Fue en instalaciones de la U N Sa, el viernes 12 diciembre en el contexto del día internacional de los Derechos Humanos.
Sintetizamos los temas centrales, testimonios y conclusiones de la "Jornada por Violencia Institucional en Primera Persona", un encuentro organizado por el Centro Comunitario Alfa y la organización Andhes. El evento reunió a víctimas, familiares, activistas y miembros de diversas organizaciones para visibilizar y articular una respuesta colectiva a la violencia ejercida por el Estado en Salta. La violencia institucional —policial, penitenciaria y judicial— no consiste en incidentes aislados, sino que constituye un problema sistémico, estructural e histórico, aplicado de manera selectiva contra los sectores más vulnerables de la sociedad.
Ver también
“La
Violencia Institucional en Primera Persona”:
Se concretó exitosamente la primera jornada de
trabajo colectivo en contra de la violencia institucional.
Por ALFA
Los datos presentados por Andhes subrayan una profunda
brecha entre la prevalencia del abuso y la respuesta oficial: de un total de
1.735 denuncias por violencia institucional recibidas por la Fiscalía de
Derechos Humanos en un período determinado, solo el 1% derivó en legajos de
investigación abiertos, mientras que el 44% de las causas fueron archivadas.
Los testimonios evidencian que las principales víctimas son jóvenes de barrios
populares, personas en situación de calle, la comunidad travesti-trans, vendedores
ambulantes y personas privadas de la libertad.
La conclusión central del encuentro es que el aislamiento y
el miedo de las víctimas son los principales facilitadores de la impunidad. En
respuesta, el objetivo fundamental de la jornada fue sentar las bases para la
construcción de una red de trabajo y lucha conjunta, que permita unificar
recursos, articular estrategias legales y mediáticas, y generar una fuerza
colectiva capaz de enfrentar y transformar este sistema represivo.
Construyendo la Red: el llamado de Álvaro Camacho a la solidaridad colectiva contra la violencia estatal
La idea central de Camacho fue establecer un espacio para reunir
y escuchar experiencias en primera persona de quienes han sufrido o luchado
contra la violencia institucional. Esta necesidad surge de un contexto de
violencia extrema, citando episodios recientes y duros en la provincia, como el
incendio de la Alcaidía en octubre y los operativos conocidos como
"trapitos".
Camacho identificó claramente a los sectores vulnerables
afectados, señalando que la violencia se ejerce frecuentemente contra
personas de calle, vendedores ambulantes, y muy especialmente, contra la
comunidad trans, quienes sufren detenciones sin las garantías constitucionales
debidas.
Una de las principales reflexiones es la amplitud de la
violencia institucional, que, según Camacho, no se limita a las fuerzas
policiales, sino que se extiende y se manifiesta en el propio sistema de
justicia (Poder Judicial). En este ámbito, las personas no solo reciben
falta de respuesta, sino que son violentadas por un sistema que genera
aislamiento, atropellos y, en última instancia, mantiene el status quo.
Frente a este escenario, Camacho enfatizó la lucha contra
el aislamiento y la impunidad. Argumentó que la impunidad es facilitada por
el miedo a denunciar y el consecuente aislamiento de las víctimas. Por ello, su
intervención subrayó la necesidad imperante de un trabajo articulado
conjunto y la creación de un espacio de lucha que fortalezca una red,
sumando recursos de manera efectiva.
Para llevar a cabo esta lucha, Camacho mencionó estrategias
específicas desarrolladas por el colectivo Alfa, como la interposición de
un habeas corpus colectivo para combatir las detenciones ilegales de
personas en situación de calle. Además, destacó la importancia de contar con
profesionales comprometidos en áreas clave: legal, mediática (prensa) y trabajo
social.
Finalmente, el discurso fue un llamado a desafiar el
fatalismo y construir solidaridad. Contra la resignación que acepta el
sistema como inmutable, Camacho afirmó que la gran oportunidad reside en
la organización, el compromiso y, sobre todo, la solidaridad activa entre los
diferentes sectores afectados—desde vendedores ambulantes hasta la comunidad
trans y personas de calle—para construir una fuerza colectiva mayor. La jornada
se propuso abordar específicamente los tres componentes del "aparato del
estado" que ejercen esta violencia: la policial, la penitenciaria y la del
Poder Judicial.
Quienes dieron vida al conversatorio
Los interlocutores que participaron en las "Jornadas de
la violencia institucional en primera persona" incluyen a una amplia gama
de activistas, profesionales, víctimas y familiares de víctimas, representando
a diversas organizaciones y movimientos sociales.
Organizadores y Moderadores Clave:
- Álvaro
Camacho: Abrió las jornadas y pertenece al colectivo Centro
Comunitario Alfa.
- Ramiro
López: Presentó datos sobre denuncias de violencia policial y
pertenece a Andes.
- Cecilia
Toro: Perteneciente al Observatorio de Derecho Penal de la UNSA
y moderadora del primer bloque.
Participantes Afiliados a Organizaciones de Derechos
Humanos, Sociales y Políticas:
- Cristina
Fofani: Del Partido Obrero.
- Florencia
Pérez: Abogada, de Andes.
- Petero:
De Andes.
- Verónica
[no apellido]: De Fundación Seví.
- Óscar
Delgado: De Capoma (organización de derechos humanos y medio
ambiente).
- Pía
Ceballos: De DTA (Movimiento Trans Argentina).
- Graciela
de Valle Diega: De la Fundación Ara de la Libertad.
- Silvia
Carta: De la Fundación Aas de la Libertad.
- Silvio
Vald: Voluntario de la Fundación.
- Sofía
Molina: Antropóloga y parte de Andes.
- Carmen:
De Tribuna Docente.
- Raquel:
Militante de Derecho Humano.
- Verónica
Molina: Abogada litigante, del equipo jurídico de la Asociación
Rabones.
- Sofía
Molina: Abogada litigante.
- Abigail:
Milita en la mesa de educación popular de Saltejui y militante feminista.
- Janela
Barrios: De Madres Protectoras Altas y de la Asamblea Lengua
Transfeminista.
- Rodrigo
Sorada: Del Comité Contra Tortura.
- Cristian
Frías: Del partido Sí.
- Blanca
Lescano: De la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos
y secretaria de derechos humanos de la CTA Autónoma Salta.
- Fernando
Pequeño Ragone: De la Asociación Ragone.
- Facundo
Oropel: Militante de la Juventud Socialista de MCT.
- Gerry
Gutiérrez: De la Fundación Hip Hop.
- Ana
Rosa Cancela: Pertenece a la Liga Argentina de Derechos Humanos
y a los jubilades y pensionades autoconvocades de S.
Familiares de Detenidos y Víctimas de Violencia
Institucional:
- Hilda
Goimás: Madre de un interno.
- Liliana
Carrizo: Desde Metán, cuyo familiar sufre violencia
institucional y se le ha apartado de sus hijos.
- Mirta
Paz: Vecina del barrio 20 de Febrero que sufrió represión
policial y perdió la vista de un ojo.
- Ariel:
Joven víctima de violencia por parte del personal de seguridad de un
boliche y la policía.
- Graciela
de Valle Diega y Silvia Carta: Participan como familiares de
internos en la cárcel.
Otros Participantes (Académicos, Independientes, etc.):
- José
María Martinelli: Documentalista.
- Ana
Sol: Profesora de Ciencias Políticas y estudiante de historia de la Universidad
Nacional de Sal.
- José
Cruz y José [no apellido]: Participantes.
- Joana:
Psicóloga comunitaria (trabaja en un centro de salud).
- Castro
Mauro: Abogado, militante independiente.
- Aldo:
Licenciado en antropología, sin afiliación.
1. Propósito y Contexto del Encuentro
La "Jornada por Violencia Institucional en Primera
Persona" fue concebida como un "puntapié inicial" para
consolidar un frente unificado contra el abuso estatal en Salta. Organizada por
el Centro Comunitario Alfa y Andhes, la reunión se estructuró como un
conversatorio en ronda para facilitar el diálogo horizontal y el conocimiento
mutuo entre los participantes.
Los objetivos principales del encuentro fueron:
- Compartir
Experiencias: Ofrecer un espacio seguro para que las víctimas directas
y sus familiares pudieran relatar sus vivencias con la violencia policial,
penitenciaria y judicial.
- Construir
una Red: Fomentar el conocimiento entre diversas organizaciones,
activistas y ciudadanos afectados para superar el aislamiento que perpetúa
la impunidad.
- Articular
una Lucha Conjunta: Iniciar el proceso de creación de un espacio de
trabajo colectivo para desarrollar estrategias integrales que combinen
acciones judiciales, formación en derechos, visibilidad mediática y
movilización social.
- Visibilizar
la Sistematicidad: Demostrar que los abusos no son casos aislados,
sino parte de una política de Estado histórica y estructural que requiere
una respuesta organizada y solidaria.
2. Análisis de la Violencia Institucional: Testimonios y Modalidades
Durante la jornada, los testimonios de los participantes
perfilaron las diversas facetas de la violencia estatal, revelando patrones de
conducta y grupos específicos que son objeto de persecución.
Violencia Policial
La violencia ejercida por las fuerzas policiales fue un tema
central, caracterizada por su arbitrariedad y su enfoque en el control de
poblaciones vulnerables.
- Detenciones
Arbitrarias y Operativos Selectivos: Se denunciaron operativos
sistemáticos como el "Operativo Trapito" y otras acciones
dirigidas a personas en situación de calle, vendedores ambulantes y la
comunidad trans, realizadas sin garantías constitucionales.
- Uso
Excesivo de la Fuerza: Se presentaron testimonios de brutalidad
física, como el de Mirta Paz, del barrio 20 de Febrero, quien perdió la
visión de un ojo por un disparo de la policía mientras se encontraba
dentro de su domicilio. Otro caso fue el de Gerry Gutiérrez, detenido y
golpeado por cuestionar la legalidad de una requisa.
- Persecución
y Hostigamiento: Múltiples relatos señalaron la "portación de
rostro" como causa de detención, afectando principalmente a jóvenes
de barrios populares. Se describió un patrón de persecución a artistas
callejeros y activistas.
- Irregularidades
y Obstrucción: Se destacó la falta de identificación de los agentes
policiales, la destrucción deliberada de pruebas (como teléfonos móviles
que graban los abusos) y la negativa de las comisarías a tomar denuncias
contra otros efectivos.
- Violencia
en Espacios de Ocio: El caso de Ariel Avendaño expuso la connivencia
entre la seguridad privada de un boliche y la policía, quienes lo
golpearon brutalmente tras ser expulsado injustamente del local,
evidenciando la expansión de la violencia estatal a ámbitos privados.
Violencia Penitenciaria
El sistema carcelario fue descrito como un espacio de
anulación de derechos y de violencia estructural, donde el castigo excede
largamente la privación de la libertad.
- Condiciones
Inhumanas de Detención: Se denunció una sobrepoblación del 150%, con
celdas diseñadas para 8 personas albergando a 25. Las condiciones
higiénicas son deplorables, con letrinas dentro de las celdas, generando
una situación humillante y brutalizante.
- Abuso
Físico y Aislamiento: Los testimonios de familiares, como los de Hilda
Goimás y Graciela de Valle Diega, describieron golpizas de hasta 11
agentes contra un solo interno y el uso del "régimen"
(confinamiento en solitario) como castigo discrecional y prolongado.
- Negación
de Derechos Fundamentales: Se reportó la restricción del acceso a la
educación, la salud y el trabajo. Los internos que intentan organizarse o
educar a sus pares son sancionados. Un caso paradigmático fue el del hijo
de Hilda Goimás, castigado por organizar un círculo de alfabetización.
- Corrupción
y Narcotráfico: Se afirmó que el servicio penitenciario facilita el
narcotráfico dentro de las cárceles, agravando las adicciones en lugar de
tratarlas. Además, se denunció el robo sistemático de víveres y donaciones
destinadas a los internos.
- Ruptura
de Vínculos Familiares: El sistema restringe arbitrariamente las
visitas, limitando el número y tipo de familiares que pueden ingresar.
Esto es percibido como una estrategia deliberada para cortar el vínculo de
los internos con sus redes de apoyo.
Violencia Judicial
El Poder Judicial fue señalado como un actor clave en la
perpetuación de la impunidad, caracterizado por su inacción, falta de empatía y
por ser un sistema que revictimiza a quienes buscan justicia.
- Falta
de Acceso y Respuesta: Múltiples testimonios, como el de Liliana
Carrizo de Metán, describieron la negativa de los jueces a recibir a
familiares y la falta de medidas efectivas para proteger a las víctimas,
incluso en casos de menores de edad.
- Revictimización:
Se denunció que el sistema judicial responsabiliza a las víctimas,
especialmente en casos de abuso sexual, y las somete a procesos largos y
desgastantes diseñados para que desistan.
- Complicidad
con la Impunidad: La alta tasa de archivo de causas y la falta de
condenas a agentes estatales demuestran que el sistema judicial no ejerce
un control efectivo sobre los otros poderes, sino que funciona como un
garante del estatus quo.
Violencia contra la Comunidad Travesti-Trans
Ver más aquí: “MemoriaViva Trans”
Pía Ceballos, del Movimiento Trans Argentina, expuso la
violencia histórica y sistemática contra esta comunidad, que combina el abuso
policial con la indiferencia judicial y social.
- Persecución
Histórica: Se denunció que las prácticas represivas de la dictadura
militar continuaron en democracia contra las corporalidades
travesti-trans, consideradas un "escándalo a la moral y a las buenas
costumbres".
- Abuso
y Crímenes de Odio: Se relató un patrón de detenciones violentas,
abusos sexuales en comisarías y extorsión. Se mencionó el caso reciente de
Fernanda Arias, quien murió en custodia policial en Rosario de Lerma bajo
circunstancias sospechosas calificadas como suicidio, un relato que la
comunidad rechaza firmemente.
- Responsabilidad
Estatal: Se subrayó que los asesinatos y la violencia contra la
comunidad no son hechos aislados, sino crímenes de odio en los que la
policía es un partícipe primario y el sistema judicial garantiza la
impunidad.
La Transversalidad de la Lucha: El Llamamiento de Fernando Pequeño Ragone en Defensa de los Derechos Humanos Amplios
La participación de Fernando Pequeño Ragone, en representación de la Asociación Ragone, en las jornadas sobre violencia institucional, se articuló en torno a la necesidad de visibilizar las luchas por los derechos humanos en el contexto sociopolítico actual. Su presencia se motivó particularmente por la propuesta de debatir sobre la violencia institucional y las condiciones de detención de las personas privadas de libertad.
La Asociación Ragone, históricamente, ha mantenido un
compromiso amplio con diversas temáticas de derechos humanos. Su trabajo ha
abarcado desde los juicios de lesa humanidad hasta la lucha contra la
discriminación y la defensa de los derechos de las mujeres y de la
diversidad. Recientemente, el enfoque de la asociación ha evolucionado para
incluir el monte pensado como sujeto de derechos humanos, abordando las
maneras ontológicas y las formas en que la sociedad se relaciona con el
ambiente y la naturaleza.
El punto central de la intervención de Pequeño Ragone fue su
profundo interés en el resultado de la transversalidad de las luchas.
Para él, este enfoque interconectado es lo que verdaderamente puede marcar una
diferencia, especialmente en un momento caracterizado por la muchísima
fragmentación social. Esta fragmentación, según su análisis, es exacerbada
por el "bombardeo" constante que ejercen los gobiernos nacionales y
las derechas del mundo. En esencia, su mensaje subraya que la unificación de
los diversos frentes de lucha es la estrategia clave para enfrentar y resistir
las embestidas de los poderes que buscan restringir los derechos.
3. Datos y estadísticas clave presentados por Andhes
La organización Andhes presentó datos cuantitativos que
confirman la magnitud del problema y la ineficacia del sistema para abordarlo.
|
Encuesta a Participantes de la Jornada (N=37) |
Resultado |
|
Sufrieron violencia institucional |
64% |
|
No forman parte de una ONG |
54% |
|
No realizaron ninguna acción (principalmente por miedo) |
19% |
|
Denuncias registradas |
6 |
|
Acciones judiciales iniciadas |
4 |
|
Datos del Ministerio Público Fiscal (Período Ene 2024 -
Jul 2025) |
Cifra |
|
Total de denuncias por violencia institucional |
1.735 |
|
Legajos de investigación abiertos |
18 (1%) |
|
Audiencias de debate (juicios) |
39 (2%) |
|
Causas archivadas |
771 (44%) |
Estos datos revelan una alarmante realidad: mientras la
violencia es una experiencia común para muchos, el miedo paraliza la denuncia.
A su vez, el sistema judicial desestima o archiva la gran mayoría de los casos
que sí llegan a ser denunciados, creando un ciclo de impunidad.
Del Dolor Personal al Cuestionamiento Político: La Deuda de la Democracia y el Sistema Represivo
La intervención de Blanca Lescano, secretaria de derechos humanos de la CTA Autónoma Salta e integrante de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos, aportó una perspectiva histórica y estructural a las jornadas sobre violencia institucional. Su contribución se centró en la necesidad de trascender el dolor individual y cuestionar las responsabilidades políticas que permiten la persistencia de los mecanismos represivos en el marco de la democracia actual.
Lescano basó su reflexión en su experiencia como familiar de
detenidos desaparecidos, un contexto histórico donde se utilizó un sistema de
genocidio para operar. Al comparar los encuentros federales de derechos humanos
en los que participó—particularmente en la comisión de Gatillo Fácil—observó
una tendencia recurrente: la gente hablaba masivamente, pero el foco se detenía
en culpar al perpetrador directo (el policía) y en las circunstancias del
hecho, sin llegar a plantear las responsabilidades políticas ni
cuestionar el sistema en sí mismo.
El argumento central de Lescano radica en que, a pesar de
que los genocidas de la dictadura han sido encarcelados, la sociedad continúa
admitiendo un sistema político del cual el sistema carcelario es una
consecuencia. En su análisis, el dolor profundo y personal que experimentan los
familiares de las víctimas o los presos dificulta a menudo ver el "por
qué" de las atrocidades. Su propio camino como militante, que comenzó por
el dolor de sus seres queridos secuestrados, se transformó en un dolor por la
sociedad y por el sistema, impulsando la búsqueda de formas para modificar
dicha estructura.
Lescano advirtió que el sistema represivo sigue existiendo
en democracia para determinados sectores y bajo ciertas circunstancias,
mientras que otros están exentos. Las legislaciones, como los códigos
contravencionales, son modificadas para ser "más represivas, más
restrictivas y más injustas", castigando acciones como la resistencia a la
autoridad con penas de prisión. En este sentido, la democracia está en deuda,
ya que el sistema represivo subsiste para esos sectores.
Finalmente, la oradora hizo un llamado a diferenciar y
garantizar que, incluso cuando se busque justicia para aquellos que han
delinquido, el sistema no repita los métodos de tortura y abuso. La reflexión
de Lescano instó a los participantes a superar su propio dolor para, de manera
conjunta y solidaria, cuestionar un sistema que, bajo el amparo de la
democracia, mantiene operativas las herramientas de represión estatal.
4. Temas transversales y conclusiones centrales
- Carácter
Sistémico y Selectivo: La violencia no es aleatoria. Se dirige con
precisión a sectores sociales específicos: los pobres, los jóvenes
racializados, las personas en situación de calle, las disidencias sexuales
y quienes no encajan en la norma social. Es una herramienta de control
social clasista y patriarcal.
- El
Estado como Responsable: Se concluyó que la responsabilidad es del
Estado en su totalidad. El poder ejecutivo ordena y ejecuta la represión,
el poder judicial la consiente con su inacción y el poder legislativo no
crea los mecanismos para controlarla.
- Deudas
de la Democracia: Una pregunta recurrente fue si esta violencia es una
"deuda de la democracia" o si "la democracia sigue siendo
una deuda". La persistencia de prácticas heredadas de la dictadura
demuestra una fractura en el Estado de derecho.
- Aislamiento
como Herramienta de Impunidad: La estrategia más eficaz del sistema
represivo es aislar a sus víctimas. El miedo a represalias, la vergüenza y
la falta de recursos impiden la denuncia y la organización, permitiendo
que los abusos continúen.
- La
Salida es Colectiva: La única respuesta viable identificada es la
acción colectiva. La solidaridad entre diferentes luchas (feminista,
derechos humanos, de trabajadores, de la comunidad LGBTIQ+) es fundamental
para construir una fuerza capaz de desafiar al sistema.
5. Estrategias y Propuestas de Acción Colectiva
El encuentro finalizó con un llamado a la acción y la
formulación de una serie de propuestas para dar continuidad a la lucha.
- Creación
de un Pliego de Reclamos Unificado: Sistematizar las demandas de todos
los sectores afectados para presentarlas de manera conjunta. Los puntos
iniciales incluyen:
- El
fin de los operativos policiales arbitrarios como el "Operativo
Trapito".
- La
derogación del Código Contravencional, considerado una herramienta de
disciplinamiento social.
- Garantizar
el tratamiento de adicciones en las cárceles y denunciar el rol del
Servicio Penitenciario en el narcotráfico.
- Asegurar
el pleno derecho a la salud, educación y trabajo para las personas
privadas de libertad.
- Detener
las prácticas del sistema penitenciario que buscan cortar los vínculos
familiares de los internos.
- Fortalecimiento
de una Red Intersindical: Formalizar el espacio de encuentro para
compartir recursos legales, mediáticos y de acompañamiento psicosocial.
- Visibilización
y Denuncia Pública: Utilizar los medios de comunicación y las redes
sociales como herramienta estratégica para exponer los abusos,
especialmente cuando los canales institucionales fallan.
- Formación
y Alfabetización Jurídica: Empoderar a las comunidades más vulnerables
con el conocimiento de sus derechos para que puedan defenderse de los
abusos.
