etiqueta de "terrorismo" o
"planeros", y beneficia directamente a estructuras de poder que
prosperan en la desintegración social.
Blanca Lescano:quiero decir en definitiva, que la historia
argentina y mundial pivotean alrededor de una lucha de poder ininterrumpida
entre una élite minoritaria y las grandes mayorías populares. Primero, hago una
crítica a la memoria histórica oficial que, a través de ambigüedades como la
"teoría de los dos demonios", ha servido para mantener intactas
ciertas estructuras de poder. Segundo, conceptualizo la historia como una
confrontación estructural que trasciende épocas y fronteras, conectando las
luchas por la independencia del siglo XIX con las resistencias anticoloniales y
anticapitalistas del presente. Y tercero, identifico los mecanismos de dominación ideológica, como la
construcción del "terrorista", y su manifestación práctica en la
disputa por el control territorial en los barrios.
Desde mi punto de vista, el futuro de esta confrontación
perpetua no depende de factores circunstanciales, sino del grado de
conciencia que tengan los sectores populares. La disputa fundamental es,
por lo tanto, por la conciencia: la capacidad de los sectores subalternos para
trascender el rol de objeto pasivo de la historia y constituirse como sujetos
conscientes de su propio destino.
Polarización extrema por la memoria: El acto de El Gallinato en Salta desata una feroz disputa ideológica en redes, revelando una sociedad dividida entre la irrenunciable consigna de "Memoria, Verdad y Justicia" y el escepticismo que tilda a las víctimas de "terroristas" y denuncia el "adoctrinamiento" político.
Sitio de Memoria "Gallinato", La Caldera, Salta.
Resumen en audio:
El acto conmemorativo de la Masacre de El Gallinato en
Salta fortaleciendo el mensaje de "Memoria, Verdad y
Justicia," ha desvelado, a través de los comentarios de los lectores en
los medios Que Pasa Salta y Página 12, la profunda división y el
estado de conflicto ideológico que persisten en la sociedad argentina en
relación con el pasado reciente. Un análisis comparativo de estas reacciones no
solo ilustra la disparidad de opiniones, sino que también revela las distintas
predisposiciones sobre las políticas públicas de memoria, verdad y justicia en
el país.
El evento, que tuvo lugar en el paraje El Gallinato en La
Caldera, Salta, fue un acto solemne organizado por organismos de derechos
humanos y familiares de las víctimas. Contó con la presencia de estudiantes de
la Escuela N° 4118 y autoridades locales, y se destacó por los emotivos
testimonios de sobrevivientes y familiares. La masacre, ocurrida en 1976, dejó
al menos 18 personas asesinadas, algunas de ellas desaparecidas o dinamitadas,
como parte del terrorismo de Estado. Las voces de la jornada coincidieron en la
necesidad de enseñar la historia reciente en las aulas y de hacer de la memoria
un ejercicio colectivo frente al avance de discursos negacionistas.
El contraste entre los comentarios de los dos medios es
abrumador y revela dos cosmovisiones opuestas. Por un lado, las reacciones en Que
Pasa Salta demuestran un claro escepticismo y un rechazo al mensaje del
acto. La crítica se centra en la supuesta falta de "verdad," en la
deslegitimación de las víctimas como "terroristas," y en la acusación
de "adoctrinamiento" de los estudiantes. Esta visión, lejos de ver la
memoria como un legado colectivo, la interpreta como una herramienta política
utilizada para un relato sesgado y conveniente. Los comentarios que critican la
supuesta "doble vara" de los derechos humanos y la politización del
acto reflejan una sensación de injusticia o de relato incompleto. Aquí, la
memoria no se percibe como una forma de sanar heridas o construir un futuro,
sino como un elemento de confrontación ideológica que excluye otras
perspectivas. La descalificación de las víctimas y la defensa tácita de la
acción militar evidencian la presencia de un discurso que busca reinterpretar
o, en algunos casos, negar la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad.
En la vereda opuesta, los comentarios en Página 12 representan
un apoyo unánime y militante al acto. Aquí, el mensaje de "Memoria, Verdad
y Justicia" no es negociable; es una consigna irrenunciable y un principio
fundacional. La memoria se entiende como una tarea de "resistencia" y
una responsabilidad intergeneracional. Los lectores no solo legitiman a las
víctimas, sino que las reivindican como "compañeros" y portadores de
un ideal de justicia social. Se exige la justicia sin reconciliación y se
compara a los represores con los nazis, lo que denota una clara intención de
condenar y señalar la barbarie del terrorismo de Estado. El acto es visto como
una continuidad de una lucha que debe ser defendida de "discursos
negacionistas" y de "políticas que van en contra de nuestro
pueblo".
La comparación de ambos grupos de comentarios no es una
simple lista de opiniones, sino un reflejo del estado actual de las políticas
de memoria en Argentina. Mientras que en Página 12 se las defiende como
una necesidad democrática y moral, en Que Pasa Salta se las ataca como
un "relato" partidario. Esta polarización muestra que, a pesar de los
avances institucionales (como las leyes y los sitios de memoria), el consenso
social en torno a este tema sigue siendo frágil. La valoración de estos grupos
de comentarios indica que las políticas de memoria, verdad y justicia, lejos de
ser un capítulo cerrado, se enfrentan a un desafío constante: el de consolidar
un entendimiento histórico común en una sociedad donde las interpretaciones del
pasado siguen siendo un campo de batalla. La disputa sobre la memoria de El
Gallinato es, en última instancia, una disputa sobre el presente y el futuro de
la identidad argentina.
El futuro de la memoria en Salta, y por extensión en
Argentina, se encuentra en un punto de inflexión. Si bien el acto de El
Gallinato demuestra que la memoria colectiva se mantiene viva y activa, la
existencia de discursos negacionistas y la polarización de los comentarios de
los lectores revelan que la construcción de un consenso no está garantizada. La
disputa de sentidos continuará en el ámbito público, y su resolución dependerá
de la capacidad de la sociedad para debatir y reconciliar sus diferentes interpretaciones
del pasado. El desafío es lograr que las políticas públicas de memoria, verdad
y justicia puedan trascender las divisiones ideológicas y ser reconocidas como
un pilar fundamental para la democracia y la convivencia pacífica.
Fue durante un panel organizado en el Colegio Secundario
Abuelas de Plaza de Mayo N° 5083
Video de síntesis de los objetivos y las disertaciones
Contexto del Encuentro
En estos últimos días de agosto del 2025, se organizó un encuentro
en el Colegio Secundario Abuelas de Plaza de Mayo N° 5083 integrado por
un panel de profesionales para abordar la violencia política que se vive en
Salta. El mismo fue transmitido por Martha Yamila Alegre en su canal Facebook. Este colegio, que lleva el nombre de la
emblemática organización de derechos humanos, no es solo un espacio educativo
sino también un símbolo de la memoria y la lucha por la justicia en la
provincia.
El contexto central de la reunión fue la situación
político-económica actual de la Argentina, con un fuerte enfoque en las políticas
de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei. El encuentro se
enmarcó en la construcción de un espacio de debate y resistencia desde la
izquierda, articulando las luchas históricas por los derechos humanos con la
conflictividad social actual, marcada por despidos masivos en el sector
público, tarifazos, desmantelamiento de programas sociales y un profundo
recorte en áreas sensibles como educación, ciencia y cultura.
En el encuentro educativo, abierto por Rodrigo Delgado y con
la participación de referentes del Partido Obrero (PO), Cristina Foffani y
Claudio del Pla, y del abogado Martin Plaza representado al Instituto de
Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Salta, se analizó la situación
desde una perspectiva de clase, vinculando la defensa de los derechos humanos
con la lucha contra el ajuste económico y en defensa de los trabajadores.
Diálogo sobre la Represión Estatal y el Disciplinamiento Social: Defensa de los Derechos Humanos ante la Coerción
El encuentro tiene como objetivo poner en diálogo nociones sobre la represión estatal y el disciplinamiento social en el contexto actual, analizando la violencia simbólica y explícita ejercida por gobiernos nacionales y provinciales, y la necesidad de defender las conquistas en materia de derechos humanos ante estas prácticas de coerción.
En la apertura del panel, Gabriela Niava Moreno, conocida
como "Chipi" y quien es profesora de la tecnicatura de Economía
Social, introdujo los temas y a los ponentes. Chipi explicó que el encuentro
busca dialogar sobre la represión estatal y el disciplinamiento social,
especialmente la violencia ejercida por el gobierno nacional y muchos gobiernos
provinciales, tanto simbólica como explícita, que opera a través del aparato
estatal. También destacó la postura del Instituto Abuelas de Plaza de Mayo como
referente en la lucha por los derechos humanos, la memoria, la verdad y la
justicia, haciendo un llamado a defender las conquistas y repudiar las
prácticas de represión.
Según el orden de las exposiciones presentado por Chipi, el
primer orador fue el licenciado Rodrigo Delgado, seguido por la profesora
Cristina Fofani, luego el abogado Martín Plaza, y finalmente el profesor
Claudio del Pla. Analizamos a continuación la potencia de sus voces Inter
seccionadas en relación al objetivo del encuentro y luego presentamos una
síntesis de cada uno de sus discursos.
La tríada analítica de la represión: cuerpo, ley y sistema
La efectividad de un debate público no reside en la
homogeneidad de sus voces, sino en la potencia complementaria de sus
perspectivas. El encuentro organizado en Salta para analizar la represión
estatal y el disciplinamiento social constituye un ejemplo paradigmático de
cómo discursos diversos, al converger, pueden deconstruir un fenómeno
complejo con una profundidad inalcanzable para una mirada única. La fuerza
del análisis colectivo emergió de la articulación de tres estratos discursivos
esenciales: la evidencia concreta de la violencia, su sustento
jurídico-normativo y su marco estructural económico. La intervención de
Cristina Fofani, Martín Plaza y Claudio del Pla, respectivamente, proporcionó
esta tríada analítica, construyendo una argumentación robusta y multifacética
contra los mecanismos de opresión.
La primera capa, fundamental para anclar el debate en la
realidad, fue aportada por Cristina Fofani. Su discurso ejerció una fuerza
singular al descender los conceptos abstractos de "represión" y
"disciplinamiento" a la experiencia tangible y brutal de los salteños.
Al detallar la corrupción estatal y desenmascarar la retórica de la
"guerra contra el narcotráfico", no solo habló de violencia
explícita; la demostró con pruebas irrefutables y la encarnó en los testimonios
de sus víctimas. Su relato cumplió una función indispensable: proveer la base
factual e histórica que convierte una denuncia general en una acusación
específica. Sin esta evidencia concreta, cualquier análisis posterior correría
el riesgo de flotar en el terreno de la teoría pura. Fofani aseguró que el
encuentro partiera de los cuerpos vulnerados y las vidas afectadas, recordando
el quién y el cómo del problema.
Desde esta base de realidad concreta, la intervención del
abogado Martín Plaza aportó la segunda capa: el andamiaje legal. La fuerza
de su discurso radicó en traducir la violencia denunciada por Fofani al
lenguaje de la institucionalidad y los derechos. Al demostrar cómo los
operativos de seguridad erosionan los pilares constitucionales—como la libertad
ambulatoria y el debido proceso—Plaza no solo criticó las acciones, sino que
expuso su ilegitimidad fundamental. Su mención del habeas corpus como
herramienta fue crucial, pues trasladó la lucha del campo de la protesta al de
la defensa judicial activa, señalando un camino concreto para contrarrestar la
arbitrariedad. Su aporte respondió al con qué se lucha,
proporcionando el sustento normativo que convierte la indignación en una
demanda justiciable y enmarca la represión dentro de un quebrantamiento del
Estado de derecho.
Finalmente, la exposición de Claudio del Pla completó la
tríada al elevar el análisis hacia el estrato estructural, otorgando
profundidad histórica y sentido político al fenómeno. La potencia de su
discurso consistió en responder al para qué último de la
represión. Al vincular las políticas de seguridad con intereses económicos
históricos y una continuidad de poder que trasciende gobiernos, del Pla desnudó
la función esencial del disciplinamiento social: allanar el camino para la
imposición de un modelo económico antipopular. Su mirada sistémica reveló que
el rearme represivo del Estado y la supresión de derechos laborales no son
hechos aislados, sino dos caras de una misma moneda destinada a garantizar la
acumulación de capital a costa de la mayoría. Este marco
socio-político-económico es la pieza crítica que evita que el análisis se quede
en la superficie de los hechos y permite comprender su raíz y su alcance
verdadero.
En conclusión, la fuerza del encuentro residió en la
perfecta complementariedad de estas tres perspectivas. Individualmente, cada
una poseía un valor intrínseco; en conjunto, formaron un circuito analítico
completo. Fofani aportó la materia prima de la denuncia (los hechos), Plaza
las herramientas para su defensa (la ley) y del Pla la explicación de su causa
final (el sistema económico). Esta articulación—que va desde el cuerpo
vulnerado hasta la estructura de poder que lo vulnera—constituye el método más
eficaz para desmontar los mecanismos de represión y disciplinamiento social,
cumpliendo así con el objeto último del encuentro: una defensa integral de los
derechos humanos que es, al mismo tiempo, concreta, legalmente fundamentada y
estructuralmente consciente.
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Análisis de la Represión Estatal
Análisis de la Represión Estatal: La Sinergia Tripartita
La Tríada Analítica de la Represión
La comprensión completa de la represión estatal emerge de la intersección de tres perspectivas clave.
Cristina Fofani: El "QUÉ"
Proporciona la base factual e histórica, anclando el debate en la evidencia concreta de la violencia en Salta. Detalla la corrupción y desenmascara la retórica con testimonios de víctimas.
Martín Plaza: El "¿CÓMO?"
Aporta el andamiaje legal. Traduce la violencia a un quebrantamiento del Estado de derecho, demostrando la ilegitimidad de los operativos y señalando la inconstitucionalidad de las medidas.
Claudio del Pla: El "¿POR QUÉ?"
Completa el análisis elevándolo al plano estructural. Vincula la represión con los intereses de clase históricos y la necesidad de un Estado represivo para imponer un modelo económico antipopular.
Sinergia Analítica
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La introducción de Rodrigo Delgado
El discurso de apertura, a cargo del licenciado Rodrigo
Delgado, se centró en el análisis de los mecanismos discursivos como
operaciones mediáticas de disciplinamiento social y su capacidad para avalar y
habilitar prácticas represivas concretas. Su ponencia llevó el título
"violencia discursiva, avalar prácticas represivas de medios y
redes".
El núcleo central de su exposición fue demostrar cómo
la violencia discursiva no se queda solo en el terreno de las palabras, sino
que prepara el terreno, genera consenso y empodera a las fuerzas represivas
para ejercer violencia real y explícita sobre los cuerpos.
Para desarrollar este concepto, Delgado explicó que los discursos
son representaciones parciales de la realidad que hacemos públicas y que su
significado no solo depende del texto, sino también del lugar social desde
el que son pronunciados. No es lo mismo lo que diga un individuo en su casa
que lo que declare un referente político o una figura con poder simbólico. La
violencia discursiva, según Delgado, asocia características sesgadas y
negativas a ciertos colectivos o grupos, con la intención de posibilitar el
ejercicio de la violencia real.
Para ilustrar este punto, presentó ejemplos históricos y
actuales:
Ejemplos históricos de violencia discursiva:
Propaganda
nazi y el apartheid sudafricano: Mencionó un cartel de propaganda
nazi que mostraba a un campesino alemán pateando a una figura que
representaba a un judío, con el mensaje de "expulsemos a los judíos
o purifiquemos la tierra". También citó la señalización "White
area" del apartheid, que marcaba separaciones concretas y avaladas
discursivamente.
La
dictadura argentina: Se refirió a una propaganda televisiva de la
dictadura donde una silla que representaba la "industria
nacional" se rompía al sentarse, con el mensaje de que la industria
nacional era "malísima" y que había que abrir las puertas a la extranjera.
La
"Carta abierta a los pares argentinos" en la revista Gente
(diciembre de 1976): Este fue un ejemplo central. Delgado la
describió como una "opereta orquestada para avalar la desaparición
de personas y la violencia". La carta utilizaba la metáfora de un
"cuerpo social enfermo" que necesitaba "una transfusión de
sangre salvadora" o un "cáncer que debe ser extirpado". Se
instaba a los padres a controlar los libros y actividades de sus hijos,
viendo el marxismo y el comunismo como "ideologías enemigas,
peligrosas y a ser extirpadas". Incluso citaba obras literarias como
"Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez o autores como
Pablo Neruda y Jorge Amado como "peligrosísimos" para
adolescentes. La carta finalizaba responsabilizando a los padres si algo
les pasaba a sus hijos, con la frase "si usted se desinteresa, no
tendrá derecho a culpar al destino o a la fatalidad cuando la llamen del
amor", una construcción discursiva que ocultaba la realidad de las
desapariciones forzadas. El objetivo de estas prácticas discursivas era
"disciplinar", "generar una sociedad acobardada" y
lograr la "cooperación en ese control".
Ejemplos actuales de violencia discursiva:
Publicaciones
de funcionarios actuales en redes sociales: Mencionó un tuit del
presidente Javier Milei defendiendo a Elon Musk, donde Milei equiparaba a
los "zurdos" con el "peligro" y afirmaba que
"los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en
defensa de la libertad. Zurdos, hijos de p***, tiemblen". Destacó la
importancia del "lugar social" de quien emite el mensaje.
Declaraciones
de José Luis Espert: Citó la frase "Hay que empezar a
acostumbrarse a la rebelión fiscal y al cárcel oala para el que corta la
calle", en relación con leyes provinciales que buscan disciplinar la
protesta social.
El
Plan Güemes y el caso de Aguas Blancas: Se refirió a la narrativa de
"Fronteras Blindadas" lanzada por Patricia Bullrich, que asocia
todo lo que ocurre en la frontera a "narcotráfico, al sicariato y a
los caminos fronterizos sin control". Delgado vinculó directamente
esta retórica con hechos concretos, como el informe de Gendarmería sobre
disparos a "bagayeros" en Aguas Blancas, que terminó con el
asesinato de Fernando Gómez. Argumentó que esta violencia discursiva
prepara el terreno para que las fuerzas represivas se sientan
"empoderadas, autorizadas a efectuar disparos, sin control".
Rodrigo Delgado enfatizó que la violencia discursiva es
una herramienta poderosa para modelar la percepción social, justificar la
represión estatal y facilitar la implementación de medidas que restringen
libertades y derechos, creando un ambiente de miedo y control social.
Los oradores del panel y núcleo de sus discursos
Cristina Fofani
Cristina Fofani aborda el Plan Güemes y el Operativo Roca
como una falsa justificación para profundizar la represión y el control social,
bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas. Su
análisis se centra en la exposición del entramado entre las fuerzas de
seguridad, funcionarios políticos y judiciales con las redes de narcotráfico y
trata en la frontera norte de Argentina, argumentando que la militarización
apunta, en realidad, a disciplinar al movimiento obrero combativo, a los
trabajadores precarios y a la juventud de los barrios vulnerables.
Síntesis de sus expresiones:
Falsa justificación:
Presenta el Plan Güemes y
Operativo Roca como operaciones gubernamentales para combatir el narcotráfico y
la trata de personas en la frontera norte, con el despliegue de 10.000
efectivos de fuerzas armadas federales. Sin embargo, califica esta justificación
como "falsa" debido al "enorme" y "abrumador"
entrelazamiento entre las fuerzas de seguridad (provinciales y federales),
redes de trata y narcotráfico.
Evidencia de corrupción estatal:
Cita ejemplos concretos de
intendentes (Rubén Méndez de Salvador Mazza, Carlos Villalbas y Carlos Alfredo
Martínez de Aguas Blancas) vinculados al contrabando, trata de personas y
narcotráfico, así como a jueces y fiscales federales (Raúl Reyoso, José Luis,
Solá Torino, Claudio Parisi, Edgardo Laurensi, Francisco Yarzú) imputados o
procesados por recibir dinero de narcotraficantes a cambio de liberaciones.
Menciona el reciente sistema de blanqueo de capitales que permite el ingreso de
dinero sin declarar su origen, beneficiando a estas redes.
Objetivo real: Disciplinamiento social:
Argumenta que la militarización y
el aumento de efectivos en los barrios no combaten eficazmente el narcotráfico,
sino que se dirigen contra poblaciones vulnerables. Menciona a trabajadores
municipales (Hipólito Yrigoyen), rurales, del Tabacal, pueblos originarios y
"bagalleros" (6.000 personas sin otra salida laboral) como blancos de
la represión.
Represión violenta:
Detalla casos de represión durante la pandemia y
recientemente, con trabajadores heridos (uno perdió un ojo) y jóvenes que
perdieron la vida en comisarías, evidenciando un patrón de violencia policial
contra los sectores más vulnerables. Concluye que el objetivo es el
"control social" de jóvenes "rebeldes" y de la clase obrera
que lucha por sus derechos.
Martín Plaza
Martín Plaza se centra en la inconstitucionalidad y los
riesgos legales del Operativo Roca y el decreto que redefine el rol de las
Fuerzas Armadas, permitiéndoles la detención de civiles. Argumenta que esta
medida viola la división histórica de competencias entre las Fuerzas
Armadas (defensa externa) y las Fuerzas de Seguridad (seguridad interna)
establecida en leyes democráticas, y atenta contra el debido proceso y las
garantías constitucionales.
Síntesis de sus expresiones:
Análisis jurídico del Operativo Roca:
Describe el Operativo Roca como
enmarcado en un decreto (Diciembre de 2024, aunque la resolución de inicio es
de Abril de 2024) que busca reglamentar la Ley de Defensa Nacional, ampliando
el concepto de agresiones que deben repeler las Fuerzas Armadas y dándoles la
potestad de detención en flagrancia de civiles.
Reglas de Empeñamiento Secretas:
Critica que las "reglas de
empeñamiento" (protocolos de actuación de las fuerzas armadas) fueron
aprobadas como un anexo reservado, inaccesible al ciudadano, lo que impide
conocer bajo qué supuestos actuarán.
Acción judicial:
Explica que organismos de
derechos humanos interpusieron un habeas corpus colectivo preventivo
para impugnar la constitucionalidad de estas medidas, buscando cesar cualquier
procedimiento que restrinja la libertad ambulatoria y exigiendo la publicación
de las reglas de empeñamiento.
Argumentos de inconstitucionalidad:
Sostiene que la Ley de Defensa
Nacional y la Ley de Seguridad Interior definen claramente las competencias de
las fuerzas armadas (repeler agresiones externas de estados extranjeros) y de
seguridad (tareas de policía y prevención del delito), respectivamente. La
modificación de estas leyes por un decreto, de menor jerarquía, es
inconstitucional. Además, las fuerzas armadas no tienen un procedimiento
establecido para la detención de civiles, lo que vulnera el debido proceso.
Ineficacia y riesgos:
Señala que los agentes de las
fuerzas armadas no están capacitados para tareas de seguridad interior, portan
armamento de gran calibre y carecen de formación en el uso proporcional de la
fuerza. Argumenta que estas políticas no solo son inconstitucionales e
ineficaces para reducir el narcotráfico (citando experiencias internacionales
fallidas), sino que además aumentan la tasa de delitos violentos y estigmatizan
a trabajadores de frontera.
Claudio del Pla
Claudio del Pla ofrece una perspectiva crítica y sistémica sobre la represión en democracia, vinculándola a la defensa de intereses económicos minoritarios y antipopulares que han persistido desde la dictadura hasta la actualidad. Argumenta que la "guerra contra el narcotráfico" es una excusa y una mascarada para el control social y el disciplinamiento, y que el estado no desaparece, sino que se transforma para tener un fuerte aparato represivo y una justicia "adicta" al servicio de estos intereses.
Síntesis de sus expresiones:
Fracaso de la militarización:
Utiliza la experiencia de México, donde la intervención del
ejército durante 20 años en la lucha contra el narcotráfico resultó en miles de
muertos, infiltración del ejército y un fracaso total, como advertencia para
Argentina.
Narcotráfico como negocio capitalista:
Sostiene que el narcotráfico es un "gigantesco negocio
capitalista" entrelazado con el poder político y las instituciones del
Estado, y que las leyes de blanqueo de capitales lo legitiman. Los operativos
son una "mascarada" que desvía la atención del problema sistémico y
se cobra la vida de trabajadores.
Continuidad represiva en democracia:
Destaca que, si bien dictadura y democracia no son lo mismo
en la forma, existen continuidades en los "atropellos represivos"
contra el pueblo. Cita ejemplos como los crímenes de estado, casos de gatillo
fácil, represiones brutales (e.g., 2001, 10 personas que perdieron un ojo en
Salta en los últimos 5 años, muertes en comisarías).
Intereses económicos como motor:
Explica que la continuidad de la represión se explica por
los mismos "intereses económicos" que estuvieron en el poder durante
la dictadura de 1976 y en todos los gobiernos democráticos posteriores. Estos
intereses, que él describe como "antinacionales, antipopulares",
necesitan del recurso represivo para imponer políticas que destruyen la
industria nacional, eliminan puestos de trabajo y desfinancian servicios
públicos.
Estado transformado:
Argumenta que estos intereses no buscan la desaparición del
Estado, sino que el Estado tenga una "fuerte policía y una justicia
adicta" para el control, mientras se desentiende de las responsabilidades
sociales (escuelas, universidades, hospitales, derechos sociales).
Vulneración de derechos y reformas futuras:
Vincula el decreto que autoriza a las fuerzas armadas a
intervenir en "lugares estratégicos" con otro decreto que prohíbe las
huelgas en "actividades esenciales y/o estratégicas", lo que
considera una liquidación del derecho colectivo obrero. Advierte sobre futuras
reformas laboral y previsional que requerirán aún más represión para ser
implementadas.
La represión y sus espejos: un análisis tripartito del disciplinamiento social en Argentina
La complejidad de los fenómenos represivos exige un análisis
multifacético que escape a las explicaciones unívocas. El encuentro en el
Instituto Abuela de Plaza de Mayo, con las intervenciones de Cristina Fofani,
Martín Plaza y Claudio del Pla, proporcionó una lente privilegiada para
observar un mismo objeto de estudio—la represión estatal y el disciplinamiento
social—desde tres ángulos complementarios y, a veces, divergentes. Proponemos
que la riqueza del análisis reside precisamente en la tensión productiva entre
las intersecciones que unifican sus críticas y las diferencias que enriquecen
la comprensión del problema. Juntos, estos discursos tejen una red
explicativa que va desde la evidencia concreta en los barrios salteños hasta
las estructuras globales del poder económico.
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Análisis de la Represión Estatal
Núcleos Discursivos sobre la Represión Estatal
Cada orador aportó un lente analítico distinto, cuya complementariedad enriquece la comprensión del problema.
Rodrigo Delgado
Violencia Discursiva como Herramienta de Disciplinamiento: Analiza cómo los discursos mediáticos y políticos no son solo palabras, sino que preparan el terreno para la violencia real, justificándola y creando consenso social para la represión.
Cristina Fofani
Exposición de la Violencia Fáctica y la Corrupción: Aterriza el concepto abstracto de represión a la evidencia concreta. Denuncia el entramado entre fuerzas de seguridad, funcionarios y redes criminales, y muestra cómo el disciplinamiento se dirige a los sectores más vulnerables.
Martín Plaza
Análisis de la Ilegalidad y la Inconstitucionalidad: Se enfoca en el marco legal. Demuestra cómo las medidas represivas (como el Operativo Roca) violan la división de poderes y las garantías constitucionales, exponiendo su ilegitimidad jurídica.
Claudio del Pla
Interpretación Económico-Estructural: Ofrece una visión histórica y de clase. Vincula la represión con los intereses económicos que buscan imponer un modelo antipopular, revelando la función sistémica del disciplinamiento social.
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Intersecciones: el terreno común de la denuncia
A pesar de sus enfoques distintos, los tres oradores
construyeron un sólido consenso en torno a varios ejes centrales. En primer
lugar, coincidieron en una crítica feroz a instrumentos como el Plan Güemes y
el Operativo Roca, desenmascarando su retórica de “lucha contra el
narcotráfico” para revelar su verdadera función como herramientas de control y
disciplinamiento social sobre la población vulnerable. Este desenmascaramiento
conduce a la segunda intersección: la unanimidad en señalar la profunda complicidad
e infiltración de actores estatales y políticos en las redes del narcotráfico,
lo que convierte la justificación oficial en un pretexto cínico y deliberado.
Un tercer punto de convergencia radica en la identificación
de los blancos específicos de esta represión. Los tres discursos coincidieron
en que la violencia estatal se dirige de manera sistemática y selectiva contra
los sectores más desprotegidos: los trabajadores informales, los jóvenes de los
barrios populares, los pueblos originarios y el movimiento obrero organizado.
Esto, a su vez, se vincula con una cuarta intersección: la idea de una
continuidad histórica de la violencia estatal. Fofani y del Pla destacaron la
persistencia de prácticas represivas bajo gobiernos democráticos, mientras que
Plaza aportó una dimensión legal crucial al argumentar que los decretos
actuales buscan desvirtuar el marco legal establecido precisamente para evitar
la injerencia militar post-dictadura.
Finalmente, y de manera más sutil, los tres integraron en
sus análisis la dimensión discursiva de la represión. Aunque con distintos
énfasis, todos aludieron a la “retórica”, la “justificación” o las “políticas
discursivas” como el mecanismo que prepara el terreno ideológico y social para
la implementación de la violencia material, complementando así el análisis de
la violencia simbólica expuesto por Rodrigo Delgado.
Diferencias: la potencia de los enfoques específicos
Si las intersecciones delinean el problema común, las
diferencias en el enfoque permiten aprehenderlo en toda su magnitud. La
principal divergencia radica en el énfasis principal de cada
expositor.
Cristina Fofani ancló su discurso en la evidencia
empírica y concreta. Su poder residió en la capacidad de nombrar, detallar
y situar la corrupción y la represión en Salta. Al proporcionar nombres de
funcionarios, lugares específicos y relatos de las víctimas, dotó de
materialidad incontestable a la denuncia abstracta, operando desde una escala
predominantemente regional.
Por su parte, Martín Plaza elevó el análisis al plano de
la legalidad y la constitucionalidad. Su enfoque se centró en
deconstruir la validez jurídica de los instrumentos represivos, analizar la
separación de poderes y presentar herramientas legales como el habeas corpus
para la resistencia. Su mirada se expandió desde lo local para abarcar las implicaciones
para el marco legal nacional y las garantías fundamentales de todos los
ciudadanos.
Claudio del Pla, en cambio, optó por una interpretación
político-económica y estructural. Su contribución fue proporcionar el “para
qué” último de la represión, vinculándola con los intereses de clase históricos
y la necesidad de un Estado represivo para imponer un modelo económico
antipopular. Su análisis, de alcance global e histórico, conectó las políticas
locales con la trayectoria económica de Argentina y experiencias
internacionales.
La sinergia analítica: la comprensión plena de la represión estatal no puede ser monolítica
La yuxtaposición de estos tres discursos revela que la
comprensión plena de la represión estatal no puede ser monolítica. El caso
concreto y local (Fofani), la legitimidad jurídica (Plaza) y la determinación
económico-estructural (del Pla) no son perspectivas contrapuestas, sino
estratos de una misma realidad. La fuerza del análisis colectivo reside en esta
sinergia: Fofani provee el “qué” incontrovertible, Plaza el “cómo” se vulnera
el marco de derechos, y del Pla el “por qué” último que le da sentido a todo el
entramado. Juntos, demuestran que la lucha contra el disciplinamiento social
debe ser, simultáneamente, una batalla por la verdad factual, por la justicia
legal y por la transformación económica. Solo una mirada que integre estas tres
dimensiones puede aspirar a desarticular los complejos mecanismos de la
opresión.
22 de Agosto de 1972: Un Hito del Terrorismo de Estado
El Fusilamiento
En la madrugada del 22 de agosto de 1972, 19 militantes de distintas organizaciones armadas que se habían fugado de la cárcel de Rawson y rendido en el aeropuerto de Trelew fueron trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar. Allí, bajo la custodia de la Armada Argentina, fueron ejecutados a sangre fría. Este acto, disfrazado por la dictadura como un "intento de fuga", se convirtió en un presagio de la violencia sistemática que el Estado desataría años más tarde.
16
Asesinados
3
Sobrevivientes
(Inicialmente)
Cronología de una Tragedia
15 de Agosto, 18:30 hs
La Fuga de Rawson
Un grupo de 25 presos políticos de las organizaciones ERP, FAR y Montoneros inicia una fuga masiva del penal de máxima seguridad de Rawson. Solo 6 líderes, incluyendo a Santucho, logran escapar del país en un avión.
15 de Agosto, 19:00 hs
La Rendición en el Aeropuerto
Los 19 militantes restantes llegan tarde al aeropuerto y, viéndose rodeados, se rinden. Negocian garantías públicas para su seguridad y su regreso a la cárcel de Rawson. Son trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar.
22 de Agosto, 03:30 hs
La Masacre
Los 19 prisioneros son despertados, sacados de sus celdas y fusilados en un pasillo por una patrulla de la Armada. 16 mueren y 3 sobreviven gravemente heridos, convirtiéndose en testigos clave.
Las Víctimas por Organización
Los 19 militantes pertenecían a las principales organizaciones armadas de la época. La mayoría eran miembros del ERP. Su fusilamiento fue un golpe calculado por la dictadura contra la cúpula de la insurgencia.
Las Dos Versiones
Versión Oficial de la Dictadura
"Un nuevo intento de fuga fue repelido por la guardia. Como resultado, 16 delincuentes subversivos fueron abatidos y 3 resultaron heridos."
Testimonio de los Sobrevivientes
"Nos hicieron formar en una fila y nos ametrallaron a sangre fría. Fue una ejecución planificada, no un enfrentamiento."
El Legado: Causa y Consecuencia
La Masacre
El Estado rompe todas las reglas y ejecuta a prisioneros rendidos.
➔
Radicalización
Las organizaciones armadas endurecen su postura, convencidas de que no hay vía pacífica.
➔
Terrorismo de Estado
La metodología de Trelew se perfecciona y sistematiza en la dictadura de 1976.
➔
Lucha por la Memoria
Tras la dictadura, la sociedad y los organismos de DDHH luchan por la verdad y la justicia.
Memoria en Conflicto
La Masacre de Trelew es hoy reconocida judicialmente como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, la memoria sigue en disputa. Sectores que reivindican el accionar de la dictadura continúan negando la historia. Un ejemplo doloroso es la vandalización en 2022 de la tumba de Ana María Villarreal de Santucho, una de las víctimas, en el Cementerio de la Santa Cruz en Salta. Este acto de odio demuestra que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es una tarea del presente.
La Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972, se
erige como un evento fundamental que marcó el curso de la historia política
argentina. Lejos de ser un incidente aislado, fue un punto de inflexión que
anticipó y legitimó el terrorismo de Estado que se consolidaría a partir de
1976.2 La masacre no solo demostró la ruptura de la dictadura con
cualquier norma ética o de guerra al fusilar a presos que se habían rendido,
sino que también expuso una profunda subestimación de la reacción popular, que
se solidarizó con las víctimas.1
El 22 de agosto de 1972, en la Base Aeronaval Almirante Zar,
cerca de Trelew, provincia de Chubut, ocurrió un evento histórico que
redefiniría la relación entre el Estado argentino y la violencia política. Este
suceso, conocido como la Masacre de Trelew, no fue un hecho aislado, sino la
culminación de un proceso que se había iniciado días antes con la audaz fuga de
un grupo de presos políticos de la cárcel de Rawson.1 La
reconstrucción de estos eventos revela una clara contradicción entre la versión
difundida por la dictadura militar y la cruda realidad de los hechos, que sería
desenmascarada por el testimonio de los sobrevivientes.
El operativo de fuga del penal de Rawson, que tuvo lugar el
15 de agosto de 1972, fue planificado con una minuciosidad considerable. El
objetivo principal era liberar a más de un centenar de militantes de diversas
organizaciones armadas, incluyendo el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP),
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros.4 El plan
maestro fue liderado por figuras de alto perfil como Mario Roberto Santucho
(ERP), Roberto Quieto (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros).4
Sin embargo, la ejecución del plan se vio afectada por una serie de fallos y
una confusión de señales que impidió la salida masiva de los presos.3
Como resultado, solo un pequeño grupo de seis líderes logró concretar el
escape, abordando un avión de la empresa Austral en el cercano aeropuerto de
Trelew con destino a Chile, país gobernado en aquel entonces por Salvador
Allende.4
El resto de los militantes, un grupo de diecinueve que no
consiguió abordar la aeronave, se rindió en el aeropuerto de Trelew ante las
autoridades militares que habían llegado para cercar el lugar.3 Esta
rendición no fue incondicional; los militantes depusieron sus armas bajo la
promesa de que se les garantizaría su seguridad e integridad física y que
serían devueltos al penal de Rawson.7 Contrario a lo prometido,
fueron trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar.3 Una semana
después, en la madrugada del 22 de agosto, los presos políticos fueron
despertados de sus celdas, obligados a formar una fila en un pasillo y, en un
estado de total indefensión, fueron ametrallados por una patrulla a cargo del
capitán de corbeta Luis Sosa y el teniente Roberto Bravo.1 Dieciséis
de ellos fallecieron en el acto o fueron rematados posteriormente, mientras que
solo tres lograron sobrevivir, aunque heridos.1 Estos tres
sobrevivientes, Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René
Haidar, jugaron un papel crucial en la revelación de la verdad de los hechos.10
La versión oficial de los eventos, rápidamente difundida por
la dictadura militar, pretendió hacer pasar el fusilamiento por un nuevo
intento de fuga de los detenidos, que habría sido repelido por las fuerzas de
seguridad.1 Esta narrativa fue categóricamente desmentida por los
testimonios de los sobrevivientes, quienes a pesar de haber sido más tarde
desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico-militar, dejaron
un registro detallado de los acontecimientos.10 Su relato,
recopilado por el periodista Francisco “Paco” Urondo en su libro
La patria fusilada, demostró que los asesinatos
fueron una ejecución a sangre fría y no el resultado de un enfrentamiento.1
Esta revelación fue crucial para que, años más tarde, la justicia pudiera
calificar el hecho como un "crimen de lesa humanidad" y
"terrorismo de Estado".2 El intento de las Fuerzas Armadas
de controlar el relato, llegando incluso a presentar un comunicado para
negociar con los familiares sobre el destino de los cuerpos, evidencia su
intención de manipular la percepción pública y legitimar la violencia estatal.7
La masacre no fue simplemente un acto de violencia, sino un
evento de profundo significado político. Se erige como una manifestación
temprana y brutal del terrorismo de Estado que se instauraría de forma
sistemática en el país. Los fusilamientos de presos que se habían rendido, cuya
vida había sido garantizada, rompieron con cualquier norma o regla de
confrontación, incluso en el marco de una guerra. Este suceso, por lo tanto, no
se considera un hecho aislado, sino un "hecho bisagra en la historia de la
Argentina que anticipó el accionar que llevaría adelante la dictadura a partir
de 1976".2 La Masacre de Trelew demostró que el Estado estaba
dispuesto a utilizar todos los recursos de represión para aniquilar a la
oposición política, una metodología que se perfeccionaría en los años
siguientes.
Nombre
Organización Política
Estado
Mariano Pujadas
Montoneros
Fallecido
Susana Graciela Lesgart
Montoneros
Fallecida
Ricardo René Haidar
Montoneros
Sobreviviente (inicialmente)
María Antonia Berger
Montoneros
Sobreviviente
José Ricardo Mena
ERP
Fallecido
Humberto Segundo Suárez
ERP
Fallecido
Miguel Angel Polti
ERP
Fallecido
Humberto Toschi
ERP
Fallecido
Eduardo Capello
ERP
Fallecido
Jorge Ulla
ERP
Fallecido
Mario Delfino
ERP
Fallecido
Ana María Villareal de Santucho
ERP
Fallecida
Rubén Pedro Bonet
PRT
Fallecido
Carlos Heriberto Astudillo
FAR
Fallecido
Alfredo Elías Kohon
FAR
Fallecido
Clarisa Rosa Laplace
FAR
Fallecida
Carlos Alberto Del Rey
ERP
Fallecido
Alberto Miguel Camps
ERP
Sobreviviente
María Angélica Sabelli
Montoneros
Fallecida
Nota: La tabla refleja el estado de los militantes
inmediatamente después de la masacre. Los tres sobrevivientes (Camps, Berger y
Haidar) fueron posteriormente desaparecidos y asesinados durante la última
dictadura militar. Además, se nota una discrepancia en la fuente 7
que lista a Haidar como víctima, pero otras fuentes y los relatos de los
sobrevivientes demuestran que él fue uno de los tres que sobrevivió al
fusilamiento inicial.4
La Masacre de Trelew no puede entenderse como un hecho
aislado, sino como el resultado de una profunda crisis política y social que
asolaba a Argentina a principios de la década de 1970.14 En marzo de
1971, el general Alejandro Agustín Lanusse asumió la presidencia de la
dictadura autodenominada "Revolución Argentina" en un "clima
político totalmente desfavorable".15 Su mandato se caracterizó
por una creciente violencia guerrillera, un descontento popular palpable y el
ascenso del liderazgo de Juan Domingo Perón, quien operaba desde el exilio.15
La estrategia de Lanusse para contener esta crisis fue el "Gran Acuerdo
Nacional" (GAN), una iniciativa que prometía una apertura política y una
transición hacia la democracia, con la condición de celebrar elecciones sin
proscripciones.15
Sin embargo, la política de Lanusse era intrínsecamente
contradictoria. Mientras por un lado proponía una aparente apertura, por el
otro, mantenía y profundizaba la represión a las expresiones políticas de la
oposición. La dictadura continuaba con la proscripción del peronismo, una
política que se había mantenido desde 1955 y que había "cerrado los
canales de expresión" para una parte sustancial de la sociedad.14
Esta represión sistemática y la falta de canales democráticos crearon un caldo
de cultivo para la radicalización y el surgimiento de las organizaciones
armadas, que llegaron a considerar la violencia como una "reacción frente
a la violencia opresora" del Estado.14 Las actas de la Junta de
Comandantes revelaban una estrategia paralela y secreta para "acosar a las
organizaciones subversivas" y "no negociar con delincuentes
comunes".17 La masacre de Trelew fue, en este sentido, una
manifestación de esta política dual: una represión brutal bajo la fachada de
una apertura democrática.
El fusilamiento de los militantes en la Base Almirante Zar
fue un intento calculado por parte de los sectores más duros del régimen
militar de socavar la estrategia política de Lanusse. El régimen buscaba dar un
golpe contundente a las principales organizaciones guerrilleras, creyendo que
con ello podría desarticular a los "grupos embriones de vanguardia" y
asestar un "fuerte golpe a la guerrilla".11 Sin embargo,
la masacre tuvo el efecto opuesto a lo esperado. En lugar de aislar a la
guerrilla del pueblo y de Perón, el acto de brutalidad confirmó las sospechas
de todos los actores políticos: que el Estado no jugaría "con las reglas
del juego básicas".18 La masacre demostró que la supuesta
transición democrática era una farsa y que el régimen estaba dispuesto a
recurrir al asesinato de presos indefensos para mantener su control.
La brutalidad del evento expuso una visión profundamente
errónea por parte de los militares sobre el pueblo argentino.11
Pensaron que la represión sería aceptada o que silenciaría la disidencia, pero
en cambio, el acto provocó una "enorme muestra de dolor popular" y
una solidaridad que las Fuerzas Armadas "no previeron".1
La masacre no fue un "delirio" de un individuo, sino una acción
colectiva que formaba parte de una política de Estado diseñada para aniquilar
la oposición.11 Este evento puso en evidencia la incapacidad del
régimen militar para resolver la crisis política por medios no violentos,
consolidando su imagen de enemigo y reforzando la convicción entre la
militancia de que la lucha armada era el "único camino" posible para
lograr un cambio social.8
La Masacre de Trelew trascendió su naturaleza trágica para
convertirse en un punto de inflexión fundamental en la historia política
argentina. Su impacto fue inmediato y profundo, tanto en la sociedad en general
como en la militancia revolucionaria. La brutalidad del fusilamiento, que fue
expuesta a pesar de los intentos de censura, generó un sentimiento de conmoción
y una "enorme muestra de dolor popular" que se tradujo en expresiones
de solidaridad con las víctimas y sus organizaciones.1 Esta reacción
popular, que las Fuerzas Armadas no habían anticipado, fue un claro indicador
de que la estrategia represiva no estaba logrando el efecto deseado.
Para las organizaciones armadas, Trelew no fue un revés que
condujo a la desarticulación, sino un catalizador que legitimó y endureció su
accionar.18 Los militantes de Montoneros, por ejemplo, declararon
que la masacre confirmó que "la sangre derramada no será negociada" y
que la única vía era la de la "PATRIA SOCIALISTA".19 El
ERP, por su parte, respondió con una serie de "represalias" que
incluyeron el asesinato de figuras militares de alto rango, como el almirante
Hermes Quijada, jefe del Estado Mayor Conjunto.20 Estas acciones
demuestran que, lejos de desmovilizar a los grupos armados, la masacre
intensificó la espiral de violencia y polarización política que ya se estaba
gestando en el país.
El fusilamiento de los militantes fue la "confirmación
de que el Estado argentino no iba a ahorrar recursos para reprimir y para
ahogar con la violencia estatal cualquier posibilidad de transformación social
justa".18 Esta constatación marcó a una generación. Para la
juventud y las organizaciones revolucionarias, el Estado se reveló como un
"enemigo" que no respetaba las "reglas del juego" de la
democracia, ni siquiera "las más o menos reglas internas de la guerra
misma".18 La masacre se convirtió en una demostración palpable
de lo que el Estado era "capaz de" hacer, anticipando las torturas,
secuestros y desapariciones que caracterizarían a la dictadura de 1976.18
En este sentido, el evento de Trelew no es un simple suceso; es un punto causal
que impulsó a los actores de la época a una escalada de no retorno.
La masacre de Trelew también forjó un sentido de identidad
colectiva y resistencia. La pérdida de "seres muy queridos" no
condujo al abandono de la lucha, sino a una reafirmación del compromiso
político.18 Los sobrevivientes, como Ricardo Haidar, Alberto Camps y
María Antonia Berger, se convirtieron en figuras emblemáticas cuya historia,
difundida a través de la obra de Paco Urondo, se transformó en un mito
fundacional de la resistencia.10 El dolor personal de las familias y
compañeros, como lo describe el hijo de Mario Roberto Santucho al hablar de la
muerte de su tía y la compañera de su padre, se transformó en un
"testimonio muy crudo" del nivel de convicción y compromiso de esa
generación.18 Este proceso de duelo y mitificación fue clave para la
cohesión de los movimientos de derechos humanos que emergerían más tarde,
consolidando la masacre como una "marca de identidad" basada en el
sacrificio y la perseverancia.
El significado de la Masacre de Trelew ha sido un campo de
batalla en la memoria histórica argentina. A lo largo de las décadas, la
versión oficial del Estado ha evolucionado, pasando de la negación y la
justificación a un reconocimiento formal de los crímenes. Inicialmente, el
régimen militar presentó los fusilamientos como una respuesta a un intento de
fuga.3 Sin embargo, con el retorno de la democracia y la incansable
lucha de los organismos de derechos humanos, el evento fue re-conceptualizado
en la esfera pública como "terrorismo de Estado" y un "crimen de
lesa humanidad".2 Este cambio de perspectiva se consolidó
judicialmente en 2012, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los ex marinos Luis Sosa,
Emilio Del Real y Carlos Marandino, y ordenó la extradición de Roberto Bravo,
uno de los principales acusados.2
La labor de los organismos de derechos humanos y las
políticas de "Memoria, Verdad y Justicia" han sido fundamentales para
este proceso.2 El juicio por la masacre no solo buscó la condena de
los responsables, sino que también amplió el rango temporal de los delitos de
lesa humanidad para incluir hechos anteriores a la última dictadura de 1976, lo
que permitió un mayor reconocimiento y reparación para las víctimas.2
En este contexto, la masacre se conmemora como un hito de la resistencia y como
un ejemplo de la impunidad que luego se institucionalizaría. El Centro Cultural
por la Memoria en el Viejo Aeropuerto de Trelew y la señalización de otros
sitios de memoria son ejemplos de cómo el Estado democrático busca
"preservar, señalar y... difundir la historia" para educar a las
nuevas generaciones y asegurar que estos hechos no se repitan.21
A pesar de la consagración de esta memoria oficial,
persisten narrativas contrapuestas. La versión de la dictadura, que justificaba
la masacre como un acto de "lucha antisubversiva" contra
"delincuentes" o "terroristas," aún encuentra eco en
ciertos sectores de la sociedad argentina.2 La masacre se convierte,
así, en un espacio de conflicto simbólico donde la visión de un Estado represor
se enfrenta a la de un Estado que supuestamente defendía el orden nacional de
una amenaza violenta. Este conflicto se manifiesta de manera palpable y
violenta en ciertos actos.
Un claro ejemplo de esta disputa es el Cementerio de la
Santa Cruz en Salta. Este lugar no solo es un sitio de entierro, sino un
"sitio de la Memoria" que ha sido demarcado por el Estado para
recordar a las víctimas del terrorismo de Estado.22 El sector C del
cementerio, en particular, contiene fosas comunes de víctimas de la dictadura
de 1976.23 En este espacio, donde el Estado democrático busca
visibilizar y condenar el pasado, se encuentra la tumba de Ana María Villarreal
de Santucho, una de las víctimas de Trelew.24 El hecho de que esta
tumba fuera vandalizada en 2022, al cumplirse 50 años de la masacre, no es un
incidente aislado. Es un acto político que busca atacar la memoria de los
militantes revolucionarios en un espacio que el Estado ha reivindicado como de
memoria y justicia. El vandalismo es un recordatorio de que la disputa por el
relato histórico no está resuelta y que el odio y la negación persisten en la
sociedad.24
La Masacre de Trelew está intrínsecamente ligada a la figura
de Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).4
Santucho no solo fue el "jefe del operativo" de la fuga del penal de
Rawson, sino que su relación con la masacre fue de un profundo carácter
personal, ya que su compañera, Ana María Villarreal, fue una de las víctimas
fusiladas.4 Esta conexión emocional y política tuvo un impacto
significativo en la posterior radicalización y respuesta de la organización.
Ana María Villarreal, apodada "Sayo" por su
familia y compañeros por sus ojos rasgados, era una militante con una historia
propia antes de vincularse a Santucho.26 Nacida en Salta, se formó
como maestra y artista plástica en Tucumán, donde comenzó su activismo político
en el Frente Revolucionario Indoamericano Popular (FRIP), una organización que
luego se fusionaría con el ERP.26 Fue detenida en febrero de 1972 y
recluida en el penal de Rawson, donde se unió al grupo que intentó la fuga.26
Su fusilamiento en la Base Almirante Zar, a los 36 años, la convirtió en una de
las mártires de la masacre.4
La muerte de Ana María Villarreal, la "primera
compañera de mi papá", como la recuerda su hijo, no fue simplemente una
baja militar para Santucho, sino una "pérdida tan fuerte, tan
esencial".18 Este dolor personal se transformó en una
reafirmación de la lucha y una justificación moral para la escalada de
violencia del ERP. El hijo de Santucho describe el "significado de ese
dolor" y cómo, a pesar de la inmensa pérdida, esa generación "seguía
llevando adelante una lucha que era muy peligrosa".18 El
asesinato de una militante que se había rendido reforzó la convicción de que el
Estado era un "enemigo" que no respetaba las reglas, legitimando así
el camino de la lucha armada como la única opción viable.18
El lugar final de reposo de Ana María Villarreal, el
Cementerio de la Santa Cruz en Salta, es un punto de encuentro entre la memoria
de Trelew y la de la última dictadura.23 Este cementerio ha sido
demarcado como "Sitio de la Memoria" porque contiene fosas comunes
con víctimas del terrorismo de Estado que se instauró a partir de 1976.22
La presencia de la tumba de una víctima de 1972 en un lugar de memoria de 1976
evidencia que la masacre de Trelew no fue un hecho aislado, sino la continuidad
de una política represiva estatal. La profanación de su tumba en 2022,
repudiada por sus hijas y organizaciones de derechos humanos, es un acto que no
solo ataca un símbolo personal, sino que busca negar y borrar la memoria de la
lucha revolucionaria y de la violencia estatal de la que fue víctima.24
El hecho demuestra que, a pesar de las condenas judiciales y la construcción de
la memoria oficial, la disputa por el relato de los hechos y la negación del
pasado siguen siendo un foco de conflicto en la sociedad argentina.
La Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972, se
erige como un evento fundamental que marcó el curso de la historia política
argentina. Lejos de ser un incidente aislado, fue un punto de inflexión que
anticipó y legitimó el terrorismo de Estado que se consolidaría a partir de
1976.2 La masacre no solo demostró la ruptura de la dictadura con
cualquier norma ética o de guerra al fusilar a presos que se habían rendido,
sino que también expuso una profunda subestimación de la reacción popular, que
se solidarizó con las víctimas.1
El evento consolidó una espiral de acción-reacción que
radicalizó a las organizaciones armadas, quienes interpretaron el fusilamiento
como la confirmación de que el Estado no jugaría con las reglas de la
democracia ni del conflicto, lo que legitimó aún más su lucha.18
Esta interpretación, y el dolor personal de la pérdida de compañeros como Ana
María Villarreal de Santucho, reforzaron la convicción de la militancia y
proporcionaron una justificación moral para la escalada de la violencia.18
En el presente, la masacre es un campo de batalla para la
memoria. Por un lado, el Estado democrático y los organismos de derechos
humanos han logrado, a través de juicios y políticas de reparación, establecer
una memoria oficial que la califica como un crimen de lesa humanidad. Por otro
lado, persisten narrativas que la justifican y actos de violencia simbólica,
como el vandalismo de la tumba de Ana María Villarreal, que buscan negar este
legado.22 La Masacre de Trelew es, por lo tanto, un eje central para
comprender la historia reciente de Argentina y la constante lucha por la
memoria, la verdad y la justicia. El evento y sus ramificaciones demuestran
que, a pesar de la distancia temporal, la disputa sobre el significado del
pasado sigue siendo un factor activo en la configuración del presente.
