jueves, 25 de diciembre de 2025

Organizaciones denuncian transfemicidio policial de Fernanda Arias en la Mesa de la Diversidad

En la Mesa de la Diversidad del Gobierno de Salta: Justicia por Fernanda Arias: Organizaciones denuncian transfemicidio institucional y exigen el fin de la impunidad policial en Salta.

Viernes 26 Dic, 10 hs en Polo de las Mujeres, Sec de Género. 

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I. Contexto de Intervención: La Sociedad Civil como Garante de Derechos

Desde las organizaciones sociales, tales como la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia y el MTA (Mujeres Trans Argentina - Salta), trabajamos para que la justicia en Salta deje de ser un "monólogo policial". Nuestra acción estratégica surge ante la evidencia de que, cuando un cuerpo trans muere en custodia, el Estado tiende a activar mecanismos de encubrimiento y borramiento de identidad (identicidio). La sociedad civil hoy se constituye como el único actor capaz de aplicar una perspectiva de género y derechos humanos para evitar que el caso sea archivado como un hecho aislado de "muerte dudosa".

 II. Crónica del Hecho: La Muerte en Custodia en Rosario de Lerma

El 26 de noviembre de 2025, Fernanda Daniela Arias, una mujer trans de 34 años, fue detenida aproximadamente a las 20:00 horas por una supuesta contravención en la Comisaría N° 2 de Rosario de Lerma. Apenas dos horas después, se informó su fallecimiento. Según la versión oficial, Fernanda se habría suicidado por suspensión en su celda. Sin embargo, las organizaciones denunciamos que el Estado falló en su deber de custodia, transformando una detención menor en un femicidio institucional.

domingo, 21 de diciembre de 2025

Aportes de las Organizaciones de Derechos Humanos al Programa "Democracia, Memoria y Derechos Humanos" de la UNSa

 El presente documento sistematiza cuatro ejes estratégicos de intervención concebidos como contribuciones fundamentales desde la mirada, la experiencia y los intereses de las organizaciones de derechos humanos de Salta. Estas propuestas se presentan para ser integradas como líneas de acción prioritarias en el marco del programa "Democracia, Memoria y Derechos Humanos" de la Facultad de Humanidades (UNSa), institucionalizado mediante la Resolución H. N° 2109-25.

Se trata de enfoques que no solo buscan cumplir con los objetivos de resguardo documental y promoción de la investigación del Programa, sino que pretenden dotarlo de una dimensión política y subjetiva capaz de enfrentar los desafíos del presente. Las cuatro propuestas —que abarcan desde la rearticulación del campo popular y la visibilización de las identidades LGTBIQ+, hasta el análisis psicoanalítico de la avanzada neofascista y la actualización del legado emancipador— se erigen como herramientas para combatir el negacionismo contemporáneo.

Al asumir la memoria como un proceso dinámico y en disputa, estas líneas de trabajo proponen una universidad que no solo conserve el pasado, sino que intervenga activamente en la construcción de una subjetividad democrática, inclusiva y resistente frente a la estética de la crueldad y la deshumanización.

lunes, 15 de diciembre de 2025

Marcas territoriales: espacio, cura social y riesgos de despolitización. El caso de la intervención municipal en El Portal de la Memoria en Salta

El Portal de la Memoria en el Parque San Martín de Salta, erigido en evocación de los fusilamientos de presos políticos por el Estado argentino en 1976, ha sido recientemente intervenido por el gobierno municipal, que eliminó el espacio de reuniones públicas donde familiares realizaban actos conmemorativos, reemplazándolo por jardines. Esta modificación genera profundo malestar entre quienes utilizan el sitio como marca territorial de duelo colectivo, interpretándola como un acto político de borramiento deliberado de la memoria que despolitiza el horror estatal.

Portal de la Memoria, facahda original. 

Los organismos de derechos humanos en Argentina y Latinoamérica han transformado espacios físicos de represión en marcas territoriales que disputan la memoria colectiva del terrorismo de Estado. En Salta, sitios como el Cementerio de la Santa Cruz, demarcado por fosas comunes de víctimas de la dictadura, y la Plaza de la Memoria de Cerrillos, donde se conmemora la desaparición de Miguel Ragone en 1976, ejemplifican estas luchas locales. Elizabeth Jelin destaca que estos lugares, como la ex ESMA o el paraje Palomitas sobre la ruta 34 —sitio de la masacre de 11 presos políticos en 1976—, pasan de ser meros espacios a "lugares" cargados de sentidos mediante la acción de emprendedores de memoria.

El Portal hoy, con la 
intervención municipal


Disputas por el Espacio Físico

En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo han inscrito su lucha en la Plaza de Mayo pintando pañuelos blancos, mientras en Salta, el paraje Palomitas en el departamento General Güemes preserva una cruz y placa en homenaje a las víctimas de la masacre. Jelin analiza cómo estos procesos involucran luchas políticas por preservar ruinas o construir monumentos, oponiéndose a intentos de borrar huellas, como en el Cementerio de la Santa Cruz o el Portal de la Memoria en el Parque San Martín de Salta capital. En Latinoamérica, sitios como Villa Grimaldi en Chile o la Glorieta de los Desaparecidos en Guadalajara resignifican espacios contra la violencia.

Peligro de la Despolitización

Borrar estas marcas territoriales implica despolitizar la memoria, transformando lugares como Palomitas o el sitio de Ragone en Cerrillos en espacios neutros que promueven indiferencia y olvido. Jelin advierte que el paso del tiempo o cambios políticos generan contra-memorias, donde el Estado impone clausuras, diluyendo demandas por verdad y justicia. Esta despolitización convierte el horror en rutina.

Responsabilidad de Estados Provinciales y Municipales

En el contexto actual del Estado argentino, marcado por una ola negacionista y reivindicativa del terrorismo de Estado bajo el gobierno de Donald Trump como referente ideológico, los estados provinciales y municipales enfrentan una responsabilidad crítica en la preservación de estos sitios. En Salta, el gobierno provincial y municipal deben garantizar la demarcación permanente de los sitios de memoria como el Portal de la Memoria en Salta y la Plaza de la Memoria de Cerrillos, oponiéndose a presiones para reutilizar espacios como el de Palomitas con fines turísticos o comerciales que diluyan su carga histórica. Jelin subraya que esta obligación estatal no solo protege las marcas territoriales, sino que contrarresta narrativas revisionistas promoviendo rituales de memoria que reafirmen la justicia transicional frente al riesgo de impunidad. ​

Espacio como Cura y Duelo

Estas marcas facilitan la cura social al permitir duelo colectivo para familiares, convirtiendo sitios como la Plaza de la Memoria de Cerrillos —donde se halló el auto de Ragone— o Palomitas en espacios de enunciación. Para Jelin, preservar placas o monolitos habilita "trabajos de memoria" que honran desaparecidos y transmiten mensajes éticos, fomentando identificación en contextos locales como Salta. Así, el espacio físico se vuelve herramienta reparadora, activando responsabilidades colectivas en fosas del Cementerio de la Santa Cruz sin cristalizar sentidos unívocos.

 

Detenciones Arbitrarias en Salta: Prejuicio Policial y la Defensa de la Libertad Física

 El abogado salteño Agustín Colque, quien interviene en el debate como profesional del derecho y ciudadano, enmarca su relato dentro de las acciones estratégicas de la Asociación Miguel Ragone y la Mesa de Derechos Humanos, las cuales lo convocaron para presentar un amicus curiae dentro de un habeas corpus colectivo, correctivo y preventivo ante la Corte de Justicia de Salta. 

Imágen:  Red de Litigantes LGBTI de las Américas

Este recurso legal busca la democratización de la justicia al exigir al Poder Ejecutivo la modificación de las políticas de seguridad y la cesación de las detenciones arbitrarias, discriminatorias y violentas. Los tres puntos centrales de la exposición de su interlocución con los periodistas se centran en: 1) La arbitrariedad y la violación de la inocencia: las detenciones se realizan sin orden judicial o proceso iniciado, simplemente por orden policial, incluso contra personas jurídicamente inocentes, lo que avasalla la presunción de inocencia y el derecho a la libertad ambulatoria. 2) La discriminación sistemática: las detenciones están fuertemente influenciadas por el prejuicio del agente policial y el estigma social, afectando de manera desproporcionada a grupos históricamente vulnerados, como la comunidad LGBT (especialmente mujeres trans y travestis, a quienes se les niega el respeto a la identidad de género al ser encerradas con hombres) y a personas racializadas o en situación de pobreza. 3) Las condiciones ilegales de detención: más allá de la privación ilegítima de la libertad, la situación se agrava por la violencia institucional (apremios, golpizas) y las condiciones inhumanas de encierro, como la sobrepoblación alarmante (más del 100% en la Alcaidía Salta) y la incomunicación, violando reglas básicas de dignidad humana y los estándares de las Naciones Unidas.



sábado, 13 de diciembre de 2025

Violencia Institucional en Primera Persona: Voces de la Lucha Colectiva Contra el Abuso Estatal

Fue en instalaciones de la U N Sa, el viernes 12 diciembre en el contexto del día internacional de los Derechos Humanos. 

Sintetizamos los temas centrales, testimonios y conclusiones de la "Jornada por Violencia Institucional en Primera Persona", un encuentro organizado por el Centro Comunitario Alfa y la organización Andhes. El evento reunió a víctimas, familiares, activistas y miembros de diversas organizaciones para visibilizar y articular una respuesta colectiva a la violencia ejercida por el Estado en Salta. La violencia institucional —policial, penitenciaria y judicial— no consiste en incidentes aislados, sino que constituye un problema sistémico, estructural e histórico, aplicado de manera selectiva contra los sectores más vulnerables de la sociedad.

Ver también
“La Violencia Institucional en Primera Persona”:
Se concretó exitosamente la primera jornada de
trabajo colectivo en contra de la violencia institucional.

Por ALFA

Un grupo de personas sentadas en una sala

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Los datos presentados por Andhes subrayan una profunda brecha entre la prevalencia del abuso y la respuesta oficial: de un total de 1.735 denuncias por violencia institucional recibidas por la Fiscalía de Derechos Humanos en un período determinado, solo el 1% derivó en legajos de investigación abiertos, mientras que el 44% de las causas fueron archivadas. Los testimonios evidencian que las principales víctimas son jóvenes de barrios populares, personas en situación de calle, la comunidad travesti-trans, vendedores ambulantes y personas privadas de la libertad.

La conclusión central del encuentro es que el aislamiento y el miedo de las víctimas son los principales facilitadores de la impunidad. En respuesta, el objetivo fundamental de la jornada fue sentar las bases para la construcción de una red de trabajo y lucha conjunta, que permita unificar recursos, articular estrategias legales y mediáticas, y generar una fuerza colectiva capaz de enfrentar y transformar este sistema represivo.

 

Construyendo la Red: el llamado de Álvaro Camacho a la solidaridad colectiva contra la violencia estatal

Las "Jornadas de la violencia institucional en primera persona" se inauguraron con un discurso de Álvaro Camacho, del colectivo Centro Comunitario Alfa, quien no solo contextualizó la urgencia de la violencia estatal en Salta, sino que también sentó las bases para el objetivo fundamental del encuentro: la organización y la solidaridad.

La idea central de Camacho fue establecer un espacio para reunir y escuchar experiencias en primera persona de quienes han sufrido o luchado contra la violencia institucional. Esta necesidad surge de un contexto de violencia extrema, citando episodios recientes y duros en la provincia, como el incendio de la Alcaidía en octubre y los operativos conocidos como "trapitos".

Camacho identificó claramente a los sectores vulnerables afectados, señalando que la violencia se ejerce frecuentemente contra personas de calle, vendedores ambulantes, y muy especialmente, contra la comunidad trans, quienes sufren detenciones sin las garantías constitucionales debidas.

Una de las principales reflexiones es la amplitud de la violencia institucional, que, según Camacho, no se limita a las fuerzas policiales, sino que se extiende y se manifiesta en el propio sistema de justicia (Poder Judicial). En este ámbito, las personas no solo reciben falta de respuesta, sino que son violentadas por un sistema que genera aislamiento, atropellos y, en última instancia, mantiene el status quo.

Frente a este escenario, Camacho enfatizó la lucha contra el aislamiento y la impunidad. Argumentó que la impunidad es facilitada por el miedo a denunciar y el consecuente aislamiento de las víctimas. Por ello, su intervención subrayó la necesidad imperante de un trabajo articulado conjunto y la creación de un espacio de lucha que fortalezca una red, sumando recursos de manera efectiva.

Para llevar a cabo esta lucha, Camacho mencionó estrategias específicas desarrolladas por el colectivo Alfa, como la interposición de un habeas corpus colectivo para combatir las detenciones ilegales de personas en situación de calle. Además, destacó la importancia de contar con profesionales comprometidos en áreas clave: legal, mediática (prensa) y trabajo social.

Finalmente, el discurso fue un llamado a desafiar el fatalismo y construir solidaridad. Contra la resignación que acepta el sistema como inmutable, Camacho afirmó que la gran oportunidad reside en la organización, el compromiso y, sobre todo, la solidaridad activa entre los diferentes sectores afectados—desde vendedores ambulantes hasta la comunidad trans y personas de calle—para construir una fuerza colectiva mayor. La jornada se propuso abordar específicamente los tres componentes del "aparato del estado" que ejercen esta violencia: la policial, la penitenciaria y la del Poder Judicial.

 

Quienes dieron vida al conversatorio

Los interlocutores que participaron en las "Jornadas de la violencia institucional en primera persona" incluyen a una amplia gama de activistas, profesionales, víctimas y familiares de víctimas, representando a diversas organizaciones y movimientos sociales.

Organizadores y Moderadores Clave:

  • Álvaro Camacho: Abrió las jornadas y pertenece al colectivo Centro Comunitario Alfa.
  • Ramiro López: Presentó datos sobre denuncias de violencia policial y pertenece a Andes.
  • Cecilia Toro: Perteneciente al Observatorio de Derecho Penal de la UNSA y moderadora del primer bloque.

Participantes Afiliados a Organizaciones de Derechos Humanos, Sociales y Políticas:

  • Cristina Fofani: Del Partido Obrero.
  • Florencia Pérez: Abogada, de Andes.
  • Petero: De Andes.
  • Verónica [no apellido]: De Fundación Seví.
  • Óscar Delgado: De Capoma (organización de derechos humanos y medio ambiente).
  • Pía Ceballos: De DTA (Movimiento Trans Argentina).
  • Graciela de Valle Diega: De la Fundación Ara de la Libertad.
  • Silvia Carta: De la Fundación Aas de la Libertad.
  • Silvio Vald: Voluntario de la Fundación.
  • Sofía Molina: Antropóloga y parte de Andes.
  • Carmen: De Tribuna Docente.
  • Raquel: Militante de Derecho Humano.
  • Verónica Molina: Abogada litigante, del equipo jurídico de la Asociación Rabones.
  • Sofía Molina: Abogada litigante.
  • Abigail: Milita en la mesa de educación popular de Saltejui y militante feminista.
  • Janela Barrios: De Madres Protectoras Altas y de la Asamblea Lengua Transfeminista.
  • Rodrigo Sorada: Del Comité Contra Tortura.
  • Cristian Frías: Del partido Sí.
  • Blanca Lescano: De la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos y secretaria de derechos humanos de la CTA Autónoma Salta.
  • Fernando Pequeño Ragone: De la Asociación Ragone.
  • Facundo Oropel: Militante de la Juventud Socialista de MCT.
  • Gerry Gutiérrez: De la Fundación Hip Hop.
  • Ana Rosa Cancela: Pertenece a la Liga Argentina de Derechos Humanos y a los jubilades y pensionades autoconvocades de S.

Familiares de Detenidos y Víctimas de Violencia Institucional:

  • Hilda Goimás: Madre de un interno.
  • Liliana Carrizo: Desde Metán, cuyo familiar sufre violencia institucional y se le ha apartado de sus hijos.
  • Mirta Paz: Vecina del barrio 20 de Febrero que sufrió represión policial y perdió la vista de un ojo.
  • Ariel: Joven víctima de violencia por parte del personal de seguridad de un boliche y la policía.
  • Graciela de Valle Diega y Silvia Carta: Participan como familiares de internos en la cárcel.

Otros Participantes (Académicos, Independientes, etc.):

  • José María Martinelli: Documentalista.
  • Ana Sol: Profesora de Ciencias Políticas y estudiante de historia de la Universidad Nacional de Sal.
  • José Cruz y José [no apellido]: Participantes.
  • Joana: Psicóloga comunitaria (trabaja en un centro de salud).
  • Castro Mauro: Abogado, militante independiente.
  • Aldo: Licenciado en antropología, sin afiliación.

 

 

1. Propósito y Contexto del Encuentro

La "Jornada por Violencia Institucional en Primera Persona" fue concebida como un "puntapié inicial" para consolidar un frente unificado contra el abuso estatal en Salta. Organizada por el Centro Comunitario Alfa y Andhes, la reunión se estructuró como un conversatorio en ronda para facilitar el diálogo horizontal y el conocimiento mutuo entre los participantes.

Los objetivos principales del encuentro fueron:

  • Compartir Experiencias: Ofrecer un espacio seguro para que las víctimas directas y sus familiares pudieran relatar sus vivencias con la violencia policial, penitenciaria y judicial.
  • Construir una Red: Fomentar el conocimiento entre diversas organizaciones, activistas y ciudadanos afectados para superar el aislamiento que perpetúa la impunidad.
  • Articular una Lucha Conjunta: Iniciar el proceso de creación de un espacio de trabajo colectivo para desarrollar estrategias integrales que combinen acciones judiciales, formación en derechos, visibilidad mediática y movilización social.
  • Visibilizar la Sistematicidad: Demostrar que los abusos no son casos aislados, sino parte de una política de Estado histórica y estructural que requiere una respuesta organizada y solidaria.

2. Análisis de la Violencia Institucional: Testimonios y Modalidades

Durante la jornada, los testimonios de los participantes perfilaron las diversas facetas de la violencia estatal, revelando patrones de conducta y grupos específicos que son objeto de persecución.

Violencia Policial

La violencia ejercida por las fuerzas policiales fue un tema central, caracterizada por su arbitrariedad y su enfoque en el control de poblaciones vulnerables.

  • Detenciones Arbitrarias y Operativos Selectivos: Se denunciaron operativos sistemáticos como el "Operativo Trapito" y otras acciones dirigidas a personas en situación de calle, vendedores ambulantes y la comunidad trans, realizadas sin garantías constitucionales.
  • Uso Excesivo de la Fuerza: Se presentaron testimonios de brutalidad física, como el de Mirta Paz, del barrio 20 de Febrero, quien perdió la visión de un ojo por un disparo de la policía mientras se encontraba dentro de su domicilio. Otro caso fue el de Gerry Gutiérrez, detenido y golpeado por cuestionar la legalidad de una requisa.
  • Persecución y Hostigamiento: Múltiples relatos señalaron la "portación de rostro" como causa de detención, afectando principalmente a jóvenes de barrios populares. Se describió un patrón de persecución a artistas callejeros y activistas.
  • Irregularidades y Obstrucción: Se destacó la falta de identificación de los agentes policiales, la destrucción deliberada de pruebas (como teléfonos móviles que graban los abusos) y la negativa de las comisarías a tomar denuncias contra otros efectivos.
  • Violencia en Espacios de Ocio: El caso de Ariel Avendaño expuso la connivencia entre la seguridad privada de un boliche y la policía, quienes lo golpearon brutalmente tras ser expulsado injustamente del local, evidenciando la expansión de la violencia estatal a ámbitos privados.

Violencia Penitenciaria

El sistema carcelario fue descrito como un espacio de anulación de derechos y de violencia estructural, donde el castigo excede largamente la privación de la libertad.

  • Condiciones Inhumanas de Detención: Se denunció una sobrepoblación del 150%, con celdas diseñadas para 8 personas albergando a 25. Las condiciones higiénicas son deplorables, con letrinas dentro de las celdas, generando una situación humillante y brutalizante.
  • Abuso Físico y Aislamiento: Los testimonios de familiares, como los de Hilda Goimás y Graciela de Valle Diega, describieron golpizas de hasta 11 agentes contra un solo interno y el uso del "régimen" (confinamiento en solitario) como castigo discrecional y prolongado.
  • Negación de Derechos Fundamentales: Se reportó la restricción del acceso a la educación, la salud y el trabajo. Los internos que intentan organizarse o educar a sus pares son sancionados. Un caso paradigmático fue el del hijo de Hilda Goimás, castigado por organizar un círculo de alfabetización.
  • Corrupción y Narcotráfico: Se afirmó que el servicio penitenciario facilita el narcotráfico dentro de las cárceles, agravando las adicciones en lugar de tratarlas. Además, se denunció el robo sistemático de víveres y donaciones destinadas a los internos.
  • Ruptura de Vínculos Familiares: El sistema restringe arbitrariamente las visitas, limitando el número y tipo de familiares que pueden ingresar. Esto es percibido como una estrategia deliberada para cortar el vínculo de los internos con sus redes de apoyo.

Violencia Judicial

El Poder Judicial fue señalado como un actor clave en la perpetuación de la impunidad, caracterizado por su inacción, falta de empatía y por ser un sistema que revictimiza a quienes buscan justicia.

  • Falta de Acceso y Respuesta: Múltiples testimonios, como el de Liliana Carrizo de Metán, describieron la negativa de los jueces a recibir a familiares y la falta de medidas efectivas para proteger a las víctimas, incluso en casos de menores de edad.
  • Revictimización: Se denunció que el sistema judicial responsabiliza a las víctimas, especialmente en casos de abuso sexual, y las somete a procesos largos y desgastantes diseñados para que desistan.
  • Complicidad con la Impunidad: La alta tasa de archivo de causas y la falta de condenas a agentes estatales demuestran que el sistema judicial no ejerce un control efectivo sobre los otros poderes, sino que funciona como un garante del estatus quo.

Violencia contra la Comunidad Travesti-Trans

Ver más aquí: “MemoriaViva Trans

Pía Ceballos, del Movimiento Trans Argentina, expuso la violencia histórica y sistemática contra esta comunidad, que combina el abuso policial con la indiferencia judicial y social.

  • Persecución Histórica: Se denunció que las prácticas represivas de la dictadura militar continuaron en democracia contra las corporalidades travesti-trans, consideradas un "escándalo a la moral y a las buenas costumbres".
  • Abuso y Crímenes de Odio: Se relató un patrón de detenciones violentas, abusos sexuales en comisarías y extorsión. Se mencionó el caso reciente de Fernanda Arias, quien murió en custodia policial en Rosario de Lerma bajo circunstancias sospechosas calificadas como suicidio, un relato que la comunidad rechaza firmemente.
  • Responsabilidad Estatal: Se subrayó que los asesinatos y la violencia contra la comunidad no son hechos aislados, sino crímenes de odio en los que la policía es un partícipe primario y el sistema judicial garantiza la impunidad.

 

La Transversalidad de la Lucha: El Llamamiento de Fernando Pequeño Ragone en Defensa de los Derechos Humanos Amplios


La participación de Fernando Pequeño Ragone, en representación de la Asociación Ragone, en las jornadas sobre violencia institucional, se articuló en torno a la necesidad de visibilizar las luchas por los derechos humanos en el contexto sociopolítico actual. Su presencia se motivó particularmente por la propuesta de debatir sobre la violencia institucional y las condiciones de detención de las personas privadas de libertad.

La Asociación Ragone, históricamente, ha mantenido un compromiso amplio con diversas temáticas de derechos humanos. Su trabajo ha abarcado desde los juicios de lesa humanidad hasta la lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos de las mujeres y de la diversidad. Recientemente, el enfoque de la asociación ha evolucionado para incluir el monte pensado como sujeto de derechos humanos, abordando las maneras ontológicas y las formas en que la sociedad se relaciona con el ambiente y la naturaleza.

El punto central de la intervención de Pequeño Ragone fue su profundo interés en el resultado de la transversalidad de las luchas. Para él, este enfoque interconectado es lo que verdaderamente puede marcar una diferencia, especialmente en un momento caracterizado por la muchísima fragmentación social. Esta fragmentación, según su análisis, es exacerbada por el "bombardeo" constante que ejercen los gobiernos nacionales y las derechas del mundo. En esencia, su mensaje subraya que la unificación de los diversos frentes de lucha es la estrategia clave para enfrentar y resistir las embestidas de los poderes que buscan restringir los derechos.

 

3. Datos y estadísticas clave presentados por Andhes

La organización Andhes presentó datos cuantitativos que confirman la magnitud del problema y la ineficacia del sistema para abordarlo.

Encuesta a Participantes de la Jornada (N=37)

Resultado

Sufrieron violencia institucional

64%

No forman parte de una ONG

54%

No realizaron ninguna acción (principalmente por miedo)

19%

Denuncias registradas

6

Acciones judiciales iniciadas

4

 

Datos del Ministerio Público Fiscal (Período Ene 2024 - Jul 2025)

Cifra

Total de denuncias por violencia institucional

1.735

Legajos de investigación abiertos

18 (1%)

Audiencias de debate (juicios)

39 (2%)

Causas archivadas

771 (44%)

Estos datos revelan una alarmante realidad: mientras la violencia es una experiencia común para muchos, el miedo paraliza la denuncia. A su vez, el sistema judicial desestima o archiva la gran mayoría de los casos que sí llegan a ser denunciados, creando un ciclo de impunidad.

 

Del Dolor Personal al Cuestionamiento Político: La Deuda de la Democracia y el Sistema Represivo


La intervención de Blanca Lescano, secretaria de derechos humanos de la CTA Autónoma Salta e integrante de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos, aportó una perspectiva histórica y estructural a las jornadas sobre violencia institucional. Su contribución se centró en la necesidad de trascender el dolor individual y cuestionar las responsabilidades políticas que permiten la persistencia de los mecanismos represivos en el marco de la democracia actual.

Lescano basó su reflexión en su experiencia como familiar de detenidos desaparecidos, un contexto histórico donde se utilizó un sistema de genocidio para operar. Al comparar los encuentros federales de derechos humanos en los que participó—particularmente en la comisión de Gatillo Fácil—observó una tendencia recurrente: la gente hablaba masivamente, pero el foco se detenía en culpar al perpetrador directo (el policía) y en las circunstancias del hecho, sin llegar a plantear las responsabilidades políticas ni cuestionar el sistema en sí mismo.

El argumento central de Lescano radica en que, a pesar de que los genocidas de la dictadura han sido encarcelados, la sociedad continúa admitiendo un sistema político del cual el sistema carcelario es una consecuencia. En su análisis, el dolor profundo y personal que experimentan los familiares de las víctimas o los presos dificulta a menudo ver el "por qué" de las atrocidades. Su propio camino como militante, que comenzó por el dolor de sus seres queridos secuestrados, se transformó en un dolor por la sociedad y por el sistema, impulsando la búsqueda de formas para modificar dicha estructura.

Lescano advirtió que el sistema represivo sigue existiendo en democracia para determinados sectores y bajo ciertas circunstancias, mientras que otros están exentos. Las legislaciones, como los códigos contravencionales, son modificadas para ser "más represivas, más restrictivas y más injustas", castigando acciones como la resistencia a la autoridad con penas de prisión. En este sentido, la democracia está en deuda, ya que el sistema represivo subsiste para esos sectores.

Finalmente, la oradora hizo un llamado a diferenciar y garantizar que, incluso cuando se busque justicia para aquellos que han delinquido, el sistema no repita los métodos de tortura y abuso. La reflexión de Lescano instó a los participantes a superar su propio dolor para, de manera conjunta y solidaria, cuestionar un sistema que, bajo el amparo de la democracia, mantiene operativas las herramientas de represión estatal.

 

 

4. Temas transversales y conclusiones centrales

  • Carácter Sistémico y Selectivo: La violencia no es aleatoria. Se dirige con precisión a sectores sociales específicos: los pobres, los jóvenes racializados, las personas en situación de calle, las disidencias sexuales y quienes no encajan en la norma social. Es una herramienta de control social clasista y patriarcal.
  • El Estado como Responsable: Se concluyó que la responsabilidad es del Estado en su totalidad. El poder ejecutivo ordena y ejecuta la represión, el poder judicial la consiente con su inacción y el poder legislativo no crea los mecanismos para controlarla.
  • Deudas de la Democracia: Una pregunta recurrente fue si esta violencia es una "deuda de la democracia" o si "la democracia sigue siendo una deuda". La persistencia de prácticas heredadas de la dictadura demuestra una fractura en el Estado de derecho.
  • Aislamiento como Herramienta de Impunidad: La estrategia más eficaz del sistema represivo es aislar a sus víctimas. El miedo a represalias, la vergüenza y la falta de recursos impiden la denuncia y la organización, permitiendo que los abusos continúen.
  • La Salida es Colectiva: La única respuesta viable identificada es la acción colectiva. La solidaridad entre diferentes luchas (feminista, derechos humanos, de trabajadores, de la comunidad LGBTIQ+) es fundamental para construir una fuerza capaz de desafiar al sistema.

5. Estrategias y Propuestas de Acción Colectiva

El encuentro finalizó con un llamado a la acción y la formulación de una serie de propuestas para dar continuidad a la lucha.

  • Creación de un Pliego de Reclamos Unificado: Sistematizar las demandas de todos los sectores afectados para presentarlas de manera conjunta. Los puntos iniciales incluyen:
    • El fin de los operativos policiales arbitrarios como el "Operativo Trapito".
    • La derogación del Código Contravencional, considerado una herramienta de disciplinamiento social.
    • Garantizar el tratamiento de adicciones en las cárceles y denunciar el rol del Servicio Penitenciario en el narcotráfico.
    • Asegurar el pleno derecho a la salud, educación y trabajo para las personas privadas de libertad.
    • Detener las prácticas del sistema penitenciario que buscan cortar los vínculos familiares de los internos.
  • Fortalecimiento de una Red Intersindical: Formalizar el espacio de encuentro para compartir recursos legales, mediáticos y de acompañamiento psicosocial.
  • Visibilización y Denuncia Pública: Utilizar los medios de comunicación y las redes sociales como herramienta estratégica para exponer los abusos, especialmente cuando los canales institucionales fallan.
  • Formación y Alfabetización Jurídica: Empoderar a las comunidades más vulnerables con el conocimiento de sus derechos para que puedan defenderse de los abusos.

 

 

La Memoria como ritual vacío: despolitización y el peligro de la universidad desinstitucionalizada. A cerca del discurso de la vicerrectora de la U N Sa en el día internacional de los Derechos Humanos.

Por Fernando Pequeño

Tuve oportunidad de compartir el acto por el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario del retorno democrático celebrado en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) hace unos pocos días y me encontré en la paradoja de una tensión fundamental: la elección entre el refugio en el consenso histórico -por parte de la vicerrectora de la institución-  y el compromiso explícito con las batallas políticas del presente, en el discurso de militantes de derechos humanos y otras autoridades universitarias.

Ver también

El refugio en la abstracción: la cautela del discurso institucional

Escuché la intervención de la Vicerrectora, Dra. María Rita Martearena, como el ejemplo paradigmático de un discurso descriptivo, conceptual y conmemorativo que busca la neutralidad institucional. Su mensaje se centró en la celebración de hitos del pasado —la Declaración Universal de 1948 y la restauración democrática de 1983— y en la enumeración de las características abstractas de los DDHH (universales, inalienables). Al reafirmar el compromiso de la UNSa, lo hizo a través de sus funciones inherentes: la formación de profesionales críticos y la investigación comprometida. Sin embargo, eligió no abordar las tensiones del presente de forma explícita. Evitó nombrar a los actores ni a las políticas que hoy socavan esos mismos derechos: no hubo mención al negacionismo de Estado, a la represión de la protesta, ni a los ataques presupuestarios contra el sistema científico. Al limitarse a los valores universales, su discurso funcionó como un acto de despolitización, trasladando el compromiso del campo de batalla político al campo seguro de la ética y la academia, un mecanismo de evasión que diluye la urgencia de la coyuntura.

La paradoja de la despolitización: evasión y desinstitucionalización

El mecanismo de despolitización se activa cuando la memoria se vacía de su carga de conflicto social, transformándose en una triste herramienta de celebración. Al evitar la confrontación directa, el discurso institucional busca la institucionalización del compromiso con la memoria, pero logra el efecto contrario: la desinstitucionalización del rol político de la universidad pública. En tiempos de crisis y ataque, la voz de la academia debería ser la primera en nombrar y señalar las amenazas con precisión política. Al no hacerlo, al refugiarse en un lenguaje que solo describe el pasado y generaliza el presente, la institución corre el riesgo de volverse inaudible en la disputa de poder real, relegando su compromiso histórico a una función burocrática y protocolaria que carece de incidencia en la resistencia política actual. Un compromiso real exige transicionar de un discurso que describe valores a uno que diagnostica amenazas y prescribe la acción.

La voz de la trinchera: académicos y militantes frente a la crisis del presente

El contraste con esta postura precavida fue aportado por las voces de la militancia activa, a la que se sumó una autoridad académica que sí asumió el riesgo de la confrontación. La Decana Quiñones, al presentar el programa, rompió con el tono de la Vicerrectora al denunciar directamente el "ataque brutal, sistemático, frontal a las políticas de memoria", alineando la universidad con los organismos que "han acompañado desde hace más de 50 años la construcción de una sociedad mejor". Junto a ella, David Leiva y Eloisa Rivero expusieron una estrategia de combate explícita. Leiva propuso la repolitización de las víctimas y el uso estratégico del concepto "Genocidio" para combatir la falacia de la Teoría de los Dos Demonios. Rivero fue más allá, identificando rasgos fascistas y de militarización en el gobierno actual y concluyendo con la exigencia de movilización social como única herramienta efectiva de resistencia. Estos discursos no solo reconocieron las tensiones, sino que las nombraron, las juzgaron y demandaron una acción inmediata, demostrando que para algunos actores, incluyendo autoridades académicas como la Decana, el compromiso con la memoria implica la obligación de confrontar el poder que hoy intenta borrarla.

 

El Programa de DDHH de la UNSa: un escenario para el antagonismo constructivo en la democracia

Habiendo marcado la diferencia de posiciones subjetivas frente al escenario que nos convocaba, tengo que recuperar el lanzamiento institucional del Programa "Democracia, Memoria y Derechos Humanos" en el marco del acto académico. La construcción y anuncio de este Programa no solo formalizó el compromiso de la UNSa con la defensa de estos valores, sino que sirvió justamente; como escenario para evidenciar las diferencias sustanciales en el modo de ejercer este compromiso político que pretendo iluminar. Al incluir el panel de expertos y militantes junto a las voces de las autoridades, el Programa -y el acto mismo- recuperó su sentido como un espacio de tensión democrática, donde las aguas se dividen entre la prudencia institucional (Vicerrectora) y el activismo político confrontativo (Decana, Rivero, Leiva). Esta disposición de las voces me ha resultado de un valor fundamental para la construcción democrática y las negociaciones políticas reales, pues se opone a la tendencia de diluir las diferencias en un consenso vacío. Al contrario, me parece a mí; la Universidad demuestra así la capacidad de contener y de dar voz a los antagonismos constructivos: reconocer que la diferencia y el conflicto de posturas son inherentes a la lucha por los derechos humanos, y que solo al no destituir el valor de esa diferencia se logra el objetivo de mantener la memoria y la defensa de los derechos humanos como una agenda viva y políticamente urgente, y no como un mero recuerdo protocolario.

miércoles, 10 de diciembre de 2025

La Universidad como Trinchera: Fortaleciendo la Democracia y la Memoria Histórica

 La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) ha dado un paso fundamental al aprobar el programa "Democracia, Memoria y Derechos Humanos". Este programa, presentado por autoridades de la Facultad y el Director de la Especialidad y Maestría en Derechos Humanos, Mg. Rodrigo Solá, será un espacio institucional clave para abordar y reflexionar sobre uno de los periodos más dolorosos de la historia argentina: los hechos de violencia política sistematizada ejecutada por organismos estatales, tanto antes como durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), y la subsiguiente recuperación del sistema democrático.


Síntesis


El Propósito Central: Promover el "Nunca Más"

El objetivo general del programa es generar un marco institucional que aglutine acciones de promoción, docencia, investigación, extensión y recuperación de registros documentales. La finalidad primordial de todo este esfuerzo es promover el respeto inclaudicable a los Derechos Humanos.

Este programa surge con la intención de defender y fortalecer un proyecto académico-político que reivindica el sistema democrático, la defensa de los Derechos Humanos y el respeto a la pluralidad de ideas. Su fundamentación cobra especial urgencia ante las actuales posiciones negacionistas de los crímenes de lesa humanidad que buscan relativizar, falsear y banalizar la historia de esos dramáticos hechos. La academia, en este sentido, asume un rol protagónico frente a estas tergiversaciones, imponiéndose el deber ético-político de anteponer la verdad histórica, con la firme convicción de que los hechos acontecidos no vuelvan a suceder Nunca Más.

Ejes Estratégicos para la Acción

Para alcanzar este ambicioso objetivo, el programa se estructura sobre una serie de ejes de acción estratégicos que buscan la transversalidad y la articulación dentro y fuera de la UNSa:

1. Investigación y Formación Transversal

Uno de los pilares es la promoción de investigaciones específicas sobre las temáticas objeto del programa. De la mano de la investigación, se buscará la generación de espacios formativos transversales en las currículas de las carreras dictadas en la Facultad. Estos espacios abordarán temáticas esenciales vinculadas a la democracia, la memoria, la verdad y la justicia, en articulación con los procesos de curricularización de los Derechos Humanos.

2. Articulación y Proyección Social

El programa priorizará la articulación de gestiones con las diferentes Secretarías, Institutos y carreras de la Facultad para fomentar políticas sobre Democracia y Derechos Humanos. También buscará promover acciones culturales y artísticas en el ámbito de la Facultad de Humanidades, trabajando junto a la Coordinación de Extensión y otros espacios,. La Facultad ha mantenido una trayectoria histórica en la procura de mantener viva la llama de la memoria, promoviendo el pensamiento crítico abogando por Verdad y Justicia, incluyendo presentaciones de libros, actividades coorganizadas con organismos de DDHH y la realización de intervenciones artísticas.

3. Preservación Documental y Acceso a la Justicia

La memoria necesita bases documentales sólidas, por lo que el programa se enfocará en la conservación histórica. Se dará continuidad al Archivo de la Memoria para el resguardo, sistematización y consulta de documentación en distintos soportes. Cabe recordar que, desde 2003, la UNSa asumió la tarea de rescatar y conservar documentación vinculada al terrorismo de Estado desplegado en la institución.

Además, se impulsarán convenios clave:

  • Convenios específicos con instituciones educativas para promover la reflexión sobre la historia de la última dictadura militar.
  • Convenios particulares con organismos del Poder Judicial de la Provincia y de Fiscalía de la Nación para la recopilación y digitalización de material vinculado a los objetivos del Programa.

Este trabajo articulado con el Museo Histórico de la UNSa y las entidades judiciales es crucial para el registro y conservación de toda documentación referida a Memoria, Verdad y Justicia.

Un Compromiso Ineludible

En un contexto donde se debilita el accionar de los organismos de Derechos Humanos y se promueven políticas negacionistas, el programa "Democracia, Memoria y Derechos Humanos" es urgente e imprescindible. La creación de una Comisión Asesora, que incluirá representantes de organismos de Derechos Humanos de Salta, estamentos docentes, no docentes, graduados, estudiantiles y la Maestría en Derechos Humanos, garantiza una mirada amplia y comprometida para promover los valores de la convivencia democrática, la libertad de expresión y la búsqueda de la paz, asegurando que la universidad siga siendo un motor fundamental para la defensa y promoción de la Memoria, la Verdad y la Justicia.


La Resolución de la Universidad



 

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