La asistencia al acto fortalece para la Asociación Ragone,
la indispensable alianza entre la sociedad civil y la academia. La
Universidad es un espacio privilegiado para la producción de conocimiento y la
transmisión de la memoria a las nuevas generaciones. Al estar presente, la
Asociación confirma su rol como un interlocutor reconocido y legitima su
narrativa histórica ante el sector educativo, asegurando que el legado de la
lucha por la Verdad, Memoria y Justicia se enseñe, se debata y se
defienda en el ámbito académico.
La invitación cursada por la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Salta (UNSa) a la Asociación Dr. Miguel Ragone para
conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos y los 40 años
del Juicio a las Juntas Militares representa un hito de profunda relevancia
institucional, pues el tema central del evento es la razón de ser fundacional y
el campo de acción principal de la Asociación.
La relación del tema con la vida institucional es
directa y continua. La Asociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y
la Justicia se constituyó en 2007, anclada en la lucha por el esclarecimiento
de la desaparición del exgobernador Miguel Ragone, un crimen interpretado como
parte del "genocidio setentista". Su misión se centra en transformar
el dolor en "energía creativa en beneficio para la sociedad" a través
de la Verdad, Memoria y Justicia. El acto de la UNSa se enmarca en la
celebración de la respuesta democrática a ese terror de Estado (el Juicio a las
Juntas) y, por lo tanto, la presencia de la Asociación es un testimonio vivo y
un garante moral de la agenda conmemorada.
Las líneas principales de actividad que conectan a la
Asociación con el acto son tres:
Derechos
Humanos y Memoria Histórica: Es su eje identitario. La Asociación es
un actor clave en la Mesa de Derechos Humanos de Salta, participa en las
marchas del 24 de marzo y mantiene un Centro Documental para
preservar la historia. Su participación legitima y contextualiza la
conmemoración en la provincia.
Educación
y Formación Cívica: La Asociación promueve la educación en valores
cívicos y derechos humanos, incluso con centros educativos que llevan el
nombre de Ragone7. El acto de la UNSa, con su Concurso de
Ensayos para estudiantes, es una acción de formación cívica que la
Asociación refuerza con su aval y presencia.
Incidencia
Social y Política: La Asociación ha manifestado una postura activa
contra la "violencia política imperceptible" y las estrategias
que buscan "desestabilizar la institucionalidad de la
democracia". El panel sobre "Memoria y Derechos Humanos en
tiempos de negacionismo" es un llamado directo a la acción que se
alinea perfectamente con la defensa que la Asociación realiza contra
posturas revisionistas y regresivas.
La intersectorialidad es la clave de la importancia
de esta invitación. El trabajo institucional de la Asociación es inherentemente
intersectorial, abarcando al Estado (convenios con el CPT Salta y la Secretaría
de Derechos Humanos), la sociedad civil y otros sectores (CES, movimientos
ambientales).
En conclusión, la presencia de la Asociación Miguel Ragone
en el acto de la UNSa es una necesidad institucional. Transforma una simple
conmemoración en un acto político-cívico de resistencia y reafirmación
democrática. Posiciona a la Asociación como un actor vigilante contra el
negacionismo y ratifica su compromiso de utilizar la memoria histórica como una
herramienta fundamental para la transformación social actual y la lucha
"impostergable por una vida digna para todos". Su asiento en el
evento simboliza la continuidad de la lucha de los organismos de derechos
humanos en la defensa de la democracia y la justicia.
El 4 de diciembre de 2025 se celebró la Reunión de la Mesa
de Discusión Institucional y Social (RES: PGN. 1442/13), convocada por la
Dra. María Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad (ProcuLeSa). El encuentro, que tuvo lugar en modalidad híbrida
(presencial en el Salón Nelly Ortiz de la PGN en CABA y virtual), reunió a
fiscales, querellantes y organismos de DD.HH. para debatir y fortalecer el
avance de las causas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas
durante el terrorismo de Estado. Específicamente, estuvieron presentes la Asociación
Ragone y Familiares de Detenidos-Desaparecidos por razones políticas y
gremiales de Salta.
Panorama General y Avances Estratégicos
El proceso de juzgamiento en Argentina se mantiene activo,
con un volumen de casos y sentencias estable en comparación con el año anterior
(2024). Sin embargo, enfrenta desafíos como las demoras judiciales, criterios
dispares en la valoración de la prueba y un contexto político de preocupación.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (ProcuLeSa)
centra sus estrategias en optimizar la gestión de casos y unificar la actuación
fiscal bajo el nuevo sistema acusatorio. A diciembre de 2025, se han relevado 60
causas listas para transitar la etapa de juicio oral y se dictaron
aproximadamente 21 sentencias, de las cuales 11 fueron mediante juicios
abreviados.
Hitos y Dificultades Jurisdiccionales
Búsqueda
e Identificación: La búsqueda de personas desaparecidas ha sido un
área con resultados significativos. El hallazgo de restos óseos en el ex
centro clandestino "La Perla" en Córdoba revitaliza las
esperanzas de las familias. Tras analizar casi 1.000 expedientes
archivados, la Procuraduría logró seis resultados positivos de
identificación en Capital Federal y el conurbano bonaerense.
Desafíos
en Rosario: La sentencia en la causa "Villazo" (represión en
Villa Constitución), que absolvió a los 17 acusados (incluyendo personal
jerárquico de Acindar), generó preocupación entre la fiscalía y las
querellas, quienes lo vincularon a un contexto político nacional adverso.
Juicios
pendientes: Existe una preocupación por la demora en iniciar juicios,
destacando el caso de "La Fronterita" en Tucumán, donde
se acumula un año sin nuevos debates de lesa humanidad13.
Ejes de Lucha y Futuro Inmediato
El proceso se enfoca en tres ejes cruciales para el futuro:
Responsabilidad
Empresarial: Se espera que en 2026 comiencen juicios clave (como
Mercedes-Benz, Molinos y La Fronterita), buscando visibilizar la
complicidad civil con la dictadura.
Celeridad
Procesal: De cara al 50 aniversario del golpe de Estado, se busca
intensificar la actividad judicial. El objetivo propuesto es que los 57
juicios pendientes de inicio en todo el país comiencen durante 2026.
Ejecución
de la Pena: Se mantiene una estrategia firme en la oposición a
libertades condicionales, exigiendo informes que evalúen la rehabilitación
y rechazando beneficios a condenados que mantienen discursos negacionistas.
Hallazgos en "La Perla" (Córdoba)
La búsqueda de personas desaparecidas ha sido un área con
resultados muy significativos. En septiembre, el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) realizó un hallazgo de gran trascendencia en el
campo de guarnición militar de Córdoba, donde se ubicaba el ex centro
clandestino "La Perla".
Se
encontraron restos óseos fragmentados en una zona de 10 hectáreas
delimitada a partir de imágenes satelitales.
La
complejidad radica en que las fosas originales parecen haber sido
removidas en una segunda intervención para ocultar los restos.
La
principal hipótesis siempre fue que las víctimas eran fusiladas y
enterradas clandestinamente en ese predio.
La
tarea de campo ha explorado el 70% de la zona y se suspenderá
temporalmente por condiciones climáticas, para reanudarse el próximo año.
Mientras
tanto, se procederá a la extracción de ADN para su comparación con el
Banco Nacional de Datos Genéticos.
Estado de los Juicios Pendientes y Desafíos Judiciales
El proceso de juzgamiento se mantiene activo, pero enfrenta
desafíos de celeridad procesal.
Causas
Pendientes: Se han relevado 60 causas listas para transitar la
etapa de juicio oral.
Morosidad:
Existe gran preocupación por la demora en fijar la fecha para el juicio "La
Fronterita" en Tucumán. El fiscal de la jurisdicción, Pablo
Camuña, señaló que ha sido uno de los intentos más difíciles conseguir
sentar un tribunal para empezar el juicio.
Objetivo
2026: Representantes de organismos de derechos humanos se reunieron
con la Cámara Federal de Casación Penal. Se propuso la meta de que los 57
juicios pendientes comiencen durante el próximo año, en el marco de la
conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
La participación de las víctimas y sus familiares sigue
siendo un eje central, con un reclamo por un rol más activo en el diseño de las
estrategias de búsqueda. El desafío es convertir la actividad judicial en la
respuesta más contundente frente a los discursos negacionistas.
Argentina es una tierra marcada por la memoria. Una memoria forjada a sangre y fuego, que se resignifica y se defiende día a día en las calles, plazas y debates. En este escenario, la aparición de las marchas de los "Pañuelos Blancos" y, en contrapunto, las de los "Pañuelos Negros", no es un mero choque de colores, sino la expresión de una profunda disputa por el sentido de nuestra historia, la justicia y, en última instancia, nuestra soberanía política.
El Grito Blanco de la Memoria y la Justicia
La tradición de defensa de los Derechos Humanos en Argentina es un faro en el mundo. Nació del dolor más profundo, el de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que con una audacia inquebrantable y un amor inmenso, desafiaron el terror de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Su símbolo, el pañuelo blanco, fue inicialmente un pañal de tela de sus hijos e hijas desaparecidos, que devino en la bandera de una lucha incansable.
Los Pañuelos Blancos representan mucho más que un recuerdo; son la materialización de un compromiso irrenunciable con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Sus consignas resuenan como un eco potente de un pacto social que se construyó con años de lucha:
¡SON 30.000! Es la afirmación contundente de la magnitud del genocidio perpetrado por el Estado, un repudio al terrorismo estatal que jamás debe relativizarse.
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS GENOCIDAS! Es la exigencia firme de que todos los responsables de crímenes de lesa humanidad rindan cuentas ante la justicia, sin indultos ni impunidad.
DEFENSA DE LA MEMORIA COLECTIVA. Se trata de proteger el relato histórico construido desde las víctimas y los organismos de derechos humanos, impidiendo cualquier intento de borrar o tergiversar los hechos.
REIVINDICACIÓN DE LA LUCHA. Mantener viva la búsqueda de los nietos y nietas apropiados y de cada desaparecido, porque hasta el último eslabón de la verdad debe ser encontrado.
La marcha de los Pañuelos Blancos es, en esencia, la defensa de los cimientos de nuestra soberanía política, que se asienta en el respeto a los derechos humanos y en la capacidad de una sociedad de juzgar su pasado para construir un futuro más justo.
La Sombra Negra del Olvido y la Impunidad
En contraposición, en los últimos años hemos visto la aparición de la marcha de los "Pañuelos Negros". Esta agrupación, que nuclea principalmente a sectores vinculados a militares retirados y civiles que reivindican el accionar de la dictadura, utiliza el color negro como símbolo de luto por lo que ellos consideran "patriotas cautivos". Su elección no es casual; busca ser una afrenta directa al símbolo de las Madres, intentando disputar el espacio de la memoria con un discurso que persigue el olvido y la justificación.
Las consignas de los Pañuelos Negros son una afrenta directa a la verdad histórica y al consenso de la sociedad argentina:
Liberación de los "presos políticos" o "patriotas cautivos": Un eufemismo para referirse a los genocidas condenados, exigiendo indultos o domiciliarias.
Cuestionamiento de los juicios de lesa humanidad: Alegando "irregularidades", buscan desacreditar un proceso judicial impecable que ha sido reconocido internacionalmente.
Teoría de los "dos demonios": Intentan equiparar la violencia estatal y sistemática con la acción de las organizaciones armadas, buscando diluir las responsabilidades del Estado.
Reivindicación de la dictadura: Buscan legitimar el golpe de Estado y el terrorismo de Estado como una "guerra necesaria".
Estas marchas representan un ataque directo a la soberanía política del pueblo argentino, a su capacidad de construir un relato propio sobre su pasado y de impartir justicia sin injerencias ni revisionismos que busquen blanquear el terrorismo de Estado.
La Unidad como Blindaje de la Soberanía Política
El gobierno nacional actual ha demostrado una estrategia clara: golpear sectores segmentados para dispersar las luchas y evitar la conformación de un frente común. Ataca a los trabajadores, a los jubilados, a la educación pública, a la ciencia, a los organismos de derechos humanos, buscando fragmentar la resistencia. En este contexto, la confrontación simbólica de los Pañuelos Blancos y los Pañuelos Negros no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva mayor contra los pilares de nuestra soberanía política y social.
Es fundamental comprender que la defensa de los derechos humanos no es una lucha sectorial, sino un pilar fundamental de nuestra identidad como nación. Por eso, la respuesta ante esta embestida debe ser la unidad. La lucha fragmentada beneficia a quienes buscan desarticular el tejido social y avanzar sobre los derechos conquistados.
Los Pañuelos Blancos, hoy más que nunca, deben ser un llamado a la acción conjunta. A unir las voces de todos los sectores afectados por las políticas actuales con la inquebrantable bandera de la memoria y la justicia. Solo desde la unidad podremos construir un blindaje infranqueable contra el negacionismo, la impunidad y las políticas que atentan contra el bienestar de nuestro pueblo y, en última instancia, contra nuestra capacidad de decidir soberanamente nuestro destino.
La Argentina del futuro se construye defendiendo la memoria del pasado, garantizando la justicia del presente y proyectando una soberanía política plena para todos y todas. En esta encrucijada, el Pañuelo Blanco sigue siendo el faro.
La Mesa de Derechos Humanos de Salta se prepara para
conmemorar el 10 de diciembre y los 50 años del golpe de Estado con una
estrategia que va más allá del recuerdo, buscando movilizar e interpelar
especialmente a los jóvenes. Frente a la crisis de comunicación y la
desconexión generacional, la Mesa apuesta por transformar estas efemérides en
herramientas activas de acción política y pedagógica, con actividades que
incluyen campañas educativas, expresiones artísticas y nuevos formatos
digitales. Coordinándose además con organismos regionales del NOA, la Mesa se
propone así reforzar la memoria histórica mientras enfrenta la violencia
institucional contemporánea, resaltando la necesidad de una resistencia
colectiva y renovada.
En un momento político complejo y desafiante para los
derechos humanos en Argentina, la Mesa de Derechos Humanos de Salta se reúne
para planificar dos fechas cruciales: el Día Internacional de los Derechos
Humanos, el 10 de diciembre, y el 50° aniversario del último golpe de Estado
cívico-militar. La atmósfera refleja una urgencia que va más allá del
calendario. El debate no es solo sobre cómo recordar, sino sobre cómo actuar.
La pregunta central que guio la discusión fue: ¿Cómo hacer que estas conmemoraciones
no solo miren al pasado, sino que interpelen y movilicen a una sociedad actual,
especialmente a los jóvenes, que parecen estar cada vez más distante de estas
luchas?
1. El Diagnóstico: Un Contexto Político que Obliga a la Acción
El punto de partida del debate es el reconocimiento de una
profunda crisis de comunicación y relevancia que trasciende la coyuntura
política. Más allá del "ataque a la existencia misma de los derechos
humanos por parte del gobierno nacional" y la reactualización del discurso
del "curro de los derechos humanos", la Mesa diagnostica una
desconexión generacional. El "silencio y la no explicación" de las
últimas décadas han dado como resultado una sociedad donde vastos sectores,
sobre todo los más jóvenes, carecen del contexto para comprender sus propios
derechos. Una anécdota compartida durante el encuentro resulta reveladora: una
profesora universitaria relató que sus alumnos de tercer año no sabían definir
qué son los derechos humanos. Este vacío de sentido ha fracturado el pacto
social del "Nunca Más", que se revela más como un anhelo que como una
realidad consolidada. Esta situación no solo vuelve a la sociedad vulnerable a
narrativas hostiles, sino que obliga a redefinir radicalmente las estrategias
de memoria y acción.
2. Repensando las Fechas Clave: Una Mirada Estratégica
Este crudo diagnóstico conduce inevitablemente a una
resignificación estratégica de las conmemoraciones, transformándolas de
efemérides en herramientas de acción política y pedagógica.
2.1. El 10 de Diciembre: Más que una Efeméride, un Lanzamiento
La Mesa concibe el próximo 10 de diciembre no como un acto
aislado, sino como el punto de partida de una campaña más amplia. El objetivo
es aprovechar la fecha para lanzar un esfuerzo pedagógico concreto: explicar de
manera popular qué significa el 10 de diciembre, por qué se eligió ese día en
conmemoración de los tratados internacionales de posguerra y por qué esos
principios son fundamentales hoy. Este día marcará el inicio del "camino
hacia los 50 años", un proceso de sensibilización que se extenderá durante
todo el año siguiente, buscando dotar de significado histórico y presente a la
defensa de los derechos humanos.
2.2. Hacia los 50 Años del Golpe: Una Construcción Colectiva de la Memoria
La propuesta para conmemorar el 50° aniversario del golpe de
1976 se aleja del concepto de un único gran acto. En su lugar, se plantea un
proceso a lo largo de todo el año, construido de manera colaborativa. Se
subraya la importancia de contextualizar el golpe del 76 como la culminación de
una serie de quiebres institucionales previos, como los encabezados por
Aramburu y Onganía. La clave, insisten los miembros, es construir una
"agenda" de actividades de manera conjunta con otras instituciones
—universidades, sindicatos, centros culturales— para que la conmemoración sea
un proceso del que la sociedad se sienta parte integral, en lugar de un evento
impuesto por los organismos.
3. El Desafío Comunicacional: Nuevos Lenguajes para Viejas Luchas
El principal desafío estratégico identificado por la Mesa es
la comunicación. Existe un reconocimiento autocrítico de que los esquemas y
discursos tradicionales —definidos como un "lenguaje del año de
Naupas"— ya no son efectivos. Para superar este obstáculo, se discutieron
varias tácticas concretas:
Ir
donde están los jóvenes: Se planteó un cambio de escenario. En lugar
de convocar en el campus universitario, la idea es realizar actividades en
espacios de alta concurrencia juvenil, como la Usina Cultural. El
razonamiento es directo: "los chicos ya no nos buscan", por lo
tanto, es imperativo "buscar a los jóvenes" en sus propios
territorios.
El
arte como vehículo: Se propuso utilizar diversas expresiones
artísticas como un canal para transmitir el mensaje. Entre las ideas
surgieron la presentación de obras de teatro, la participación de un coro
con repertorio temático, la organización de un ciclo de cine-debate o la
inclusión de la música de una murga o un grupo de rock para atraer y
movilizar.
Adoptar
nuevos formatos: Se reconoció la necesidad de adaptarse a la lógica de
las redes sociales. La propuesta es crear contenidos cortos y dinámicos,
como "videos de 30 segundos" o "reels", donde
distintas personalidades y ciudadanos comunes expliquen brevemente qué
significan para ellos los derechos humanos, generando un mensaje coral y
accesible.
Apalancarse
en la coordinación regional: Se destacó como una fortaleza existente
la red de organismos de derechos humanos de la región NOA (Catamarca,
Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero). Este activo será apalancado para
unificar consignas y potenciar el impacto de las acciones, otorgándoles
una escala y una resonancia que trascienda los límites provinciales.
4. Conclusión: De la Memoria del Pasado a la Violencia Institucional del
Presente
Lejos de ser un ejercicio nostálgico, la estrategia de la
Mesa se materializa en acciones concretas contra la violencia institucional del
presente. El ejemplo más contundente es la presentación de un amicus curiae
para impugnar el Artículo 18 de la Ley Orgánica Policial de Salta. Esta acción
legal utiliza la memoria como un "espejo", demostrando cómo las
normativas actuales que permiten detenciones arbitrarias basadas en la
"cara de sospechoso" representan un "retroceso" inaceptable
que replica las estructuras represivas consolidadas durante la dictadura. Así,
la labor de la Mesa de Derechos Humanos se reafirma en este doble rol:
preservar la memoria histórica para las nuevas generaciones y, al mismo tiempo,
articular una resistencia legal y política contra las formas actuales de
violencia estatal. Como deja claro esta reunión, la defensa de los derechos
humanos es una lucha continua que se libra tanto en el terreno del pasado como
en el del presente.
La Mesa de Derechos Humanos de Salta impulsa una acción
colectiva contra la Ley Orgánica Policial en un contexto de ataques políticos y
negacionismo de derechos. La abogada Verónica Molina y diversos colectivos
presentan un Amicus Curiae en apoyo a un Habeas Corpus colectivo que cuestiona
el polémico artículo 18 de dicha ley, denunciando su carácter inconstitucional
y sus implicancias represivas. La iniciativa busca unir a generaciones y
organizaciones diversas para defender las libertades básicas, resaltando la
necesidad de una transformación estructural frente a la violencia institucional
y el retroceso en derechos humanos.
El calor de la tarde se condensa en la sala. Hay una
urgencia palpable que no solo se debe a la temperatura, sino al tiempo que
corre en contra: la abogada Verónica Molina, figura central del encuentro, se
tiene que ir a las seis y media. En esta reunión de la Mesa de Derechos Humanos
de Salta confluyen militantes históricos y una nueva generación de dirigentes
estudiantiles de la Universidad Nacional de Salta. No es un encuentro más. Es
una convergencia necesaria en un clima político nacional que ataca frontalmente
su trabajo, en un país donde un expresidente habló del "curro de los
derechos humanos" y el gobierno actual promueve políticas negacionistas.
En este contexto, una batalla legal en Salta adquiere la dimensión de una
trinchera nacional.
Molina, integrante de la Asociación Miguel Ragone, está aquí
para exponer una acción jurídica clave: la presentación de un Amicus Curiae
en apoyo a un Habeas Corpus colectivo. La iniciativa, que busca frenar
una peligrosa ley policial, representa un tejido de resistencias, una alianza
estratégica entre organizaciones que, aunque con trayectorias distintas, hoy se
unen para defender las libertades más básicas.
Un Puente Inesperado: El Habeas Corpus de ALFA
La lucha comenzó con la presentación de un Habeas Corpus
por parte de la organización ALFA. Se trata de un colectivo de abogados
militantes que, según describe un miembro de la Mesa, "defienden a la
gente". Su particularidad radica en una "tradición profunda de
derechos humanos, pero sin embargo no están conectados con la tradición que
nosotros reivindicamos". Sus raíces se hunden más en la militancia gremial,
operando históricamente en una esfera paralela a la de los organismos
tradicionales.
Este nuevo frente es un esfuerzo deliberado por "hacer
puentes, relaciones, conectar grupos". El protagonista de la acción de
ALFA, el Dr. Álvaro Camacho, encarna la urgencia de esta lucha. No es un
teórico de la violencia estatal; la ha sufrido en carne propia. Fue detenido y
vejado mientras defendía a otra persona, una experiencia que le permitió
"pasar la cosa por el cuerpo" y comprender los mecanismos de la
violencia institucional desde adentro. Su caso personal se convirtió en el
motor de una causa colectiva.
La Herramienta Jurídica: El Amicus Curiae
Verónica Molina, abogada que ha vuelto a su provincia para
"retomar esta parte militante", explica a los presentes la
herramienta que han elegido para sumarse a la causa. El Amicus Curiae,
define, es un "amigo del tribunal": una presentación que aporta
informes y situaciones específicas para que el o la la jueza las considere en
su decisión.
Esta no es una presentación individual, sino una acción
colectiva que une a la Asociación Ragone con numerosos representantes de la
Mesa de Derechos Humanos. El objetivo es robustecer el Habeas Corpus
original con argumentos que demuestren el carácter inconstitucional y lesivo
del artículo cuestionado de la ley policial.
En la Mira: El Polémico Artículo 18
El objetivo de ambas acciones es el artículo 18 de la Ley
Orgánica Policial de Salta. Molina lo resume con crudeza: "avasalla muchos
derechos, entre eso el derecho al tránsito, a la libertad". La norma,
argumentan, otorga a la policía una discrecionalidad peligrosa, permitiéndole
detener a cualquier persona simplemente por tener "cara de
sospechoso", sin que medie la comisión de un delito.
El argumento central es que esta ley provincial, por más
orgánica que sea, está por debajo de los tratados internacionales de derechos
humanos con jerarquía constitucional. Su contenido, lejos de ser un progreso,
representa un claro "retroceso" en materia de derechos conquistados.
Memoria, Interseccionalidad y un Desafío a la Estructura
El Amicus Curiae va más allá de un análisis puramente
jurídico, adoptando un enfoque transversal para desnudar la complejidad del
problema. La estrategia se basa en varios pilares:
Enfoque
Transdisciplinar: El informe integra elementos de la sociología, la
psicología y, fundamentalmente, la memoria colectiva para contextualizar
el impacto de la ley.
El
"Efecto Espejo": La estrategia busca trazar un paralelismo
entre la represión actual y la de la década de los 70. El objetivo,
explica Molina, es mostrarle al tribunal que la nueva legislación no es un
"avance" sino un "retroceso" y evidenciar la
continuidad en las prácticas represivas del Estado.
Perspectiva
Interseccional: La acción conecta las luchas de diversos colectivos
sistemáticamente vulnerados por el accionar policial: jóvenes detenidos
por "averiguación de antecedentes", vendedores ambulantes y
"trapitos" criminalizados, y la comunidad trans, cuya lucha por
la identidad consagrada en la ley se ve amenazada.
Transformación
Estructural: La presentación incluye un argumento fundamental que
eleva la discusión. "Lo que agregamos nosotros es decir que no basta
con lo punitivo, sino que la transformación tiene que ser
estructural", se afirma en el documento. El problema no es solo un
policía que abusa, sino el andamiaje político que sostiene esa estructura
represiva.
El caso del habeas corpus presentado por la Organización
ALFA está en manos de la jueza Mosman, una figura que genera una cautelosa
expectativa en las organizaciones por ser descrita como "bastante progre,
humana" y, sobre todo, "muy seria" en su trabajo.
El Llamado a la Acción: Vulnerabilidad y Nuevas
Estrategias
"Necesitamos la participación de toda la sociedad para
que los jueces le den atención a esto", afirma un militante. Esta frase,
más que un eslogan, es el reconocimiento de una crisis. La necesidad de apoyo
social nace de una autocrítica profunda sobre la incapacidad del movimiento
para conectar con las nuevas generaciones. "Seguimos manejando esquemas de
comunicación, utilizando un lenguaje del año de Ñaupas, que no llegan",
admite uno de los presentes.
La cruda realidad es que, según sus propios análisis,
"hoy el 70% de los jóvenes está con" la nueva derecha. Este
diagnóstico obliga a un cambio de estrategia. El llamado al Centro de
Estudiantes de Humanidades y a los participantes del encuentro LGTBQ+
"Tejeríos" no es solo para sumar firmas, sino para pedir ayuda, para
encontrar nuevas formas de comunicar. Necesitan aprender a usar las
herramientas de hoy —videos de 30 segundos, TikTok, "reels"— para que
su mensaje no quede aislado en un grupo cada vez más reducido.
Construir Puentes Contra el Retroceso
La iniciativa impulsada en Salta es mucho más que una
disputa legal. Es un esfuerzo consciente por "hacer puentes, relaciones,
conectar grupos" que durante años han luchado de manera fragmentada. Es
una batalla contra la reinstalación de "viejas estructuras"
represivas que, aunque se vistan con leyes nuevas, perpetúan las lógicas
autoritarias del pasado.
En un momento en que los cimientos de los derechos humanos
son atacados desde el poder central, esta confluencia en Salta emerge como un
laboratorio de resistencia. La colaboración entre organizaciones de distintas
tradiciones y la búsqueda desesperada de un nuevo lenguaje para dialogar con
los jóvenes se presentan como la única herramienta posible para defender,
colectivamente, las conquistas de la democracia.
La evolución del Centro Comunitario ALFA en Salta, impulsado
por la Fundación Proyectar, representa el paso de la asistencia legal
tradicional hacia el litigio estratégico y colectivo, consolidando un modelo de
abogacía comunitaria que defiende los derechos humanos, promueve la formación
jurídica con perspectiva social y territorial, y empodera a los sectores
vulnerables como motor de cambio social en el norte argentino.
La evolución de la Fundación ALFA en Salta, un colectivo de
abogados dedicados al litigio, no se comprende como un simple crecimiento
institucional, sino como una profundización del compromiso social y la
estrategia jurídica comunitaria. Esta fundación se cristaliza en el Centro
Comunitario ALFA (Asistencia Legal, Formación y Alfabetización Jurídica),
un brazo operativo de la Fundación Proyectar, cuya trayectoria refleja la
necesidad de construir un acceso a la justicia que trascienda los límites
formales y se arraigue en la realidad de los sectores vulnerables.
En sus inicios, la propuesta de ALFA se distingue por no
limitarse a la asesoría legal tradicional. Su denominación (ALFA) sintetiza sus
tres pilares: Asistencia Legal, Formación y Alfabetización Jurídica.
Este enfoque multidisciplinario establece la base de su evolución. El
componente de Asistencia Legal —que incluye el litigio— siempre estuvo
orientado a la solidaridad y a la defensa de los derechos humanos de
personas y comunidades en situaciones de vulnerabilidad, especialmente en el interior
salteño. El pilar de Formación asegura la sostenibilidad de su misión,
entrenando a jóvenes letrados en el ejercicio del derecho con una clara perspectiva
social y territorial. Finalmente, la Alfabetización Jurídica busca
desmonopolizar el conocimiento legal, empoderando a las comunidades para que se
apropien y utilicen el derecho como una herramienta de transformación.
La verdadera madurez y evolución de ALFA se evidencia en su
migración hacia el litigio estratégico y las acciones colectivas. El
equipo de abogados, liderado por figuras como Álvaro Arias Camacho, ha pasado
de casos puntuales a intervenir en problemáticas estructurales que afectan a
grandes grupos sociales, utilizando las herramientas del derecho para generar
precedentes y cambios sistémicos:
Defensa
de las Garantías Constitucionales: Una de sus intervenciones más
destacadas se dio a través de la presentación de un hábeas corpus
colectivo. Esta acción fue dirigida contra lo que denominaron un
"operativo trapito" y denunció la existencia de detenciones
arbitrarias y el alojamiento de personas en situación de
vulnerabilidad en el Centro de Contraventores de Salta sin las debidas
garantías procesales. Este litigio expone las prácticas policiales que
criminalizan la pobreza y la vulnerabilidad.
Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes: ALFA ha ejercido activamente la figura
de amicus curiae (amigos del tribunal) para respaldar recursos
legales contra la detención de menores de 16 años no punibles en centros
penales. Con esta intervención, buscan impulsar la inconstitucionalidad
de normativas provinciales que facultan a los jueces a disponer medidas de
seguridad que culminan en la privación de libertad de la infancia y
adolescencia vulnerable.
Transparencia
y Control Público: Demostrando un compromiso con la calidad
institucional, el Centro Comunitario ALFA se unió a otras organizaciones
de la sociedad civil para presentar una acción de amparo ante la Corte de
Justicia. El objetivo fue demandar a todos los poderes del Estado salteño
por la falta de reglamentación e implementación efectiva de la Ley de
Acceso a la Información Pública.
La evolución del Centro Comunitario ALFA en la Fundación Proyectar,
es un claro ejemplo de cómo la abogacía puede transformarse de una profesión de
asistencia individual a un motor de cambio social organizado. Su
trayectoria en Salta refleja una consolidación en el litigio estratégico
solidario, buscando no solo resolver conflictos, sino también desafiar y
modificar las estructuras normativas y prácticas institucionales que perpetúan
la desigualdad y la violación de derechos. ALFA ha logrado posicionarse como un
actor fundamental en la defensa de los derechos humanos y un constructor activo
de una justicia más igualitaria y accesible en el norte argentino.
La reunión entre el abogado Álvaro Camacho,
representante de su organización de abogacía popular y comunitaria ALFA
(Asistencia Legal, Formación y Alfabetización Jurídica), y la Mesa de
Derechos Humanos de Salta, se concibió como un encuentro estratégico
destinado a explorar la articulación de acciones conjuntas en la defensa de los
derechos humanos y la lucha contra las violaciones institucionales. Durante el
encuentro se intercambiaron miradas sobre la historias, las miradas y las
posiciones filosófico-política de las instituciones.
Álvaro Arias Camacho representa una figura singular en el
ámbito jurídico de Salta, caracterizado por una profunda ruptura con la
abogacía tradicional. Su trayectoria se define por un compromiso militante con
los sectores vulnerabilizados, una visión crítica del derecho como herramienta
de poder y la implementación de un litigio estratégico con un enfoque integral
que trasciende los tribunales. A través de la fundación ALF, ha desarrollado un
modelo de trabajo colectivo y solidario que busca no solo la resolución de
casos individuales, sino el empoderamiento jurídico de las comunidades y la
transformación de estructuras sistémicas de injusticia.
La historia de la organización ALF en Salta, fundada por
Álvaro Camacho y tres colegas hace aproximadamente diez años, representa un
ejemplo paradigmático de cómo la abogacía puede trascender sus límites
tradicionales para convertirse en un motor de cambio social. El origen de ALFA
se sitúa en el barrio Castañares, donde, recién egresados de la universidad,
sus fundadores decidieron crear una estructura dedicada a la asistencia
jurídica solidaria y gratuita, enfocándose especialmente en víctimas de
violencia de género y problemáticas familiares. Este primer enfoque respondía a
una necesidad urgente de protección y acompañamiento para los sectores más
vulnerables de la sociedad.
Sin embargo, el trabajo directo en el territorio, “en la
calle y a los golpes”, sin mentores ni apoyos institucionales, llevó a Camacho
y su equipo a enfrentarse con una realidad mucho más compleja. Pronto
comenzaron a recibir casos que excedían su objetivo inicial: violencia
policial, detenciones arbitrarias y defensa de vendedores ambulantes, entre
otros. Esta experiencia les permitió comprender la multiplicidad de violaciones
de derechos humanos presentes en su entorno y la necesidad de ampliar su campo de
acción.
El verdadero punto de inflexión llegó hace aproximadamente
cinco años, cuando la organización experimentó una transformación fundamental.
ALF redefinió su nombre y su misión, pasando a ser ALFA (Asistencia Legal,
Formación y Alfabetización Jurídica). Este cambio no fue meramente nominal,
sino que reflejó una profunda revisión de su filosofía y metodología de
trabajo. Abandonaron el rol de meros litigantes para adoptar un enfoque
integral y político, entendiendo que la defensa de los derechos humanos
requiere no solo la resolución de casos individuales, sino también la formación
y el empoderamiento jurídico de las comunidades.
La práctica de Camacho está fundamentada en una perspectiva
crítica del derecho, nutrida por corrientes como la abogacía popular, la
abogacía comunitaria y la teoría crítica del derecho. Esta visión lo ha
llevado a un enfrentamiento directo con la concepción tradicional de la
profesión, especialmente la defendida por el Colegio de Abogados de Salta.
" Yo entiendo el derecho no como la forma de
solucionar al problema, sino como el problema en sí, digamos. El derecho es el
problema, porque el derecho lo establecen los más fuertes, los más poderosos,
en desmedro de los más débiles". (Arias Camacho)
Desde esta premisa, su estrategia consiste en "usar las
armas del enemigo para luchar contra el enemigo", utilizando los
intersticios del sistema, fundamentalmente los derechos humanos, como
herramientas para impulsar reformas jurisprudenciales y legales.
Los pilares de su modelo de trabajo son:
Enfoque
Integral: El trabajo jurídico no puede ser meramente técnico; debe ser
a la vez pedagógico, político, social y cultural.
Ruptura
de la Relación Abogado-Cliente: Se rechaza el concepto capitalista de
"cliente" para construir una relación de colaboración "lado
a lado" con las personas y comunidades a las que asisten.
Empoderamiento
y Desmonopolización: Se busca "desmonopolizar el conocimiento
jurídico", tradicionalmente vedado a quienes sufren los atropellos.
Esto se logra a través de talleres, charlas y un trabajo conjunto con las
organizaciones y los afectados.
Militancia
Activa: La práctica legal se complementa con una presencia activa en
el territorio: participación en marchas, viajes a comunidades indígenas en
el norte y apoyo directo en conflictos sociales, como las protestas en
Jujuy, donde impartió talleres en la ruta.
La trayectoria de Camacho está marcada por una serie de
acciones judiciales de alto impacto que evidencian su enfoque estratégico y su
disposición a confrontar al poder.
Durante la pandemia, Camacho presentó en solitario un habeas
corpus contra el gobierno provincial por la vulneración de derechos de jóvenes
en situación de privación de libertad. Esta acción, realizada cuando nadie se
animaba a denunciar, le acarreó graves consecuencias personales:
Un
juez solicitó su sanción y el pago de las costas del proceso.
Enfrentó
la posibilidad de perder su matrícula profesional.
Luchó
el caso durante dos años hasta que la Corte de Justicia falló a su
favor, estableciendo un apercibimiento para el juez por su mal manejo
del caso.
Este episodio fue crucial, ya que a través de Mirta Torres
(de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos) entró en contacto con
Eduardo "Negro" Suárez de la Gremial de Abogados y Abogadas de la
República Argentina, una organización de gran trayectoria compuesta por ex
presos políticos y militantes históricos.
La alianza con la Gremial significó un punto de inflexión,
asociando a ALFA con una estructura nacional de gran peso y experiencia.
Camacho se convirtió en el único referente de la Gremial en el norte del país,
participando activamente en causas de relevancia nacional:
Causas
Mapuches, incluyendo el juicio en la Patagonia.
Causa
de la Machi Betiana Colhuan Nahuel (Caso Mascardi).
Caso
de Facundo Molares.
"Aprendí un montón, pues son tipos, son una
institución, digamos, lo que saben y la lectura que tienen. Entonces, para mí
ha sido un crecimiento importante". (Alvaro Camacho)
Uno de los casos más emblemáticos liderados por Camacho es
el habeas corpus colectivo presentado por las condiciones inhumanas en el
Centro de Contraventores de Salta. Este caso es un ejemplo paradigmático de su
método, transformando una experiencia personal en una acción política de
alcance estructural.
Origen:
El caso surge tras la propia detención arbitraria de Camacho, donde
fue testigo directo del trato degradante que recibían otras personas
detenidas.
Investigación
de Campo: Al ser liberado, junto a su equipo, inició un trabajo de
campo estratégico: salieron al territorio, realizaron encuestas a personas
en situación de calle y constataron que el 99% de ellas no denunciaba
por miedo, a pesar de sufrir abusos semanales.
Estrategia
Judicial: Para asegurar la legitimación procesal, el habeas corpus fue
presentado por ALFA y la Gremial de Abogados. Paradójicamente, el
juez aceptó la legitimación personal de Camacho por el hecho de haber
estado detenido.
Alianza
Clave: Se articuló una colaboración estratégica con Rodrigo Sola
del Comité de Prevención de la Tortura. A través de esta alianza
lograron testimonios de interés para la causa.
Impacto
Inmediato: El juzgado ordenó colocar afiches dentro del Centro de
Contraventores y en la página web oficial de la Policía de Salta,
detallando la demanda y los derechos de las personas detenidas, para que
supieran que la causa estaba vigente.
El caso se encuentra actualmente en la Corte de Justicia de
Salta, a la espera de una resolución sobre la competencia, una situación que,
según Camacho, fue una "chicana" de la policía para demorar el
proceso.
Uno de los ejes fundamentales de la actuación de ALFA es el acceso
a la información pública, donde ha sido co-actora en un amparo colectivo
contra los tres poderes del Estado por la falta de reglamentación de la ley
provincial. Esta acción evidencia la importancia de la transparencia
institucional como pilar para la protección de los derechos ciudadanos.
En el ámbito de la violencia institucional, la
organización ha obtenido múltiples victorias judiciales contra el Estado en
casos de “gatillo fácil” y violencia policial. Estas causas no solo buscan
justicia para las víctimas, sino que también desafían las prácticas abusivas y
la impunidad que suelen rodear a las fuerzas de seguridad.
El compromiso con los derechos de la diversidad se
refleja en el amparo ganado hace dos años, que obligó al hospital público de
Salta a garantizar el acceso a la salud para jóvenes trans, conformando un
equipo especializado. Esta intervención marca un avance significativo en la
inclusión y el reconocimiento de derechos para colectivos históricamente
marginados.
En cuanto al abuso sexual en la infancia, ALFA ha
desarrollado un acompañamiento integral a las víctimas, desde la denuncia y la
querella hasta el juicio oral. Este enfoque multidisciplinario y humano es
esencial para enfrentar una problemática tan sensible y compleja.
Las causas ambientales también forman parte del
repertorio estratégico de la organización, con litigios activos como el amparo
por el basurero de San Javier y la denuncia penal contra la empresa Inversora
Juramento por contaminación del río. Estas acciones demuestran la relevancia de
la defensa del medio ambiente como parte inseparable de los derechos humanos.
Finalmente, el trabajo directo y los talleres con comunidades
indígenas del norte de la provincia evidencian el compromiso territorial y
la vocación pedagógica de ALFA. La alfabetización jurídica y la formación en
derechos son herramientas clave para el empoderamiento de los sectores más
vulnerables.
En suma, la trayectoria de Álvaro Camacho y ALFA ilustra
cómo la abogacía puede convertirse en un motor de transformación social,
articulando estrategias jurídicas innovadoras y un compromiso militante con la
justicia y la dignidad humana.
El modelo de trabajo de ALF y Camacho se sostiene sobre
principios de independencia y solidaridad, rechazando financiamiento estatal
para preservar su autonomía.
Autofinanciamiento:
Camacho financia su militancia con su trabajo profesional. Declara que
"el 50% del trabajo que hago es gratis" y que actualmente lleva
más de 1000 causas simultáneamente.
Solidaridad
Interna: Los abogados con más experiencia apoyan a los más jóvenes,
sumándolos a sus estudios, pasándoles causas o recomendándolos para
concursos.
Sistema
de Honorarios Diferencial: En casos donde es posible (familia, daños),
los abogados no cobran a la víctima carente de recursos. En cambio, si se
gana el juicio, los honorarios son pagados por la parte demandada que
causó el perjuicio.
Este modelo refleja una convicción profunda de que la
defensa de los derechos humanos exige un sacrificio personal y un compromiso
inquebrantable con las causas que se defienden.
La reunión entre Álvaro Arias Camacho, representante de la abogacía
popular y comunitaria ALFA, y la Mesa de Derechos Humanos de Salta,
no fue un mero acto protocolar, sino la formalización de una alianza
estratégica que asegura la continuidad y la efectividad de la lucha
por los derechos humanos en la provincia. La relación entre ambas partes se
fundamenta en un interés mutuo y complementario, crucial para enfrentar
el contexto de violencia institucional y vulnerabilidad social en Salta.
La conclusión más relevante de este encuentro radica en la perfecta
sinergia que se establece entre el capital político e histórico de la Mesa
y la capacidad de litigio técnico-estratégico de ALFA.
Lo
que Aporta la Mesa (Historia y Legitimidad): La Mesa de Derechos
Humanos, compuesta por organizaciones históricas y militantes con profunda
trayectoria (Familiares de Desaparecidos, Asociación Ragone, HIJOS, entre
otras), proporciona la legitimidad política e histórica a la lucha.
Su voz representa la memoria colectiva y la ética inquebrantable del
"Nunca Más", siendo un reaseguro moral contra la impunidad. Su
rol es vital para la vertebración de la memoria y la concientización
social.
Lo
que Aporta ALFA (Litigio Estratégico y Sostenibilidad): El equipo de
ALFA, liderado por Camacho, ofrece a la Mesa la capacidad de acción
judicial directa y militante. Con una visión de "abogacía
popular" que rompe con el modelo tradicional, ALFA posee la capacidad
técnica y la disposición ideológica para llevar a cabo el litigio
estratégico que la Mesa necesita. Su rol como "referente de la
Gremial en el norte" y su enfoque en el Habeas Corpus
colectivo, el Amparo contra los poderes del Estado y las causas de violencia
institucional, llenan un vacío esencial en la estrategia de derechos
humanos.
La articulación entre ambos actores simboliza la evolución
de la agenda de derechos humanos en Salta. La Mesa, si bien nace del trauma
del Terrorismo de Estado, ha expandido su enfoque a la violencia
institucional contemporánea (policial, penal, etc.), la violencia de
género, y los derechos ambientales.
En este nuevo escenario, ALFA se convierte en el brazo
judicial operativo ideal, capaz de transformar las denuncias sociales en
acciones jurídicas de alto impacto. El interés explícito de la Mesa en el Habeas
Corpus colectivo de Camacho contra el Centro de Contraventores —ofreciendo
presentar un Amicus Curiae— es la prueba más clara de esta colaboración.
Esta acción conjunta busca desafiar las prácticas policiales y la
criminalización de la pobreza mediante una estrategia que combina la
capacidad técnica con la visibilidad política.
La relación entre ALFA (Camacho) y la Mesa de Derechos
Humanos de Salta trasciende una simple coordinación. Es un pacto de mutuo
reconocimiento en el que la experiencia histórica de la Mesa
legitima y protege la acción audaz y la militancia técnica de ALFA,
mientras que esta última proporciona las herramientas legales para asegurar la continuidad
y efectividad de la lucha en los tribunales. Esta sinergia es fundamental
para impulsar reformas sistémicas y asegurar que el "Nunca Más" no
solo se recuerde en el pasado, sino que se defienda activamente en el presente
social y judicial de Salta.
