La Mesa de Derechos Humanos de Salta Impulsa una Acción Colectiva Contra la Ley Orgánica Policial

 La Mesa de Derechos Humanos de Salta impulsa una acción colectiva contra la Ley Orgánica Policial en un contexto de ataques políticos y negacionismo de derechos. La abogada Verónica Molina y diversos colectivos presentan un Amicus Curiae en apoyo a un Habeas Corpus colectivo que cuestiona el polémico artículo 18 de dicha ley, denunciando su carácter inconstitucional y sus implicancias represivas. La iniciativa busca unir a generaciones y organizaciones diversas para defender las libertades básicas, resaltando la necesidad de una transformación estructural frente a la violencia institucional y el retroceso en derechos humanos.

El calor de la tarde se condensa en la sala. Hay una urgencia palpable que no solo se debe a la temperatura, sino al tiempo que corre en contra: la abogada Verónica Molina, figura central del encuentro, se tiene que ir a las seis y media. En esta reunión de la Mesa de Derechos Humanos de Salta confluyen militantes históricos y una nueva generación de dirigentes estudiantiles de la Universidad Nacional de Salta. No es un encuentro más. Es una convergencia necesaria en un clima político nacional que ataca frontalmente su trabajo, en un país donde un expresidente habló del "curro de los derechos humanos" y el gobierno actual promueve políticas negacionistas. En este contexto, una batalla legal en Salta adquiere la dimensión de una trinchera nacional.

Molina, integrante de la Asociación Miguel Ragone, está aquí para exponer una acción jurídica clave: la presentación de un Amicus Curiae en apoyo a un Habeas Corpus colectivo. La iniciativa, que busca frenar una peligrosa ley policial, representa un tejido de resistencias, una alianza estratégica entre organizaciones que, aunque con trayectorias distintas, hoy se unen para defender las libertades más básicas.

Un Puente Inesperado: El Habeas Corpus de ALFA

La lucha comenzó con la presentación de un Habeas Corpus por parte de la organización ALFA. Se trata de un colectivo de abogados militantes que, según describe un miembro de la Mesa, "defienden a la gente". Su particularidad radica en una "tradición profunda de derechos humanos, pero sin embargo no están conectados con la tradición que nosotros reivindicamos". Sus raíces se hunden más en la militancia gremial, operando históricamente en una esfera paralela a la de los organismos tradicionales.

Este nuevo frente es un esfuerzo deliberado por "hacer puentes, relaciones, conectar grupos". El protagonista de la acción de ALFA, el Dr. Álvaro Camacho, encarna la urgencia de esta lucha. No es un teórico de la violencia estatal; la ha sufrido en carne propia. Fue detenido y vejado mientras defendía a otra persona, una experiencia que le permitió "pasar la cosa por el cuerpo" y comprender los mecanismos de la violencia institucional desde adentro. Su caso personal se convirtió en el motor de una causa colectiva.

La Herramienta Jurídica: El Amicus Curiae

Verónica Molina, abogada que ha vuelto a su provincia para "retomar esta parte militante", explica a los presentes la herramienta que han elegido para sumarse a la causa. El Amicus Curiae, define, es un "amigo del tribunal": una presentación que aporta informes y situaciones específicas para que el o la la jueza las considere en su decisión.

Esta no es una presentación individual, sino una acción colectiva que une a la Asociación Ragone con numerosos representantes de la Mesa de Derechos Humanos. El objetivo es robustecer el Habeas Corpus original con argumentos que demuestren el carácter inconstitucional y lesivo del artículo cuestionado de la ley policial.

En la Mira: El Polémico Artículo 18

El objetivo de ambas acciones es el artículo 18 de la Ley Orgánica Policial de Salta. Molina lo resume con crudeza: "avasalla muchos derechos, entre eso el derecho al tránsito, a la libertad". La norma, argumentan, otorga a la policía una discrecionalidad peligrosa, permitiéndole detener a cualquier persona simplemente por tener "cara de sospechoso", sin que medie la comisión de un delito.

El argumento central es que esta ley provincial, por más orgánica que sea, está por debajo de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Su contenido, lejos de ser un progreso, representa un claro "retroceso" en materia de derechos conquistados.

Memoria, Interseccionalidad y un Desafío a la Estructura

El Amicus Curiae va más allá de un análisis puramente jurídico, adoptando un enfoque transversal para desnudar la complejidad del problema. La estrategia se basa en varios pilares:

• Enfoque Transdisciplinar: El informe integra elementos de la sociología, la psicología y, fundamentalmente, la memoria colectiva para contextualizar el impacto de la ley.
• El "Efecto Espejo": La estrategia busca trazar un paralelismo entre la represión actual y la de la década de los 70. El objetivo, explica Molina, es mostrarle al tribunal que la nueva legislación no es un "avance" sino un "retroceso" y evidenciar la continuidad en las prácticas represivas del Estado.
• Perspectiva Interseccional: La acción conecta las luchas de diversos colectivos sistemáticamente vulnerados por el accionar policial: jóvenes detenidos por "averiguación de antecedentes", vendedores ambulantes y "trapitos" criminalizados, y la comunidad trans, cuya lucha por la identidad consagrada en la ley se ve amenazada.
• Transformación Estructural: La presentación incluye un argumento fundamental que eleva la discusión. "Lo que agregamos nosotros es decir que no basta con lo punitivo, sino que la transformación tiene que ser estructural", se afirma en el documento. El problema no es solo un policía que abusa, sino el andamiaje político que sostiene esa estructura represiva.

El caso del habeas corpus presentado por la Organización ALFA está en manos de la jueza Mosman, una figura que genera una cautelosa expectativa en las organizaciones por ser descrita como "bastante progre, humana" y, sobre todo, "muy seria" en su trabajo.

El Llamado a la Acción: Vulnerabilidad y Nuevas Estrategias

"Necesitamos la participación de toda la sociedad para que los jueces le den atención a esto", afirma un militante. Esta frase, más que un eslogan, es el reconocimiento de una crisis. La necesidad de apoyo social nace de una autocrítica profunda sobre la incapacidad del movimiento para conectar con las nuevas generaciones. "Seguimos manejando esquemas de comunicación, utilizando un lenguaje del año de Ñaupas, que no llegan", admite uno de los presentes.

La cruda realidad es que, según sus propios análisis, "hoy el 70% de los jóvenes está con" la nueva derecha. Este diagnóstico obliga a un cambio de estrategia. El llamado al Centro de Estudiantes de Humanidades y a los participantes del encuentro LGTBQ+ "Tejeríos" no es solo para sumar firmas, sino para pedir ayuda, para encontrar nuevas formas de comunicar. Necesitan aprender a usar las herramientas de hoy —videos de 30 segundos, TikTok, "reels"— para que su mensaje no quede aislado en un grupo cada vez más reducido.

Construir Puentes Contra el Retroceso

La iniciativa impulsada en Salta es mucho más que una disputa legal. Es un esfuerzo consciente por "hacer puentes, relaciones, conectar grupos" que durante años han luchado de manera fragmentada. Es una batalla contra la reinstalación de "viejas estructuras" represivas que, aunque se vistan con leyes nuevas, perpetúan las lógicas autoritarias del pasado.

En un momento en que los cimientos de los derechos humanos son atacados desde el poder central, esta confluencia en Salta emerge como un laboratorio de resistencia. La colaboración entre organizaciones de distintas tradiciones y la búsqueda desesperada de un nuevo lenguaje para dialogar con los jóvenes se presentan como la única herramienta posible para defender, colectivamente, las conquistas de la democracia.