miércoles, 27 de agosto de 2025

Análisis del momento político actual en relación con la represión del Estado desde una perspectiva de clase: defensa de los derechos humanos y lucha contra el ajuste económico

Fue durante un panel organizado en el Colegio Secundario Abuelas de Plaza de Mayo N° 5083 


Video de síntesis de los objetivos y las disertaciones



Contexto del Encuentro

En estos últimos días de agosto del 2025, se organizó un encuentro en el Colegio Secundario Abuelas de Plaza de Mayo N° 5083  integrado por un panel de profesionales para abordar la violencia política que se vive en Salta. El mismo fue transmitido por Martha Yamila Alegre en su canal Facebook.  Este colegio, que lleva el nombre de la emblemática organización de derechos humanos, no es solo un espacio educativo sino también un símbolo de la memoria y la lucha por la justicia en la provincia.

El contexto central de la reunión fue la situación político-económica actual de la Argentina, con un fuerte enfoque en las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei. El encuentro se enmarcó en la construcción de un espacio de debate y resistencia desde la izquierda, articulando las luchas históricas por los derechos humanos con la conflictividad social actual, marcada por despidos masivos en el sector público, tarifazos, desmantelamiento de programas sociales y un profundo recorte en áreas sensibles como educación, ciencia y cultura.

En el encuentro educativo, abierto por Rodrigo Delgado y con la participación de referentes del Partido Obrero (PO), Cristina Foffani y Claudio del Pla, y del abogado Martin Plaza representado al Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Salta, se analizó la situación desde una perspectiva de clase, vinculando la defensa de los derechos humanos con la lucha contra el ajuste económico y en defensa de los trabajadores.

 

Diálogo sobre la Represión Estatal y el Disciplinamiento Social: Defensa de los Derechos Humanos ante la Coerción


El encuentro tiene como objetivo poner en diálogo nociones sobre la represión estatal y el disciplinamiento social en el contexto actual, analizando la violencia simbólica y explícita ejercida por gobiernos nacionales y provinciales, y la necesidad de defender las conquistas en materia de derechos humanos ante estas prácticas de coerción.

En la apertura del panel, Gabriela Niava Moreno, conocida como "Chipi" y quien es profesora de la tecnicatura de Economía Social, introdujo los temas y a los ponentes. Chipi explicó que el encuentro busca dialogar sobre la represión estatal y el disciplinamiento social, especialmente la violencia ejercida por el gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales, tanto simbólica como explícita, que opera a través del aparato estatal. También destacó la postura del Instituto Abuelas de Plaza de Mayo como referente en la lucha por los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, haciendo un llamado a defender las conquistas y repudiar las prácticas de represión.

Según el orden de las exposiciones presentado por Chipi, el primer orador fue el licenciado Rodrigo Delgado, seguido por la profesora Cristina Fofani, luego el abogado Martín Plaza, y finalmente el profesor Claudio del Pla. Analizamos a continuación la potencia de sus voces Inter seccionadas en relación al objetivo del encuentro y luego presentamos una síntesis de cada uno de sus discursos.

 

La tríada analítica de la represión: cuerpo, ley y sistema

La efectividad de un debate público no reside en la homogeneidad de sus voces, sino en la potencia complementaria de sus perspectivas. El encuentro organizado en Salta para analizar la represión estatal y el disciplinamiento social constituye un ejemplo paradigmático de cómo discursos diversos, al converger, pueden deconstruir un fenómeno complejo con una profundidad inalcanzable para una mirada única. La fuerza del análisis colectivo emergió de la articulación de tres estratos discursivos esenciales: la evidencia concreta de la violencia, su sustento jurídico-normativo y su marco estructural económico. La intervención de Cristina Fofani, Martín Plaza y Claudio del Pla, respectivamente, proporcionó esta tríada analítica, construyendo una argumentación robusta y multifacética contra los mecanismos de opresión.


La primera capa, fundamental para anclar el debate en la realidad, fue aportada por Cristina Fofani. Su discurso ejerció una fuerza singular al descender los conceptos abstractos de "represión" y "disciplinamiento" a la experiencia tangible y brutal de los salteños. Al detallar la corrupción estatal y desenmascarar la retórica de la "guerra contra el narcotráfico", no solo habló de violencia explícita; la demostró con pruebas irrefutables y la encarnó en los testimonios de sus víctimas. Su relato cumplió una función indispensable: proveer la base factual e histórica que convierte una denuncia general en una acusación específica. Sin esta evidencia concreta, cualquier análisis posterior correría el riesgo de flotar en el terreno de la teoría pura. Fofani aseguró que el encuentro partiera de los cuerpos vulnerados y las vidas afectadas, recordando el quién y el cómo del problema.


Desde esta base de realidad concreta, la intervención del abogado Martín Plaza aportó la segunda capa: el andamiaje legal. La fuerza de su discurso radicó en traducir la violencia denunciada por Fofani al lenguaje de la institucionalidad y los derechos. Al demostrar cómo los operativos de seguridad erosionan los pilares constitucionales—como la libertad ambulatoria y el debido proceso—Plaza no solo criticó las acciones, sino que expuso su ilegitimidad fundamental. Su mención del habeas corpus como herramienta fue crucial, pues trasladó la lucha del campo de la protesta al de la defensa judicial activa, señalando un camino concreto para contrarrestar la arbitrariedad. Su aporte respondió al con qué se lucha, proporcionando el sustento normativo que convierte la indignación en una demanda justiciable y enmarca la represión dentro de un quebrantamiento del Estado de derecho.


Finalmente, la exposición de Claudio del Pla completó la tríada al elevar el análisis hacia el estrato estructural, otorgando profundidad histórica y sentido político al fenómeno. La potencia de su discurso consistió en responder al para qué último de la represión. Al vincular las políticas de seguridad con intereses económicos históricos y una continuidad de poder que trasciende gobiernos, del Pla desnudó la función esencial del disciplinamiento social: allanar el camino para la imposición de un modelo económico antipopular. Su mirada sistémica reveló que el rearme represivo del Estado y la supresión de derechos laborales no son hechos aislados, sino dos caras de una misma moneda destinada a garantizar la acumulación de capital a costa de la mayoría. Este marco socio-político-económico es la pieza crítica que evita que el análisis se quede en la superficie de los hechos y permite comprender su raíz y su alcance verdadero.


En conclusión, la fuerza del encuentro residió en la perfecta complementariedad de estas tres perspectivas. Individualmente, cada una poseía un valor intrínseco; en conjunto, formaron un circuito analítico completo. Fofani aportó la materia prima de la denuncia (los hechos), Plaza las herramientas para su defensa (la ley) y del Pla la explicación de su causa final (el sistema económico). Esta articulación—que va desde el cuerpo vulnerado hasta la estructura de poder que lo vulnera—constituye el método más eficaz para desmontar los mecanismos de represión y disciplinamiento social, cumpliendo así con el objeto último del encuentro: una defensa integral de los derechos humanos que es, al mismo tiempo, concreta, legalmente fundamentada y estructuralmente consciente.

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Análisis de la Represión Estatal

Análisis de la Represión Estatal: La Sinergia Tripartita

La Tríada Analítica de la Represión

La comprensión completa de la represión estatal emerge de la intersección de tres perspectivas clave.

Cristina Fofani: El "QUÉ"
Proporciona la base factual e histórica, anclando el debate en la evidencia concreta de la violencia en Salta. Detalla la corrupción y desenmascara la retórica con testimonios de víctimas.
Martín Plaza: El "¿CÓMO?"
Aporta el andamiaje legal. Traduce la violencia a un quebrantamiento del Estado de derecho, demostrando la ilegitimidad de los operativos y señalando la inconstitucionalidad de las medidas.
Claudio del Pla: El "¿POR QUÉ?"
Completa el análisis elevándolo al plano estructural. Vincula la represión con los intereses de clase históricos y la necesidad de un Estado represivo para imponer un modelo económico antipopular.
Sinergia Analítica

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La introducción de Rodrigo Delgado

El discurso de apertura, a cargo del licenciado Rodrigo Delgado, se centró en el análisis de los mecanismos discursivos como operaciones mediáticas de disciplinamiento social y su capacidad para avalar y habilitar prácticas represivas concretas. Su ponencia llevó el título "violencia discursiva, avalar prácticas represivas de medios y redes".

El núcleo central de su exposición fue demostrar cómo la violencia discursiva no se queda solo en el terreno de las palabras, sino que prepara el terreno, genera consenso y empodera a las fuerzas represivas para ejercer violencia real y explícita sobre los cuerpos.

Para desarrollar este concepto, Delgado explicó que los discursos son representaciones parciales de la realidad que hacemos públicas y que su significado no solo depende del texto, sino también del lugar social desde el que son pronunciados. No es lo mismo lo que diga un individuo en su casa que lo que declare un referente político o una figura con poder simbólico. La violencia discursiva, según Delgado, asocia características sesgadas y negativas a ciertos colectivos o grupos, con la intención de posibilitar el ejercicio de la violencia real.

Para ilustrar este punto, presentó ejemplos históricos y actuales:

Ejemplos históricos de violencia discursiva:

    • Propaganda nazi y el apartheid sudafricano: Mencionó un cartel de propaganda nazi que mostraba a un campesino alemán pateando a una figura que representaba a un judío, con el mensaje de "expulsemos a los judíos o purifiquemos la tierra". También citó la señalización "White area" del apartheid, que marcaba separaciones concretas y avaladas discursivamente.

    • La dictadura argentina: Se refirió a una propaganda televisiva de la dictadura donde una silla que representaba la "industria nacional" se rompía al sentarse, con el mensaje de que la industria nacional era "malísima" y que había que abrir las puertas a la extranjera.

    • La "Carta abierta a los pares argentinos" en la revista Gente (diciembre de 1976): Este fue un ejemplo central. Delgado la describió como una "opereta orquestada para avalar la desaparición de personas y la violencia". La carta utilizaba la metáfora de un "cuerpo social enfermo" que necesitaba "una transfusión de sangre salvadora" o un "cáncer que debe ser extirpado". Se instaba a los padres a controlar los libros y actividades de sus hijos, viendo el marxismo y el comunismo como "ideologías enemigas, peligrosas y a ser extirpadas". Incluso citaba obras literarias como "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez o autores como Pablo Neruda y Jorge Amado como "peligrosísimos" para adolescentes. La carta finalizaba responsabilizando a los padres si algo les pasaba a sus hijos, con la frase "si usted se desinteresa, no tendrá derecho a culpar al destino o a la fatalidad cuando la llamen del amor", una construcción discursiva que ocultaba la realidad de las desapariciones forzadas. El objetivo de estas prácticas discursivas era "disciplinar", "generar una sociedad acobardada" y lograr la "cooperación en ese control".

Ejemplos actuales de violencia discursiva:

    • Publicaciones de funcionarios actuales en redes sociales: Mencionó un tuit del presidente Javier Milei defendiendo a Elon Musk, donde Milei equiparaba a los "zurdos" con el "peligro" y afirmaba que "los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos, hijos de p***, tiemblen". Destacó la importancia del "lugar social" de quien emite el mensaje.

    • Declaraciones de José Luis Espert: Citó la frase "Hay que empezar a acostumbrarse a la rebelión fiscal y al cárcel oala para el que corta la calle", en relación con leyes provinciales que buscan disciplinar la protesta social.

    • El Plan Güemes y el caso de Aguas Blancas: Se refirió a la narrativa de "Fronteras Blindadas" lanzada por Patricia Bullrich, que asocia todo lo que ocurre en la frontera a "narcotráfico, al sicariato y a los caminos fronterizos sin control". Delgado vinculó directamente esta retórica con hechos concretos, como el informe de Gendarmería sobre disparos a "bagayeros" en Aguas Blancas, que terminó con el asesinato de Fernando Gómez. Argumentó que esta violencia discursiva prepara el terreno para que las fuerzas represivas se sientan "empoderadas, autorizadas a efectuar disparos, sin control".

Rodrigo Delgado enfatizó que la violencia discursiva es una herramienta poderosa para modelar la percepción social, justificar la represión estatal y facilitar la implementación de medidas que restringen libertades y derechos, creando un ambiente de miedo y control social.

 

Los oradores del panel y núcleo de sus discursos

Cristina Fofani

Cristina Fofani aborda el Plan Güemes y el Operativo Roca como una falsa justificación para profundizar la represión y el control social, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas. Su análisis se centra en la exposición del entramado entre las fuerzas de seguridad, funcionarios políticos y judiciales con las redes de narcotráfico y trata en la frontera norte de Argentina, argumentando que la militarización apunta, en realidad, a disciplinar al movimiento obrero combativo, a los trabajadores precarios y a la juventud de los barrios vulnerables.

Síntesis de sus expresiones:

Falsa justificación:

Presenta el Plan Güemes y Operativo Roca como operaciones gubernamentales para combatir el narcotráfico y la trata de personas en la frontera norte, con el despliegue de 10.000 efectivos de fuerzas armadas federales. Sin embargo, califica esta justificación como "falsa" debido al "enorme" y "abrumador" entrelazamiento entre las fuerzas de seguridad (provinciales y federales), redes de trata y narcotráfico.

Evidencia de corrupción estatal:

Cita ejemplos concretos de intendentes (Rubén Méndez de Salvador Mazza, Carlos Villalbas y Carlos Alfredo Martínez de Aguas Blancas) vinculados al contrabando, trata de personas y narcotráfico, así como a jueces y fiscales federales (Raúl Reyoso, José Luis, Solá Torino, Claudio Parisi, Edgardo Laurensi, Francisco Yarzú) imputados o procesados por recibir dinero de narcotraficantes a cambio de liberaciones. Menciona el reciente sistema de blanqueo de capitales que permite el ingreso de dinero sin declarar su origen, beneficiando a estas redes.

Objetivo real: Disciplinamiento social:

Argumenta que la militarización y el aumento de efectivos en los barrios no combaten eficazmente el narcotráfico, sino que se dirigen contra poblaciones vulnerables. Menciona a trabajadores municipales (Hipólito Yrigoyen), rurales, del Tabacal, pueblos originarios y "bagalleros" (6.000 personas sin otra salida laboral) como blancos de la represión.

Represión violenta:

Detalla casos de represión durante la pandemia y recientemente, con trabajadores heridos (uno perdió un ojo) y jóvenes que perdieron la vida en comisarías, evidenciando un patrón de violencia policial contra los sectores más vulnerables. Concluye que el objetivo es el "control social" de jóvenes "rebeldes" y de la clase obrera que lucha por sus derechos.

 

 

Martín Plaza

Martín Plaza se centra en la inconstitucionalidad y los riesgos legales del Operativo Roca y el decreto que redefine el rol de las Fuerzas Armadas, permitiéndoles la detención de civiles. Argumenta que esta medida viola la división histórica de competencias entre las Fuerzas Armadas (defensa externa) y las Fuerzas de Seguridad (seguridad interna) establecida en leyes democráticas, y atenta contra el debido proceso y las garantías constitucionales.

Síntesis de sus expresiones:

Análisis jurídico del Operativo Roca:

Describe el Operativo Roca como enmarcado en un decreto (Diciembre de 2024, aunque la resolución de inicio es de Abril de 2024) que busca reglamentar la Ley de Defensa Nacional, ampliando el concepto de agresiones que deben repeler las Fuerzas Armadas y dándoles la potestad de detención en flagrancia de civiles.

Reglas de Empeñamiento Secretas:

Critica que las "reglas de empeñamiento" (protocolos de actuación de las fuerzas armadas) fueron aprobadas como un anexo reservado, inaccesible al ciudadano, lo que impide conocer bajo qué supuestos actuarán.

Acción judicial:

Explica que organismos de derechos humanos interpusieron un habeas corpus colectivo preventivo para impugnar la constitucionalidad de estas medidas, buscando cesar cualquier procedimiento que restrinja la libertad ambulatoria y exigiendo la publicación de las reglas de empeñamiento.

Argumentos de inconstitucionalidad:

Sostiene que la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior definen claramente las competencias de las fuerzas armadas (repeler agresiones externas de estados extranjeros) y de seguridad (tareas de policía y prevención del delito), respectivamente. La modificación de estas leyes por un decreto, de menor jerarquía, es inconstitucional. Además, las fuerzas armadas no tienen un procedimiento establecido para la detención de civiles, lo que vulnera el debido proceso.

Ineficacia y riesgos:

Señala que los agentes de las fuerzas armadas no están capacitados para tareas de seguridad interior, portan armamento de gran calibre y carecen de formación en el uso proporcional de la fuerza. Argumenta que estas políticas no solo son inconstitucionales e ineficaces para reducir el narcotráfico (citando experiencias internacionales fallidas), sino que además aumentan la tasa de delitos violentos y estigmatizan a trabajadores de frontera.

 

 


Claudio del Pla

Claudio del Pla ofrece una perspectiva crítica y sistémica sobre la represión en democracia, vinculándola a la defensa de intereses económicos minoritarios y antipopulares que han persistido desde la dictadura hasta la actualidad. Argumenta que la "guerra contra el narcotráfico" es una excusa y una mascarada para el control social y el disciplinamiento, y que el estado no desaparece, sino que se transforma para tener un fuerte aparato represivo y una justicia "adicta" al servicio de estos intereses.


 



Síntesis de sus expresiones:

Fracaso de la militarización:

Utiliza la experiencia de México, donde la intervención del ejército durante 20 años en la lucha contra el narcotráfico resultó en miles de muertos, infiltración del ejército y un fracaso total, como advertencia para Argentina.


Narcotráfico como negocio capitalista:

Sostiene que el narcotráfico es un "gigantesco negocio capitalista" entrelazado con el poder político y las instituciones del Estado, y que las leyes de blanqueo de capitales lo legitiman. Los operativos son una "mascarada" que desvía la atención del problema sistémico y se cobra la vida de trabajadores.


Continuidad represiva en democracia:

Destaca que, si bien dictadura y democracia no son lo mismo en la forma, existen continuidades en los "atropellos represivos" contra el pueblo. Cita ejemplos como los crímenes de estado, casos de gatillo fácil, represiones brutales (e.g., 2001, 10 personas que perdieron un ojo en Salta en los últimos 5 años, muertes en comisarías).


Intereses económicos como motor:

Explica que la continuidad de la represión se explica por los mismos "intereses económicos" que estuvieron en el poder durante la dictadura de 1976 y en todos los gobiernos democráticos posteriores. Estos intereses, que él describe como "antinacionales, antipopulares", necesitan del recurso represivo para imponer políticas que destruyen la industria nacional, eliminan puestos de trabajo y desfinancian servicios públicos.


Estado transformado:

Argumenta que estos intereses no buscan la desaparición del Estado, sino que el Estado tenga una "fuerte policía y una justicia adicta" para el control, mientras se desentiende de las responsabilidades sociales (escuelas, universidades, hospitales, derechos sociales).


Vulneración de derechos y reformas futuras:

Vincula el decreto que autoriza a las fuerzas armadas a intervenir en "lugares estratégicos" con otro decreto que prohíbe las huelgas en "actividades esenciales y/o estratégicas", lo que considera una liquidación del derecho colectivo obrero. Advierte sobre futuras reformas laboral y previsional que requerirán aún más represión para ser implementadas.


 

 

La represión y sus espejos: un análisis tripartito del disciplinamiento social en Argentina

La complejidad de los fenómenos represivos exige un análisis multifacético que escape a las explicaciones unívocas. El encuentro en el Instituto Abuela de Plaza de Mayo, con las intervenciones de Cristina Fofani, Martín Plaza y Claudio del Pla, proporcionó una lente privilegiada para observar un mismo objeto de estudio—la represión estatal y el disciplinamiento social—desde tres ángulos complementarios y, a veces, divergentes. Proponemos que la riqueza del análisis reside precisamente en la tensión productiva entre las intersecciones que unifican sus críticas y las diferencias que enriquecen la comprensión del problema. Juntos, estos discursos tejen una red explicativa que va desde la evidencia concreta en los barrios salteños hasta las estructuras globales del poder económico.

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Análisis de la Represión Estatal

Núcleos Discursivos sobre la Represión Estatal

Cada orador aportó un lente analítico distinto, cuya complementariedad enriquece la comprensión del problema.

Rodrigo Delgado
Violencia Discursiva como Herramienta de Disciplinamiento: Analiza cómo los discursos mediáticos y políticos no son solo palabras, sino que preparan el terreno para la violencia real, justificándola y creando consenso social para la represión.
Cristina Fofani
Exposición de la Violencia Fáctica y la Corrupción: Aterriza el concepto abstracto de represión a la evidencia concreta. Denuncia el entramado entre fuerzas de seguridad, funcionarios y redes criminales, y muestra cómo el disciplinamiento se dirige a los sectores más vulnerables.
Martín Plaza
Análisis de la Ilegalidad y la Inconstitucionalidad: Se enfoca en el marco legal. Demuestra cómo las medidas represivas (como el Operativo Roca) violan la división de poderes y las garantías constitucionales, exponiendo su ilegitimidad jurídica.
Claudio del Pla
Interpretación Económico-Estructural: Ofrece una visión histórica y de clase. Vincula la represión con los intereses económicos que buscan imponer un modelo antipopular, revelando la función sistémica del disciplinamiento social.

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Intersecciones: el terreno común de la denuncia

A pesar de sus enfoques distintos, los tres oradores construyeron un sólido consenso en torno a varios ejes centrales. En primer lugar, coincidieron en una crítica feroz a instrumentos como el Plan Güemes y el Operativo Roca, desenmascarando su retórica de “lucha contra el narcotráfico” para revelar su verdadera función como herramientas de control y disciplinamiento social sobre la población vulnerable. Este desenmascaramiento conduce a la segunda intersección: la unanimidad en señalar la profunda complicidad e infiltración de actores estatales y políticos en las redes del narcotráfico, lo que convierte la justificación oficial en un pretexto cínico y deliberado.

Un tercer punto de convergencia radica en la identificación de los blancos específicos de esta represión. Los tres discursos coincidieron en que la violencia estatal se dirige de manera sistemática y selectiva contra los sectores más desprotegidos: los trabajadores informales, los jóvenes de los barrios populares, los pueblos originarios y el movimiento obrero organizado. Esto, a su vez, se vincula con una cuarta intersección: la idea de una continuidad histórica de la violencia estatal. Fofani y del Pla destacaron la persistencia de prácticas represivas bajo gobiernos democráticos, mientras que Plaza aportó una dimensión legal crucial al argumentar que los decretos actuales buscan desvirtuar el marco legal establecido precisamente para evitar la injerencia militar post-dictadura.

Finalmente, y de manera más sutil, los tres integraron en sus análisis la dimensión discursiva de la represión. Aunque con distintos énfasis, todos aludieron a la “retórica”, la “justificación” o las “políticas discursivas” como el mecanismo que prepara el terreno ideológico y social para la implementación de la violencia material, complementando así el análisis de la violencia simbólica expuesto por Rodrigo Delgado.

Diferencias: la potencia de los enfoques específicos

Si las intersecciones delinean el problema común, las diferencias en el enfoque permiten aprehenderlo en toda su magnitud. La principal divergencia radica en el énfasis principal de cada expositor.

Cristina Fofani ancló su discurso en la evidencia empírica y concreta. Su poder residió en la capacidad de nombrar, detallar y situar la corrupción y la represión en Salta. Al proporcionar nombres de funcionarios, lugares específicos y relatos de las víctimas, dotó de materialidad incontestable a la denuncia abstracta, operando desde una escala predominantemente regional.

Por su parte, Martín Plaza elevó el análisis al plano de la legalidad y la constitucionalidad. Su enfoque se centró en deconstruir la validez jurídica de los instrumentos represivos, analizar la separación de poderes y presentar herramientas legales como el habeas corpus para la resistencia. Su mirada se expandió desde lo local para abarcar las implicaciones para el marco legal nacional y las garantías fundamentales de todos los ciudadanos.

Claudio del Pla, en cambio, optó por una interpretación político-económica y estructural. Su contribución fue proporcionar el “para qué” último de la represión, vinculándola con los intereses de clase históricos y la necesidad de un Estado represivo para imponer un modelo económico antipopular. Su análisis, de alcance global e histórico, conectó las políticas locales con la trayectoria económica de Argentina y experiencias internacionales.

 

La sinergia analítica: la comprensión plena de la represión estatal no puede ser monolítica

La yuxtaposición de estos tres discursos revela que la comprensión plena de la represión estatal no puede ser monolítica. El caso concreto y local (Fofani), la legitimidad jurídica (Plaza) y la determinación económico-estructural (del Pla) no son perspectivas contrapuestas, sino estratos de una misma realidad. La fuerza del análisis colectivo reside en esta sinergia: Fofani provee el “qué” incontrovertible, Plaza el “cómo” se vulnera el marco de derechos, y del Pla el “por qué” último que le da sentido a todo el entramado. Juntos, demuestran que la lucha contra el disciplinamiento social debe ser, simultáneamente, una batalla por la verdad factual, por la justicia legal y por la transformación económica. Solo una mirada que integre estas tres dimensiones puede aspirar a desarticular los complejos mecanismos de la opresión.

 

Martaa Yamila Alegre tramsitió en directo.



viernes, 22 de agosto de 2025

Infografía: A 53 años de la Masacre de Trelew: Un Acto Fundacional del Terrorismo de Estado en Argentina



Infografía: La Masacre de Trelew, 1972

LA MASACRE DE TRELEW

22 de Agosto de 1972: Un Hito del Terrorismo de Estado

El Fusilamiento

En la madrugada del 22 de agosto de 1972, 19 militantes de distintas organizaciones armadas que se habían fugado de la cárcel de Rawson y rendido en el aeropuerto de Trelew fueron trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar. Allí, bajo la custodia de la Armada Argentina, fueron ejecutados a sangre fría. Este acto, disfrazado por la dictadura como un "intento de fuga", se convirtió en un presagio de la violencia sistemática que el Estado desataría años más tarde.

16
Asesinados
3
Sobrevivientes

(Inicialmente)

Cronología de una Tragedia

15 de Agosto, 18:30 hs

La Fuga de Rawson

Un grupo de 25 presos políticos de las organizaciones ERP, FAR y Montoneros inicia una fuga masiva del penal de máxima seguridad de Rawson. Solo 6 líderes, incluyendo a Santucho, logran escapar del país en un avión.

15 de Agosto, 19:00 hs

La Rendición en el Aeropuerto

Los 19 militantes restantes llegan tarde al aeropuerto y, viéndose rodeados, se rinden. Negocian garantías públicas para su seguridad y su regreso a la cárcel de Rawson. Son trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar.

22 de Agosto, 03:30 hs

La Masacre

Los 19 prisioneros son despertados, sacados de sus celdas y fusilados en un pasillo por una patrulla de la Armada. 16 mueren y 3 sobreviven gravemente heridos, convirtiéndose en testigos clave.

Las Víctimas por Organización

Los 19 militantes pertenecían a las principales organizaciones armadas de la época. La mayoría eran miembros del ERP. Su fusilamiento fue un golpe calculado por la dictadura contra la cúpula de la insurgencia.

Las Dos Versiones

Versión Oficial de la Dictadura

"Un nuevo intento de fuga fue repelido por la guardia. Como resultado, 16 delincuentes subversivos fueron abatidos y 3 resultaron heridos."

Testimonio de los Sobrevivientes

"Nos hicieron formar en una fila y nos ametrallaron a sangre fría. Fue una ejecución planificada, no un enfrentamiento."

El Legado: Causa y Consecuencia

La Masacre

El Estado rompe todas las reglas y ejecuta a prisioneros rendidos.

Radicalización

Las organizaciones armadas endurecen su postura, convencidas de que no hay vía pacífica.

Terrorismo de Estado

La metodología de Trelew se perfecciona y sistematiza en la dictadura de 1976.

Lucha por la Memoria

Tras la dictadura, la sociedad y los organismos de DDHH luchan por la verdad y la justicia.

Memoria en Conflicto

La Masacre de Trelew es hoy reconocida judicialmente como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, la memoria sigue en disputa. Sectores que reivindican el accionar de la dictadura continúan negando la historia. Un ejemplo doloroso es la vandalización en 2022 de la tumba de Ana María Villarreal de Santucho, una de las víctimas, en el Cementerio de la Santa Cruz en Salta. Este acto de odio demuestra que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es una tarea del presente.

Infografía generada para visualizar los hechos de la Masacre de Trelew.

A 53 años de la Masacre de Trelew: Un Acto Fundacional del Terrorismo de Estado en Argentina



La Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972, se erige como un evento fundamental que marcó el curso de la historia política argentina. Lejos de ser un incidente aislado, fue un punto de inflexión que anticipó y legitimó el terrorismo de Estado que se consolidaría a partir de 1976.2 La masacre no solo demostró la ruptura de la dictadura con cualquier norma ética o de guerra al fusilar a presos que se habían rendido, sino que también expuso una profunda subestimación de la reacción popular, que se solidarizó con las víctimas.1

 

Resumen de audio

 

Contenidos:

1.La Masacre de Trelew: Una Reconstrucción Fáctica y su Contradicción Fundacional - 2. El Contexto Político y Social de 1972: LaEcuación de la Violencia - 3. La Masacre comoHito: Catalizador Político y Acelerador de la Historia - 4. Memorias en Conflicto: De la "GuerraAntisubversiva" a los Crímenes de Lesa Humanidad - 5. Los Vínculos con Mario Roberto Santucho y el LegadoPersonal de la Masacre - Un Legado Indeleble y elEje de la Memoria

 

 

1. La Masacre de Trelew: Una Reconstrucción Fáctica y su Contradicción Fundacional

El 22 de agosto de 1972, en la Base Aeronaval Almirante Zar, cerca de Trelew, provincia de Chubut, ocurrió un evento histórico que redefiniría la relación entre el Estado argentino y la violencia política. Este suceso, conocido como la Masacre de Trelew, no fue un hecho aislado, sino la culminación de un proceso que se había iniciado días antes con la audaz fuga de un grupo de presos políticos de la cárcel de Rawson.1 La reconstrucción de estos eventos revela una clara contradicción entre la versión difundida por la dictadura militar y la cruda realidad de los hechos, que sería desenmascarada por el testimonio de los sobrevivientes.

El operativo de fuga del penal de Rawson, que tuvo lugar el 15 de agosto de 1972, fue planificado con una minuciosidad considerable. El objetivo principal era liberar a más de un centenar de militantes de diversas organizaciones armadas, incluyendo el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros.4 El plan maestro fue liderado por figuras de alto perfil como Mario Roberto Santucho (ERP), Roberto Quieto (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros).4 Sin embargo, la ejecución del plan se vio afectada por una serie de fallos y una confusión de señales que impidió la salida masiva de los presos.3 Como resultado, solo un pequeño grupo de seis líderes logró concretar el escape, abordando un avión de la empresa Austral en el cercano aeropuerto de Trelew con destino a Chile, país gobernado en aquel entonces por Salvador Allende.4

El resto de los militantes, un grupo de diecinueve que no consiguió abordar la aeronave, se rindió en el aeropuerto de Trelew ante las autoridades militares que habían llegado para cercar el lugar.3 Esta rendición no fue incondicional; los militantes depusieron sus armas bajo la promesa de que se les garantizaría su seguridad e integridad física y que serían devueltos al penal de Rawson.7 Contrario a lo prometido, fueron trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar.3 Una semana después, en la madrugada del 22 de agosto, los presos políticos fueron despertados de sus celdas, obligados a formar una fila en un pasillo y, en un estado de total indefensión, fueron ametrallados por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Sosa y el teniente Roberto Bravo.1 Dieciséis de ellos fallecieron en el acto o fueron rematados posteriormente, mientras que solo tres lograron sobrevivir, aunque heridos.1 Estos tres sobrevivientes, Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar, jugaron un papel crucial en la revelación de la verdad de los hechos.10

La versión oficial de los eventos, rápidamente difundida por la dictadura militar, pretendió hacer pasar el fusilamiento por un nuevo intento de fuga de los detenidos, que habría sido repelido por las fuerzas de seguridad.1 Esta narrativa fue categóricamente desmentida por los testimonios de los sobrevivientes, quienes a pesar de haber sido más tarde desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico-militar, dejaron un registro detallado de los acontecimientos.10 Su relato, recopilado por el periodista Francisco “Paco” Urondo en su libro

La patria fusilada, demostró que los asesinatos fueron una ejecución a sangre fría y no el resultado de un enfrentamiento.1 Esta revelación fue crucial para que, años más tarde, la justicia pudiera calificar el hecho como un "crimen de lesa humanidad" y "terrorismo de Estado".2 El intento de las Fuerzas Armadas de controlar el relato, llegando incluso a presentar un comunicado para negociar con los familiares sobre el destino de los cuerpos, evidencia su intención de manipular la percepción pública y legitimar la violencia estatal.7

La masacre no fue simplemente un acto de violencia, sino un evento de profundo significado político. Se erige como una manifestación temprana y brutal del terrorismo de Estado que se instauraría de forma sistemática en el país. Los fusilamientos de presos que se habían rendido, cuya vida había sido garantizada, rompieron con cualquier norma o regla de confrontación, incluso en el marco de una guerra. Este suceso, por lo tanto, no se considera un hecho aislado, sino un "hecho bisagra en la historia de la Argentina que anticipó el accionar que llevaría adelante la dictadura a partir de 1976".2 La Masacre de Trelew demostró que el Estado estaba dispuesto a utilizar todos los recursos de represión para aniquilar a la oposición política, una metodología que se perfeccionaría en los años siguientes.

Nombre

Organización Política

Estado

Mariano Pujadas

Montoneros

Fallecido

Susana Graciela Lesgart

Montoneros

Fallecida

Ricardo René Haidar

Montoneros

Sobreviviente (inicialmente)

María Antonia Berger

Montoneros

Sobreviviente

José Ricardo Mena

ERP

Fallecido

Humberto Segundo Suárez

ERP

Fallecido

Miguel Angel Polti

ERP

Fallecido

Humberto Toschi

ERP

Fallecido

Eduardo Capello

ERP

Fallecido

Jorge Ulla

ERP

Fallecido

Mario Delfino

ERP

Fallecido

Ana María Villareal de Santucho

ERP

Fallecida

Rubén Pedro Bonet

PRT

Fallecido

Carlos Heriberto Astudillo

FAR

Fallecido

Alfredo Elías Kohon

FAR

Fallecido

Clarisa Rosa Laplace

FAR

Fallecida

Carlos Alberto Del Rey

ERP

Fallecido

Alberto Miguel Camps

ERP

Sobreviviente

María Angélica Sabelli

Montoneros

Fallecida

Nota: La tabla refleja el estado de los militantes inmediatamente después de la masacre. Los tres sobrevivientes (Camps, Berger y Haidar) fueron posteriormente desaparecidos y asesinados durante la última dictadura militar. Además, se nota una discrepancia en la fuente 7 que lista a Haidar como víctima, pero otras fuentes y los relatos de los sobrevivientes demuestran que él fue uno de los tres que sobrevivió al fusilamiento inicial.4

Resumen de video

2. El Contexto Político y Social de 1972: La Ecuación de la Violencia

La Masacre de Trelew no puede entenderse como un hecho aislado, sino como el resultado de una profunda crisis política y social que asolaba a Argentina a principios de la década de 1970.14 En marzo de 1971, el general Alejandro Agustín Lanusse asumió la presidencia de la dictadura autodenominada "Revolución Argentina" en un "clima político totalmente desfavorable".15 Su mandato se caracterizó por una creciente violencia guerrillera, un descontento popular palpable y el ascenso del liderazgo de Juan Domingo Perón, quien operaba desde el exilio.15 La estrategia de Lanusse para contener esta crisis fue el "Gran Acuerdo Nacional" (GAN), una iniciativa que prometía una apertura política y una transición hacia la democracia, con la condición de celebrar elecciones sin proscripciones.15

Sin embargo, la política de Lanusse era intrínsecamente contradictoria. Mientras por un lado proponía una aparente apertura, por el otro, mantenía y profundizaba la represión a las expresiones políticas de la oposición. La dictadura continuaba con la proscripción del peronismo, una política que se había mantenido desde 1955 y que había "cerrado los canales de expresión" para una parte sustancial de la sociedad.14 Esta represión sistemática y la falta de canales democráticos crearon un caldo de cultivo para la radicalización y el surgimiento de las organizaciones armadas, que llegaron a considerar la violencia como una "reacción frente a la violencia opresora" del Estado.14 Las actas de la Junta de Comandantes revelaban una estrategia paralela y secreta para "acosar a las organizaciones subversivas" y "no negociar con delincuentes comunes".17 La masacre de Trelew fue, en este sentido, una manifestación de esta política dual: una represión brutal bajo la fachada de una apertura democrática.

El fusilamiento de los militantes en la Base Almirante Zar fue un intento calculado por parte de los sectores más duros del régimen militar de socavar la estrategia política de Lanusse. El régimen buscaba dar un golpe contundente a las principales organizaciones guerrilleras, creyendo que con ello podría desarticular a los "grupos embriones de vanguardia" y asestar un "fuerte golpe a la guerrilla".11 Sin embargo, la masacre tuvo el efecto opuesto a lo esperado. En lugar de aislar a la guerrilla del pueblo y de Perón, el acto de brutalidad confirmó las sospechas de todos los actores políticos: que el Estado no jugaría "con las reglas del juego básicas".18 La masacre demostró que la supuesta transición democrática era una farsa y que el régimen estaba dispuesto a recurrir al asesinato de presos indefensos para mantener su control.

La brutalidad del evento expuso una visión profundamente errónea por parte de los militares sobre el pueblo argentino.11 Pensaron que la represión sería aceptada o que silenciaría la disidencia, pero en cambio, el acto provocó una "enorme muestra de dolor popular" y una solidaridad que las Fuerzas Armadas "no previeron".1 La masacre no fue un "delirio" de un individuo, sino una acción colectiva que formaba parte de una política de Estado diseñada para aniquilar la oposición.11 Este evento puso en evidencia la incapacidad del régimen militar para resolver la crisis política por medios no violentos, consolidando su imagen de enemigo y reforzando la convicción entre la militancia de que la lucha armada era el "único camino" posible para lograr un cambio social.8

3. La Masacre como Hito: Catalizador Político y Acelerador de la Historia

La Masacre de Trelew trascendió su naturaleza trágica para convertirse en un punto de inflexión fundamental en la historia política argentina. Su impacto fue inmediato y profundo, tanto en la sociedad en general como en la militancia revolucionaria. La brutalidad del fusilamiento, que fue expuesta a pesar de los intentos de censura, generó un sentimiento de conmoción y una "enorme muestra de dolor popular" que se tradujo en expresiones de solidaridad con las víctimas y sus organizaciones.1 Esta reacción popular, que las Fuerzas Armadas no habían anticipado, fue un claro indicador de que la estrategia represiva no estaba logrando el efecto deseado.

Para las organizaciones armadas, Trelew no fue un revés que condujo a la desarticulación, sino un catalizador que legitimó y endureció su accionar.18 Los militantes de Montoneros, por ejemplo, declararon que la masacre confirmó que "la sangre derramada no será negociada" y que la única vía era la de la "PATRIA SOCIALISTA".19 El ERP, por su parte, respondió con una serie de "represalias" que incluyeron el asesinato de figuras militares de alto rango, como el almirante Hermes Quijada, jefe del Estado Mayor Conjunto.20 Estas acciones demuestran que, lejos de desmovilizar a los grupos armados, la masacre intensificó la espiral de violencia y polarización política que ya se estaba gestando en el país.

El fusilamiento de los militantes fue la "confirmación de que el Estado argentino no iba a ahorrar recursos para reprimir y para ahogar con la violencia estatal cualquier posibilidad de transformación social justa".18 Esta constatación marcó a una generación. Para la juventud y las organizaciones revolucionarias, el Estado se reveló como un "enemigo" que no respetaba las "reglas del juego" de la democracia, ni siquiera "las más o menos reglas internas de la guerra misma".18 La masacre se convirtió en una demostración palpable de lo que el Estado era "capaz de" hacer, anticipando las torturas, secuestros y desapariciones que caracterizarían a la dictadura de 1976.18 En este sentido, el evento de Trelew no es un simple suceso; es un punto causal que impulsó a los actores de la época a una escalada de no retorno.

La masacre de Trelew también forjó un sentido de identidad colectiva y resistencia. La pérdida de "seres muy queridos" no condujo al abandono de la lucha, sino a una reafirmación del compromiso político.18 Los sobrevivientes, como Ricardo Haidar, Alberto Camps y María Antonia Berger, se convirtieron en figuras emblemáticas cuya historia, difundida a través de la obra de Paco Urondo, se transformó en un mito fundacional de la resistencia.10 El dolor personal de las familias y compañeros, como lo describe el hijo de Mario Roberto Santucho al hablar de la muerte de su tía y la compañera de su padre, se transformó en un "testimonio muy crudo" del nivel de convicción y compromiso de esa generación.18 Este proceso de duelo y mitificación fue clave para la cohesión de los movimientos de derechos humanos que emergerían más tarde, consolidando la masacre como una "marca de identidad" basada en el sacrificio y la perseverancia.

4. Memorias en Conflicto: De la "Guerra Antisubversiva" a los Crímenes de Lesa Humanidad

El significado de la Masacre de Trelew ha sido un campo de batalla en la memoria histórica argentina. A lo largo de las décadas, la versión oficial del Estado ha evolucionado, pasando de la negación y la justificación a un reconocimiento formal de los crímenes. Inicialmente, el régimen militar presentó los fusilamientos como una respuesta a un intento de fuga.3 Sin embargo, con el retorno de la democracia y la incansable lucha de los organismos de derechos humanos, el evento fue re-conceptualizado en la esfera pública como "terrorismo de Estado" y un "crimen de lesa humanidad".2 Este cambio de perspectiva se consolidó judicialmente en 2012, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, y ordenó la extradición de Roberto Bravo, uno de los principales acusados.2

La labor de los organismos de derechos humanos y las políticas de "Memoria, Verdad y Justicia" han sido fundamentales para este proceso.2 El juicio por la masacre no solo buscó la condena de los responsables, sino que también amplió el rango temporal de los delitos de lesa humanidad para incluir hechos anteriores a la última dictadura de 1976, lo que permitió un mayor reconocimiento y reparación para las víctimas.2 En este contexto, la masacre se conmemora como un hito de la resistencia y como un ejemplo de la impunidad que luego se institucionalizaría. El Centro Cultural por la Memoria en el Viejo Aeropuerto de Trelew y la señalización de otros sitios de memoria son ejemplos de cómo el Estado democrático busca "preservar, señalar y... difundir la historia" para educar a las nuevas generaciones y asegurar que estos hechos no se repitan.21

A pesar de la consagración de esta memoria oficial, persisten narrativas contrapuestas. La versión de la dictadura, que justificaba la masacre como un acto de "lucha antisubversiva" contra "delincuentes" o "terroristas," aún encuentra eco en ciertos sectores de la sociedad argentina.2 La masacre se convierte, así, en un espacio de conflicto simbólico donde la visión de un Estado represor se enfrenta a la de un Estado que supuestamente defendía el orden nacional de una amenaza violenta. Este conflicto se manifiesta de manera palpable y violenta en ciertos actos.

Un claro ejemplo de esta disputa es el Cementerio de la Santa Cruz en Salta. Este lugar no solo es un sitio de entierro, sino un "sitio de la Memoria" que ha sido demarcado por el Estado para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado.22 El sector C del cementerio, en particular, contiene fosas comunes de víctimas de la dictadura de 1976.23 En este espacio, donde el Estado democrático busca visibilizar y condenar el pasado, se encuentra la tumba de Ana María Villarreal de Santucho, una de las víctimas de Trelew.24 El hecho de que esta tumba fuera vandalizada en 2022, al cumplirse 50 años de la masacre, no es un incidente aislado. Es un acto político que busca atacar la memoria de los militantes revolucionarios en un espacio que el Estado ha reivindicado como de memoria y justicia. El vandalismo es un recordatorio de que la disputa por el relato histórico no está resuelta y que el odio y la negación persisten en la sociedad.24

5. Los Vínculos con Mario Roberto Santucho y el Legado Personal de la Masacre

La Masacre de Trelew está intrínsecamente ligada a la figura de Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).4 Santucho no solo fue el "jefe del operativo" de la fuga del penal de Rawson, sino que su relación con la masacre fue de un profundo carácter personal, ya que su compañera, Ana María Villarreal, fue una de las víctimas fusiladas.4 Esta conexión emocional y política tuvo un impacto significativo en la posterior radicalización y respuesta de la organización.

Ana María Villarreal, apodada "Sayo" por su familia y compañeros por sus ojos rasgados, era una militante con una historia propia antes de vincularse a Santucho.26 Nacida en Salta, se formó como maestra y artista plástica en Tucumán, donde comenzó su activismo político en el Frente Revolucionario Indoamericano Popular (FRIP), una organización que luego se fusionaría con el ERP.26 Fue detenida en febrero de 1972 y recluida en el penal de Rawson, donde se unió al grupo que intentó la fuga.26 Su fusilamiento en la Base Almirante Zar, a los 36 años, la convirtió en una de las mártires de la masacre.4

La muerte de Ana María Villarreal, la "primera compañera de mi papá", como la recuerda su hijo, no fue simplemente una baja militar para Santucho, sino una "pérdida tan fuerte, tan esencial".18 Este dolor personal se transformó en una reafirmación de la lucha y una justificación moral para la escalada de violencia del ERP. El hijo de Santucho describe el "significado de ese dolor" y cómo, a pesar de la inmensa pérdida, esa generación "seguía llevando adelante una lucha que era muy peligrosa".18 El asesinato de una militante que se había rendido reforzó la convicción de que el Estado era un "enemigo" que no respetaba las reglas, legitimando así el camino de la lucha armada como la única opción viable.18

El lugar final de reposo de Ana María Villarreal, el Cementerio de la Santa Cruz en Salta, es un punto de encuentro entre la memoria de Trelew y la de la última dictadura.23 Este cementerio ha sido demarcado como "Sitio de la Memoria" porque contiene fosas comunes con víctimas del terrorismo de Estado que se instauró a partir de 1976.22 La presencia de la tumba de una víctima de 1972 en un lugar de memoria de 1976 evidencia que la masacre de Trelew no fue un hecho aislado, sino la continuidad de una política represiva estatal. La profanación de su tumba en 2022, repudiada por sus hijas y organizaciones de derechos humanos, es un acto que no solo ataca un símbolo personal, sino que busca negar y borrar la memoria de la lucha revolucionaria y de la violencia estatal de la que fue víctima.24 El hecho demuestra que, a pesar de las condenas judiciales y la construcción de la memoria oficial, la disputa por el relato de los hechos y la negación del pasado siguen siendo un foco de conflicto en la sociedad argentina.

Un Legado Indeleble y el Eje de la Memoria

La Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972, se erige como un evento fundamental que marcó el curso de la historia política argentina. Lejos de ser un incidente aislado, fue un punto de inflexión que anticipó y legitimó el terrorismo de Estado que se consolidaría a partir de 1976.2 La masacre no solo demostró la ruptura de la dictadura con cualquier norma ética o de guerra al fusilar a presos que se habían rendido, sino que también expuso una profunda subestimación de la reacción popular, que se solidarizó con las víctimas.1

El evento consolidó una espiral de acción-reacción que radicalizó a las organizaciones armadas, quienes interpretaron el fusilamiento como la confirmación de que el Estado no jugaría con las reglas de la democracia ni del conflicto, lo que legitimó aún más su lucha.18 Esta interpretación, y el dolor personal de la pérdida de compañeros como Ana María Villarreal de Santucho, reforzaron la convicción de la militancia y proporcionaron una justificación moral para la escalada de la violencia.18

En el presente, la masacre es un campo de batalla para la memoria. Por un lado, el Estado democrático y los organismos de derechos humanos han logrado, a través de juicios y políticas de reparación, establecer una memoria oficial que la califica como un crimen de lesa humanidad. Por otro lado, persisten narrativas que la justifican y actos de violencia simbólica, como el vandalismo de la tumba de Ana María Villarreal, que buscan negar este legado.22 La Masacre de Trelew es, por lo tanto, un eje central para comprender la historia reciente de Argentina y la constante lucha por la memoria, la verdad y la justicia. El evento y sus ramificaciones demuestran que, a pesar de la distancia temporal, la disputa sobre el significado del pasado sigue siendo un factor activo en la configuración del presente.

 

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